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Hace un año la PNC quiso llevarse a un grupo de personas entre mujeres y niños que volvían de las manifestaciones
Fotografía de Nelton Rivera
Por: Nelton Rivera.
El 13 de julio 2015 miles de personas llegaron a la Plaza Central para manifestarse en contra de la corrupción en el Estado, los reclamos exigían en ese momento la renuncia y cárcel para Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías (presidente y vice presidenta).
Las doce comunidades maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez llegaron ese día a la Plaza durante esa jornada, también exigían el cese de la construcción del Anillo Regional y de la planta cementera San Gabriel.
En un operativo irregular agentes de la PNC y agentes de civil interceptaron uno de dos buses que trasladaban a las personas de San Juan Sacatepéquez cuando regresaban de la zona 1 a sus comunidades por la noche.
Los agentes intentaron ingresar al bus, en la sección del Peladero de El Periódico se publicó que este grupo de la PNC pertenece a un estructura criminal encargada del secuestro y luego asesinato de líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, ese era su objetivo la noche del 13 de julio del 2015.
Varias mujeres sanjuaneras comenzaron a llamar por celular a diversas personas, la alarma se corrió inmediatamente, sobre el Anillo Periférico una unidad extra urbana permanecía retenida por agentes de la PNC, al lugar también llegaron fuerzas especiales anti disturbios.
Pasadas las 19 horas los estudiantes universitarios, la gente que estaba aún en la Plaza llegaron a resguardar a las personas que permanecían dentro del bus, la gente de las colonias «4 de Febrero», «La Bethania» y otras salieron de inmediato y formaron una cadena humana alrededor de la población retenida.
Los vecinos comenzaron a llegar con comita, atol, agua y panes para las familias retenidas, comenzaron a sonar los pitos y las vuvuzelas sobre el Anillo Periférico, varias mujeres llegaron con pañales para los bebes dentro del bus.
Una hora había transcurrido cuando avisaron desde San Juan Sacatepéquez que las comunidades salieron a buscar a quienes habían sido secuestrados en el Anillo Periférico, así fue.
Minutos mas tarde comenzaron a llegar otros buses desde las comunidades, una multitud había superado ya a las fuerzas policiales unos 200 agentes en el lugar.
De pronto uno de los oficiales de las FEPS daba orientación de cómo romperían el cerco humano, que tipo de gas usar, quienes debían tomar el control de la puerta de acceso del bus . La PNC estaba estaba lista para ingresar al bus y desalojar por la fuerza a quienes formaban una cadena humana frente a este.
Uno a uno fueron llegando los buses, las autoridades comunitarias de San Juan Sacatepequez llegaron con sus bastones de autoridad.
Los jóvenes ya tenían sus rostros cubiertos y en sus miradas brillaba la indignación de una agresión más recibida.
La mediación de distintas personas no daba resultado, había quedado al descubierto una operación irregular desde una estructura de la PNC.
Finalmente los agentes de la PNC comenzaron a retroceder, metro por metro fueron desalojados por la multitud, estudiantes, pobladores, vecinos y San Juaneros.
Texto y fotografías: Nelton Rivera.
Que sucedio ese 13 de julio:
La PNC retiene cinco horas un autobús de San Juan Sacatepequez saliendo del #13J
Carta de Francesca Gargallo a Bárbara Díaz presa política por defender la vida y las flores
Bárbara Díaz Surín, el día de su detención el 29 de octubre de 2014.
Estimada y admirada Bárbara:
Me enteré de tu arresto porque como mujer y como feminista me interesa saber cómo viven, qué hacen, de qué son acusadas las mujeres que como tú trabajan para mantenerse y asumen la responsabilidad de la organización, de la defensa y de la vida de sus hijos y de su pueblo.
Primeramente quiero decirte que te admiro. Es decir, que me conmueve a la acción tu acción en la resistencia de San Juan Sacatepequez. El territorio ancestral comunitario es la casa de todas y todos, es la parte de la madre tierra que sostiene una forma de vida y que se merece respeto. La agresión de la Cementera San Gabriel es una forma de violencia contra el cuerpo de cada una y cada uno de los habitantes e hijos de San Juan Sacatepéquez. No sólo agrede su vista, su derecho a respirar, a escuchar a los pájaros y los pasos de la gente sobre la tierra, sino que acosa a las niñas, viola a las mujeres, mata personas en resistencia, manda arrestar a aquellas y aquellos que se interponen a su pretensión de ganar dinero sin importarle qué sienten y piensan al ver penetrado, pisoteado, arruinado su espacio vital.
