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Caso de criminalización y prisión política de Rigoberto Juárez junto a Domingo Baltazar fue llevado ante la CIDH

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Por Nelton Rivera.

En el marco del 156 periódo de sesiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la ciudad de Washington, una delegación en representación de defensores y defensoras del territorio dió a conocer el caso de criminalización y judicialización de las autoridades comunitarias, indígenas y lideres comunitarios del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestizas de Huehuetenango durante el primer día de audiencias públicas ante la CIDH, el día lunes 19 de octubre 2015.

En el primer día tuvieron participación delegados de Brasil, Colombia, México, Honduras, Perú, Chile y Guatemala, la Comisión fue presidida por Rose-Marie Antoine junto a Rosa María Ortíz y Paulo Vannuchi.

Esta fue la intervención del abogado Edgar De León Chacaj ante la CIDH:

“Buenas noches mi nombre es Edgar De León, soy miembro de la Asociación de Abogados Mayas, también vengo en representación de la plataforma contra la impunidad

Expondré la criminalización a las autoridades maya Q’anjob’al de Guatemala, soy abogado defensor de Rigoberto Juárez Mateo y junto a otros colegas abogados en la defensa de Domingo Baltazar son originarios del municipio de Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango

Ambas personas son autoridades mayas Q’anjob’al elegidos legítimamente por sus comunidades ellos juntamente con 4 pueblos mayas Chuj, Q’anojab’al se han declarado Gobierno Plurinacional además de eso son defensores de su territorio frente a la imposición de las mineras e hidroeléctricas

Como consecuencia de lo anterior sufren dos procesos penales en su contra el primero proceso penal están sindicados de coacción amenazas y detenciones ilegales, esta denuncia fue puesta por la empresa Cinco M sociedad anónima una hidroeléctrica que quiere comenzar a funcionar en                el territorio indígena Q’anjob’al de Santa Eulalia ellos en resistencia histórica han estado protegiendo sus bienes naturales contra esta imposición de la hidroeléctrica.

En este proceso penal les dieron la medida sustitutiva inmediatamente después que la defensa lo solicitara porque quedaron ligados a proceso solamente por un delito que son detenciones ilegales pero cuando se está empezando a realizar los trámites para la libertad condicional.

Llega una nueva orden de aprensión en contra de ellos por lo cual quedan detenidos nuevamente en la carceletas de la torre de tribunales de Guatemala, en este segundo caso el Ministerio Publico los sindica por seis delitos siendo uno de los más complicados y complejos el delito de Plagio o Secuestro que tienen una pena de prisión de 50 años y el Código Procesal Penal Guatemalteco contempla la pena de muerte.

Nos preocupa la situación de ellos en el sentido que además de los dos procesos penales hay 20 denuncias puestas ante el ministerio público de Huehuetenango, lo que estaría atentando en contra de la Libertad, toda vez que terminando un proceso pueden seguir las subsiguientes para mantenerlos en la cárcel de por vida.

La otra situación que nos preocupa es que las cárceles de Guatemala últimamente han presentado serios problemas de seguridad para integridad física, recientemente en agosto del presente año en la cárcel del Boquerón fueron hallados 7 reclusos muertos en dicha cárcel.

Si hacemos un poco de historia en el año 2006 en el gobierno de Oscar Berger un Tribunal Criminal de Ginebra dicto prisión de por vida a un ciudadano suizo guatemalteco Erwin Sperinsen ex jefe de la Policía Nacional Civil por ejecuciones extrajudiciales ocurridas en una prisión denominada Pavón.

Nos preocupa por que esta criminalización judicial se extiende a familiares de Rigoberto Juárez Mateo, fue detenido un abogado defensor que resulta ser familiar de Rigoberto Juárez Mateo por lo que pedimos ante la Comisión el cese de la Persecución penal de forma arbitraria contra las autoridades mayas en Guatemala.”

Washington, 19 de octubre 2015.

Escuche el audio aquí:

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Barillas: finaliza el juicio injusto contra dos defensores del agua

Fotografía Quimy De León

Fotografía Quimy De León

Por: Quimy De León

Este día 14 de noviembre de 2014, se está llevando a cabo desde las 8 30 de la mañana la audiencia para dictar sentencia a Rogelio Velásquez y Saúl acusados de asesinato y feminicidio en el juzgado de Primera Instancia Penal de Huehuetenango.

Hasta el día de hoy durante el proceso penal y la fase de juicio el Ministerio Público mediante su investigación, no ha podido demostrar ni individualizar que ellos dos participaron de los hechos y delitos que se les acusa. No se pudo establecer de que manera participaron en un linchamiento donde hubo alrededor de 500 personas. Tampoco pudieron demostrar si ellos en este caso estuvieron ahí, si fueron autores o si indujeron a que ocurriera este linchamiento.

