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Guatemala: De la guerra contra el comunismo de ayer, a la lucha contra la corrupción actual
Por: Ollantay Itzamná.
Las estadísticas oficiales, y la retórica gubernamental, evidencian lo que casi nadie quiere ver o admitir. Guatemala subsiste en una desintegración social violenta producto del fracaso del proyecto de Estado nación que no pudo garantizar el cumplimiento de los básicos derechos fundamentales para su población.
Esta realidad incómoda es percibida, de forma creciente, por un pequeño porcentaje de la población urbana y rural, pero casi nadie se anima, con seriedad, a proponer y emprender procesos de transformaciones estructurales en el país. Más, por el contrario, algunos con ingenuidad, otros con alevosía, agotan su atención en la “lucha contra la corrupción” promovida por la Embajada norteamericana y “parches legales al sistema neoliberal”.
¿Quién agendó y por qué la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La corrupción pública, como práctica de la utilización del aparato estatal para el enriquecimiento económico de particulares o sectores, fue y es la hermana siamesa de la República de Guatemala. Es decir, la corrupción pública es un hábito casi bicentenaria como lo es el mismo Estado ladinocéntrico.
Es más, las historias inconclusas de Guatemala, están empedradas por momentos o gobiernos más corruptos que otros. Sólo por mencionar algunos casos: todos los procesos del desmantelamiento de las tierras colectivas indígenas para el florecimiento de la propiedad individual y el feudalismo cafetalero del siglo XIX, y todas las dictaduras militares del siguiente siglo que transfirieron ingentes cantidades de tierras y capitales públicos para que emergiera la rústica oligarquía nacional actual, fueron iguales o peores corruptos que el gobierno del defenestrado Otto Pérez Molina.
La persistente oscuridad radiante del sistema neoliberal, implantado luego de las eficaces dictaduras militares en Guatemala, se instauró y se sostiene gracias a la utilización del aparato estatal y del erario público en beneficio del empresariado nacional y transnacional. El privatizador gobierno neoliberal de Álvaro Arzú fue uno de los gobiernos más corruptos en esta triste noche historia neoliberal.
Pero, ahora, quienes prohijaron y promovieron la corrupción pública como una “virtud” en la administración pública del país, emprenden una “lucha sin cuartel” en contra de la corrupción. Incluso arrastrando a la anémica clase media nacional movilizada a hacer el papelón de “estúpidos” en esta guerra ajena pintada como propia.
El gobierno de los EEUU, ante el avance contagioso de los gobiernos progresistas posneoliberales de América del Sur, y la desaparición de la “amenaza comunista” en Centro América, procedió a ensayar la “creación” del monstruo de la corrupción pública (como enemigo y causante de la miseria nacional), en el imaginario colectivo de Guatemala.
La geopolítica norteamericana ideó la visibilización de la lacerante corrupción pública y la implacable guerra mediática contra algunos corruptos con las siguientes finalidades: Desactivar a las crecientes y persistentes resistencias comunitarias indígenas y campesinas ante la invasión empresarial en los territorios, concentrar la atención de la clase media insatisfecha (con los impactos negativos del sistema neoliberal) en el “ataque frontal contra los corruptos” que desviaban sus impuestos, y reestabilizar la vigencia del sistema neoliberal en el país. Y bien que sí lo está logrando.
Los caballitos de batalla que operan en la lucha contra la corrupción son la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG, creado en 2006) y el Ministerio Público (MP). La primera promovida, financiada y dirigida por la Embajada norteamericana, en buena medida.
Los “chivos expiatorios” de esta falsa y ajena guerra “nacional” son el binomio de ex gobernantes (Otto Pérez Molina y Rosana Baldetti) y sus secuaces, ahora, encarcelados y procesados penalmente, para salvar al sistema neoliberal y sus agentes. Este ritual de sacrificio expiatorio está logrando reestabilizar en el país al sistema neoliberal, mientras los principales corruptores aplauden desde el podio la “caza de corruptos”.
El teatro de operaciones de esta guerra de cuarta generación fueron los tradicionales medios de información masiva y las redes sociales desde donde se convocó a las protestas contra la corrupción, y desde donde se hipnotiza a la población con la “caza de corruptos”.