Lo más terrible es que las acciones delincuenciales de la cementera tienen el apoyo de un estado guatemalteco que no cuida a su gente, que crea un marco de protección por los violadores con su Estado de Excepción.
Bárbara estimada, sé que eres Kaqchikel, hija de un gran pueblo maya, hermana de mujeres y hombres que han soportado, combatido, contrarrestado con su fidelidad a la tierra los mayores despojos y las agresiones más brutales. Siento mucho respeto a tu manera de asumirte una kaqchikel y de transmitirle a tus hijas e hijos el orgullo de la responsabilidad colectiva.
San Juan Sacatepéquez votó hace siete años en una Consulta de Buena Fe, para que no se construyera la cementera. Fue un acto valiente y una opción por la vida. Vivo en México, el vecino país del norte, aquí también los pueblos y nacionalidades defienden con su vida la sacralidad de la tierra y del derecho a la buena vida. Los admiro muchísimo y me parece tan injusto tu encierro violento por la policía nacional civil, como el brutal asesinato, tortura y desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero, donde estudian nahuas, me’phaa, ñuu savi, afromexicanos y mestizos para llevar una educación crítica a sus pueblos.
Como madre, tu ejemplo me da dignidad, me otorga la seguridad de que manifestarse públicamente, de forma pacífica, junto con el pueblo para mantener el equilibrio entre la comunidad y su territorio es un acto justo.
Quiero expresar mi rechazo por el juez del juzgado de turno de Mixco, que la noche del 30 de octubre, te ligó a un proceso de asesinato y te dictó audiencia para el 5 de enero de 2015, tras haber enviado el 29 de octubre a 40 hombres de la policía nacional civil para que te arrestaran con lujo de violencia en Cruz Blanca.
Bárbara admirada, quiero enviarte un abrazo a ti y a la hija que en el momento del arresto estaba por ir a la escuela. Seguramente se asustó, pero tu ejemplo le dará fuerza.
Tu entereza nos da fuerza a todas. Ten la seguridad que las mujeres de este continente no vamos a olvidarte en la cárcel. Con la esperanza de conocerte personalmente algún día, te mando un fuerte abrazo.
Francesca Gargallo Celentani, escritora.
San Juan Sacatepéquez: Criminalización de la lucha de las mujeres Kaqchikeles
Cobertura Colaborativa: Prensa Comunitaria y Prensa Opal.
A las 7:30 horas en el lote 226 B fue detenida doña Bárbara Díaz Surin, ella es maya Kaqchikel, ella vive en la comunidad Cruz Blanca en San Juan Sacatepéquez. Ella está siendo criminalizada por oponerse a la construcción de la planta cementera San Gabriel en su municipio, por considerar que atenta contra la vida.
Es importante mencionar que está detención no responde a lo sucedido en la comunidad Los Pajoques los días 19 y 20 de septiembre, se le acusa de asesinato en relación a hechos sucedidos meses atrás, su detención es evidentemente política por ser ella la autoridad comunitaria de Cruz Blanca y quién asume la representación de ésta en espacios públicos.
La detención fue realizada en la aldea Cruz Blanca cuando ella se dirigía a su negocio en la comunidad Pilar I, mientras ella iba a dejar desayuno a un trabajador en su terreno, iba acompañada de su pequeña hija de 9 años de edad.
La detención la realizaron un aproximado de 40 agentes de la PNC, ella narró que solamente vio a un mujer policía dentro del grupo, los agentes policiacos utilizaron la violencia para detenerla, en la piel de sus brazos son evidentes varios moretones provocados por los policías.
Doña Bárbara es autoridad comunitaria, desde hace años es presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE.
El ambiente dentro de la cárcel es terrible, ella está sola como mujer en una cerceleta rodeada por hombres que la acosan y violentan. Ella está recibiendo agresiones verbales en éste momento, además el equipo de mujeres corresponsales que ingresaron a la carceleta para verificar las condiciones de doña Bárbara fueron acosadas sexualmente por los hombres dentro de la cárcel.
