Archivo del sitio

Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto a la espera de audiencia de primera declaración

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Fotografía por Carlos Cano.

Tres ex ministros fueron detenidos por el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil PNC y la CICIG durante la mañana del sábado 11 de junio 2016, los tres son acusados de formar parte de varias redes de corrupción y se encuentran en este momento en las carceletas en el sótano de Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala.

Sin embargo recordemos que fue bajo su gestión que ocurrieron los siguientes hechos:

1 de mayo en Barillas, Huehuetenango (detenciones ilegales, un asesinato, más de 13 personas encarceladas ilegalmente, retenes, desplazamiento forzoso, persecución penal).

Totonicapán: 4 de octubre masacre en Alaska: seis muertos y 39 heridos.

La Puya: violencia y amenaza permanente de desalojo a quienes se oponen a la minería, detenciones y persecución penal.

22 de septiembre de 2014 en San Juan Sacatepéquez: Estado de Sitio, encarcelamiento, amenazas, intimidaciones, violaciones sexuales, división comunitaria y rumores.

2 de mayo de 2013 Estado de Sitio en San Rafael Las Flores.

2014 instauraron un destacamento militar en Yixquisis, San Mateo Ixtatán y desde su llegada solamente se han agudizado los problemas sociales en esta región. Masacre en Samacoch el 15 de agosto 2014.

Además de estar vinculados a la corrupción, también han abusado desde su posición para beneficio de la industria extractiva.

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Diario Militar: el ejército siempre negó la existencia de los planes militares

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Por Nelton Rivera.

“Los militares sabían lo que hicieron, sabían de la existencia de los planes, de todos estos planes que hicieron como estrategia para poder destruir a la población, de antemano lo sabíamos, porque de alguna manera el ejército específicamente Oscar Mejía Víctores desde 1983 siempre lo negó, siempre nos negó a los familiares la existencia de información.

Él nos dijo aquí no es Chile, no es Argentina, no es Perú, no es Bolivia, para tener películas ni mucho menos libros, haciendo referencia a otros documentos desclasificados en Sudamérica. Con esto demostramos los familiares de los detenidos desaparecidos que la verdad que siempre la hemos dicho sobre el señalamiento que los hechores intelectuales y materiales siempre han sido los ellos, los militares.”[1]


El ejército de Guatemala  no ha desclasificado sus archivos militares, durante décadas ha negado la existencia de documentos que detallen las operaciones militares contrainsurgentes de los años de 1960 a 1996 que comprenden 36 años de guerra. Fue en 1997 cuando apareció el Plan de Campaña “Victoria 82”, sustraído de forma clandestina del ejército, este documento los utilizó la Comisión del Esclarecimiento Histórico para la elaboración del informe “Guatemala Nunca Más.”

El plan de Operaciones “Sofía” contiene las comunicaciones internas del ejército durante las operaciones realizadas en la región Ixil en el departamento del Quiche durante los primeros años de la década de los 80.  Como un paso previo para materializar el Plan de Campaña Victoria 82, y el Plan de Campaña “Firmeza 83”. En la ejecución de los mismos estuvieron los oficiales: mayor Arango Barrios y el mayor Otto Pérez Molina.[2]

Los documentos secuestrados por el Tribunal de Mayor Riesgo B en marzo de 2016, 19 años después del aparecimiento de los primeros planes son el Plan de Campaña Firmeza 83- 1, Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84, Plan de Campaña Estabilidad 85, Plan de Campaña Consolidación 86,  Plan de Campaña Fortaleza 87, Plan de Campaña Unidad 88, Plan de Campaña Institución 89 y el Plan de Campaña Avance 90.

Para los familiares de las personas detenidas desaparecidas estos documentos pueden dar más elementos para esclarecer la actuación del ejército implicado en delitos de lesa humanidad y Genocidio, información que podría servir para esclarecer la verdad, estos planes comprenden los regímenes del general José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores y Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Estos planes fueron secuestrados por un juez en Guatemala para incorporarlos dentro de la investigación del Caso Diario Militar, un documento del ejército en el que se documentó la detención y desaparición forzada de 182 guerrilleros de distintas organizaciones entre los años 1983 y 1984.