Concluida aquella eufórica “revolución de colores” con la captura y encarcelamiento de los “tremendos” corruptos. Ahora, el Embajador norteamericano, la CICIG, el MP, los partidos políticos de derecha e izquierda neoliberal, proponen reformas al sistema político y sistema judicial para salvar a la excluyente y corrupta democracia representativa y al sistema económico vigentes.
En la segunda mitad del siglo pasado fue el comunismo, ahora, es la corrupción pública
Todavía por los intersticios de la amnesia colectiva se cuelan vagos recuerdos sobre los grandes objetivos y emprendimientos de la primavera revolucionaria que apenas duró una década en Guatemala, en el pasado siglo.
Dicha Revoluciona Nacional (1944-1954), nucleada por estudiantes, sectores de la clase media y militares, tenía como objetivo saldar la deuda histórica del país redistribuyendo las tierras a los campesinos y ampliando los derechos y oportunidades socioeconómicas para las grandes mayorías.
En apenas una década, las condiciones de vida para las grandes mayorías rurales del país habían mejorado considerablemente. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra había sido democratizada en parte. Obras y proyectos grandes de infraestructura caminera, de salud, de educación y otros servicios se habían emprendido con la finalidad de incluir en el proyecto de nación ladina a las grandes mayorías de excluidos.
Pero, infelizmente dicho proyecto liberal de bienestar para el país fue violentamente truncado por la intervención del gobierno norteamericano que pergeñó y financió el golpe militar contra revolucionario que destruyó los avances de aquel loable y digno proyecto político, en 1954. Desde entonces, las añoranzas de lo que pudo ser Guatemala, algunas veces son más evidentes en el imaginario colectivo de algunos sectores del país de hoy.
Si en la actualidad la Embajada norteamericana a creado al monstruo de la corrupción nacional, exacerbando el hábitus permanente de la administración pública, para frenar/desactivar la articulación del nuevo sujeto sociopolítico capaz de disputar el poder a los privilegiados desde las comunidades en resistencia, y así evitar en Guatemala el contagio de los vientos progresistas (posneoliberales) sureñas. Hace más de 60 años la misma Embajada, mediante la CIA y las iglesias, creó el mito diabólico de la amenaza/presencia comunista en Guatemala. Y, en consecuencia, alarmó y movilizó a todos los nichos sociales que pudo para enfrentar militar y civilmente a dicho “enemigo interno” del país. Por más que este “enemigo” era benigno en sus resultados.
En aquella época, el teatro de la lucha anticomunista fue para salvar o reponer los intereses afectados de la empresa norteamericana United Fruit Company por los programas de democratización de la tierra por la Revolución Nacional. En la actualidad, el teatro de la lucha anticorrupción es para salvaguardar los intereses de las empresas y corporaciones que despojan y destruyen los pocos bienes comunes que quedan en el país.
El problema mayor no es tanto el intervencionismo norteamericano, sino la predisposición de la población nacional de continuar creyendo y gustando del veneno norteamericano que tanto daño le hace al país. Aquí, la gente es cada vez más empobrecido y despajado gracias al sistemático intervencionismo norteamericano, pero también son más creyentes de la benignidad de dicha intervención.
En pleno siglo XXI, al igual que en el siglo pasado, diferentes sectores del país salen a las calles presurosos a protestar cuando la Embajada norteamericana los convoca a defender los “intereses nacionales”. Pero, casi nadie se atreve a sospechar con sentido histórico de “quién es el que dirige el gran teatro de las protestas o marchas”.
De forma desvergonzada el Embajador norteamericano, Todd D. Robinson, hace unas semanas atrás dijo en una conferencia de prensa: “No importa la soberanía de Guatemala”. Pero, incluso ante semejante cinismo la fe en este actor es casi ciego. Este mismo actor, que calla ante la sistemática criminalización y asesinatos selectivos de defensores comunitarios indígenas y campesinos en resistencia, promueve la reforma del sistema judicial e impulsa algunas leyes para reformar el sistema político de Guatemala, pero casi nadie se pregunta qué intereses y para beneficio de quién se promueven dichas reformas al Estado colonial.
Embajada norteamericana instaló sus intereses en el imaginario colectivo
Esta vulnerabilidad de la voluntad colectiva a los intereses y diseños geopolíticos de los agentes imperiales de turno no es un síndrome privativo del pueblo de Guatemala. Es una conducta social que materializa las condiciones de colonialidad política, cultural y económica que permea a los pueblos enajenados.
