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San Mateo Ixtatán: verifican el desvío de tres ríos en Ixkisis para una hidroeléctrica
Por: Nelton Rivera.
Empresas como Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) en el municipio de San Mateo Ixtatán en el territorio norte de Huehuetenango ejemplifican las formas violentas del modelo extractivo en Guatemala, múltiples han sido las denuncias de la población por las violaciones a los derechos humanos que constantemente comente la empresa y sus operadores, además del daño a la naturaleza que provocan.
El Estado guatemalteco se desentendió de atender las demandas de las comunidades del pueblo maya Q’anjob’al y Chuj de cancelar los permisos a estas empresas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército se instalaron nuevamente en la región, dejando de lado su mandato de brindar seguridad ciudadana o para salvaguardar la frontera del país con México, contrario a esto sirven de instrumentos de control y represión contra aquellas personas que se oponen pacíficamente a la construcción de las hidroeléctricas o mineras.
Leocadio Juracan diputado de izquierda en el Congreso de la república realizó una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en San Mateo Ixtatán, especialmente por el desvío de tres ríos que abastecen del vital líquido a las comunidades, de esa cuenta se reunieron con autoridades comunitarias y líderes.
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Visita de verificación
En los últimos cuatro años las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por las autoridades comunitarias en la Microregión de Ixkisis en San Mateo Ixtatán y la fuerte problemática social que se vive en las comunidades del municipio por la instalación de la empresa PDHSA motivó la visita de uno de los parlamentarios que forman parte de una comisión interparlamentaria del Congreso de la república para atender este tipo de denuncias.
Leocadio Juracan diputado por Convergencia, representantes de organizaciones sociales y algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) visitaron recientemente esta región, uno de los municipios que son frontera con México a unos 116 kilómetros de la ciudad de Huehuetenango que son 3 horas y media de camino y a unas 10 horas de distancia de la ciudad capital.
El diputado llegó el día viernes 24 de junio, se reunió con los representantes de las comunidades afectadas por la instalación de la empresa PDHSA que tiene relación directa con Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz para realizar la construcción de los proyectos Pojom I y II.[1] Estas empresas junto a la CINCO M con el proyecto Hidro San Luis en Santa Eulalia fueron señaladas de daños ambientales y otras graves violaciones, asesinatos, amenazas, criminalización y la prisión política de varios líderes de la región.
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El desvío de los ríos
Son miles de familias de distintas comunidades en San Mateo Ixtatán que dependen de los afluentes de agua de los ríos Pojom, río Negro y río Yalwitz que abastecen del vital líquido a sus habitantes, además del uso que hacen para la agricultura de auto consumo y para el comercio de la región.
La empresa PDHSA realiza la construcción de un canal gigantesco que desvía el cauce de los tres ríos, dirigiéndolos al lugar en donde instalaran la infraestructura y maquinaria para hacer funcionar la hidroeléctrica, recientemente las comunidades denunciaron el desvío de estos ríos: San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos
Durante el gobierno del general Otto Pérez Molina ahora en prisión por dirigir estructuras criminales, se instaló el destacamento militar en Ixkisis dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en el año 2013, luego a finales del año 2015 el ministerio de Gobernación instaló una segunda comisaria de la PNC en las instalaciones de la misma empresa, la población entiende que estas son acciones para proteger los intereses y capitales de estas empresas.
Varios funcionarios del MARN pudieron verificar el desvío del cauce de los tres ríos en la región, también realizaron una visita del lado mejicano porque el desvío pone en riesgo a las comunidades que están ubicadas en territorio de México.
“Según el ministro del Medio Ambiente, el impacto provocado por esta empresa es nacional y transfronteriza, razón, por la que estuvieron presentes representantes de las colonias mexicanas de Benito Juárez y San Pedro, para llevar un proceso legal sobre este gran problema.”[2]
En distintos momentos los líderes comunitarios demandaron al Estado que interviniera para encontrar una salida a la problemática social, en 2013 formaron parte de la delegación que integro el Gobierno Plurinacional durante la instalación de una mesa de acercamiento con el gobierno de Otto Pérez Molina, en ese momento se alcanzaron varios acuerdos que no fueron respetados por las empresas y por las instituciones del Estado.
La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, se retiró de la región, dejando desatendida la observación en todo el territorio norte de Huehuetenango, muchas de las denuncias de la población no son recibidas, otras permanecen estancadas en las fiscalías en el Ministerio Publico, mientras todo esto ocurre bajo la mirada de la PNC y del ejército, instituciones que han participado en distintos momentos para realizar detenciones arbitrarias o para ejecutar varias órdenes de allanamiento.
