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Caso Molina Theissen: suspenden audiencia que podría enviar a juicio oral y público a oficiales del ejército

Prensa Comunitaria Km 169

Fotografía de Nelton Rivera (Prensa Comunitaria Km 169)

Por Nelton Rivera.

La juez Judith Secaida quien preside el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal  decidió suspender durante la mañana de este martes 19 de abril 2016 la audiencia de presentación del Acto Conclusivo del Ministerio Público (MP) o de Fase Intermedia que estaba programada para hoy en el caso Molina Theissen.

La Juez argumentó que desde su criterio se debe sanear el proceso, con esto se refiere a que aún existen vario recursos pendientes sin resolver que podrían de continuar con la audiencia que el proceso deba anularse y retrotraerse, a este criterio la familia Molina Theissen quien actúa como querellante en el proceso se opuso.

Uno de los recursos que están pendientes de resolverse fue solicitado por la defensa de uno de los militares acusados, Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenángo, quien planteó un recurso de Cuestión Perjudicial ante la Sala 3ª de la Corte de Apelaciones y la resolución de la CSJ sobre la competencia ampliada que le fue requerida a la corta anteriormente. La Juez esperará a que ambas cortes resuelvan para nuevamente fijar la fecha para que el MP presente su acto conclusivo y se puede conocer la apertura a juicio.

A esta decisión se opuso la familia Molina Theissen quienes actúan como querellantes en contra de varios oficiales del ejército guatemalteco: Manuel Antonio Callejas Callejas general de división y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S2 fueron ligados por el delito de desaparición forzada. Francisco Luis Gordillo comandante de la Base Militar de Quetzaltenángo y Edilberto Letona segundo comandante de la zona y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas fueron ligados a proceso por el delito de deberes contra la humanidad; todos por la detención y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981.

Con información de CALDH.

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Yolanda Urízar Martínez a 33 años de su desaparición forzada

Fotografia de Yolanda Aguilar Urízar entregada al Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular.

Fotografía de Yolanda Aguilar Urízar entregada al Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular.

Por Nelton Rivera.

El 25 de marzo 2016 se cumplieron 33 años de la detención y desaparición de la doctora América Yolanda Urízar Martínez en 1983, ella regresaba del exilio forzado en México por la represión de se vivía en Guatemala por las dictaduras militares, fue detenida durante la dictadura del general José Efraín Ríos Montt, exactamente a un año del golpe de Estado de 1982. Actualmente Ríos Montt está bajo arresto domiciliario, procesado nuevamente por Genocidio y delitos de lesa humanidad, luego de haber sido condenado en 2013,  en el país los delitos de desaparición forzada no prescriben ni puede ser amnistiados.

Su familia inmediatamente en 1983, comenzó a denunciar la detención de la doctora Yolanda Urízar y demandaron al Estado su libertad. Su padre, el coronel retirado Augusto Urízar, envió una carta abierta al general Efraín Ríos Montt,  presidente de facto en ese momento y pidió a las fuerzas de seguridad el respeto de su vida e inmediata liberación.

Ella era abogada de profesión, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asesoró a los principales sindicatos y organizaciones campesinas del país. Treinta y tres años han pasado desde la primera demanda de la familia y ella aún permanece desaparecida.

“Señor presidente: usted como cristiano no puede permitir que nuestra hija sea maltratada física o mentalmente ya que usted afirma en sus mensajes de cada domingo que todo guatemalteco merece ser respetado por ser semejanza de Dios y de la Patria …”

“…ninguna autoridad se ha preocupado por el caso. Yo no puedo seguir viviendo así, ya que mi hija es lo más grande que tengo”.

Informes como el REMIH y la CEH dan cuenta de un número de 45 mil personas detenidas desaparecidas por las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco, y grupos paramilitares vinculados a los escuadrones de la muerte financiados por la oligarquía de este país, el dato de ambos informes podría ser una aproximación a la totalidad, podrían ser más, muchas familias por miedo a la represión no denunciaron las desapariciones de sus familiares en Guatemala.

Organizaciones como La Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala  FAMDEGUA, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM, el Comité de unidad Campesina CUC, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA y otras iniciaron la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, una vida ha transcurrido y la lucha por encontrarlos continua.

En 1999 tan solo tres años después de haberse firmado la paz en el país, aparecería el Diario Militar “Dossier de la Muerte”, un oficial del ejercito de Guatemala extrajo desde lo interno de la institución castrense el archivo militar “Dossier de la Muerte”, fue Kate Doyle la directora de una organización llamada Archivo de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, quien lo haría público finalmente.

“Cuando dimos a conocer el Diario Militar hubo una explosión, especialmente en la prensa guatemalteca, pero también internacional, todos querían saber, querían investigar, querían conocer detalles del Diario, por parte del Gobierno de Guatemala hubo negación, por parte de las familias de los desaparecidos hubo esperanza de tener al menos un dato de sus familiares”.

Es un documento que nos dice que la inteligencia militar guatemalteca de los años 1983 a 1985 tenía como política interna la estrategia de desaparecer forzosamente a personas que tenían supuestos vínculos con la oposición armada. En este documento hay nombres y fotografías de las personas secuestradas y desaparecidas, hay fechas y lugares y hay códigos que dicen que fue lo que le sucedió a estas personas.