La audiencia del caso Diario Militar  

El secuestro se realizó el día 9 de marzo 2016 en una diligencia realizada por el juez del Tribunal de Mayor Riesgo B en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Como era de esperarse, el ejército intento que el juez no realizara la diligencia, varios abogados del ejército se presentaron argumentando que los planes eran documentos “secretos”, que de por medio estaba la seguridad nacional, pero finalmente no pudieron retenerlos.

Previo a que el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez realizara la audiencia del día 31 de marzo 2016 los querellantes del proceso conocido como Caso del Diario Militar no tenían la seguridad que esta audiencia se realizara.

Finalmente la audiencia comenzó a las 11 de la mañana en la Torre de Tribunales, para Mario Polanco director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM esta es una audiencia histórica, por tener a la mano la continuidad de los planes militares que permanecieron ocultos, hasta que el Juez Gálvez realizó el secuestro de ocho planes de campaña del ejército que comprenden el período de 1983 a 1990.

Estos planes fueron incorporados al proceso del Caso Diario Militar “José Miguel Gudiel Álvarez” contra el Estado de Guatemala, en la audiencia estuvo presente el Ministerio Público –MP-, la representación del GAM, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala –FAMDEGUA- y la Asociación Verdad y Justicia AVEJA quienes actúan como querellantes en este caso, la audiencia finalizó a las 5 de la tarde.

Aura Elena Farfán

“Este es un momento histórico, este momento es de gran trascendencia para nosotros como familiares de las personas detenidas desaparecidas, especialmente para las familias de los casos del Diario Militar. Para todos en general, por los más de 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas, niños y niñas que años atrás los capturaron y los desaparecieron.

Para mí ha significado una mezcla de sentimientos, de saber de lo que fueron capaz, o de lo que es capaz el ejército de elaborar esos planes para destruir a la población, solo porque creían o pensaban que ellos eran el enemigo interno.  Para mí es bastante significativo y espero que no solo sirva para el caso del Diario Militar sino para todos los procesos por las violaciones que se dio en el Conflicto Armado Interno, específicamente con las masacres con la tierra arrasada en Guatemala.”

Mario Polanco

“hoy es un día histórico porque por fin las asociaciones de víctimas estamos teniendo acceso a la información que el Ministerio de la Defensa de Guatemala había dicho reiteradamente que no existía, que no la tenían, o que había sido destruida. Esperamos analizar la información para trabajar activamente en beneficio de la justicia, en favor de que los violadores de los derechos humanos vayan a prisión, esperamos que aporten información valiosa los documentos, esperaremos a conocer el contenido pero es un paso trascendental la que vivimos hoy.

El caso sigue abierto, estamos querellados dentro del caso Diario Militar, seguiremos recopilando pruebas para poder individualizar las responsabilidades y eventualmente poder emitir ordenes de aprensión.”

 

Para saber más sobre el caso del Diario Militar puede visitar: Guatemala: el Diario Militar una historia de desapariones y muerte 

 

[1] Entrevista a Aura Elena Farfán directora de la FAMDEGUA. Audiencia presentación de Planes de Campaña militar de 1983 a 1990. Tribunal de Mayor Riesgo B. 31 de marzo 2016.

[2] Albedrio. Plan Sofía y Victoria 82. ¿Prueba o farsa?. Andrea Orozco. 10 de mayo 2010. http://www.albedrio.org/htm/noticias/lh100510.htm

Análisis Jurídico de la Acción presentada por el General Alfredo Sosa Díaz en contra de la en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional

Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista.