Los trabajos realizados por la empresa como la remoción de la tierra y el desvío de estos tres ríos se realizan sin la supervisión del Estado, hasta el año 2015 la empresa no había logrado obtener los permisos municipales para trabajar, especialmente por la oposición del alcalde municipal quien respeto la decisión de las autoridades comunitarias y la Consulta Comunitaria realizada en al año 2009: Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria
[1] El caso de la empresa Ecoener – Hidralia en el norte de Guatemala. Alianza por la tierra. http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Informe-Hidralia.pdf
[2] Noti Pojom Official. AUTORIDADES VISITAN IXQUISIS POR EL DESVÍO DE TRES RÍOS. 25 de junio 2016. https://www.facebook.com/notipojom.org.np/
Comisión interparlamentaria conocerá situación de presos políticos y violaciones de empresas extractivas
Por Cesia Juárez.
En cumplimiento a los acuerdos y compromisos suscritos por el Organismo Legislativo con la Marcha por el Agua, la Madre Tierra y el Territorio en Guatemala, y representantes de la Asamblea Social y Popular ASP, el Congreso de la República creó una Comisión Interparlamentaria para darle seguimiento a las demandas presentadas, en esta comisión se encuentra el diputado Leocadio Juracán de la Bancada de Convergencia CPO CRD.
El pasado 28 de mayo se apersonó la Comisión Interparlamentaria al Municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, para verificar y documentar la situación denunciada por los comunitarios, en relación a los daños que las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II están provocando en los ríos Cahabón y Oxec, del Pueblo Q’eqchí. Ésta Comisión se reunió en la iglesia de la comunidad de Champerico con líderes comunitarios, representantes y Cocodes de más de 40 comunidades del área gravemente afectados por los proyectos hidroeléctricos nombrados anteriormente. La Comisión escuchó las demandas, denuncias y preocupaciones de los pobladores de las Comunidades en mención y también de personas que viajaron desde Fray Bartolomé, Sayaxché, Chisec y Raxruhá, quienes denuncian que están siendo afectados por los monocultivos de palma africana los cuales están provocando el desvío y contaminación de sus ríos y fuentes de agua.
Una vez finalizada la reunión, los diputados que integran la Comisión Interparlamentaria, representantes de organizaciones de la Asamblea Social y Popular ASP, comunicadores sociales y un asesor del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) junto a un grupo de comunitarios se desplazaron hacia el área donde se están construyendo los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II. La verificación transcurrió con total normalidad hasta que en el lugar conocido como El Puentón, trabajadores y personal de la seguridad privada de la hidroeléctrica, fuertemente armados salieron al paso, impidiendo la libre locomoción de la Comisión y demás personas que los acompañaban.
El diputado Juracán fue víctima de amenazas de muerte y agresiones por parte de los trabajadores de la hidroeléctrica quienes con sus machetes desenfundados crearon tensión en el lugar. La seguridad y la integridad física de los integrantes de la Comisión estuvieron en grave peligro. Cabe destacar que a pesar de las amenazas y agresiones, el diputado Leocadio Juracán fue el mediador y consiguió que una hora después de su detención, los trabajadores y personal de la seguridad privada de la hidroeléctrica los dejaran en libertad.
“No es la primera vez que los trabajadores de la empresa hidroeléctrica nos amenazan de muerte” expresó un comunitario que acompañaba a la Comisión Interparlamentaria.
“Esperamos que el Ministerio Público actúe” agregó.
Así mismo los dirigentes de la Marcha por el Agua, demandan que el Organismo Legislativo se pronuncie en relación al tema de Presos Políticos en Guatemala, que monitoreen su situación dentro de las cárceles donde se encuentran y que verifiquen que se está respetando el debido proceso en los diferentes casos de criminalización contra defensores de Derechos Humanos.
De esa cuenta, el día Viernes 17 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y la Comisión Interparlamentaria, junto a representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Oficina Nacional de Prevención de la Tortura se reunieron con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, para recibir información sobre los casos
El diputado Juracán hizo entrega de un listado de 7 personas detenidas de Huehuetenango, de los cuales tiene información gracias al apoyo de diferentes organizaciones de Derechos Humanos en el país que le trasladaron los datos, con éste listado suman 19 Presos Políticos en Guatemala, todos activistas de derechos humanos que han sido criminalizados por su lucha en defensa de su territorio, de los bienes naturales, del agua y la vida.
