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Prisión política: Rigoberto Juárez y su historia

Rigoberto Juarez

Rigoberto Juárez Mateo

Con información de su familia.

Es representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza, órgano presente en 16 municipios de Huehuetenango, criminalizado por el Estado y las empresas por defender el territorio y el agua.

Rigoberto Juárez Mateo ha tenido una vida dedicada al servicio de las comunidades, especialmente los pueblos indígenas en Guatemala, ha ocupado muy diversos cargos en instituciones dedicadas a velar por los pueblos mayas. Con 17 años trabajó en la hidroeléctrica municipal que operaba en Santa Eulalia y después salió a estudiar Técnico en Salud Rural en el departamento de Izabal. Al recibirse en 1978, ejerció este puesto en el vecino municipio de San Mateo Ixtatán, hasta que la fuerte represión del ejército le obligó a salir a México en 1980. Desde ahí se incorporó a la emisora clandestina Voz Popular, que transmitía desde las faldas del volcán Tajumulco, donde trabajó en la comunicación radial hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996.

Al volver a Guatemala, se dedicó de lleno a poner en marcha los derechos de los pueblos indígenas. Fue coordinador del departamento de comunicaciones de la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derecho Específicos del Pueblo Maya Wuqub’ N’oj. Más tarde fue coordinador general de COPMAGUA, de la Asociación MUJB’AB’L YOL, y miembro del Consejo Nacional de Principales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. También fue Secretario de la Junta Directiva del Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, Director Administrativo y Director Financiero de la misma institución.

Todo ello no le hizo separarse de su tierra natal. Ejerció como primer Presidente de la Comunidad Lingüística Q’anjob’al con sede en Santa Eulalia y en 1999, junto con Daniel Pedro Mateo, Domingo Baltasar y otros líderes comunitarios fundaron la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ para que sirviera para la preservación de la cultura maya Q’anjob’al y la comunicación de todos los q’anjob’ales del norte de Huehuetenango, más los que estaban en México y en los Estados Unidos, desde ese entonces son 16 años de trabajo comunitario de la radio, censurada desde 2015 por informar a la población sobre la presencia de los megaproyectos en la región.

En 2006 Rigoberto Juárez participó en la organización de la Consulta Comunitaria a través de la cual el pueblo q’anjobál de Santa Eulalia expresó con absoluta rotundidad su negativa a la presencia de las mineras y otras industrias extractivas en su territorio, y  más tarde en la formación del Paqt’un, el Parlamento Q’anjobal, que agrupaba a las autoridades de los municipios del norte de Huehuetenango.

Desde el año 2011 Rigoberto viajó en varias ocasiones a Ciudad de Guatemala para denunciar los atropellos que cometen las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al.  En el caso de Santa Eulalia, es la empresa CINCO M – Hidro San Luis la que, de acuerdo con los líderes comunitarios, esta empresa atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico, sumado a esto también denuncia el papel de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz en Barillas y la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. PDHSA con el proyecto Pojom en San Mateo Ixtatán.

En septiembre de 2013 Rigoberto Juárez, en su calidad de autoridad ancestral Q’anjob’al, formó parte de la comisión que estableció una primera mesa de diálogo y  acercamiento con el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, el ministro de la defensa y el ministro de Medio Ambiente. En esta mesa se alcanzaron acuerdos que el gobierno central no respetaría meses después, originando la incursión militar y policial sin coordinación con las autoridades comunitarias, y llegando a las aprensiones contra líderes y lideresas. Del proceso de organización y autodefensa de los pueblo del norte del departamento en esas fechas, que llevó a esas reuniones surgió el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza.

El 24 de marzo del 2015 Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar –también líder comunitario de Santa Eulalia-  fueron detenidos de forma arbitraria al salir de la oficina de una organización de derechos humanos por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes con todo el uso de la fuerza le capturaron, convirtiéndolo así en un nuevo preso político del Estado guatemalteco.

Rigoberto Juárez cumplió un año de estar en prisión, él es uno de los presos políticos del Estado guatemalteco.

Rechazo contra el decreto 11-2016 de contribución obligatoria despertó al magisterio

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Con información y fotografías: Joel Alvarado​.

