Archivo del sitio

Barillas: suspenden por sexta vez una audiencia para uno de los presos políticos

presos politicos 1

Por: Nelton Rivera.

Don Ermitaño López es oriundo de Barillas, el se ha dedicado al cultivo del café durante buena parte de su vida. El es un hombre conciente y comprendió que una empresa española como la Hidro Santa Cruz era dañina y que dedicaría buena parte de su tiempo para denunciar la cantidad de violaciones a los derechos humanos y defender el agua de los ríos que suministra los cultivos y que sirve para el consumo. Ya que resulta que esta empresa llegó a su municicipio queriendo esa misma agua, acapararla y producir o generar energía eléctrica no precisamente para beneficio de la gente que vive en estos lugares. Desde que llegó la empresa ha intentado realizar su proyecto imponiéndose por la fuerza.

Una de las formas utilizadas es persiguiendo judicialmente a todas aquellas personas que se opongan el proyecto mediante formas pacíficas. De esa cuenta han habido varias personas presas, entre ellas don “Taño”. El fue detenido el 2 de junio de 2015 y desde se encuentra en la cárcel de Huehuetenango. El no ha tenido  acceso a la justicia pronta y cumplida, ya que la audiencia de fase intermedia se ha suspendido seis veces. El es otro preso político.

Don Taño se encuentra detenido y en medio de un juego de ping pong. El viernes 22 de enero de 2016 se iba a celebrar por sexta vez la audiencia de fase intermedia en el Tribunal de Mayor Riesgo A, en la que debía ser trasladado hasta la capital.

Sin embargo la jueza  suspendió la audiencia, ya que ella no ordenó su traslado a la capital sino que a un juzgado de Huehuetenango para que el estuviera presente a través de  video conferencia. La Policía Nacional Civil – PNC de todas formas no lo trasladó a ningún lado.

Errores cometidos

La cárcel de Huehuetenango está bajo la coordinación de la Policía Nacional Civil de Huehuetenango y no del Sistema Penitenciario. En la audiencia anterior el juzgado había solicitado al Sistema el traslado de Ermitaño López, obviamente al no estar bajo su coordinación esto no sucedió. Por lo tanto la audiencia no se pudo realizar y fue recalendarizada para el  día 22 de enero 2016. Al ocurrir esto Benito Morales abogado defensor solicitó a la jueza que debían trasladarlo a la capital como es su derecho y que en última instancia se utilizara la videoconferencia, si no lograran el traslado a la capital.  Pero que no se le negara ni retrasara el debido proceso.

Y se vuelve a retrasar el proceso

Quienes asistimos a la sala de audiencias de nuevo para que se realizara la audiencia el 22 de enero en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, pudimos que todo estaba listo para la videoconferencia ya que no había sido trasladado a la capital don Ermitaño López. Pero resultó que no fue trasladado tampoco al juzgado en la zona 8 de Huehuetenango.

La jueza Claudette Domínguez reprogramó la audiencia para el día 15 de febrero de 2016. Esta sería la sexta vez que se cancela la audiencia. Desde el mes de octubre del 2015 que no ha podido celebrarse y han habido una serie de justificaciones, en palabras del abogado Benito Morales esto es lo que ocurre:

“Esta audiencia tiene cinco audiencias previas las que también han sido suspendidas, todas las razones se atribuyen a los jueces, fiscales, a la PNC, a todos, con una intención muy mala y perversa, hoy la juez se excusa diciendo que fuimos nosotros quienes pedimos que se realizará la audiencia por video conferencia, lo que es mentira, porque ella misma resolvió que se iba a asegurar primero porque no los trasladaron antes, la juez quiere evadir su responsabilidad.

La política de criminalización es responsabilidad del Estado, materializado a través de jueces, fiscales, policía. La juez olvida que tiene poder de disciplina y puede garantizar el derecho de Ermitaño, solamente busca a otros culpables cuando ella tiene la culpa. Decir que ella no sabía que Ermitaño estaba detenido en Huehuetenango porque no se lo dijeron es una irresponsabilidad, se suma a las excusas una vez más, hay una estrategia para que esto se vaya retrasando y retrasando.

Constatamos cada día que aquí no estamos discutiendo cosas jurídicas si no los intereses de otros sectores, de lo que se trata es de imponer los megaproyectos en los territorios del norte de Huehuetenango, y esos sectores utilizan al Estado para esos intereses… el Ministerio Publico para perseguir a la gente si es eficiente, actúa inmediatamente y funciona perfectamente a tal punto que sorprende, pero no así en otros casos”

Porque él está en prisión:

El día 24 de enero 2014 el juez de Santa Eulalia Luis Fernando Pérez Zamora, había ordenado la prisión preventiva de cuatro líderes y autoridades comunitarios de Barillas: Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Diego Diego Marcos acusados por la empresa Hidro Santa Cruz de haber retenido supuestamente a sus trabajadores en abril del 2013, unas horas después ese mismo día el juez realizó otra audiencia en la que enmendó su decisión y los cuatro quedaron en libertad.

Don Taño ese día al igual que otras autoridades comunitarias de Barillas y otros municipios asistieron para acompañarlos durante la audiencia, su papel todo el tiempo fue el observar el proceso y posteriormente el de mediación cuando la gente se indignó después de que habían detenido a sus otras autoridades.