Sus abogados defensores plantearon y pidieron al juez que no se puede dictar una sentencia que los condene, sino por el contrario se les absuelva y que den en libertad ya que además en la investigación y acusación hecha por el mismo Ministerio Público existe grandes contradicciones y errores y por lo tanto poca objetividad en éste ente. En el mismo juicio se planteó que había tantas personas que no se pudo establecer la identidad de las personas que participaron en el hecho.

Si el Ministerio Público no ha podido probar durante todo el juicio que ellos participaron y realizaron los hechos en donde se les acusa de haber cometido algún delito, entonces debieran quedar en libertad.

A la espera

En el año 2012 el municipio de Barillas trascendió públicamente, sus comunidades mayoritariamente indígenas habían logrado contener de manera pacífica y democrática la construcción de una serie de hidroeléctricas en su territorio, el proyecto Qambalam I de la empresa española Hidralia a través de su empresa Hidro Santa Cruz desato una de las más grandes estrategias de criminalización en contra de aquellas personas que se oponen al proyecto.

Dos años después, cuatro procesos en tribunales enfrentaron varios comunitarios de Barillas, tres de estos en tribunales en Guatemala, otro en Huehuetenango, un comunitario asesinado el 1 de mayo 2012, 26 ordenes de captura que siguen aún vigentes, más de 10 líderes  fueron encarcelados arbitrariamente en 2012, dos de ellos Saúl y Rogelio fueron re perseguidos y encarcelados nuevamente en 2013, detrás estarían los intereses de la empresa española.

En Huehuetenango un juez está definiendo el futuro de si a los dos defensores del agua; Saúl y Rogelio les otorgar su libertad o si les condena a pesar de que el Ministerio Público no pudo demostrar con pruebas que ellos participaron de los delitos de los que se les acusa.

La  detención todo un operativo

La detención fue realizada cuando ingresaban a Torre de tribunales de la Corte Suprema de Justicia CSJ, por agentes Agentes de la Unidad de Capturas de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), vestidos de particular, sin identificación ni chaleco, cuando iban en compañía de su abogado Carlos Surqué Chinchilla. Llevaban una orden de aprehensión firmada por Luis Fernando Pérez Zamora Juez de Primera Instancia Penal de Santa Eulalia, Huehuetenango, de fecha 30 de mayo de 2013. Aparentemente de nuevo les acusan de hechos ocurridos en el año 2011.

Fueron trasladados a la dirección general de la Policía en el barrio Gerona y ahí fotografiados, estas fotografías fueron publicadas por los medios de comunicación de inmediato, lo cual viola el artículo 13 constitucional pues ellos no han fueron previamente indagados por juzgado competente. Después fueron trasladados al Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno, sótano uno, Torre de Tribunales en Guatemala.

Horas más tarde se ordenó su traslado a la cárcel de Huehuetenango ahí fueron recluidos y guardan prisión, de su detención en 2013 a octubre 2014 alcanzaron más de 410 días presos.

Fotografía Quimy De León

Fotografía Quimy De León

Casualidades o causalidades

Los dos líderes comunitarios detenidos, son quienes se han pronunciado y manifestado legítimamente en contra de las arbitrariedades y agresiones realizadas por la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A. y el Estado previo a su detención y lo que vivieron ellos y sus familias cuando estuvieron detenidos arbitrariamente, fueron ellos y sus esposas quienes no aceptaron las presiones, chantajes y amenazas de la empresa que les ofrecían a cambio de su libertad.

En Barillas, las comunidades organizadas, fundamentalmente las mujeres sostienen un plantón pacífico “Nuevo Amanecer” en el lugar denominado Poza Verde, a escasos metros del lugar en donde pretende instalarse la empresa española, dos años de resistencia pacífica cumplieron en abril.

Más información del caso de los presos políticos de Barillas en: Santa Cruz Barillas sigue de pie

Pareciera ser que estas detenciones son un intento por profundizar la criminalización de la protesta social y de defensores de derechos humanos y deslegitimar sus luchas. Pareciera que este hecho es un mal síntoma que evidencia el mal más grande, la imposición por la fuerza de una empresa que no es aceptada por la población.

Santa María Chiquimula: Consulta comunitaria de Buena Fe en sus 18 comunidades

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Por: Nelton Rivera

Comunidades del pueblo Maya K´iche´ del municipio de Santa María Chiquimula en el departamento de Totonicapán, realizan este domingo 26 de octubre su Consulta Comunitaria de Buena Fe, para esta consulta esta convocada la totalidad de la población del municipio, adultos, jóvenes y niños pueden decidir si quieren o no la presencia de industria extractiva, minería, redes de interconexión eléctrica o megaproyectos en su territorio.