El magisterio de Ixcan y de Quiché rechazaron el decreto de ley 11-2016 “Contribución Obligatoria”, el cual obliga a todos los trabajadores del magisterio y  a los empleados públicos del Estado a pagar con un descuento directo de su salario para financiar con Q500.00 las pensiones a los jubilados del Estado.

Este martes 5 de abril el magisterio del Municipio de Ixcan y del Quiché mostró su descontento y rechazaron el decreto legislativo.

El magisterio convoco a un Paro Laboral por dos días y su apoyo a una comisión de aproximadamente 50 maestros que viajaran a la ciudad capital para incorporarse al movimiento nacional, estas son las acciones que establecieron en la asamblea magisterial municipal.

Los dirigentes del sindicato de maestros de estos dos municipios afirmaron que el magisterio nacional luchara hasta lograr la derogación del decreto 11-2016 por atentar contra los derechos laborales y la clase trabajadora de todo el país.

La movilización comunitaria y la represión estatal

Uno de los puestos militares instalados en la Aldea Los Pajoques San Juan Sacatepéquez en octubre 2014.

Uno de los puestos militares instalados en la Aldea Los Pajoques San Juan Sacatepéquez en octubre 2014.

Por: Quimy De  León, Francisco Lucas, Nelton Rivera y Santiago Bastos.

Como Prensa Comunitaria publicaremos una serie de textos elaborados como resultado de nuestro trabajo de investigación relacionados con la represión y la movilización comunitaria, este texto es la primer entrega.

Este texto trata sobre la criminalización de la protesta social. Es decir, cuando el Estado responde a quienes hacen reclamos y exigen derechos tratándolos como delincuentes y abusando de la fuerza del Estado en contra de ellos. Eso es algo que viene ocurriendo desde hace tiempo en muchos lugares de Latinoamérica: la actual fase de criminalización que vivimos tiene que ver con la fase de acumulación capitalista ligada al neoliberalismo y las prácticas extractivas.

En Guatemala la represión es la base de la respuesta de los últimos gobiernos a los reclamos que muchas comunidades indígenas y mestizas han hecho en contra de la instalación de actividades que invaden su territorio, ponen en peligro los recursos comunes y pretenden actuar por encima de su voluntad.

Municipios como Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas son un ejemplo de organización comunitaria, pero también de las prácticas de represión desplegadas en contra de la voluntad de los habitantes.  Por esa razón, analizaremos el marco nacional y la historia de estos municipios antes de explicar qué entendemos por represión y cómo se desarrolla.  En los siguientes capítulos nos enfocaremos en dos formas básicas de represión que se han dado en tres municipios del territorio norte de Huehuetenango: la militarización, la persecución penal y la detención arbitraria. Y finalizaremos con las consecuencias que sufren las familias y especialmente las mujeres en los últimos seis años.

1    Neoliberalismo y despojo después del conflicto

Desde el cambio de siglo, la presencia masiva de diversas industrias extractivas está provocando conflictos en toda América Latina, las cuales incluyen a las empresas nacionales y transnacionales dedicadas a la minería, la energía hidroeléctrica, eólica, las telecomunicaciones, el petróleo, los cultivos agroindustriales entre otras en general, estas actividades despojan a los pueblos y las comunidades de sus territorios, sus formas de vida y sus derechos fundamentales.

En Guatemala, la organización y movilización de las comunidades ante esta presencia prepotente y sus consecuencias, ha provocado una ola represiva por parte de los Gobiernos, que han preferido poner en marcha políticas de apertura al mercado mundial antes de desarrollar las propuestas de sociedad y nación contenidas en los Acuerdos de Paz firmados en 1996.

Las consultas comunitarias como respuestas a la explotación

De hecho, el mismo gobierno que firmó la paz, presidido por Álvaro Arzú, fue el que apenas un año después en 1997, introdujo los cambios a la Ley de Minería que permitieron el desembarco de empresas a partir del cambio de siglo.[1] Al mismo tiempo se pusieron en marcha iniciativas de integración regional como el Plan Puebla Panamá y sus derivados, con claros objetivos hacia el mercado energético global; mientras el nacional era copado por empresas españolas, lo mismo que las telecomunicaciones con las mexicanas.[2] Los cultivos para agrocombustibles empezaron a reemplazar o complementar los productos tradicionales para la exportación, provocando una reconcentración de la tierra en manos de compañías locales y extranjeras.[3] A partir de 2001, las compañías mineras empezaron a solicitar licencias de exploración en todas las regiones del país–ver mapa- , y la primera que empezó operaciones fue la gigante canadiense GoldCorp, que abrió la mina Marlín en San Miguel Ixtahuacán,  San Marcos.

