Archivo del sitio

Hace un año la PNC quiso llevarse a un grupo de personas entre mujeres y niños que volvían de las manifestaciones

Fotografía de Nelton Rivera

Fotografía de Nelton Rivera

Por: Nelton Rivera.

El 13 de julio 2015 miles de personas llegaron a la Plaza Central para manifestarse en contra de la corrupción en el Estado, los reclamos exigían en ese momento la renuncia y cárcel para Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías (presidente y vice presidenta).

Las doce comunidades maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez llegaron ese día a la Plaza durante esa jornada, también exigían el cese de la construcción del Anillo Regional y de la planta cementera San Gabriel.

En un operativo irregular agentes de la PNC y agentes de civil interceptaron uno de dos buses que trasladaban a las personas de San Juan Sacatepéquez cuando regresaban de la zona 1 a sus comunidades por la noche.

Los agentes intentaron ingresar al bus, en la sección del Peladero de El Periódico se publicó que este grupo de la PNC pertenece a un estructura criminal encargada del secuestro y luego asesinato de líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, ese era su objetivo la noche del 13 de julio del 2015.

Varias mujeres sanjuaneras comenzaron a llamar por celular a diversas personas, la alarma se corrió inmediatamente, sobre el Anillo Periférico una unidad extra urbana permanecía retenida por agentes de la PNC, al lugar también llegaron fuerzas especiales anti disturbios.

Pasadas las 19 horas los estudiantes universitarios, la gente que estaba aún en la Plaza llegaron a resguardar a las personas que permanecían dentro del bus, la gente de las colonias “4 de Febrero”, “La Bethania” y otras salieron de inmediato y formaron una cadena humana alrededor de la población retenida.

Los vecinos comenzaron a llegar con comita, atol, agua y panes para las familias retenidas, comenzaron a sonar los pitos y las vuvuzelas sobre el Anillo Periférico, varias mujeres llegaron con pañales para los bebes dentro del bus.

Una hora había transcurrido cuando avisaron desde San Juan Sacatepéquez que las comunidades salieron a buscar a quienes habían sido secuestrados en el Anillo Periférico, así fue.

Minutos mas tarde comenzaron a llegar otros buses desde las comunidades, una multitud había superado ya a las fuerzas policiales unos 200 agentes en el lugar.

De pronto uno de los oficiales de las FEPS daba orientación de cómo romperían el cerco humano, que tipo de gas usar, quienes debían tomar el control de la puerta de acceso del bus . La PNC estaba estaba lista para ingresar al bus y desalojar por la fuerza a quienes formaban una cadena humana frente a este.

Uno a uno fueron llegando los buses, las autoridades comunitarias de San Juan Sacatepequez llegaron con sus bastones de autoridad.

Los jóvenes ya tenían sus rostros cubiertos y en sus miradas brillaba la indignación de una agresión más recibida.

La mediación de distintas personas no daba resultado, había quedado al descubierto una operación irregular desde una estructura de la PNC.

Finalmente los agentes de la PNC comenzaron a retroceder, metro por metro fueron desalojados por la multitud, estudiantes, pobladores, vecinos y San Juaneros.

Texto y fotografías: Nelton Rivera.

Que sucedio ese 13 de julio:

La PNC retiene cinco horas un autobús de San Juan Sacatepequez saliendo del #13J

 

Anuncios

¿Agua o cemento?

Por Marcelo Coj.

Este fue el título de la nota de opinión que Francisca Gómez Grijalva, columnista de Prensa Libre, publicó el 6 de febrero del corriente y por la cual Cementos Progreso ha iniciado proceso judicial en su contra. No cabe duda que la finalidad es silenciarla y de esta manera negar su derecho a la libre emisión del pensamiento según establece el artículo 35 de la Constitución Política.

En dicha columna Gómez Grijalva cuestionó los abusos de fuerza, amaños legales y desinformación con los cuales cementos progreso y el gobierno municipal de San Juan Sacatepéquez han buscado imponer la minería de cemento en dicho municipio. Aún a sabiendas de que el 13 de mayo de 2007 las 12 comunidades afectadas rechazaron el proyecto minero “San José Mincesa” y la planta cementera San Gabriel en consulta de Buena Fe observada por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Universidad de San Carlos (USAC) y la Asociación de Abogados Mayas.