Ella pide que oren por su situación, además expresó estar contenta de que la apoyen, ante la pregunta: ¿Por qué cree que la detuvieron? doña Bárbara respondió «por defender la vida de mis hijos, es fue el motivo que cometí».
La policía realizó la detención sin darle a conocer el motivo de la detención. Fue hasta que ella fuera ingresada al Juzgado en Mixco que le indicaron que había sido detenida por asesinato.
San Juan Sacatepéquez: Mujeres vestidas de flores afectadas por la militarización
Por Quimy De León.
Breves antecedentes:
Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez desde el año 2007 han sufrido una serie de agresiones la mayoría alrededor de la instalación de la empresa cementera. Han existido asesinatos de comunitarios opuestos a está, el encarcelamiento de líderes comunitarios y la persecución de 36 personas más de las comunidades quienes forman parte de la oposición a la forma violenta de operar de la empresa y de los dos proyectos en construcción; la carretera privada «Anillo Regional» y la construcción de la Planta San Gabriel.
No podemos dejar de mencionar el Estado de Sitio impuesto en el 2008 por el gobierno de Alvaro Colom, con estos antecedentes seis años despues el presidente Otto Perez decretó el Estado de Prevención para cuatro comunidades de San Juan Sacatepéquez (Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, El Pilar I y Pilar II) a través del Decreto Gubernativo 9-2014, vigente desde el 21 de septiembre en San Juan Sacatepéquez.
“detrás de ello está la intención de contar con excusas para declarar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y así detener a los líderes y lideresas de la movilización contra la cementera desde el año 2006 y la construcción de la carretera privada Anillo Regional, como ya se ha empezado a hacer. aproximadamente desde el año 2007 el gobierno y la empresa Cementos Progreso, se han dado la tarea de acusar y criminalizar a diferentes actores sociales que cuestionan su accionar a través de algunos de sus operadores y diferentes medios de comunicación corporativos.”[1]
Las mujeres kaqchikeles dicen basta:
Las mujeres están cansadas de tantos abusos y es que con la imposición de un Estado de Prevención, se militariza el territorio kaqchikel y se mantiene bajo asedio, amenaza y control también el cuerpo de las mujeres.
Ellas vinieron a denunciar en conferencia de prensa el día 7 de octubre a la ciudad capital cientos de casos de violaciones de los derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco y otras cometidas por trabajadores o promotores de la empresa cementera.
Después de una visita a tres de las cuatro comunidades afectadas directamente por la militarización, Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, El Pilar 1 y 2, luego de escuchar sus testimonios pudimos constatar lo que ellas también han denunciado ante la Procuraduría de Derechos Humanos:
- Amenazas de llevarse a los niños.
- Abusos sexuales.
- Acoso sexual a mujeres y adolescentes.
- Abortos provocados por militarización.
- Amenaza de abortos.
- Allanamientos.
- Apropiación ilegal de herramientas y enseres de cocina.
- Contaminación del agua de varios pozos en uso de fuerzas de seguridad.
- Enfermedad.
- Imposibilidad de cortar leña y buscar comida.
- Deserción escolar por miedo a interrogación e intimidación a los niños y niñas.
- Desplazamiento forzoso.
- Detenciones arbitrarias.
- Las fuerzas de seguridad defecan y ensucian varios terrenos de la gente, ésto puede generar enfermedades o epidemias.
- Escándalo de la policía en la noche (no dejan dormir).
- Expropiación u ocupación de tierra para poner un destacamento (propiedad privada de una señora en la comunidad El Pilar 2).
- Fotografiaron a mujeres, documentos y casas.
- Personas golpeadas.
- Interrogatorio de niños.
- No pueden ejercer su religión, no pueden realizar actividades religiosas.
- Ocupación ilegal de alcaldías auxiliares para dormitorios de la PNC.
- Ocupación ilegal del salon comunal en Santa Fe Ocaña para instalar puesto de mando militar.
- Ocupación de las iglesias para dormitorios de la PNC.
- Obligaron a mujeres a firmar documentos.
- Robo del agua u ocupación de pozos.
- Robo de locales comerciales.
- Robo de cultivos.
- Perdida de la cosecha.
- Susto y tristeza.
- Perdidas económicas por cierre de comercio.
- Secuestro de una persona de Ocaña mientras trabajaba.