Los agentes del gobierno norteamericano saben que en los diferentes nichos sociales de Guatemala los valores e intereses gringos han sido suficientemente instalados como verdades infalibles. Al grado que quien piense o actúe en sentido contrario es y será censurado y castigado socialmente por los mismos colonizados creyentes.
En estas condiciones de colonialidad, el colonizador ya no necesita más de agentes externos para sostener su hegemonía cultural, política y económica. Sobra y basta con la gendarmería cultural, moral y espiritual conformado por los mismo colonizados que censuran y premian las conductas y pensamientos en función a los intereses del colonizador.
Por eso el gobierno norteamericano, mediante su Embajada y su agencia de cooperación USAID, decide y hace como mejor sea útil para sus intereses en Guatemala.
Ricos y empobrecidos, gobernantes o súbditos no sólo se esfuerzan por practicar vicios y malas costumbres yanquis como virtudes o modelos de vida, sino que tienen como su Meca, su destino aunque sea por instantes, al país de los EEUU. De allí que para los colonizados el mayor castigo posible sea la suspensión de la visa norteamericana. La visa gringa vale más que la ciudadanía guatemalteca.
Una navidad más y en La Puya no se respeta el derecho de la gente
Por Nelton Rivera
En noviembre del 2015 un grupo de vecinos de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc, dos de los municipios del departamento de Guatemala viajaron a la Corte de Constitucionalidad –CC-, ellos traían una petición concreta: “debe respetarse la voluntad de la gente y la ley en su territorio, la empresa minera debe cerrar y el proyecto minero El Tambor Progreso VII Derivada debe de ser cancelado”.
Quienes viajaron forman parte de la resistencia pacífica en La Puya, en la CC hablaron con los medios de comunicación, al mismo tiempo fueron solidarios con las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango que viajaron para participar en una vista pública en una de las salas de la corte por los casos de criminalización de los presos políticos de Huehuetenango, desde allí marcharon hacia la Casa Presidencial.
Veinte días después, la gente de La Puya volvió a viajar desde sus comunidades hacia la Casa Presidencial, permanecieron desde temprano el día 3 de diciembre sobre la 6a avenida esperando que el Ejecutivo finalmente diera señales de tener voluntad política para dialogar, comunidades y Estado.
Finalmente regresaron con más excusas e incumplimientos que avances, acordaron realizar una nueva reunión días después, el Ejecutivo justifico la falta de presupuesto para atender las demandas de La Puya, «los ministerios no pueden actuar sin presupuesto» afirmaron, en un contexto de investigaciones y juicios por casos de redes de corrupción en el Estado. La gente quedo a la espera que se realizara el levantamiento de un muestreo de las aguas en los dos municipios que están siendo afectados por la minería, esa era su demandan principal.
Unos días antes de la navidad finalmente llego una delegación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y del Ministerio de Energía y Minas para trabajar en la toma de muestras del agua, los resultados que son más que notorios deberán reafirmar lo que los comunitarios por años han afirmado «hay altos indices de arsénico en el agua, de funcionar la empresa minera esta contaminación se agravara en todo el departamento y la capital».
La ruta de diálogo se fijó nuevamente, debe ser la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH la encargada de avisar sobre una nueva fecha para darle continuidad al dialogo, el ofrecimiento del Ejecutivo es que deberá darse antes del cambio de gobierno, los resultados del análisis del agua deben mostrarse en esta reunión.
José Ángel Llamas delegado de la comunidad manifestó: “Es verdaderamente lamentable que el Ejecutivo sigue sin la voluntad política de escucharnos y garantizar que la ley y la voluntad de la gente se haga cumplir… al Gobierno no le importa el cuidado del agua y por lo tanto no le importa la vida que está en juego, desde el 2012 cuando pedimos a la COPREDEH y al Sistema Nacional de Dialogo un acercamiento estas instituciones se convirtieron en voceros y negociadores de la empresa minera EXMINGUA.”
“El Ministerio de Gobernación no ha dado un solo informe responsable sobre el porqué continua en el lugar instalado un campamento de la PNC adentro de la empresa, custodiando y protegiendo la actividad minera… ellos son quienes están violando nuestros derechos y son quienes irrespetan las resoluciones que están en ley, la Municipalidad ordeno la suspensión de los trabajos de EXMINGUA.”
Misión internacional de Naciones Unidas llega a Barillas
Por Sacul Che -Prensa Comunitaria.
Los ojos de varias instituciones internacionales está puesta en la problemática en el territorio norte de Huehuetenango, días atrás llegó una solicitud para realizar una reunión a los representantes de la Sociedad Civil de Barillas de varias instituciones de la Naciones Unidas – NU. Ellos Aceptaron la visita y se convocó al gobierno Plurinacional de las Nacionalidades Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestizo del cual forman parte.
Ésta visita fue particular, llegó por primera vez gente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del departamento de Protección y Seguridad del Sistema de las Naciones Unidas (UNDSS), Nicolás González y Gastón Aín Bilbao ambos especialistas en resolución de conflictos y Valerie Juliand coordinadora residente del sistema de la ONU en el país, acompañados por Ana Catalina Soberanis Reyes consultora de la ONU en Guatemala. No asistió a ésta reunión representación alguna de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), quienes conocen la situación en la región desde años atrás.
Desde el día sábado 26 de abril todo estaba preparado en Barillas, autoridades y representantes de las comunidades, tanto la Sociedad Civil de Barillas como del Gobierno Plurinacional esperaban la llegada de esta misión.
Llego la hora fijada, uno a uno fueron llegando los delegados y representantes de las comunidades de Barillas y los representantes del gobierno Plurinacional de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Poptí y Mestizas quienes tuvieron conducción y participación en esta reunión, Valerie Juliand coordinadora del Sistema de Naciones Unidas fue la encargada de interlocutar directamente con las autoridades comunitarias y de las naciones del norte de Huehuetenango.
Luego de varias horas finalizo esta misión internacional en Barillas con el compromiso de evaluar y analizar si existen las condiciones para la realización de un diálogo «pacífico», de existirlas el equipo de especialistas de Naciones Unidas podrían entonces acompañar dicho proceso.
Como ya es costumbre cada reunión, movilización o actividad en el territorio norte del departamento y especialmente en Barillas es de carácter publico, sus autoridades organizadas desde la Sociedad Civil de Barillas convocan a las radios comunitarias para que toda la población escuche cada palabra, denuncia, acuerdo o compromiso adquirido en las actividades.
Objetivo de la misión
Valerie Juliand de nacionalidad francesa es coordinadora en el país del sistema de Naciones Unidas, ella insistió que el objetivo de esta misión era analizar y estudiar las condiciones para establecer un proceso de diálogo en el caso específico de Santa Cruz Barillas, “no queremos menospreciar lo que ocurre en otros lugares”.
Ella sabe del espacio de acercamiento que inicio el presidente, junto al Ministerio de Gobernación y el gobernador departamental con el gobierno Plurinacional en el mes de agosto del 2013 y que hasta la fecha de este proceso no ha resultado ningún acuerdo en beneficio de la población y que atienda sus demandas. Ésta misión y sus representantes dijeron que quieren saber si este proceso avanzó y entonces evaluar las condiciones para su participación, apoyar desde las atribuciones que tienen en el país, “siempre y cuando sea un proceso de diálogo pacífico”.
Hasta ahora la población ha demostrado en decenas de acciones y procesos que impulsan que su lucha es pacífica de hecho, el 7 de abril se cumplió un año de resistencia pacífica en oposición al proyecto hidroeléctrico que tanto daño ha causado ya a la población.
Algunos hechos importantes
Dos años se cumplen en mayo de la implementación de un Estado de Sitio en Barillas y las consecuencias de este aún siguen latentes, en prisión se encuentran cuatro personas por defender la vida y el territorio, la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A. no ha descansado en su intento por establecerse sobre el río Q’ambalam y el gobierno no ha escatimado esfuerzo alguno por facilitarle éste trabajo.
Varios han sido los intentos por establecer “el dialogo“ que hasta hoy ha sido a favor de la empresa, en principio fue para facilitar la firma de un Convenio entre la municipalidad y la empresa, otros intentos han sido por establecer una mesa de dialogo solamente con personas afines a la empresa y no con las comunidades organizadas que defienden sus derechos y más recientemente hubo un espacio de acercamiento con el gobierno Plurinacional del territorio norte de Huehuetenango sin que el ejecutivo asumiera mayores compromisos o resultados en beneficio de la población.
Persecución política y judicial
En prisión se encuentran Saúl, Rogelio y Mynor líderes de la comunidades, sumando 245 días en Huehuetenango, otros 9 líderes recientemente pudieron resolver su situación en el Tribunal de Alto Riesgo en la capital, aún hay 3 personas con un proceso judicial abierto y existen aún vigentes 23 órdenes de captura, de estas varias son contra líderes de la oposición a la hidroeléctrica.
