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San Juan Ixcoy: Libres, luchamos por la vida y el territorio
Xhualis
El lunes 19 de septiembre se realizó una concentración en el municipio de San Juan Ixcoy del departamento de Huehuetenango, en ella participaorn personas de diferentes comunidades de la nación Q’anjob’al el objetivo era mostrar su apoyo y respaldo a Mauro Vay y dos compañeros más, entre ellos una lideresa que fueron liberados éste día. Ellos fueron secuestrados por paramilitares en lugar conocido como La Capellania en el municipio de Chiantla y encarcelados posteriormente de manera arbitraria.
Para el pueblo esto demuestra una realidad triste, en donde se comenten constantemente injusticias en contra de líderes y lideresas comunitarias que son criminalizados, perseguidos y amenazados, está es la realidad de los pueblos que luchan y defienden la vida y su territorio frente a las empresas transnacionales, nacionales y el Estado.
Mauro Vay y dos compañeros más estuvieron varios meses en prision, ahora recuperaron su libertad, la agresión de la empresa britanica ENERGUATE continua presente en todo el país, ordenes de captura sin ejecutar se suma a la persecución de la una lucha nacional, nacionalización de la energía eléctrica.
Sus familias se reencuentran nuevamente, su organización CODECA les aguarda para continuar la organización campesina y comunitaria.
San Juan Ixcoy, territorio maya Q’anjob’al.
Profesor Adolfo Ich Chamán, estás en la memoria del pueblo
Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.
Cuentan que los Tzultaka protegen los cerros y montañas del territorio del pueblo Q’eqchí, que están junto al maíz y en las cuevas como protectores del territorio. Hace cinco años atrás un 27 de septiembre del 2009 los Tzultakas rompieron el viento con un grito de dolor y coraje, Adolfo Ich Chamán era asesinado por trabajadores del proyecto minero Fénix de la empresa canadiense HudBay Minerals en El Estor, Izabal. Guatemala.
Adolfo Ich estas entre nosotras
La lluvia no ha parado de caer en la comunidad Lote Ocho de El Estor Izabal en el caribe guatemalteco, la familia y comunidad de Adolfo Ich conmemoró nuevamente este 27 de septiembre la memoria del profesor no como una fecha de pesar, sino de traer a través de la memoria viva el ejemplo de vida del profesor Adolfo Ich, su convicción, su lucha y el proyecto de vida que él y su pueblo tanto han soñado.
¿Quién era Adolfo Ich?
“Adolfo Ich Chamán, se desempeñó como Presidente de la comunidad de La Unión. Era un respetable dirigente Maya Q’eqchi’ y a la vez, profesor. Vivía en la comunidad de La Unión, ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, República de Guatemala. Fue conocido como un abierto crítico de los daños y las violaciones a los derechos humanos ocasionados por las empresas mineras canadienses en su comunidad. Era un enérgico defensor de los derechos sobre los territorios Maya-Q’eqchi’. Adolfo Ich tenía cinco hijos.”[1]
Angélica Choc, mujer maya Q’eqchí’ junto a sus cinco hijos inició una lucha sin descanso, llevó a los tribunales internacionales a la empresa responsable de las violaciones de los derechos humanos en contra del pueblo Q’eqchí y responsable del asesinato de su compañero de vida y líder comunitario.
Angélica es de esas mujeres que irradian a través de su mirada mucha energía, fuerza y valor. El valor de una mujer que continuó con la lucha de su comunidad frente a la agresión de la empresa, pues no ha descansado un solo instante para hacer justicia por el asesinato del profesor Adolfo Ich.
Justicia desde Toronto Canadá
La empresa minera HMI Nickel y Compañía Guatemalteca de Nikel CGN son propiedad de la transnacional canadiense HudBay Minerals, juntas operan en el país, pero los principales accionistas y beneficiarios de la empresa minera están en Canadá. En cambio en Lote Ocho la familia de Adolfo Ich trabaja fuertemente y lucha cada día por salir adelante, nadie abandona la organización comunitaria porque su lucha es por la tierra, el territorio y la vida. Angélica y otras mujeres de Lote Ocho han sido constantemente amenazadas y acosadas por actores afines a la empresa pero el riesgo que esto implica no logra romper su decisión de buscar la justicia, por lo que se abrió un caso jucial en CAnadá.
Por eso la justicia llegó de Canadá y ahora llego el momento de encontrarla en el país, por eso el 28 y 29 de mayo 2014, en el Estor Izabal dió inicio el juicio contra de Maynor Ronaldo Padilla González jefe de seguridad de la CGN este proceso es la Causa 796-2009.
“Los delitos imputados en contra del señor Padilla son: lesiones graves en contra de Haroldo Cucul Cucul y German Chub Choc; lesiones leves en contra de Ricardo Acte Coc, Alfredo Tzi Ich, Luciano Choc, Oscar Anibal Cac Caal y Samuel Coc Chub y por el asesinato de Adolfo Ich Chaman. Todas las víctimas son originarias de las comunidades del El Estor Izabal.”[2]
Este es un camino cuesta arriba, la empresa continúa trabajando impunemente en el país, cuenta con el respaldo del gobierno y varios de sus funcionarios. Las violaciones de los derechos humanos cometidos por el grupo de seguridad privada de la CGN continúan en varias comunidades del departamento de Izabal pero también en Alta Verapaz.
[1] Demanda sobre el asesinato de Adolfo Ich Chamán. http://www.chocversushudbay.com/?lang=es
[2] Comunicado de Prensa. RACISMO, IMPUNIDAD, PARCIALIDAD Y RE VICTIMIZACIÓN PREVALECE EN EL CASO PENAL CONTRA EX JEFE DE SEGURIDAD DE CGN/HUDBAY MINERALS. Izabal 2 de junio 2014. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/06/12/juicio-contra-jefe-de-seguridad-de-la-empresa-cgn-hudbay-minerals/
Mi corazón es de flores no de cemento: solidaridad con Francisca Gómez
Por Quimy De León y Norma Sansir – Prensa Comunitaria
Francisca Gómez Grijalva está siendo amenazada en su libertad de expresarse, de pensar críticamente y decir las cosas como son a través de una acción de censura que se concreta en una demanda judicial por parte de la empresa Cementos Progreso.
Francisca es columnista de Prensa Libre y académica, la intención de callarla y de iniciar una persecución penal que evidentemente es política, fue después de escribir una columna[1] denominada ¿Agua o Cemento? en relación a la problemática generada por ésta empresa en perjuicio de los pueblos maya kaqchiquel que habitan las comunidades de San Juan Sacatepéquez, en concreto de la comunidad San Antonio Las Trojes I.
Entonces ésta empresa puso una demanda judicial en su contra en un tribunal, en su página web argumentando que “Como sabemos categóricamente que las acusaciones de la Sra. Gómez Grijalva son mentiras, acudimos a un tribunal para que ella se presente al mismo a ratificar, bajo juramento, que le consta todo lo que ella publicó en ese medio de comunicación[2].”
Francisca ha iniciado una nueva batalla a favor de la palabra, la dignidad de los pueblos y en defensa de la vida, ya que presentó un amparo que fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad a favor de ella y será conocido en una vista pública este miercoles 6 de agosto de 2014.
No se puede permitir la persecución para quien se atreve a soñar
Con la persecución política penal, se trata de construir una “verdad” falsa acerca de quienes defienden sus derechos y luchan por una sociedad más justa. Ésto esta ocurriendo en contra de decenas de personas en todo el país, como parte de esto impulsan toda una campaña de acusaciones, infamias, mentiras y tergiversación de la realidad. Se les acusa de hechos no cometidos, delitos que les hace convertirse en criminales y delincuentes, para deslegitimar la lucha misma y sus exigencias y poder actuar “legal o legítimamente” en contra de éstas personas.