- Trabajadores de la empresa cementera vestidos de policía y señalando casasa de comunitarios.
- Trabajadores de la empresa cementera haciendo medición de terrenos.
- Temor a la violación sexual.
- Uso de áreas comunales sin autorización.
- Violación sexual de mujeres.
[1] Santiago Bastos. Muerte en Los Pajoques: Crónica desolada de la barbarie en la que vivimos. Prensa Comunitaria – Guatemala, 29 de septiembre de 2014.
San Juan Sacatepéquez: informe de violaciones a los Derechos Humanos
INFORME DE VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DEL ESTADO DE PREVENCIÓN CONTENIDO EN ELACUERDO GUBERNATIVO 6-2014
Por la Convergencia por los Derechos Humanos
RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe es producido por el equipo de la CDH desplazado a verificar los hechos y situación en San Juan Sacaatepéquez, la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2014.
En San Juan Sacatepéquez prevalece un clima de tensión que en la fecha indicada escaló a un conflicto con manifestaciones de violencia extrema. De acuerdo con los informes hay ocho personas fallecidas, cuatro personas heridas y varias familias desplazadas, además de la destrucción de cinco viviendas y cinco vehículos automotor.
La tragedia del 19 y 20, derivó en que el gobierno emitió el Decreto 6-2014 que impune estado de prevención (primer grado del estado de excepción) en todo el municipio aunque con ocupación territorial por ejército y Policía Nacional Civil en cuatro caseríos: Los Pajoques (lugar de los hechos), Santa Fe Ocaña y Los Pilares I y II.
Los hechos:
En diversas entrevistas realizadas por la delegación de la Convergencia por los Derechos Humanos, entre las que se incluye a familiares de las personas muertas entre el viernes 19 y sábado 20 de septiembre, así como a Alcaldes Auxiliares y comunitarios de diversas comunidades se logra establecer una línea de tiempo que se detalla a continuación.
El viernes 19 aproximadamente a las 21:30 horas tres jóvenes (uno mayor de edad y dos menores de edad) venían caminando hacia su casa, el mayor de ellos luego de culminar su jornada laboral en una maquila de San Pedro Sacatepéquez se reúne con sus dos hermanos menores de edad y caminan, cuando de pronto aparece un grupo de alrededor de 15 personas, quienes les alumbran con linterna y sinintermediar palabras les disparan, producto de lo cual cayó el mayor de edad. Los otros dos hermanos menores de edad, huyen de la escena, uno de los cuales llega hasta la casa del Alcalde Auxiliar. El Alcalde Auxiliar al ver a los dos niños heridos acude al lugar donde estos le señalan que esta su hermano. El lugar es un callejón del Caserío Los Pajoques donde se encuentra tirado el hermano mayor y observa que tiene un impacto de arma de fuego en el pecho, frente a lo cual corre a solicitar un vehículo para que puedan llevar al joven a que le atiendan médicamente.
Los otros dos hermanos, menores de edad están heridos, uno en el brazo izquierdo y el otro en un dedo de su mano. Por ese motivo, al encontrar vehículo que los traslade, suben al mayor con herida en el pecho y a los otros dos quienes son acompañados por su señor padre (José Dolores Pajoc Pirir). El joven herido con aparente proyectil de escopeta no logra llegar con vida al hospital dado que muere en el camino.
Al mismo tiempo, vecinos de Los Pajoques, al escuchar la detonación de armas de fuego y los gritos de los hermanos menores del, hasta ese momento, herido, salen de sus casas y llegan al lugar de los hechos. Mientras el vehículo que transportará a los heridos llega, uno de ellos identifica a quien presuntamente les disparo. El supuesto agresor responde al nombre de Felipe Patzan y aparentemente labora para Cementos Progreso S.A.
En este momento se hacen presentes dos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes levantan el parte policial de los hechos acontecidos y se retiran del lugar, en tanto que al momento se reportan personas heridas. Aparentemente una de las oficiales presentes en la escena es una mujer que sería la responsable de la Sub-Estación 16-71 de San Juan Sacatepéquez de nombre Blanca Asencio. Luego de esto, ya pasadas las 22:30 horas la población concentrada se entera que el joven ha muerto, motivo que da inicio a la búsqueda de los aparentes responsables de la muerte y a quienes refieren como lostrabajadores de la empresa cementera.