“Me preocupa enormemente que desde hace más de 1 año los hermanos de Huehuetenango fueron detenidos y me parece que hay una actitud de falta del debido proceso y perverso al estar siempre suspendiendo las audiencias”, expresó el diputado Juracán.
Hace un mes aproximadamente el Consejo de Pueblos de Occidente CPO remitió sus demandas a través de «El Memorial de los Pueblos» en donde piden la pronta libertad de los activistas detenidos, que se realice el debido proceso y que se respeten los Derechos Humanos.
“Vamos a invitar a las fiscalías del Ministerio Público que conocen estos casos para que nos den un informe de la situación actual de cada Preso Político, así mismo se creará una Comisión especial desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República para hacer el monitoreo correspondiente en los centros de detención donde se encuentren, para conocer su situación dentro del centro carcelario y su situaciónjurídica”, agregó Juracán.
En esta reunión participó Marcelo Sabuc, representante del Comité Campesino Del Altiplano –CCDA– e informó que en la región de Alta Verapaz hay alrededor de 82 órdenes de captura, que si no se resuelven a tiempo se materializará la detención, sumando más presos políticos en el país.
Leocadio Juracán aprovechó para invitar a todos los presentes, para que juntos acompañen a los presos políticos de Huehuetenango que iniciarán debate oral y público el día 6 de julio de 2016, en el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, como muestra de solidaridad a la lucha de los Pueblos.
Guatemala: De la guerra contra el comunismo de ayer, a la lucha contra la corrupción actual
Por: Ollantay Itzamná.
Las estadísticas oficiales, y la retórica gubernamental, evidencian lo que casi nadie quiere ver o admitir. Guatemala subsiste en una desintegración social violenta producto del fracaso del proyecto de Estado nación que no pudo garantizar el cumplimiento de los básicos derechos fundamentales para su población.
Esta realidad incómoda es percibida, de forma creciente, por un pequeño porcentaje de la población urbana y rural, pero casi nadie se anima, con seriedad, a proponer y emprender procesos de transformaciones estructurales en el país. Más, por el contrario, algunos con ingenuidad, otros con alevosía, agotan su atención en la “lucha contra la corrupción” promovida por la Embajada norteamericana y “parches legales al sistema neoliberal”.
¿Quién agendó y por qué la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La corrupción pública, como práctica de la utilización del aparato estatal para el enriquecimiento económico de particulares o sectores, fue y es la hermana siamesa de la República de Guatemala. Es decir, la corrupción pública es un hábito casi bicentenaria como lo es el mismo Estado ladinocéntrico.
Es más, las historias inconclusas de Guatemala, están empedradas por momentos o gobiernos más corruptos que otros. Sólo por mencionar algunos casos: todos los procesos del desmantelamiento de las tierras colectivas indígenas para el florecimiento de la propiedad individual y el feudalismo cafetalero del siglo XIX, y todas las dictaduras militares del siguiente siglo que transfirieron ingentes cantidades de tierras y capitales públicos para que emergiera la rústica oligarquía nacional actual, fueron iguales o peores corruptos que el gobierno del defenestrado Otto Pérez Molina.
La persistente oscuridad radiante del sistema neoliberal, implantado luego de las eficaces dictaduras militares en Guatemala, se instauró y se sostiene gracias a la utilización del aparato estatal y del erario público en beneficio del empresariado nacional y transnacional. El privatizador gobierno neoliberal de Álvaro Arzú fue uno de los gobiernos más corruptos en esta triste noche historia neoliberal.
Pero, ahora, quienes prohijaron y promovieron la corrupción pública como una “virtud” en la administración pública del país, emprenden una “lucha sin cuartel” en contra de la corrupción. Incluso arrastrando a la anémica clase media nacional movilizada a hacer el papelón de “estúpidos” en esta guerra ajena pintada como propia.
El gobierno de los EEUU, ante el avance contagioso de los gobiernos progresistas posneoliberales de América del Sur, y la desaparición de la “amenaza comunista” en Centro América, procedió a ensayar la “creación” del monstruo de la corrupción pública (como enemigo y causante de la miseria nacional), en el imaginario colectivo de Guatemala.