La Consulta Comunitaria fue convocada por La Asociación de las 18 Alcaldías Comunitarias Tz’olojche’ y el Consejo Permanente por la Defensa de la Vida y el Territorio de Santa María Chiquimula, además de grupos organizados de las comunidades y de la sociedad del municipio como el Consejo del Pueblo Maya –CPO-.

El municipio alcanzaría para el año 2014 más de 45 mil personas según el INE para el año 2011 la población alcanzó los 43,562 habitantes. Santa María Chiquimula está ubicado a 40 kilómetros de la cabecera de Totonicapán y a 225 kilómetros de la ciudad capital. Las aldeas Checachelaj, Checoja, Chesanas, Chiaj, Choacorral, Chuachituj, Chuiaj, Chuicacá, Parracaná, Patzam, Racaná, El Rancho, Xecachelaj, Xecaja, Xesaná y Xexana forman parte de su territorio.

¿Cómo van las primeras horas de consulta?

En una entrevista con el abogado Edgar De León Chacaj de la Asociación de Abogados Mayas, nos contó que la jornada transcurre con total normalidad, que la población está asistiendo con afluencia a los lugares en donde se realiza la votación. Y también compartió que los centros de votación para la población se ubicaron en los salones comunales.

En la Consulta Comunitaria de Buena Fe pueden participar todos y todas, en varios lugares se instalaron mesas para que vote la población adulta, hay una mesa con uso de padrón electoral y Documento de Identidad Personal – DPI, para quienes no tienen DPI solo pueden hacerlo con Cédula de Vecindad.

La población Maya K´iche´ de Santa María Chiquimula se caracteriza por que tiene una fuerte actividad de comercio local, regional y nacional, por esa razón muchas personas regresaron en estos días al pueblo para participar en la consulta. En varios lugares de Santa María Chiquimula hay presencia de observadores internacionales y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

También niños y niñas pueden votar

Hay mesas para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes expresen su sentir, expresen lo que quieren.

El proceso de Consulta Comunitaria se cierra a las 3 de la tarde en todas las comunidades, luego las autoridades comunitarias realizarán una Conferencia de Prensa para hacer el cierre de la jornada, la corporación municipal está respaldando la elaboración de esta consulta, hay una resolución del Consejo Municipal de convocatoria para la realización de la consulta comunitaria.

¿Qué se está consultando?

¿Está de acuerdo con la explotación minera de metales, instalación de generadoras de energía geotérmica, construcción de hidroeléctricas, instalación de torres de tendido eléctrico y torres de telecomunicaciones en el territorio del municipio de Santa María Chiquimula?

¿Sí o no?

 Intentan bloquear proceso de Consulta

Durante las primeras horas del día a unos 3 o 4 km antes de la comunidad “El Rancho“ había arboles tirados sobre la carretera, poniendo en riesgo a las personas que circulan hacia desde la carretera Interamericana hacia Santa María Chiquimula, al parecer algunas personas tuvieron la intención de bloquear la carretera para obstaculizar la realización de la Consulta. La carretera fue liberada sin mayores complicaciones y la circulación fluye con total normalidad.

 

Carta Abierta contra la represión, la criminalización y el despojo en Barillas

976516_441952032589308_700036020_o copyPublicada en: http://www.codpi.org/campanas/192-cartaabiertabarillas

GUATEMALA.- En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de criminalización y represión en el territorio del pueblo maya q’anjobal del norte del departamento de Huehuetenango, Guatemala. Con fecha de 28 de septiembre de 2013, el activista Maynor López fue detenido arbitrariamente, para ser trasladado posteriormente y en un helicóptero militar hasta la capital departamental.

A raíz de estos hechos y de las protestas comunitarias que les sucedieron, se procedió a la militarización del territorio y se cursaron órdenes de captura contra varios dirigentes locales, profundizando en la criminalización que padecen las comunidades desde que comenzaron la resistencia contra la instalación del proyecto Cambalam, operado por la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria en Guatemala de la española Hidralia Energía).

Ante estos hechos y en coordinación con las organizaciones locales, desde la CODPI hemos promovido la Carta Abierta “Represión, criminalización y despojo: causas de la conflictividad en Barillas y la región norte de Huehuetenango”, dirigida a las autoridades públicas, a las empresas implicadas y a las organizaciones sociales. A continuación, puedes acceder a la carta y a las personas y organizaciones que se han adherido a la misma.