Los Alcaldes comunitarios y el Alcalde Auxiliar del caserío Los Pajoques llevan cabo varias acciones encaminadas a que la Policía Nacional Civil –PNC- se haga presente al lugar de los hechos, ya que Felipe Patzán y otros empleados armados se encuentran en la casa de Marcelo Pajoc y la población halogrado rodear dicha vivienda. En ese sentido, las autoridades comunitarias realizan varias llamadas al teléfono de emergencias de la PNC (110). Estas llamadas las hacen desde el número telefónico 5761- 8842. Ante la falta de atención pese a las reiteradas llamadas a la Policía, los alcaldes auxiiares llaman en varias oportunidades a las estaciones policiales de Mixco y San Pedro Sacatepéquez -en tanto
municipios cercanos a San Juan Sacatepéquez-, las cuales también resultan infructuosas.
Paralelamente a estos hechos de solicitud de auxilio por parte de las autoridades comunitarias de Los Pajoques, vecinos de la comunidad Santa Fe Ocaña (la cual se encuentra justo a la par de Los Pajoques) se dirigen al centro de San Juan Sacatepéquez para pedir el auxilio en la Sub Estación 16-71, llamado al cual tampoco acude la PNC. Cabe señalar que comunitarios de Santa Fe Ocaña refieren que al hacerse presentes en dicha sub estación se encontraba en el lugar una persona de nombre Bernardo Tzen quien aparentemente es trabajador de la empresa cementera y a quien responsabilizan de que la PNC decidiera no llegar a la comunidad Los Pajoques.
Estos llamados reiterados de la comunidad a la Policía Nacional Civil jamás son atendidos como corresponde por parte de la misma, lo cual provoca en medio de la desesperación de las autoridades comunitarias y pobladores, realizar una llamada a un Policía que era habitante de la comunidad y que se encontraba asignado a un departamento distinto. Este elemento policial también realiza llamadas sin que rindan el fruto deseado.
Cabe señalar que la PNC mantuvo una excusa para no llegar a la Comunidad Los Pajoques pues argumentó que en un caserío cercano la misma, incluso en los ingresos, había bloqueos por parte de los pobladores. En una de las llamadas intercambiadas con la oficial a cargo de la sub Estación de San Juan Sacatepéquez, esta les dijo que no podían pasar porque en el caserío previo a llegar a Los Pajoques, se encontraba la talanquera cerrada. Frente a este hecho la alcaldía auxiliar se comunicó con sus homólogos en dicho lugar y estos negaron que la talanquera estuviera cerrada. Circunstancia que deja en entredicho el pretexto policial para no acudir al auxilio de la comunidad.
Estos esfuerzos no sólo provienen de comunitarios y autoridades locales, sino también se describe que los supuestos trabajadores de la empresa cementera, realizan llamadas a la Policía Nacional Civil con el mismo propósito. Así mismo, las personas que se encontraban dentro de la casa de Marcelo Pajoc llaman a la Procuraduría de los Derechos Humanos y estos le refieren que de igual manera se comunicarán con la PNC.
Paralelamente a estos insistentes llamados de auxilio, un grupo de la población enfurecida ha destruido varias casas, aparentemente todas propiedad de trabajadores de la empresa cementera, en distintos puntos de la Comunidad Los Pajoques. También ha incendidado un camión, dos pick ups y un vehículo sedan, aparentemente propiedad de la familia de Marcelo Pajoc.
Esas circunstancias se estaban desarrollando cuando el señor Justo Raxón quien se encontraba en su vivienda, junto a su esposa y tres hijos menores de edad, sale aproximadamente a la media noche a ver a sus sobrinos, quienes viven cerca de la casa de Marcelo Pajoc donde se están dando los hechos de violencia, para verificar la situación de estos. Otra vez suenan disparos y el señor Justo Raxú muere por un disparo en la cabeza. Este hecho exacerba aún más los ánimos de la población en tanto que presumen que los disparos vienen de dentro de la vivienda de Marcelo Pajoc.