La geopolítica norteamericana ideó la visibilización de la lacerante corrupción pública y la implacable guerra mediática contra algunos corruptos con las siguientes finalidades: Desactivar a las crecientes y persistentes resistencias comunitarias indígenas y campesinas ante la invasión empresarial en los territorios, concentrar la atención de la clase media insatisfecha (con los impactos negativos del sistema neoliberal) en el “ataque frontal contra los corruptos” que desviaban sus impuestos, y reestabilizar la vigencia del sistema neoliberal en el país. Y bien que sí lo está logrando.
Los caballitos de batalla que operan en la lucha contra la corrupción son la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG, creado en 2006) y el Ministerio Público (MP). La primera promovida, financiada y dirigida por la Embajada norteamericana, en buena medida.
Los “chivos expiatorios” de esta falsa y ajena guerra “nacional” son el binomio de ex gobernantes (Otto Pérez Molina y Rosana Baldetti) y sus secuaces, ahora, encarcelados y procesados penalmente, para salvar al sistema neoliberal y sus agentes. Este ritual de sacrificio expiatorio está logrando reestabilizar en el país al sistema neoliberal, mientras los principales corruptores aplauden desde el podio la “caza de corruptos”.
El teatro de operaciones de esta guerra de cuarta generación fueron los tradicionales medios de información masiva y las redes sociales desde donde se convocó a las protestas contra la corrupción, y desde donde se hipnotiza a la población con la “caza de corruptos”.
Concluida aquella eufórica “revolución de colores” con la captura y encarcelamiento de los “tremendos” corruptos. Ahora, el Embajador norteamericano, la CICIG, el MP, los partidos políticos de derecha e izquierda neoliberal, proponen reformas al sistema político y sistema judicial para salvar a la excluyente y corrupta democracia representativa y al sistema económico vigentes.
En la segunda mitad del siglo pasado fue el comunismo, ahora, es la corrupción pública
Todavía por los intersticios de la amnesia colectiva se cuelan vagos recuerdos sobre los grandes objetivos y emprendimientos de la primavera revolucionaria que apenas duró una década en Guatemala, en el pasado siglo.
Dicha Revoluciona Nacional (1944-1954), nucleada por estudiantes, sectores de la clase media y militares, tenía como objetivo saldar la deuda histórica del país redistribuyendo las tierras a los campesinos y ampliando los derechos y oportunidades socioeconómicas para las grandes mayorías.
En apenas una década, las condiciones de vida para las grandes mayorías rurales del país habían mejorado considerablemente. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra había sido democratizada en parte. Obras y proyectos grandes de infraestructura caminera, de salud, de educación y otros servicios se habían emprendido con la finalidad de incluir en el proyecto de nación ladina a las grandes mayorías de excluidos.
Pero, infelizmente dicho proyecto liberal de bienestar para el país fue violentamente truncado por la intervención del gobierno norteamericano que pergeñó y financió el golpe militar contra revolucionario que destruyó los avances de aquel loable y digno proyecto político, en 1954. Desde entonces, las añoranzas de lo que pudo ser Guatemala, algunas veces son más evidentes en el imaginario colectivo de algunos sectores del país de hoy.
Si en la actualidad la Embajada norteamericana a creado al monstruo de la corrupción nacional, exacerbando el hábitus permanente de la administración pública, para frenar/desactivar la articulación del nuevo sujeto sociopolítico capaz de disputar el poder a los privilegiados desde las comunidades en resistencia, y así evitar en Guatemala el contagio de los vientos progresistas (posneoliberales) sureñas. Hace más de 60 años la misma Embajada, mediante la CIA y las iglesias, creó el mito diabólico de la amenaza/presencia comunista en Guatemala. Y, en consecuencia, alarmó y movilizó a todos los nichos sociales que pudo para enfrentar militar y civilmente a dicho “enemigo interno” del país. Por más que este “enemigo” era benigno en sus resultados.
En aquella época, el teatro de la lucha anticomunista fue para salvar o reponer los intereses afectados de la empresa norteamericana United Fruit Company por los programas de democratización de la tierra por la Revolución Nacional. En la actualidad, el teatro de la lucha anticorrupción es para salvaguardar los intereses de las empresas y corporaciones que despojan y destruyen los pocos bienes comunes que quedan en el país.
El problema mayor no es tanto el intervencionismo norteamericano, sino la predisposición de la población nacional de continuar creyendo y gustando del veneno norteamericano que tanto daño le hace al país. Aquí, la gente es cada vez más empobrecido y despajado gracias al sistemático intervencionismo norteamericano, pero también son más creyentes de la benignidad de dicha intervención.