La criminalización es “…la puesta en marcha por parte del Estado de marcos jurídicos, estrategias y acciones político-judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo e ilegal al ejercicio de ciertos derechos civiles que se manifiestan en acciones tales como la manifestación, movilización, organización, reclamación pacífica de derechos, documentación y presentación de informes y defensa jurídica de personas acusadas de delitos políticos, utilizando en muchos casos, la violencia contra personas y organizaciones. La criminalización de la protesta social se expresa de diversas formas, que van desde una intervención violenta de las fuerzas de seguridad en protestas o conflictos, hasta el juicio a dirigentes sociales, allanamiento de oficinas, amenazas directas e indirectas y la descalificación sistemática de la labor de líderes sociales.” [3]
Según la anterior definición, quien criminaliza comúnmente es el Estado y las empresas. Sin embargo es una práctica social que se inserta en una sociedad con rasgos contrainsurgentes y de inquisición. Ésto le ocurre a las personas que se organizan y piensan autónomamente. Lamentablemente quienes reproducen la criminalización y el estigma de cualquier manera, en última instancia fortalece el poder de las élites. Ha sido una herramienta utilizada en todo el mundo en las últimas décadas como parte esencial de la aplicación de las políticas neoliberales: “La criminalización de los movimientos populares forma parte de un repertorio global de acciones y prácticas de control social, con las que el poder organiza su gobernabilidad, a fin de continuar el proceso de reproducción ampliada y por desposesión (Harvey) del capital”. [4]
Para el bloque de poder y sus expresiones empresariales, finqueras, gobierno y el narcotráfico, la lucha social “atenta directamente contra esa necesidad estratégica que tiene el gran capital y porque estas luchas, en su lógica, son un mal ejemplo para otras zonas del mundo cuyos territorios están siendo apropiados por el gran capital y sometidos a procesos de extracción agresivos”.[5]
La criminalización se basa sobre todo en acciones judiciales y mediáticas, en esto los medios corporativos están jugando un papel clave para influir la opinión pública, la mayoría de veces el discurso que manejan es el mismo que las empresas y el gobierno y que buscan deslegitimar las acciones de la población organizada, pero también se utiliza operaciones psicológicas como la difamación y el rumor que busca la descomposición social, la división comunitaria y que en última instancia generan desconfianza y aislamiento de las luchas y de las personas.
En última instancia pretenden las empresas nacionales y transnacionales “apropiarse de todas las posibles fuentes de energía existentes en el mundo como una necesidad estratégica para el mundo industrializado y el gran capital, y es eso lo que dirige y explica sus intereses por apropiarse de las tierras guatemaltecas donde existen este tipo de elementos de la naturaleza”. [6]
La estrategia de criminalizar y judicializar a las personas está siendo utilizado en contra de los movimientos indígenas, campesinos y en defensa del territorio de base comunitaria, de periodistas, columnistas, académicos y académicas, abogados y defensoras de derechos humanos que se niegan a aceptar el modelo vinculado a la globalización. Que en este caso se expresa en los megaproyectos como la minería a cielo abierto y la explotación de la naturaleza como el agua, el petróleo, los agrocombustibles, la militarización, la negación de la historia y el genocidio.
Nos queda una importante tarea: dudar, no creer en el discurso oficial y de los grandes medios corporativos, no dejarse llevar de versiones cargadas de prejuicios, rumores y difamaciones sino pensar críticamente y por nuestra propia cuenta. Y lo más importante defender que la libertad de expresión, las diferencias de ideas y de pensamiento son derechos a defender y respetar.
[1] 2 de junio de 2013. Prensa Libre. http://www.prensalibre.com/opinion/Agua-cemento_0_860913929.html
[2] http://www.cempro.com/aclaracion
La Puya: BASTA YA DE JUGAR CON EL PUEBLO!
“El apoyo a las empresas conlleva una gradación en la que el Estado va transgrediendo cada vez más la legalidad. En una primera instancia, puede tratarse simplemente de cumplir las leyes creadas para fomentar esas actividades y que protegen al poder. Esas leyes y reglamentos que todas las empresas insisten siempre que cumplen perfectamente –como las referidas al impacto ambiental o las regalías– porque han sido redactadas para fomentar su presencia, no para regularla.
El Estado no cumple con sus funciones y obligaciones al apoyar las actividades de las empresas. Es lo que ocurre cuando no otorga a los COCODES su papel de representantes de la voluntad comunitaria, cuando no da valor a las consultas, cuando no se sigue un procedimiento judicial adecuado a las personas demandadas por las empresas. Y cuando el Gobierno central amenaza con reprimir, militarizar y usar la fuerza desmedida en contra de la propia población.
El grado mayor de ilegalidad se da cuando se utiliza de forma consciente las leyes que supuestamente fueron creadas para asegurar la vida y los derechos de los guatemaltecos, para ir en contra de ellos y favorecer a las empresas”.
“Nada podrá contra la vida”
“Las fuerzas de “orden público” se dedican literalmente a proteger los intereses y las instalaciones de las empresas, en vez de dar seguridad a la gente. Cuando actúan, lo suelen hacer para reprimir y controlar las actividades reivindicativas de la población, o tratándoles como delincuentes como en los desalojos y los estados de sitio y prevención; llegando incluso a detener, golpear, herir hasta asesinar a la población. Como se ha repetido en multitud de memoriales, informes de verificación y declaratorias incluso de organismos internacionales, en cada una de estas intervenciones los derechos humanos de las personas en las comunidades son violados de formas diversas y recurrentes.