Ante la reacción en esta localidad y los recientes ejemplos de Comitancillo (San Marcos) y Rio Hondo (Zacapa), en la vecina Sipakapa (San Marcos) se promovió una consulta comunitaria en junio de 2005, en la que los vecinos plantearon que no querían actividades mineras en su territorio. Al año siguiente,  el Ministerio de Energía y Minas notificó a cinco municipalidades de Huehuetenango sobre exploraciones inminentes, lo cual resultó en una serie de consultas simultáneas el día 25 de julio de 2006.[4] Éste fue el inicio de una verdadera oleada de consultas comunitarias de buena Fe”: en siete años se desarrollaron más de 60 consultas (Municipales y de Buena Fe) en las que participaron más de un millón de personas que empezaron en los núcleos de San Marcos y Huehuetenango, pero inmediatamente se fueron extendiendo por el Altiplano y después por todo el país.[5]

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 Mapa 1

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En cada uno de los lugares en que se realizó la consulta, la respuesta de las personas de las comunidades fue impresionante: llegaron multitudes de mujeres, hombres, ancianos y niños, que de forma prácticamente unánime manifestaron públicamente su rechazo a las explotaciones mineras y de todos los bienes naturales como el agua en su territorio. Este éxito reflejaba la preocupación de las comunidades por la amenaza ante el deterioro de su entorno más inmediato, y su rechazo al modelo de desarrollo basado en la extracción impune de recursos. La convocatoria y la unanimidad eran resultado de todo un proceso de información y consulta que se llevó a cabo de forma paciente y minuciosa a partir de las estructuras como Alcaldes  Comunitarios e Indígenas,  COCODEs, autoridades ancestrales y  Asambleas; actualizando así comportamientos históricos en momentos de necesidad sentida.[6] Las consultas se realizaron  al amparo del Convenio 169 de la OIT, el nuevo Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo; con lo que estaba utilizando la legislación surgida o reformadas en el contexto de la paz sobre la participación y la toma de decisiones a nivel local.

Solo en el departamento de Huehuetenango durante el año 2006 los municipios de Colotenango, San Juan Atitán, Todos Santos, Concepción Huista, Santiago Chimaltenango, seguidos por Jolom Konob´ (Santa Eulalia, la cabeza de pueblo).

Para el 2007 el primer municipio de Huehuetenango que dio continuidad a las Consultas Comunitarias fue San Miguel Acatán, San Pedro, San Juan Ixcoy, San Antonio Huista, Santa Cruz Barillas, Tectitán, Chiantla, Jacaltenango, San Idelfonso Ixtahucán y se cierra el año el año con la consulta de Nentón.

Para el año 2008, el municipio de Santa Ana Huista arrancaba  el mes con las consultas comunitarias, Aguacatán, San Pedro Soloma, Cuilco, San Sebastián Huehuetenango. El año lo cerró el municipio de Santa Bárbara.

Para el año 2009 el municipio de San Rafael Petzal inicio, seguido por San Rafael La Independencia, San Mateo Ixtatán, San Gaspar Ixil  y  San Sebastián Coatán.

El año 2010 inicio con la consulta comunitaria de Unión Cantinil el día 18 de enero 2010. Y finalmente la consulta de Malacatancito realizada el 2 de agosto del 2015, para un total de 29 consultas comunitarias en igual cantidad de municipios del departamento, finalmente para el año 2016 son más de 70 consultas municipales y de Buena Fe las realizadas en todo el país.

La represión estatal y los conflictos comunitarios

Puesto militar y maquinaria para construcción Anillo Regional en San Juan Sacatepequez, septiembre 2014.

Puesto militar y maquinaria para construcción Anillo Regional en San Juan Sacatepequez, septiembre 2014.

Pese a toda esta movilización, ninguno de los gobiernos de estos años –el de Berger entre 2004 y 2007; Colom de 2008 a 2011; Pérez Molina de 2012 a 2015, Maldonado Aguirre 2015 a 2016  de transición por la renuncia de Pérez Molina y Morales Cabrera desde enero 2016 –  le ha dado el valor legal, ni político a estos impresionantes ejercicios de ciudadanía participativa. Basándose en interpretaciones restringidas del Convenio 169 de la OIT y de las propias leyes guatemaltecas las cuales argumentan que el subsuelo y los recursos pertenecen a la nación y por tanto es a nivel central, y no municipal, donde se toman las decisiones.[7] Así, dedicaron sus esfuerzos y energías a facilitar el trabajo a las empresas dedicadas a estas actividades.[8]

 De esta forma, mientras se desarrollaban las consultas, empezaron a darse exploraciones y explotaciones de minas e hidroeléctricas, mientras se ampliaban los cultivos de Palma Africana y caña de azúcar a costa de pequeños propietarios. Después de la GoldCorp en San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, llego la Ente Nazionale per l’Energía eLettrica (ENEL) a  Cotzal, Soloma, Barillas, Santa Eulalia en Huehuetenango, Baja Verapaz y Quetzaltenango, Cementos Progreso a San Juan Sacatepéquez,  la familia Pellas Chamorro con el Ingenio Chabil Utzaj’ al Valle del Polochic, Ecoener Hidralia Energía a Barillas, Huehuetenango, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en Panzós Alta Verapaz y a El Estor Izabal; así como Kappes, Cassiday & Associates (KCA) a San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, la expansión de la Palmas del Ixcan, Naturaceites y el Grupo HAME en Peten, Valle del Polochic y la Costa Sur, la Tahoe Resources Inc. a San Rafael las Flores, además de muchas más. En cada uno de estos lugares, las empresas llegaron sin haber avisado ni mucho menos consultado a las autoridades locales, apropiándose de los terrenos de forma abusiva y poco clara.

En estos lugares y muchos otros, la gente reaccionó como en las consultas: a través de las estructuras y autoridades comunitarias solicitaron que se respetara sus derechos y se escuchara su voz. A través de los mecanismos e instituciones que marca la ley, COCODEs  y Alcaldes comunitarios se dirigieron a las autoridades municipales y después a las centrales para manifestar su oposición a un tipo de actividades que no sólo amenazaba su entorno y su futuro –como había dejado muy claro el caso de la Mina Marlin-, sino que llegaba de forma invasiva y prepotente, sin consultarles.[9]

Cuando la oposición comunitaria empezó sus actividades, las empresas respondieron con comportamientos muy semejantes en todos los casos: combinando intimidaciones con ofertas económicas, utilizando más presión legal sobre las autoridades municipales, sembrando la división en las comunidades y persiguiendo penalmente cualquier acción de protesta y dirigiendo los procesos penales en contra de los principales liderazgos. De esta forma, las tensiones fueron aumentando y la conflictividad se instaló en muchos de estos lugares, llegando a situaciones violentas y a la detención y muerte de opositores a las empresas.[10]

Ante estas escaladas de tensión, las autoridades municipales y centrales, el aparato judicial, las fuerzas de seguridad y  el Ministerio Público actuaron y actúan –en general – apoyando a las empresas en sus acciones legales e ilegales y considerando a los opositores como unos criminales, no como ciudadanos que reclaman sus derechos, aplicando en los procesos el derecho penal del enemigo[11] contra las autoridades comunitarias, en casos como las de Santa Eulalia autoridades ancestrales del pueblo maya Q’anjob’al. Como vamos a ver más tarde en este capítulo, esta criminalización de la lucha social se acompaña de toda una campaña ideológica de estigmatización de los luchadores a partir de las categorías clásicas del repertorio racista, contrainsurgente y anticomunista, a los que se unen otras nuevas como el resentimiento y la oposición al desarrollo.

Como vamos a ver, aplican la ley de forma parcial y perversa, de tal manera que los reclamos de los ciudadanos en contra de los proyectos nunca avanzan y en cambio los opositores son tratados como criminales que realizan actos ilegales. En los últimos años ha ido creciendo el número de gente que es perseguida, detenida, enjuiciada y encarcelada por oponerse a las actividades de las empresas. Es una nueva forma de presos políticos, pues se les acusan de una serie de delitos que no han cometido, con la única finalidad de paralizar y desarticular la organización comunitaria.  Son las  acciones de las empresas las que provocan, generan y profundizan la ingobernabilidad en los territorios de los pueblos, para que el Estado justifique el uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra la lucha organizada, violando los derechos fundamentales de los pueblos.