En pleno siglo XXI, al igual que en el siglo pasado, diferentes sectores del país salen a las calles presurosos a protestar cuando la Embajada norteamericana los convoca a defender los “intereses nacionales”. Pero, casi nadie se atreve a sospechar con sentido histórico de “quién es el que dirige el gran teatro de las protestas o marchas”.
De forma desvergonzada el Embajador norteamericano, Todd D. Robinson, hace unas semanas atrás dijo en una conferencia de prensa: “No importa la soberanía de Guatemala”. Pero, incluso ante semejante cinismo la fe en este actor es casi ciego. Este mismo actor, que calla ante la sistemática criminalización y asesinatos selectivos de defensores comunitarios indígenas y campesinos en resistencia, promueve la reforma del sistema judicial e impulsa algunas leyes para reformar el sistema político de Guatemala, pero casi nadie se pregunta qué intereses y para beneficio de quién se promueven dichas reformas al Estado colonial.
Embajada norteamericana instaló sus intereses en el imaginario colectivo
Esta vulnerabilidad de la voluntad colectiva a los intereses y diseños geopolíticos de los agentes imperiales de turno no es un síndrome privativo del pueblo de Guatemala. Es una conducta social que materializa las condiciones de colonialidad política, cultural y económica que permea a los pueblos enajenados.
Los agentes del gobierno norteamericano saben que en los diferentes nichos sociales de Guatemala los valores e intereses gringos han sido suficientemente instalados como verdades infalibles. Al grado que quien piense o actúe en sentido contrario es y será censurado y castigado socialmente por los mismos colonizados creyentes.
En estas condiciones de colonialidad, el colonizador ya no necesita más de agentes externos para sostener su hegemonía cultural, política y económica. Sobra y basta con la gendarmería cultural, moral y espiritual conformado por los mismo colonizados que censuran y premian las conductas y pensamientos en función a los intereses del colonizador.
Por eso el gobierno norteamericano, mediante su Embajada y su agencia de cooperación USAID, decide y hace como mejor sea útil para sus intereses en Guatemala.
Ricos y empobrecidos, gobernantes o súbditos no sólo se esfuerzan por practicar vicios y malas costumbres yanquis como virtudes o modelos de vida, sino que tienen como su Meca, su destino aunque sea por instantes, al país de los EEUU. De allí que para los colonizados el mayor castigo posible sea la suspensión de la visa norteamericana. La visa gringa vale más que la ciudadanía guatemalteca.
Guatemaltecos en el extranjero podrán votar en las próximas elecciones generales
Tierra Blanca, Veracruz, México, 2009.
©Amnesty International Foto: Ricardo Ramírez Arriola
Por Simón Antonio.
La legislación guatemalteca durante los últimos 31 años de la “era democrática” se resistió a realizar cambios para que todas aquellas personas que migraron del país pudieran ejercer su voto estando en el extranjero, finalmente el Congreso de la República realizo modificaciones a la Ley Electoral de Partidos Políticos (LEPP). Son dos millones de ciudadanos guatemaltecos quienes tuvieron que migrar por muchas razones, principalmente la pobreza, la guerra y la represión.
Quienes viven en otro país no han tenido la oportunidad de elegir a las personas que consideren las más probas para ocupar los cargos de elección popular en Guatemala (Presidente, diputados y alcaldes), a pesar que el Artículo 12 de la LEPP garantiza ese derecho, hasta el día 1 de marzo de 2016 la LEPP no lo contemplaba. Guatemala junto a Nicaragua eran los únicos países que no contaban con el derecho al voto en el exterior, ahora es un tema pendiente solamente para Nicaragua.
En este contexto, han sucedido dos eventos importantes que obligan al Estado a tomar en cuenta las reformas a la LEPP, de cara a los próximos procesos electorales a favor del voto de la ciudadanía que residen fuera del país. El primero fue en febrero del 2011, el entonces procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, presentó un amparo contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por considerar que este no facilitaba el voto de los guatemaltecos en el extranjero, el recurso no prosperó en su momento pero motivó un profundo debate para reformar la LEPP.
Segundo momento; las movilizaciones masivas en las ciudades y comunidades del país durante el 2015 que demandaron la transformación del Estado, la LEPP como una de las demandas y la no realización de las elecciones. Al mismo tiempo en los Estados Unidos los migrantes residentes en ese país del norte organizaron previo el proceso electoral del 2015 un ejercicio de “elecciones simbólicas” en más de 20 estados de los Estados Unidos.