Luego de estos hechos y al filo de las 6:00 de la mañana del sábado la población enardecida logra acceso a la vivienda donde se encontraban Marcelo Pajoc y su familia, Felipe Patzán y otros supuestos trabajadores de la empresa cementera. Al lograr el acceso estas personas son asesinadas por la turba, con excepción de Felipe Patzán quien, de acuerdo con un relato realizado por comunitarios, fue salvado por una persona de nombre Carlos Guamuch, quien interviene frente a la turba y logra que Felipe huya del lugar de los hechos. Según relatos de alcaldes auxiliares de Los Pajoques, hoy Felipe Patzán no solo acusa a quien aparentemente le salvo la vida, de dirigir los hechos del zafarrancho, sino que además acompaña a la Policía Nacional Civil, con una chumpa de estos, señalando viviendas e identificando personas.
Pese a los insistentes llamados durante la crisis, desde las nueve de la noche del viernes, la Policía Nacional Civil no llega sino hasta pasada las 10:00 am del sábado. Al medio día del sábado, la información disponible hablaba de siete personas fallecidas, dos del movimiento de resistencia y cinco del grupo de apoyo a la empresa cementera.
Conclusiones y recomendaciones:
• La conflictividad social ha escalado permanentemente sin que el Estado contribuya a procurar un clima de transformación del conflicto en condiciones de equidad para todas las partes involucradas.
• Resultado de ese escalamiento son los hechos trágicos que representaron el asesinato de dos jóvenes, heridas a otros, la masacre de un núcleo familiar, el desplazamiento forzado de por lo menos un núcleo familiar (niñas y niños incluidos), así como la pérdida de su patrimonio.
• Esa falta de atención y de cumplimiento de las responsabilidades del Estado se expresan en la falta de investigación de las denuncias presentadas por las comunidades afectadas, sobre el rol de personas armadas que intimidan a las y los pobladores, así como la relación de las mismas con la empresa cementera cuya llegada coincide con el inicio de la conflictividad.
• El escalamiento de la conflictividad pudo evitarse si el Estado hubiese cumplido su papel y aportado a la solución justa y no parcializada de la problemática. La criminalización de la resistencia pacífica es un factor que alimenta la conflictividad social. El recurso exclusivo de la ley contra un actor en desventaja de poder, cuestiona la legitimad del actor estatal.
• El Estado tampoco ha analizado la responsabilidad de la compañía de cemento y las denuncias constantes sobre acciones encaminadas a dividir a la comunidad.
• La tragedia del 19 y 20 de septiembre pudo haberse evitado. El Estado de Guatemala y sus instituciones involucradas directa o indirectamente en la problemática, a lo largo de los años, tienen responsabilidad en los hechos sucedidos. En el caso concreto de los hechos trágicos, la Policía Nacional Civil (PNC), sus autoridades y el Ministerio de Gobernación, incumplieron sus deberes y al negar auxilio a todas las partes que lo pidieron, tiene responsabilidad en los sucesos.
• El Estado y sus instituciones continúan actuando con parcialidad en los hechos. No hay disposición ni siquiera a identificar a las víctimas de todos lados. Las autoridades han resaltado la tragedia vivida por la familia Pajoc Matz, pero han invisibilizado las otras muertes ocurridas, lo cual traslada un mensaje preocupante sobre víctimas de distintos niveles y eleva el nivel de ilegitimidad de la institucionalidad del Estado.
• Los hallazgos de túneles y depósitos de armas en la vivienda de Marcelo Pajoc, desde donde se produjeron los disparos, es un indicador de la existencia de grupos paramilitares que operaban integrados por personal de la empresa cementera.
• El tejido social en las comunidades afectadas está dañado debido a las prácticas de cooptación monetaria y de armamentismo, promovidas por la empresa cementera, un actor que ha utilizado sus recursos para estimular la crisis y la confrontación.
• A la Convergencia por los Derechos Humanos. Hacer público este informe, a fin de dar a conocer una versión completa y no parcializada de los hechos ni alimentadora del discurso de odio y estigmatización social.
• Continuar el monitoreo de las acciones del Estado en el marco del estado de excepción. Auditar y fiscalizar el cumplimiento de los estándares en materia de Derechos Humanos.
• Hacer requerimientos de Acceso a la Información para determinar con precisión las responsabilidades en materia de negación de auxilio.
• Investigar los patrones de comportamiento provocador y estímulo de la conflictividad en espacios de tensión social, a fin de identificar patrones que perfilen actores comprometidos en la generación de violencia.
Lea y descargue el informe completo en:
Prensa Comunitaria Km. 169 