El gobierno Plurinacional fue claro en agosto del 2013 en demandar que la existencia de los tres presos políticos, la criminalización, militarización y persecución política de lideres y lideresas comunitarias debe de finalizar como una de las condiciones principales para poder iniciar un proceso de diálogo integral en el territorio norte de Huehuentenango y no casos aislados como pretende hacerlo el gobierno.
Verificación de las violaciones de DDHH
Luego del asesinato de Andrés Pedro Miguel el 1 de mayo 2012 son varias las misiones de verificación de los derechos humanos que llegaron, su presencia se hizo necesaria cuando el gobierno decreto un Estado de Sitio el 4 de mayo y militarizo la región desde el mismo primero.
Waqib’ Kej, UDEFEGUA y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas OACNUDH fueron algunos que inmediatamente documentaron e informaron lo ocurrido en Barillas en mayo 2012. Incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH en el 2013 tuvo conocimiento de lo ocurrido en Barillas, especialmente las detenciones ilegales cometidas durante el Estado de Sitio.
* Con información de Sacul Che, José António José comunicadores sociales y Radio Snub Jolom Konob’ y Radio Luz.
Asamblea de las Nacionalidades Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y no Indígena
Dió inicio el encuentro de las nacionalidades del Territorio Norte de Huehuetenango que habitan los pueblos Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateco y no Maya estan reunidos en el municipio de San Pedro Soloma, Huehuetenango.
Este encuentro reúne a representates y autoridades de los diferentes pueblos para analizar, reflexionar y tomar decisiones de forma colectiva. Uno de sus objetivos principales es la defensa de la vida y el territorio frente a las grandes amenazas que se están viviendo en los últimos años, especialmente las que provienen de los megaproyectos como los hidroeléctricos.
A esta actividad acudirían el obispo del departamento Monseñor Alvaro Ramazzinni, el Procurador de los Derechos Humanos Jorge De León Duque y Alberto Brunori representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala.
Muchas voces, una voz con sombrero negro, capixay café y un morral rojo
Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.
Recuerdo bien la mañana del 18 de septiembre en Huehuetenango, durante la madrugada estuvo lloviendo, el frío del lugar me despertaba varias veces. Al amanecer, recorrí el parque central, su catedral, la municipalidad y la gobernación departamental, construcciones que a pesar del tiempo siguen guardando su arquitectura original desde el siglo XVI.
Ese día miércoles debía realizarse una reunión entre el presidente de la república y representantes de los pueblos del territorio norte de Huehuetenango, esta reunión fue a petición de Otto Pérez Molina quien había visto frustrado su intento de negociación en Barillas a espaldas del pueblo, a pueta cerrada él presidente y la empresa dos semanas atrás, el 3 de septiembre.
Recuerdo ese día, ese 3 de septiembre. Seguí la transmisión de las radios en Barillas, narraban hecho por hecho lo que ocurría en el salón municipal «Vicente Ferrer» en donde se encontraba el empresario español Luis Castro Valdivia junto al presidente y sus ministros. Llevaron gente de otras comunidades para hacer público y que el salón no les quedara grande. Momentos después frente a miles de comunitarios y comunitarias movilizados exigiendo respuestas del presidente, éste daba la cara, fue abuchado, bajo el gríto «fuera genocida» su reunión de «diálogo» fue cancelada y él salio huyendo de Barillas en un helicóptero artillado.
Quince días más tarde, el día 18 de septiembre en el edificio de la gobernación departamental, más de 50 personas esperaban a las autoridades de gobierno, con carteles en mano se preparaban para ser recibidos por el presidente y sus ministros, quienes habían llegado ciertamente a Huehuetenango, pero no para estar en esta reunión, sino para participar en una serie de actos sin mayor importancia. Desde las 9 de la mañana comenzaron a llegar autoridades indígenas, lideres y lideresas de varios de municipios, apresurados caminaron entre sus calles, alcanzaron la plaza del parque hasta llegar al lugar de la cita.