El derecho al voto en el extranjero ha sido una de las principales demandas de millones de migrantes guatemaltecos, como un derecho a ser tomados en cuenta, además de otros derechos como la protección temporal migratoria (TPS), misma que fue rechazada por el gobierno de Guatemala cuando Álvaro Arzú era presidente en el año de 1998[1], solamente los gobierno de El Salvador, Honduras y Nicaragua beneficiaron a sus ciudadanos con esta protección en los EEUU.
De las principales demandas sociales que se hicieron desde la indignación de millones de guatemaltecos en las recientes movilizaciones de 2015, el Congreso de la República realizó algunas modificaciones a la LEPP, esto como un primer paso a la reforma al sistema electoral del país, aunque contradictoriamente hacen grandes esfuerzos por dejar fuera de la reforma otros temas como la demanda de Paridad.
Con 123 diputados a favor, 6 en contra y 29 ausencias se aprobó este 1 de marzo 2016 el Art. 1 del proyecto de reformas a la LEPP que establece que los guatemaltecos que residen en cualquier país podrán emitir su voto para presidente y vicepresidente en el proceso electoral 2019.
Con esta reforma a la LEPP, obliga a poner atención en el proceso de documentación de los connacionales fuera del país, esta debe ser una de las principales prioridades del gobierno, en ese sentido deben realizar grandes esfuerzos instituciones como el Registro Nacional del Personas (Renap) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) para que en el 2019 ese voto en el exterior no tenga dificultades. Especialmente de cara a la política represiva del gobierno de los Estados Unidos con la permanente violación de los derechos humanos de los migrantes con las constantes redadas y deportaciones.
“Las 55 cortes de inmigración de Estados Unidos han emitido 10.142 órdenes de deportación para menores centroamericanos que llegaron sin la compañía de un adulto al país desde 2014 por la frontera con México.”[2]
La reforma a la LEPP sobre el voto en el extranjero no es integral, establece que solamente podrán elegir al presidente y vicepresidente, la reforma excluyó el derecho a elegir diputados al Congreso de la República, al Parlamento Centroamericano y a los alcaldes municipales.
Muchos son los retos en este tema.
[1] Guatemaltecos piden protección del TPS en EUA. La Prensa Gráfica. 27 de octubre 2011. http://www.laprensagrafica.com/noticias/noticias/1402-guatemaltecos-piden-proteccion-del-tps-en-eua
[2] Movimiento Migrante Mesoamericano. EE.UU. tiene 10 mil órdenes de deportación de jóvenes y niños migrantes centroamericanos. 2 de marzo 2016. https://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/03/02/ee-uu-tiene-10-mil-ordenes-de-deportacion-de-jovenes-y-ninos-migrantes-centroamericanos/
TEMAS QUE DEBEN SER ABORDADOS POR LA NUEVA LEGISLATURA QUE INICIA SUS LABORES EN ENERO DE 2016.
Por Miguel Ángel Sandoval.
Una agenda democrática mínima.
- Nueva Ley de Minas e Hidrocarburos, Que respete las consultas comunitarias.
- Ley de Desarrollo Rural, Elaborar un código agrario y crear los tribunales del ramo.
- Ley de Aguas.
- Ley de Pueblos Indígenas.
- Abordar una reforma tributaria globalmente progresiva que retome en pacto fiscal y que incluya reglas claras a la telefonía y luz.
- Ley de la Carrera Judicial.
- Promover una Política Nacional de Vivienda, Hay déficit de 1 millón 800 mil.
Son 7 reformas indispensables para democratizar el país y dotar de recursos al Estado Guatemalteco. Se pueden aprobar en los primeros 6 meses del año 2016. Ya hay avances en los diferentes temas. Es claro que se pueden proponer muchas reformas más, pero estas 7 son la garantía de poder iniciar un cambio de rumbo en la vida nacional.
Se puede cambiar el orden de los temas, pero no se puede dejar ninguna de estas reformas sin ser abordadas en la próxima legislatura en los tiempos que se proponen. Si queremos hacer gobernable este país, pues estas son las bases mínimas.
Ya vimos que las elecciones son apenas un paso, nunca la solución de los problemas. De nosotros depende impulsar esta agenda democrática.
Guatemala, diciembre 10 de 2015.
Día Mundial de los Derechos Humanos.
Prensa Comunitaria Km. 169 