Además, el Estado ha renovado las prácticas de terror que supuestamente había dejado atrás, adaptadas al nuevo contexto. Ante las demostraciones, marchas y reuniones, la actuación policial se suele realizar acompañada de fuerzas militares agrediendo sexualmente a las mujeres, y llegando a provocar la muerte.[12] En algunos casos –como el mismo de Barillas- se ha llegado a la declaración de Estados de sitio y/o excepción de forma ilegal como una estrategia para desarticular las movilizaciones de oposición e incluso para avanzar en unas obras que nadie quiere.[13]

Este comportamiento ha sido generalizado en los últimos diez años, provocando una desconfianza cada vez mayor de las comunidades hacia el gobierno central y las autoridades en general, mientras se ha ido consolidando la oposición al modelo de desarrollo que estas empresas representan. En los últimos años han aumentado las protestas en contra de donde pretendían instalarse, y las repuestas del estado han sido cada vez más contundentes y violentas.

La llegada a la Presidencia del ex general Otto Pérez Molina ha supuesto un salto cualitativo por aplicación generalizada de estrategias de militarización para terminar con la protesta social –el Estado de sitio en Barillas fue el primer ejemplo- por la aplicación sistemática de control y represión como respuesta a la movilización comunitaria –llegando a un punto complejo con la masacre de 6 indígenas maya Quiché de Totonicapán en octubre del 2012-, la rearticulación ideológica de la derecha oligárquico-militar más reaccionaria y con todo ello la generalización de la represión y asesinatos contra líderes y activistas. Con ello tenemos las trazas de estar en un proyecto militar renovado, ahora para cuidar los intereses económicos.[14]

Cumbre de Alaska, Km. 169 de la Carretera Interanericana, el 4 de octubre 2012.

Cumbre de Alaska, Km. 169 de la Carretera Interanericana, el 4 de octubre 2012.

Luego la exigencia de las comunidades por resultado desató nuevos escenarios de represión con otros estados de sitio en Jalapa y Santa Rosa, desalojos y asesinatos de campesinos en Samococh Alta Verapaz, y un segundo Estado de Prevención en las comunidades de San Juan Sacatepéquez en octubre 2014. Al mismo tiempo varios desalojos violentos en San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc contra la resistencia pacífica La Puya, que incluyo la instalación de un puesto de la Policía Nacional Civil dentro de la Mina. En el territorio norte de Huehuetenango en el municipio de San Mateo Ixtatán se reinstaló el destacamento militar con un fuerte contingente militar dentro de las instalaciones de la empresa hidroeléctrica.[15] La detención de seis  autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo Q’anjob’al y mestizo de los municipios de Santa Eulalia y Barillas, nuevas órdenes de aprensión contra otras autoridades y personas opuestas a los megaproyectos en esta región.[16]

A pesar de la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidente Roxana Baldetti Elías en octubre del 2015 acusados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG y el Ministerio Público MP de dirigir varias redes criminales de corrupción dentro del Estado, la estrategia en contra de los pueblos por parte de las empresas extractivas en todo el país no se detuvo, la imposición de los megaproyectos y la estrategia represiva continúan, para 2016 en algunos casos incluso se ha profundizado.

Fotografía: Simone Dalmasso. Plaza Pública*

Fotografía: Simone Dalmasso. Plaza Pública*

Notas

[1] Yagenova, Simona 2012. La industria extractiva en Guatemala: Políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2001(Revisar Fecha!). Guatemala: FLACSO.

[2] Solano, Luis 2005 Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder. Inforpress Centroamericana, Guatemala.

[3] Alonso-Fradejas, Alberto, José Luís Caal Hub y  Teresita Chinchilla Miranda, 2011 Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del s. XXI. Guatemala: Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR) Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP)

[4] CEIBA y  ASDITOJ, (2007). Consultas comunitarias: Una herramienta estratégica para la defensa del territorio. Guatemala, Guatemala: CEIBA-ASDITOJ.

[5] Mérida, 2012

[6] Trentavizi, Bárbara y Cahuec, Eleuterio. (2012). “Las consultas comunitarias de buena fe y las prácticas ancestrales comunitarias indígenas en Guatemala”. Informe de investigación Guatemala, Guatemala: CIRMA-OACNUDH.