 

 

  1. El General de División del Ejército de Guatemala, Alfredo Sosa Díaz, actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, presentó ante la Corte de Constitucionalidad –CC- una acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, el cual establece que la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere la ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
  1. Sosa Díaz aduce que tal artículo contraviene el espíritu de la citada ley y de la Carta Magna; además, alega una serie de consecuencias políticas por su vigencia. Su propósito es que la CC expulse la norma del ordenamiento jurídico, para que los 18 ex oficiales que están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno se puedan acoger a la amnistía que la citada ley otorga, por la comisión de delitos políticos y conexos.
  1. El Alto Mando del Ejército se deslindó de la acción de Sosa Díaz, y el Ministro de la Defensa declaró que analiza con sus asesores legales si el Jefe Militar será sancionado.
  1. La acción de inconstitucionalidad no tiene viabilidad jurídica, ya que la normativa y la jurisprudencia internacional prohíben amnistiar delitos de lesa humanidad que, por su naturaleza, son imprescriptibles; en ese mismo sentido se ha pronunciado la CC en varias sentencias.
  1. En los medios de comunicación se ha argumentado que el General Sosa actuó a título personal. En el siguiente apartado analizo si un oficial en activo del Ejército de Guatemala puede actuar como ciudadano, máxime si tiene a su cargo el mando de todas las unidades militares del país. La cuestión, además de las aristas jurídicas, tiene importantes efectos político-institucionales, en el marco de una coyuntura de gran tensión.
ElPeriodico

ElPeriodico

Análisis Jurídico. 

  1. El marco legal del Ejército de Guatemala está regulado en una normativa amplia. Para el caso objeto de análisis, se considera lo establecido en:
  1. los Art. 244 al 250 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
  2. la Ley Constitutiva del Ejército,
  3. el Código Militar,
  4. el Reglamento para el Servicio Militar en Tiempos de Paz y en
  5. el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Asamblea General de la ONU, Resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979.
  1. La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), en el Arto. 244 establece que “El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. […] Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia”. (Resaltados nuestros).
  1. El Arto. Artículo 248 constitucional establece que Los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo, no pueden ejercer el derecho de sufragio, ni el derecho de petición en materia políticaTampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva. (Resaltados propios).
  1. Nótese que en este artículo y el anterior, la CPRG prohíbe que los militares ejerzan cinco derechos constitucionales (participación política, deliberación-opinión, sufragio, petición política y petición colectiva) por estar en servicio activo
  1. En el Art. 250 de la CPRG se estatuye que “El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares”.
  1. Los anteriores preceptos constitucionales son retomados por la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala (Decreto Legislativo 72-90); en el Artículo 1° establece que “El Ejército de Guatemala es la Institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. (Resaltados nuestros).

En el Arto. 3 estatuye: El Ejército de Guatemala se regirá por la Constitución Política de la República de Guatemala, la presente Ley y demás leyes y reglamentos militares. Se denominará únicamente -Ejército de Guatemala-”.

Quiénes integran el EG está normado en el Arto. 6[1]: “Son integrantes del Ejército de Guatemala, los Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Caballeros Cadetes, Caballeros Alumnos de los centros de educación e instrucción militar, Especialistas, Elementos de Tropa y demás personal que pertenezca a la Fuerza Permanente”.

En el Arto. 7, taxativamente establece: “Los integrantes del Ejército de Guatemala son apolíticos, obedientes, no deliberantes y deben estar comprendidos en lo establecido por el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.(Resaltado nuestro).