Un mes después el 26 de febrero 2015 un juez de Huehuetenango ordenó que Adalberto Villatoro, Francisco Juan y Arturo Pablo fueran enviados a prisión preventiva y trasladados a la ciudad capital por la acusación de la empresa. A los tres meses de esto el día 9 de junio 2015 don Taño fue detenido en la Torre de Tribunales en la ciudad capital al finalizar una de las audiencias de sus tres compañeros.

El MP lo responsabiliza de haber dirigido el cierre del Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia durante la audiencia realizada en el mes de enero del 2015, lo señala de varios delitos: plagio o secuestro, atentado con agravación de pena, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal.

Anuncios

Presos Políticos: recurso de inconstitucionalidad por acusación del MP en contra defensor del agua

CC 1

Por Nelton Rivera.

A través de una audiencia de vista pública, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) conocieron a las 10 de la mañana un Recurso de Inconstitucionalidad solicitado por los abogados Benito Morales Laynes y Francisco García en representación de Bernardo Ermitaño López detenido desde el día 3 de junio del 2015.

Benito Morales busca con este recurso que los magistrados emitan opinión sobre la aplicación que él considera errada del artículo 201 del Código Procesal Penal que tipifica el delito de “PLAGIO O SECUESTRO” usado por el Ministerio Publico –MP- para acusar a Ermitaño López. A consideración de los abogados, el MP está incurriendo en una inconstitucionalidad al aplicar este delito.

El recurso busca ejercer control constitucional sobre la resolución inconstitucional del juez de primera instancia penal del departamento de Huehuetenango, quien el día 14 de octubre del 2015 resolvió sin lugar un incidente de inconstitucionalidad planteado en ese departamento.

“ARTICULO 201. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual…”[1]

Durante su intervención como ponente de la inconstitucionalidad, el abogado Benito Morales argumentó que el MP está siendo inobjetivo al insistir en la utilización de este tipo penal, siendo el caso de don Ermitaño López uno de varios casos de criminalización en contra de líderes comunitarios de los municipios de Barillas, Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, San Mateo Ixtatán en la región que impulsa el MP de forma similar.

“vemos con preocupación que la aplicación del artículo 201 del Código Procesal Penal en contra de un líder comunitario de Santa Cruz Barillas responde a la estrategia de criminalización y a la aplicación de la doctrina del derecho penal del enemigo.”[2]

Esta doctrina se entiende como:

“una postura teórica en la dogmática penal, el Derecho Penal del Enemigo, mediante el cual el Estado ya no dialoga con los ciudadanos para mantener la vigencia de la norma, sino que combate peligros.

El Derecho Penal del enemigo define individuos que en su actitud, en su vida económica, o mediante su incorporación a una organización criminal, se han apartado del Derecho de un modo duradero, y no sólo de manera incidental. Los enemigos no garantizan la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento personal, y demuestran este déficit por medio de su conducta permanentemente antisocial. El problema que representan los enemigos no puede ser resuelto por el Derecho Penal ‘normal’ y es necesario configurar un Derecho Penal de ‘Tercera vía’, diferenciado en sus principios y en sus reglas.”[3]

Es decir, se está tratando a los defensores del agua como si hubieran buscado el beneficio propio a través de una acción criminal, y como si su pertenencia a una banda del crimen organizado, narcotráfico o terrorismo internacional, el MP prácticamente les convierte en personas peligrosas para la sociedad.

Desde el análisis del abogado Edgar Pérez Archila, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la aplicación de esta doctrina es la representación de la criminalización de los líderes comunitarios, indígenas o mestizos. Es la transformación de la política criminal democrática del MP de la noche a la mañana por una política criminal represiva.[4]

Significa reprimir y sancionar con la pena máxima a quienes representan los derechos colectivos de las comunidades y se oponen de forma pacífica y democrática a los megaproyectos y a sus empresas.

[1] Código Procesal Penal. CAPITULO I DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL. http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/GTM_codigo_penal.pdf

[2] Abogado Benito Morales Laynes. Audiencia Publica recurso de inconstitucionalidad. Guatemala 11 de noviembre 2015.

[3] Lidia Teresa Juárez Barato. Derecho Penal del Enemigo. Revista Jurídica 2007 – 2008. Organismo Judicial de Guatemala.

[4] Edgar Pérez Archila. Intervención en el Tribunal de Mayor Riesgo A, durante la fase intermedia del proceso en contra de tres líderes comunitarios de Barillas. 13 de octubre 2015.

Prisión política: acción de inconstitucionalidad a favor de Ermitaño López

don taño

El próximo miércoles 11 de noviembre 2015 los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala conocerán en una vista pública la acción de inconstitucionalidad a favor de Ermitaño López, preso político de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

La fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público solicito a un tribunal en Huehuetenango la aplicación del delito de plagio o secuestro a Ermitaño López defensor del agua, frente a esta acción del MP el equipo de abogados de la defensa de Ermitaño López interpusieron un acción de inconstitucionalidad por considerar que es inconstitucional la actuado por la fiscalía del MP.

“Esta acción se realiza en el marco de las estrategias de defensa penal frente a la criminalización de los líderes de los pueblos que se han puesto al frente de la defensa del territorio y los bienes naturales…” Abogado Benito Morales Laynes.

Lugar: Sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad CC, ciudad de Guatemala.

Día: 11 de noviembre 2015.

Hora: 10 de la mañana.