Las mujeres están jugando un papel fundamental en la defensa de la vida, del agua, de los ríos, de las montañas. A la vez son quienes más sufren agresiones en todos los espacios, pues además deben enfrentar diversas formas de violencia dentro de la comunidad, la familia y la pareja.”
El Estado apoya ciegamente a las empresas
“Las acciones llevadas a cabo por las diferentes instancias estatales en estos procesos de movilización comunitaria, muestran el apoyo prácticamente ciego e irrestricto que se da a las empresas para que desarrollen sus actividades. Podemos decir que se trata de una política de Estado que atañe a todas las instancias y poderes, y traspasa gobiernos específicos.
Como ya se ha dicho, el apoyo a las iniciativas empresariales externas o internas para que “inserten” a Guatemala en la economía global, ha sido una prioridad por lo menos desde los Acuerdos de Paz –contraviniendo en parte estos mismos Acuerdos–. Se han dictado leyes como las de aranceles a la maquila, las de minería, etc.” – Prensa Comunitaria.
¿En dónde queda la gente?
Frente a frente. El proyecto que defiende la muerte y el proyecto que defiende la vida.
Esto es lo que ocurre: el Estado listo para reprimir a beneficio de una empresa, la comunidad. La gente, niños y niñas se resisten, se niegan a aceptar que una empres., El Estado les quiere quitar el agua, los ríos, las montañas, su territorio. Las niñas, los niños defienden su futuro y el futuro de la humanidad.
Boletín urgente: incursión militar en Aldea B´ontaq de Barillas y en Yich K’isis en San Mateo Ixtatan.
Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.
La irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales sigue siendo la constante en el territorio norte de Huehuetenango. Pues el el ejército de Guatemala realiza una incursión en comunidades del municipio de Barillas y en San Mateo Ixtatán en Huehuetenango.
El gobierno central tiene conocimiento de que para realizar acciones, incursiones o cualquier otra actividad de tropa militar o el despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil debe de informar y coordinar con las autoridades del Gobierno Plurinacional de las Nacionalidad Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Porti y Mestizas del territorio, no hacerlo sigue minando las condiciones para establecer cualquier proceso de acercamiento o en un futuro un proceso de diálogo para resolver la problemática provocada por las empresas.
¿Qué sucedió en la Aldea B´ontaq en Barillas?
A través de una serie de reportes realizados por comunicadores comunitarios y de la Radio Snuq Jolom Konob’ a las 8 de la noche pudimos confirmar la versión de las autoridades comunitarias de B´ontaq de Barillas y de Yich K’isis en San Mateo Ixtatán.
La tranquilidad que escuchamos en la voz de uno de los representantes de la comunidad, nos confirmó que el ambiente en B´ontaq está en total calma. El representante inició su locución enviando un saludo a la población en el país y en el extranjero, haciendo énfasis a la gente de Huehuetenango que se encuentran viviendo en los EEUU. Como es común agradeció el espacio y la oportunidad para trasladar la información de lo ocurrido este día en la comunidad. Ven necesario poder informar y desmentir la versión que varios medios de comunicación están dando desde el mediodía.
Tres fueron las comunidades en donde el ejército intentó ingresar, B´ontaq en Barillas, en Pojom e Yich K’isis en San Mateo Ixtatán este martes 20 de mayo 2014, esto provocó la inmediata movilización de las comunidades quienes de forma pacífica no permitieron que el ejército de manera inconsulta estuviera en su territorio.
“Queremos desmentir lo que los medios de comunicación están publicando en este día”, afirmo el comunitario. Y reafirma que son los medios de comunicación corporativos quienes hacen uso de las redes sociales, paginas web, radios o diarios para desinformar y criminalizar a las comunidades.
Información de lo ocurrido
Pasado el medio día, llegaron a la comunidad 7 elementos del ejército de Guatemala, un oficial con el grado de subteniente al mando, para un total de 8 militares, entre ellos un acompañante de la seguridad ciudadana.
El subteniente y una mujer de seguridad ciudadana llegaron armados con el equipo reglamentario del ejército. Las autoridades de la comunidad siguiendo los acuerdos establecidos por el Gobierno Plurinacional decidieron detener el paso a este personal militar, porque cualquier autoridad que se movilice en las comunidades debe de solicitar permiso al Gobierno Plurinacional.