CARTA ABIERTA

REPRESIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y DESPOJO: CAUSAS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BARILLAS Y LA REGIÓN NORTE DE HUEHUETENANGO

En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de criminalización y represión en el territorio del pueblo maya q’anjobal del norte del departamento de Huehuetenango, Guatemala. Con fecha de 28 de septiembre de 2013, el activista Maynor López -opuesto a la construcción el proyecto hidroeléctrico Cambalam I- fue detenido arbitrariamente por personas no identificadas, para ser trasladado posteriormente, en un helicóptero militar, hasta la capital departamental. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la detención se llevó a cabo sin orden de captura, y una misión de verificación presente en el lugar de los hechos -en la que participaron diputados nacionales- denunció la existencia de signos de torturas en el detenido.

A raíz de estos hechos y de las protestas comunitarias que les sucedieron, se procedió -una vez más- a la militarización del territorio y se cursaron órdenes de captura contra varios activistas locales, profundizando en la criminalización que padecen las comunidades y las organizaciones que les acompañan. El Ministro de Gobernación guatemalteco, Mauricio López Bonilla, llegó al extremo de acusar de terrorismo a la población opuesta al proyecto y de amenazar con la expulsión de las personas extranjeras que participen en protestas sociales.

El señor Maynor López es una de las cabezas visibles del movimiento legítimo de resistencia contra la instalación del proyecto Cambalam, operado por la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria en Guatemala de la española Hidralia Energía). A raíz de este compromiso en defensa de los recursos naturales, el señor López ha sufrido señalamientos continuos por parte de la empresa, la cual le ha acusado públicamente y de manera sistemática de ser el responsable de obstaculizar los acuerdos con las comunidades, así como de fomentar el uso de la violencia y de tener razones particulares y políticas para su activismo.

Es necesario recordar que esta situación no es nueva. La conflictividad ha sido una constante en el municipio de Barillas y en los municipios vecinos, desde el momento en que se puso en marcha el proyecto Cambalam, el cual no sólo no cuenta con el consentimiento de la población, sino que ha sido explícitamente rechazado -al igual que cualquier otro proyecto minero o hidroeléctrico- por los y las pobladoras del municipio, en consulta realizada el 23 de junio de 2007. Esta preocupante situación vivió sus peores momentos cuando, tras el asesinato del comunero Andrés Pedro Miguel, opuesto al proyecto (1 de mayo de 2012), fue declarado un estado de sitio por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina, de 18 días de duración, en el marco del cual se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos.

El municipio de Barillas, así como el resto de municipios vecinos afectados por la violencia, forma parte del territorio del pueblo maya q’anjobal, cuyos derechos colectivos quedan recogidos en la Constitución Política de la República, los Acuerdos de Paz, y el Convenio 169 de la OIT, que forma parte del ordenamiento jurídico del Estado guatemalteco. Entre estos derechos, destaca especialmente el de participar en la gestión y conservación de los recursos naturales, así como el de ser consultados con carácter previo, de buena fe y mediante procedimientos apropiados, con la finalidad de alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento.

El proyecto Cambalam está operado por la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional Hidralia Energía, con sede matriz en el Estado español (en la ciudad de A Coruña, Galicia). También este Estado ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y está obligado a cumplir y a hacer cumplir los derechos por él reconocidos.

Ante este escenario, las personas y organizaciones abajo firmantes:

1. EXIGIMOS a las autoridades de Guatemala y del Estado español, tanto centrales como autonómicas, que cumplan y hagan cumplir a la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz, los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco y español, especialmente los recogidos en el Convenio 169 de la OIT, en cuanto el desempeño de estas empresas se da en un territorio habitado por pueblos indígenas.

2. EXIGIMOS a las autoridades de Guatemala, especialmente al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que cesen en la represión y la criminalización de las comunidades -así como de las organizaciones que les acompañan- movilizadas legítimamente en defensa de sus derechos colectivos, reconocidos tanto en las leyes guatemaltecas, como en el Convenio 169 de la OIT.

3. EXIGIMOS a la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz, que desistan de la construcción del proyecto hidroeléctrico Cambalam, el cual no cuenta con el consentimiento del pueblo maya q’anjobal de Barillas, en cuyo territorio se pretende instalar, y que cesen en el señalamiento de activistas y dirigentes comunitarios.

4. SOLICITAMOS a las organizaciones sociales de Guatemala, del Estado español y a la comunidad internacional, que mantengan su atención sobre el municipio de Barillas y todo el norte de Huehuetenango, denuncien las violaciones de derechos que se están produciendo y se sumen a la presente carta.

Porque consideramos que únicamente en un marco de respeto escrupuloso de los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos de Huehuetenango, es posible acabar con la conflictividad. Porque creemos que las comunidades del pueblo maya q’anjobal tienen derecho a vivir en paz y a elegir su propio modelo de desarrollo, sin sufrir por ello represión y criminalización.

“¿CUÁNTOS DERECHOS ES NECESARIO VIOLAR PARA PRODUCIR ENERGÍA?”

FIRMAS