[7] Yagenova, op cit.

[8] Cabanas, Andrés 2012 “El Proyecto Patriota: Neoliberalismo Militarista” En Memorial de Guatemala,http://memorialguatemala.blogspot.mx/p/hidro-santa-cruz-y-la-implantacion.html

[9] Bastos Santiago y Quimy de León ,2013 La movilización comunitaria en Guatemala. Estudio de casos. Informe de investigación, Diakonía, Guatemala

[10] ibídem-

[11] Este es un análisis y planteamiento del abogado Edgar Pérez Archila del Bufete de Abogados de Derechos Humanos quien es el abogado director de Francisco Juan Pedro, líder comunitario de Santa Cruz Barillas y preso político.

[12] Carlos Figueroa Ibarra: “Del terror militar a la violencia neoliberal”. Año 2014. www.cinep.org.co

[13] Recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Pueblos de Occidente CPO – presentado ante la Corte de Constitucionalidad CC-. El día 14 de mayo 2012.

[14] Cabanas, Andrés. Soñar y construir colectivamente un país nuevo. Memorial de Guatemala. Guatemala año 2012.

[15] Nelton Rivera. San Mateo Ixtatán: una nueva agresión contra el pueblo Chuj, Prensa Comunitaria. 21 de julio 2014. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/07/21/san-mateo-ixtatan-una-nueva-agresion-contra-el-pueblo-chuj/

[16] Santiago Bastos.  Las trampas de la justicia en Guatemala. Reflexiones al cumplirse un año de prisión de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar. Prensa Comunitaria. 28 de marzo 2016.  https://comunitariapress.wordpress.com/2014/07/21/san-mateo-ixtatan-una-nueva-agresion-contra-el-pueblo-chuj/

Las fotografías de los desalojos en el Valle del Polochic en 2011 son una producción de Caracol Producciones.

Honduras: universitarios salen a tomarse las calles

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Por Ariel Sosa.

En la ciudad de Tegucigalpa los estudiantes universitarios en la UNAH salieron a manifestar y expresar su indignación por el asesinato de Berta Cáceres representante del pueblo Lenca y de COPINH, a pocos minutos de la toma que los estudiantes universitarios realizaban de manera pacífica se presentó la policia hondureña, la fuerza antimotines lanzo gases lacrimógenos contra los estudiantes.

El grupo de antimotines se retiro del lugar, y los estudiantes siguen protestando.

Fotos: Ariel Sosa.

 

Emil Bustamante: desaparecido hace 34 años y su hermana lo busca sin parar

Por: Quimy De León

Aproximadamente 45 mil personas fueron desaparecidas durante los años del Conflicto Armado. Los años más crueles vividos en Guatemala en la historia reciente fueron los años ochenta, se perpetraba genocidio contra la población maya y se atacaba selectivamente a los movimientos populares y a quienes trabajaran honestamente en el campo o en la ciudad.

Emil Bustamante era joven veterinario y sociólogo fue detenido y desaparecido el sábado 13 de febrero de 1982 en retén militar en la ciudad de Guatemala, fue visto terriblemente torturado el 23 de marzo de ese mismo año en el cuartel militar de Matamoros. Ese mismo día que el militar hoy condenado de genocidio Efraín Ríos Montt perpetró el golpe de Estado.

Marylena Bustamante su hermana no deja de buscarlo, no deja de abrir un espacio en la cotidianidad para recordarnos que a quienes han desaparecido, nos faltan a todas las personas no solo a sus familiares. La hemos visto en muchas actividades con la fotografía de Emil colgada en su cuello sobre su pecho o con una pancarta. Como cientos de familias se pregunta:

“Dónde encuentro nuevas palabras para decir lo mismo, dónde encuentro la llave para abrir la puerta del silencio y romper el pacto de la ignominia. Son treinta y tres años de no saber de Emil Bustamante desaparecido un día como hoy, 13 de febrero de 1982, ni de los otros 45,000 seres humanos arrebatados de la faz de la tierra los que se esfumaron por obra y gracia de los hombres de la sin razón, de esos que se cubrieron de sangre hasta el último rincón de su alma. De los que cada día que se miran al espejo ven a sus víctimas indefensas sin nadie que haya ido en su auxilio porque los que los amamos no sabíamos dónde los tenían.