“las autoridades decidieron abordarlos porque ahora cualquier grupo delincuencial puede utilizar uniformes y armamento como el que usa el ejército y cometer delitos en contra de la población”
Cinco de los ocho militares portaban DPI pero tres no, para conocer la identidad de estos tres elementos se le pidió al subteniente que aclarara el motivo de la llegada de los militares y que este presentara la documentación de los elementos que no la portaban.
“Tenemos presente las masacres cometidas por el ejército durante el conflicto armado interno, por eso nos extraña la presencia de los militares, y ninguna de las autoridades comunitarias tuvo conocimiento previo de la incursión militar”
“Queremos desmentir que fueron secuestrados o detenidos ilegalmente, todo eso es mentira, lo único que se les pidió fue la identificación y la presencia de la armas cortas o fusiles que portaban, los soldados realizaron sus llamadas y nadie en la comunidad les negó o les coartó sus derechos, los militares aún están presentes en la comunidad.”
Otras comunidades al enterarse de la incursión militar se movilización y acuerparon a la comunidad de B´ontaq, las autoridades comunitarias pidieron que un oficial de alto rango se hiciera responsable de los 8 elementos y que llegara hasta el lugar para que oficialmente se retiraran. Las comunidades son respetuosas de los acuerdos que definieron y que el Gobierno Plurinacional informó al Estado y éste es uno de los procedimientos que el ejército irrespetó de nuevo.
A las 8:30 de la noche se presentó un oficial de alto rango “Teniente Coronel de infantería” del destacamento de Barillas para presentarse ante las comunidades comunitarias, para el retiro de los militares que se encontraban en la comunidad desde medio día.
El teniente realizó un chequeo para determinar que los soldados, no tenían ningún daño físico o emocional, luego de certificar que se encontraban bien se retiraron del lugar. Las autoridades de la comunidad recibieron comunicación de los comandantes de la 5ta. Brigada en Huehuetenango para coordinar el retiro del lugar.
La información que tuvo la comunidad, es que el ejército iba directamente a la comunidad de B´ontaq para realizar un acercamiento directo con la comunidad. Las autoridades les pidieron que dejen de realizar esas tareas cuando es responsabilidad de la comunidad cualquier asunto civil o a través del Gobierno Plurinacional.
En Pojom se tuvo noticia que el ejercito también intentó ingresar y la comunidad también de forma organizada y pacifica no les permitieron ingresar y tuvieron que retirarse de Pojom.
¿Que está pasando en Yich K’isis en el municipio de San Mateo Ixtatán?
En la comunidad de Yich K’isis es preocupante también para los vecinos la incursión de vehículos de la Policía Nacional Civil, del ejército y de la empresa Promociones y Desarrollos Hídricos, S.A. – PDHSA quienes llegaron a la comunidad e intentaban ingresar sin previa consulta a las autoridades de la comunidad.
Los vecinos al darse cuenta de la llegada de las fuerzas de seguridad se sorprendieron que estas acompañaran un vehículo de la empresa , misma que intenta construir una hidroeléctrica en el territorio y que a partir de este proyecto se ha perdido la paz y tranquilidad de las comunidades.
Cuando la gente les hizo la parada para consultar el motivo de su presencia, el capitán del ejército que iba al frente se mostró abusivo con la gente, luego no quisieron responder a las preguntas de los vecinos. Después regresaron con sus vehículos, saliendo de la comunidad.
Criminalización estrategia de Estado, empresa y medios de comunicación
Nuevamente las redes sociales utilizadas por medios de comunicación y de algunos periodistas en Huehuetenango volvieron a volcar sus esfuerzos en criminalizar a las comunidades.
Desde la una de la tarde Mike Castillo reportero de Prensa Libre en Huehuetenango en su cuenta de Twitter público que habían personas retenidas en una comunidad de Barillas, a las 2:20 de la tarde público que habían sido liberados los militares y 6:02 de la tarde informo nuevamente que militares de la 5ta. Brigada del ejército en Huehuetenango seguían retenidos cuando habían sido liberados desde las 2 de la tarde según su propia versión.
A estas publicaciones hicieron eco casi de inmediato Nuestro Diario, Emisoras Unidas, Radio Sonora, perfiles como Huehuetenango y Guate Noticiero en Twitter replicaron esa misma información.
Un funcionario de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos – COPREDH en Huehuetenango también manejaba la misma información que los medios de comunicación.