El propósito de estas acciones es amedrentar y callar a quienes se solidarizan y denuncian los atropellos cometidos contra la ciudadanía subalternizada –cuyo rostro es de hombres y mujeres mayas, garífunas, xinca y ladino pobre- que precisamente por su condición tiene nulas posibilidades de ejercer el derecho a la libre expresión. De ahí que “lo que está en juego de nuevo no solo es cercenar el espíritu auténtico de una profesional guatemalteca, sino las voces en defensa de la vida de las personas” (Bienvenido Argueta en su columna “En el filo de la navaja”).

Iduvina Hernández claro y conciso explica en su nota “Una mordaza de cemento”: “la empresa… responsable de la crisis social en San Juan Sacatepéquez, pretende arremeter en contra de quién critica su proceder y brinda su voz a las comunidades”. Con estas breves palabras nos recuerda que en este paíslos grandes victimarios pretenden que las víctimas y quienes las acompañan devengan en criminales, en tanto que ellos se presentan a sí mismos como víctimas. Una situación absurda que lamentablemente para la ciudadanía está siendo amparada por un sistema de justicia que, por esta razón, nada tiene de justo.

Lo sucedido a Francisca Gómez evidencia una vez más que en Guatemala no es posible la crítica y denuncia del poder económico, cuando se da tales inmediatamente procede la censura. Ya sea en la forma de judicialización –como es este incidente- o bien de amenazas, cancelación de programas radiales yen casos extremos asesinatos y desapariciones.

Como ejemplo de las amenazas tenemos la coacción e intimidación afrontadas por los comunicadores Gustavo Illescas, Nelton Rivera y Ricard Busquets a manos de agentes de seguridad de Exmingua. Ello fue al momento de cubrir el intento de desalojo violento de vecinas y vecinos maya-kaqchikel y ladino de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, quienes se encontraban realizando un plantón pacífico contra el proyecto minero “El Tambor, Progreso Derivada VII”. En tanto que del tercer caso se puede hablar de la cancelación del programa “Espacio intergeneracional” el viernes 25 de febrero de 2012 en la radio Nuevo Mundo a manos de la agencia publicitaria de la Cabcorp –la empresa fabricante y distribuidora de Pepsi en el país. Y todo porque el programa en mención iba a criticar el mensaje de la campaña publicitaria “Guatemorfosis”.

Por eso como indica Bienvenido Argueta: “esta demanda puede tener un significado preocupante, pues podría marcar la línea de prohibición que se erige desde lo privado frente a las expresiones públicas que se plantean en defensa de la sociedad. Ya hemos visto que los impuestos que pagamos todos sirven en casos límite para defender intereses ajenos a los ciudadanos de este país y en su lugar se defienden intereses de empresas trasnacionales.”

En síntesis, la libertad de expresión y por tanto la democracia y el Estado de Derecho se encuentran amenazados por el excesivo poder que gozan las grandes empresas. Poder notorio en las costosas campañas electoreras, así como en los jugosos negocios que se cuecen al amparo del Estado –van desde las privatizaciones, hasta las concesiones mineras pasando por las compras de suministros para las dependencias estatales.

La gravedad del asunto aumenta si consideramos el racismo, como nos plantea Marielos Monzón en “País de Propietarios”: “el colmo es que ahora, Francisca Gómez Grijalva, una de las pocas mujeres indígenas que cuenta con una columna de opinión, se vea envuelta en una demanda civil… O sea que los indígenas no pueden ser propietarios y tampoco pueden expresarse libremente;  si lo hacen son perseguidos y criminalizados”.

El propósito de la presente es llamar a la solidaridad y sororidad con Francisca Gómez porque como bella y enérgicamente expresa Andrea Ixchíu en su columna “Cemento vs. la palabra”:  “defender a Francisca coincide con la necesidad colectiva de defender la dignidad humana y el respeto a la palabra. Hago un llamado a todas y todos para que nos solidaricemos y nos pronunciemos al respecto. Si tocan a una, nos tocan a todos.”

Mañana habrá conferencia de prensa en Casa Cervantes a las 9:00 a.m.  La dirección es 5ta. calle 5-18 zona 1. En esta se denunciará el ataque que cementos progreso está haciendo contra la dignidad y libre expresión de Francisca Gómez Grijalva y de las grandes mayorías excluidas de la cuál ella es representativa, por su condición de mujer Maya-K’iche’ y su origen campesino.