Tocamos todas las puertas posibles, hablamos con las personas que podían brindar ayuda pero el poder los cegaba nadie iba a arriesgar su vida cómoda de sicario en pro de un comunista, a esos había que darles con más fuerza esos, no se doblegaban ante nadie, murieron tal vez hincados a la fuerza pero de pie ideológicamente, eran demasiado dignos para unos vulgares genocidas.”

La terrible experiencia de la desaparición de un familiar

“32 años tenía Emil, mi hermano cuando fue detenido en un retén militar en la ciudad de Guatemala un sábado 13 de febrero de 1982. El día en que fue detenido, festejábamos la vida, mi hija Ximena cumplía su primer año, el tío Emil nunca llegó, tampoco el pastel, únicamente llegaron las noticias de su desaparición.

Gobernaba en ese ayer un General genocida, Romeo Lucas García que fue derrocado por el General Efraín Ríos Montt, quien llegaría a ser el máximo represor en los tiempos que duró el genocidio. Ríos Montt declaró en ese entonces, “no vamos asesinar sino a matar a todo aquel que se oponga al gobierno”, y lo cumplió, Emil estaba vivo en un cuartel militar el día del golpe, junto con él cientos de luchadores sociales.

Una se pregunta: ¿qué delito cometieron para merecer semejante castigo? Emil ni siquiera tuvo el privilegio de estar en los aberrantes tribunales de fuero especial, así por lo menos hubiéramos tenido su cuerpo.”

Desaparición forzada es cuando una persona es detenida  o secuestrada por el Estado o por personas en nombre de éste. Frente a quienes reclaman la aparición de esta persona utilizando los mecanismos que el mismo Estado establece, éste niega la existencia en su poder de dicha persona, negando que haya sido detenida, por lo tanto negándole sus derechos legales y humanos.[1]

Para las Naciones Unidas la desaparición forzada es una estrategia que se usa constantemente para generalizar el miedo y el terror de la población. Los efectos ocasionados por esa práctica no se limitan a la persona desaparecida, ni a la familia y círculo más cercano  al desaparecido o desaparecida. Si no que, busca afectar de forma directa a la comunidad y  sociedad en su conjunto.[2]

Para el informe Guatemala: Memoria del Silencio, Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), publicado en el 25 de febrero de 1999, nos permite entender, luego del proceso de investigación  los múltiples delitos cometidos durante el conflicto armado en Guatemala,  haciendo una aproximación de la barbarie cometida por el Estado y sus fuerzas de seguridad desde 1962 a 1996. Según el informe Guatemala: Memoria del Silencio, una de las consecuencias principales del Conflicto Armado se radica en  el número de víctimas.

“Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42.275 víctimas (…). Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas”.[3]

En Guatemala del total de víctimas  puede llegar a sobrepasar  más de 45 mil, muchas de ellas son resultado de la Desaparición Forzada implementada por Estado durante los distintos regímenes oligárquico militares que gobernaron el país en esos 36 años de Conflicto Armado. Además el informe también documenta una aproximación de 250 mil personas asesinadas durante las masacres cometidas por ejército.

Además la CEH hace un abordaje sobre los niveles de instauración de una cultura del terror de la mano de la política contrainsurgente del Estado sobre la población:

“Además de la represión y el exilio, la debilidad y fragmentación de las organizaciones sociales se deben en buena medida a la conjunción de diversos mecanismos activados por el Estado para destruirlas. (…) El terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena casual y la ejecución efectiva de atrocidades”.[4]

[1] COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CIDH. Caso No. 12.590, José Miguel Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) respecto del Estado de Guatemala. WASHINGTON, D.C. 18 de febrero 2011. http://www.cidh.oas.org/demandas/12.590Esp.pdf

[2] Naciones Unidas. Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. http://www.un.org/es/events/disappearancesday/

[3] Fundación de Antropología Forense de Guatemala FAFG. Boletín de Prensa. Caso Diario Militar: Amancio Samuel Villatoro. Guatemala 22 de noviembre 2011. http://www.fafg.org/BoletinExterno/Boletin_de_prensa_Amancio_Villatoro.pdf

[4] GUATEMALA: MEMORIA DEL SILENCIO. El contexto del conflicto armado. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Ciudad de Guatemala, febrero de 1999. http://www.iom.int/seguridad-fronteriza/lit/land/cap2_2.pdf