  1. De acuerdo a las normas supra citadas, se puede establecer que el General de División, Alfredo Sosa Díaz, actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, es integrante del Ejército de Guatemala y, por normas constitucionales y legales, debe ser apolítico, obediente y no deliberante. Además, pertenece a una organización que es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
  1. Siguiendo lo establecido en la Ley del OJ para la interpretación de la Ley, citamos que en el DRAE se define que deliberar es Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión”, lo cual está prohibido por la CPRG al EG y, por ende, a sus miembros, pues tal prohibición es la base de la obediencia y la jerarquía. En este caso, Sosa Díaz considera detenidamente el pro y el contra de una norma que le obliga, y acciona legalmente en contra de ella.
  1. El Reglamento para el Servicio Militar en Tiempos de Paz (en adelante el Reglamento) es aún más restrictivo, el cual es constitucionalmente mandatorio por la disposición del Arto. 250 de la Carta Magna. En su Arto. 333 el Reglamento establece que “El más grave cargo que se puede hacer a un oficial y muy particularmente a los que desempeñan puestos de mayor responsabilidad (como el Jefe del EMDN), es el de no haber dado cumplimiento a las leyes y reglamentos, disposiciones y órdenes vigentes de sus superiores. La más exacta y puntual observancia de ellas es la base fundamental de la disciplina y del servicio militar”.
  1. El Arto. 355 del Reglamento restringe aún más la libertad de acción de que Sosa Díaz hizo uso, al estatuir que “Queda prohibido a todo militar en servicio activo formar parte de asociaciones[2], manifestaciones políticas o de otra naturaleza[3] que se contravengan con la lealtad y subordinación que exige el ejército […] o cometer actos que relajen la subordinación inherente a un ejército. Tampoco podrá entrar en polémicas, ni externar opinión alguna por cualquier medio, sobre asuntos del servicio o que de alguna manera ataque o censure las leyes de la república o asuntos del gobierno. El que contravenga estas disposiciones debe sancionarse de conformidad con el código militar”. (resaltados propios).
  1. Las leyes y reglamentos militares limitan la libertad de acción personal de los elementos castrenses, al grado que para poderse casar, un oficial subalterno debe contar con permiso de sus superiores (Arto.782 del Reglamento); igualmente, para darse de baja del EG, cualquier oficial o especialista debe contar con aprobación del Ministerio de la Defensa (Artos, 82 y 84 de la Ley Constitutiva, respectivamente). En consecuencia, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional no puede aducir que actuó a título personal al impugnar una ley tan relevante y polémica, en una coyuntura política álgida, porque la normativa citada se lo prohíbe.
  2. De acuerdo a lo establecido en el Arto. 22 de la Ley Constitutiva del Ejército, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional tiene bajo su mando a todas las unidades militares; por consiguiente, la intervención jurídica del General Sosa Díaz en el juicio contra 18 mandos militares durante el Conflicto Armado Interno, podría tipificar una clara violación a varias garantías constitucionales, pues atenta contra la independencia del Organismo Judicial (Arto. 203), y a quien así procediera, “además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”. Asimismo, al Jefe del EMDN, la Carta Magna le señala que como funcionarios “son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella” (Arto. 154).
  1. Además de las ilegalidades citadas, Sosa Díaz contravino normas internacionales. Como ya se citó en el numeral 2, la Carta Magna le asigna funciones de seguridad interior al EG (Arto. 244), por lo que todos los militares guatemaltecos están obligados a acatar lo establecido en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, de acuerdo a lo establecido en el numeral b) del Artículo 1: En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios”.
  1. En su Arto. 2, el Código postula que “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.

Los derechos humanos que Sosa Díaz está obligado a defender, están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Este sistema normativo condena la impunidad y establece que los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y el genocidio son imprescriptibles y no pueden estar contenidos en ninguna ley de amnistía, como pretende el Jefe del EMDN con su acción de inconstitucionalidad, presentada para expulsar el Arto. 8 de la Ley de Reconciliación, que precisamente reafirma esta prohibición.

  1. Finalmente, el Arto. 5 del Código supra citado, establece que “Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. (Resaltados nuestros).

Esta prohibición que el General Sosa Díaz violentó en su alegato jurídico-político, dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Conclusiones

  1. Del análisis jurídico realizado, concluyo que la acción procesal del General Sosa Díaz, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, violentó una serie de normas del ordenamiento jurídico nacional e internacional, por lo que debiera ser destituido y podría ser sancionado de acuerdo al Código Militar.
  1. Más allá de los aspectos jurídicos, que no son menores, el militar ha agravado la tensión política y, a la vieja usanza, se ha negado a someterse al imperio de la Ley, amenazando la débil institucionalidad que, con enormes esfuerzos, hemos construido, y ahora nos empeñamos en consolidar, para que haya verdad, reparación y garantías de no repetición, en la perspectiva de afianzar un Estado pluricultural y democrático de Derecho.

Guatemala, 13 de enero de 2016.

[1] Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 79-95 del Congreso de la República.

[2] Como la asociación que el Jefe del EMDN estableció con AVEMILGUA y la Fundación Contra el Terrorismo, a quienes llamó como terceros con interés.

[3] Como pedir la expulsión de una norma que impide la impunidad en casos de genocidio o desaparición forzada.