Esta movilización no era masiva, quienes llegaron habían sido delegadas como representantes, voceras, autoridades indígenas, autoridades ancestrales de los diferentes municipios de la región norte de éste departamento. El mensaje y la postura era la misma “no vamos a negociar nada, ésta no es una mesa de dialogo”. Finalmente la actividad prevista no se realizó. Ahí se quedó la gente un buen rato y no pasó nada. No existió una disculpa pública, aclaración o cancelación de la reunión acordada. El presidente simplemente responsabilizo al obispo de Huehuetenango Monseñor Ramazzinni por la no realización de la reunión, Ramazzinni públicamente desmintió públicamente al mandatario, ambos «tirandose la chibolita» pero los dos dejaron plantados a los comunitarios.
Entre el grupo de personas, estaba Rigoberto Juárez, dirigente Q’anjob’al, con sombrero negro, capixay café y un morral rojo atravesado sobre su pecho. Barbado y con el cabello largo, tomó la palabra y se dirigió a las personas allí presentes, quienes habían viajado por más de 6 horas y que en cinco munitos quedaron burladas. Aquí recogemos sus palabras llenas de dignidad y valentía, valentía pues en éste momento está siendo reprimida y criminalizada:
«En Barillas se fué a ofrecer “DESARROLLO” acaso acabamos nosotros de aparecer como pueblos para que por necesidades de las empresas van y nos ofrecen desarrollo. Esa es la responsabilidad del Estado desde que el Estado mismo se fundó ¿a quién representa el Estado de Guatemala?
Nosotros no nos escondemos porque estamos luchando por los derechos de nuestro pueblo y no por un grupito de gente que pretende destruir nuestros recursos naturales.
Hoy hablamos del territorio Q’anjob’al, porque no son municipios. Nos han dividido en municipios con la intención de dividirnos más, ofrecieron negociación en Barillas y no con los demás, cuando el territorio de nosotros es Q’anjob’al.
Solamente cuando las empresas estén fuera de nuestros territorios, nos dejarán vivir en paz y vamos a generar nuestra economía, si nuestros abuelos vivieron miles y miles de años generando economía produciendo el desarrollo ¿cómo no vamos a poder sus nietos?
El problema es que hay opresión de las empresas que quieren jodernos más y eso es lo que ya no queremos que nos jodan. Queremos que nos dejen vivir en paz, que nos dejen trabajar en paz y queremos que el gobierno favorezca con proyectos, nuestros pueblos quieren proyectos no empresas.
La criminalización de los líderes anda en el ambiente, queremos que retiren las demandas en contra de nuestros lideres, que se retire la persecución política, porque la persecución judicial es persecución política.»
Tres meses después de éste hecho en la gobernación departamental, la problemática y la represión provocada por las empresas CINCO M, PDHSA E HIDRO SANTA CRUZ va en aumento. Empresarios y gobierno no pierden el tiempo para criminalizar a Rigoberto Juárez. De “Terrorista” lo acusa Ivan Ovalle Altuve, dueño de la Finca San Luis y de la empresa CINCO M SOCIEDAD ANONIMA. Los medios de comunicación tradicionales replican estas declaraciones una y otra vez, cómplices de la criminalización y difamación.
No tardó el empresario en preparar condiciones para criminalizar al pueblo de Jolom Konob’, los comunitarios denunciaron que la misma empresa quemó su maquinaria y ocasionó destrozos en sus instalaciones. El patrón de represión y criminalización ha sido éste, primero acusan en los medios corporativos, después aparecen órdenes de captura en contra de los dirigentes sociales en forma de castigo ejemplar para infundir miedo, limitar la organización y el ejercicio del derecho a expresarse libremente y por último instalarse con sus proyectos para enriquecerse en este caso mediante la generación de energía usando los ríos y el agua.
Para los pueblos que habitan el norte de Huehuetenango, Rigoberto Juárez es una de las personas en quién delegan su representación, forma parte de la resistencia y lucha del pueblo Q’anjob’al, ese mismo hombre de sombrero negro, capixay café y morral rojo atravesado en el pecho, quién con libertad y claridad describe la realidad tal y como es.
Regresé ese 18 de septiembre de Huehuetenango contagiado con las voces, muchas voces que resuenan a través de la voz de Rigoberto llenas de dignidad y valentía a pesar del peligro que implica hablar en este país. La voz de Rigoberto es una voz entre muchas voces, de muchos hombres y mujeres que se han decidido a defender su modo de vida, totalmente diferente y opuesto al modelo económico y social que impulsa el capital y las empresas.
Prensa Comunitaria Km. 169 