“El Diario militar demuestra que estos no fueron secuestros realizados por grupos fuera del control del Ejército, el Diario demuestra que esto fue una política interna del ejército de Guatemala.”[1]

Este es un solo ejemplo de cómo operaron las fuerzas de seguridad del Estado. En el año 2013 Yolanda Aguilar Urízar, hija de Yolanda Urízar entrego una de las fotografías de su madre al al Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular, durante un acto de conmemoración de la memoria de Samuel Amancio Villatoro líder sindical del CNUS e integrante de las Fuerzas Armadas Rebeldes FAR, también detenido desaparecido en 1984 por ejercito.

El ejército la detuvo en la frontera con México:                   

“El 25 de marzo de 1983, Yolanda Urízar fue capturada en un lugar cercano a la frontera entre México y Guatemala. El vehículo en el que viajaba fue interceptado cuando se dirigía, en compañía de dos personas más, hacía la ciudad de Guatemala. América Yolanda Urízar de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), catedrática de la Escuela de Orientación Sindical de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC y militante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Hasta la fecha la víctima se encuentra desaparecida.”[2]

Luego de ser detenida por el ejército la trasladaron al destacamento militar Berlín, en el municipio de Coatepeque y la cabecera departamental de Retalhuleu, a partir de ese momento no se supo nada más de ella.[3]

“Un oficial de Policía Nacional dijo a una víctima sobreviviente de los Tribunales de Fuero Especial que las personas capturadas tenían tres alternativas: “Los Tribunales de Fuero Especial, la libertad o el fusilamiento clandestino”. Algunos de los prisioneros indicaron que uno de los centros de detención en la ciudad de Guatemala era el cuartel general de la zona militar 1, denominado Matamoros o Justo Rufino Barrios.

En este sentido, un informe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) señala: “…después de la reunión de finales de octubre de 1982, los oficiales del AGSAEMP [sección del Estado Mayor Presidencial] fueron informados que tenían la libertad de detener, mantener preso, interrogar y disponer de sospechosos de ser guerrilleros, conforme a su criterio”. En febrero de 1983, se reportó que por órdenes de Ríos Montt “… conocidos guerrilleros ya no serán enviados a los Tribunales Especiales, pero más bien se encargarán de tratarlos en el AGSAEMP”.

Efectivamente, varios militantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), fueron capturados, torturados y desaparecidos entre el mes de marzo y junio de 1983, entre ellos: América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Ángela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor.”[4]

[1] Prensa Comunitaria. El Diario militar: una historia de desapariciones y muerte. Quimy De León. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/08/29/el-diario-militar-una-historia-de-desapariciones-y-muerte/

[2] Caso ilustrativo No. 22. Desaparición forzada de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Atormenta, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Ángela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor. Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico CEH

[3] Comisión interamericana de Derechos Humanos CIDH.  CAPÍTULO III DERECHO A LA LIBERTAD, A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS. http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala83sp/Cap.3.htm

[4][4] Caso ilustrativo No. 22. Desaparición forzada de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Ángela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor. Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico CEH.

Marco Antonio, uno de los miles de niños y niñas que representan el potencial perdido a causa del genocidio en Guatemala

Marco Antonio Molina Theissen

Marco Antonio Molina Theissen

Por el Derecho a la Memoria.

Esta mañana, del 06 de enero de 2016, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos coordinó la aprehensión de cuatro oficiales del Ejército de Guatemala a cargo de la Zona Militar “GMLB” de Quetzaltenango, sospechosos de participar en la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen ocurrido el 6 de octubre de 1981.

La Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz López, dio a conocer en conferencia de prensa que se procedió a la captura de: Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar; Edilberto Letona Linares, segundo comandante; también el oficial S-2 del Estado Mayor Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y el general de división Manuel Antonio Callejas Callejas.

Este hecho fue cometido supuestamente por tres elementos del Ejército de Guatemala vestidos de particular que llegaron a la vivienda de la familia Molina Theissen, ubicada en la 6ª. avenida 2-35, zona 19, colonia La Florida, de la Ciudad Capital; hecho ocurrido ante la presencia de su mamá Emma Theissen Álvarez.

Antecedente

El 27 de septiembre de 1981, en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen -hermana del menor desaparecido- en un retén militar de control de carreteras, por llevar documentos calificados como propaganda de estudio y de discusión política; luego fue trasladada a la referida zona militar, de donde logró escapar nueve días después de su detención.

En aquel entonces la familia Molina Theissen planteó dos recursos de exhibición personal con fechas 9 de julio y 11 de mayo de 1997, como resultado de esas acciones el 7 de mayo de 1999 la Corte Suprema de Justicia –CSJ- otorgó un procedimiento especial de averiguación a favor del menor desaparecido y designó como investigador especial al Procurador de los Derechos Humanos y después a familiares de la víctima.

Ante esas investigaciones, el 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad por este hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 4 de mayo de ese año esa misma Corte condenó al Estado de Guatemala y le ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho.

Con base a esa resolución se realizó una investigación de 10 años en donde se logró obtener peritajes: militar, de derecho internacional humanitario, en archivos, psicosociales y declaraciones testimoniales, contrastados con documentaciones del Ministerio de la Defensa Nacional. Además de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros medios de prueba que llevaron a la detención de los cuatro sindicados por el hecho.

La investigación desde el MP

MP dirige aprehensiones por desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen