Archivo del sitio
Ixcán: los familiares y la población exigen el aparecimiento con vida de una niña de 6 años
Por Joel Pérez.
La desaparición de la niña Liliana Alcántara desde el día domingo 24 de abril de 2016 consternó a la sociedad de Ixcan en el departamento del Quiche, sus padres alertaron inmediatamente a las autoridades y a la Policía Nacional Civil de la desaparición de su hija de 6 años de edad, el tiempo transcurre y todo el pueblo de Ixcán demanda que la niña aparezca con vida, el viernes en la mañana una multitudinaria movilización exigió que el Ministerio Público MP investigue y demandaron el aparecimiento de Liliana con vida.
La familia denuncio la poca atención que el MP dió a la denuncia por la desaparición de la niña, también porque la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH tardaron 4 días para atender de forma directa el caso, tardaron para visitar a los padres de Liliana.
La familia y los vecinos comenzaron con la búsqueda de Liliana, varios anuncios fueron publicados en las redes sociales para que la población ayudara a dar con el paradero de la niña de 6 años de edad.
La sociedad está movilizada
La marcha comenzó a las 8 de la mañana en las principales calles y avenidas del municipio, llegaron a la sede del MP, PDH y PNC porque ven desdén y desinterés en las autoridades para realizar la investigación que dé con los responsables de la desaparición de la niña, su familia quiere que sea encontrada pronto.
Que sucedió el domingo 24 de Abril
La familia Alcántara asistió a un almuerzo, invitados por la familia con quien el padre de Liliana estaba trabajando en la construcción de una casa, a las 4 de la tarde aproximadamente el padre de Liliana se dio cuenta que su hija de 6 años no se encontraba ya en ese lugar, estando ahí con ellos.
El padre de Liliana manifestó que en esa casa ninguna persona mostró preocupación por la desaparición de su hija, tampoco interés por apoyarlo a encontrarla a pesar que en esa casa fue que la niña desapareció.
La familia de Liliana, vecinos y el ejército comenzaron a rastrear la zona, comunicadores comunitarios se sumaron al grupo que inicio la búsqueda de la niña adentro de la montaña, la búsqueda no dio resultado. Los días posteriores la familia continuo buscándola, sin contar con el apoyo de la PNC y el MP; lo lamentable que es que tardaron en llegar a la casa en donde Liliana desapareció para realizar una investigación del lugar.
Caso Molina Theissen: suspenden audiencia que podría enviar a juicio oral y público a oficiales del ejército
Fotografía de Nelton Rivera (Prensa Comunitaria Km 169)
Por Nelton Rivera.
La juez Judith Secaida quien preside el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal decidió suspender durante la mañana de este martes 19 de abril 2016 la audiencia de presentación del Acto Conclusivo del Ministerio Público (MP) o de Fase Intermedia que estaba programada para hoy en el caso Molina Theissen.
La Juez argumentó que desde su criterio se debe sanear el proceso, con esto se refiere a que aún existen vario recursos pendientes sin resolver que podrían de continuar con la audiencia que el proceso deba anularse y retrotraerse, a este criterio la familia Molina Theissen quien actúa como querellante en el proceso se opuso.
Uno de los recursos que están pendientes de resolverse fue solicitado por la defensa de uno de los militares acusados, Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenángo, quien planteó un recurso de Cuestión Perjudicial ante la Sala 3ª de la Corte de Apelaciones y la resolución de la CSJ sobre la competencia ampliada que le fue requerida a la corta anteriormente. La Juez esperará a que ambas cortes resuelvan para nuevamente fijar la fecha para que el MP presente su acto conclusivo y se puede conocer la apertura a juicio.
A esta decisión se opuso la familia Molina Theissen quienes actúan como querellantes en contra de varios oficiales del ejército guatemalteco: Manuel Antonio Callejas Callejas general de división y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S2 fueron ligados por el delito de desaparición forzada. Francisco Luis Gordillo comandante de la Base Militar de Quetzaltenángo y Edilberto Letona segundo comandante de la zona y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas fueron ligados a proceso por el delito de deberes contra la humanidad; todos por la detención y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981.
Con información de CALDH.
Yolanda Urízar Martínez a 33 años de su desaparición forzada
Fotografía de Yolanda Aguilar Urízar entregada al Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular.
Por Nelton Rivera.
El 25 de marzo 2016 se cumplieron 33 años de la detención y desaparición de la doctora América Yolanda Urízar Martínez en 1983, ella regresaba del exilio forzado en México por la represión de se vivía en Guatemala por las dictaduras militares, fue detenida durante la dictadura del general José Efraín Ríos Montt, exactamente a un año del golpe de Estado de 1982. Actualmente Ríos Montt está bajo arresto domiciliario, procesado nuevamente por Genocidio y delitos de lesa humanidad, luego de haber sido condenado en 2013, en el país los delitos de desaparición forzada no prescriben ni puede ser amnistiados.
Su familia inmediatamente en 1983, comenzó a denunciar la detención de la doctora Yolanda Urízar y demandaron al Estado su libertad. Su padre, el coronel retirado Augusto Urízar, envió una carta abierta al general Efraín Ríos Montt, presidente de facto en ese momento y pidió a las fuerzas de seguridad el respeto de su vida e inmediata liberación.
Ella era abogada de profesión, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asesoró a los principales sindicatos y organizaciones campesinas del país. Treinta y tres años han pasado desde la primera demanda de la familia y ella aún permanece desaparecida.
“Señor presidente: usted como cristiano no puede permitir que nuestra hija sea maltratada física o mentalmente ya que usted afirma en sus mensajes de cada domingo que todo guatemalteco merece ser respetado por ser semejanza de Dios y de la Patria …”
“…ninguna autoridad se ha preocupado por el caso. Yo no puedo seguir viviendo así, ya que mi hija es lo más grande que tengo”.
Informes como el REMIH y la CEH dan cuenta de un número de 45 mil personas detenidas desaparecidas por las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco, y grupos paramilitares vinculados a los escuadrones de la muerte financiados por la oligarquía de este país, el dato de ambos informes podría ser una aproximación a la totalidad, podrían ser más, muchas familias por miedo a la represión no denunciaron las desapariciones de sus familiares en Guatemala.
Organizaciones como La Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala FAMDEGUA, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM, el Comité de unidad Campesina CUC, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA y otras iniciaron la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, una vida ha transcurrido y la lucha por encontrarlos continua.
En 1999 tan solo tres años después de haberse firmado la paz en el país, aparecería el Diario Militar “Dossier de la Muerte”, un oficial del ejercito de Guatemala extrajo desde lo interno de la institución castrense el archivo militar «Dossier de la Muerte», fue Kate Doyle la directora de una organización llamada Archivo de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, quien lo haría público finalmente.
“Cuando dimos a conocer el Diario Militar hubo una explosión, especialmente en la prensa guatemalteca, pero también internacional, todos querían saber, querían investigar, querían conocer detalles del Diario, por parte del Gobierno de Guatemala hubo negación, por parte de las familias de los desaparecidos hubo esperanza de tener al menos un dato de sus familiares”.
Es un documento que nos dice que la inteligencia militar guatemalteca de los años 1983 a 1985 tenía como política interna la estrategia de desaparecer forzosamente a personas que tenían supuestos vínculos con la oposición armada. En este documento hay nombres y fotografías de las personas secuestradas y desaparecidas, hay fechas y lugares y hay códigos que dicen que fue lo que le sucedió a estas personas.
“El Diario militar demuestra que estos no fueron secuestros realizados por grupos fuera del control del Ejército, el Diario demuestra que esto fue una política interna del ejército de Guatemala.»[1]
Este es un solo ejemplo de cómo operaron las fuerzas de seguridad del Estado. En el año 2013 Yolanda Aguilar Urízar, hija de Yolanda Urízar entrego una de las fotografías de su madre al al Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular, durante un acto de conmemoración de la memoria de Samuel Amancio Villatoro líder sindical del CNUS e integrante de las Fuerzas Armadas Rebeldes FAR, también detenido desaparecido en 1984 por ejercito.
El ejército la detuvo en la frontera con México:
“El 25 de marzo de 1983, Yolanda Urízar fue capturada en un lugar cercano a la frontera entre México y Guatemala. El vehículo en el que viajaba fue interceptado cuando se dirigía, en compañía de dos personas más, hacía la ciudad de Guatemala. América Yolanda Urízar de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), catedrática de la Escuela de Orientación Sindical de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC y militante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Hasta la fecha la víctima se encuentra desaparecida.”[2]
Luego de ser detenida por el ejército la trasladaron al destacamento militar Berlín, en el municipio de Coatepeque y la cabecera departamental de Retalhuleu, a partir de ese momento no se supo nada más de ella.[3]
“Un oficial de Policía Nacional dijo a una víctima sobreviviente de los Tribunales de Fuero Especial que las personas capturadas tenían tres alternativas: “Los Tribunales de Fuero Especial, la libertad o el fusilamiento clandestino”. Algunos de los prisioneros indicaron que uno de los centros de detención en la ciudad de Guatemala era el cuartel general de la zona militar 1, denominado Matamoros o Justo Rufino Barrios.
En este sentido, un informe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) señala: “…después de la reunión de finales de octubre de 1982, los oficiales del AGSAEMP [sección del Estado Mayor Presidencial] fueron informados que tenían la libertad de detener, mantener preso, interrogar y disponer de sospechosos de ser guerrilleros, conforme a su criterio”. En febrero de 1983, se reportó que por órdenes de Ríos Montt “… conocidos guerrilleros ya no serán enviados a los Tribunales Especiales, pero más bien se encargarán de tratarlos en el AGSAEMP”.
Efectivamente, varios militantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), fueron capturados, torturados y desaparecidos entre el mes de marzo y junio de 1983, entre ellos: América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Ángela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor.”[4]
[1] Prensa Comunitaria. El Diario militar: una historia de desapariciones y muerte. Quimy De León. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/08/29/el-diario-militar-una-historia-de-desapariciones-y-muerte/
[2] Caso ilustrativo No. 22. Desaparición forzada de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Atormenta, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Ángela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor. Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico CEH
[3] Comisión interamericana de Derechos Humanos CIDH. CAPÍTULO III DERECHO A LA LIBERTAD, A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS. http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala83sp/Cap.3.htm
[4][4] Caso ilustrativo No. 22. Desaparición forzada de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Ángela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor. Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico CEH.
No hagamos de la Justicia un Circo
Exhumación en comunidad Xexocom en Nebaj, Quiche. Año 2015. (Antiguo destacamento militar)
Por Carlos Fernández.
Desde el año 1998 comencé en las andadas. Para ese entonces estaba con el tema de rehabilitación física a víctimas sobrevivientes del Conflicto Armado Interno –CAI- y tiempo después paré trabajando en temas de reparaciones y devolución del REMHI en el año 2000 que impulsaba la iglesia católica guatemalteca. En esos años, me tocó ir a varios procesos de exhumación, ya que mis compañeros psicólogos creían que el patojo de la facultad de medicina de U privada tenía que sensibilizarse. La experiencia que dejan las exhumaciones de víctimas de violencia del CAI es única. Cada proceso a pesar de ser diferente al anterior, tenía una particularidad: el deseo de los familiares, muchas de ellas mujeres, de establecer el paradero de sus seres queridos.
Recuerdo estar sentado en un paraje mas allá de Soloma, Huehuetenango, ayudando a los antropólogos a llenar fichas de identificación de desaparecidos y escuchar el relato de señoras de avanzada edad que describían con lujo de detalles la forma en que iban vestidos sus esposos e hijos desaparecidos, fecha exacta y hasta que les habían puesto para comer en su jornal. Hubo momentos en los que debo confesar dudé de la exactitud de sus versiones. ¿Cómo era posible que alguien recordara con tanto exactitud después de 25 o 30 años ese tipo de detalles?
Una vez terminada la tarea de documentación y pasado un tiempo tocó regresar a la comunidad al inicio de la fase arqueológica. Se delimitó la trinchera en el lugar señalado por los testigos e inició el proceso de poco romántico debo decir de palear por horas. Conforme se iba profundizando, cubetas y más cubetas de tierra salían de la fosa y por momentos pensé que la gente se había equivocado de lugar. Fuera de la fosa el ambiente era de voces, risas de niños y madres hablando a sus hijos para que no tocaran las herramientas de los arqueólogos. En un árbol cercano, unos psicólogos hacían una suerte de taller psicosocial con los familiares. Había un poco de todo.
Con el pasar de las horas, cada vez había más personas alrededor de la ahora profunda fosa. El ambiente seguía siendo de poca solemnidad, hasta que una de las palas dio con la primera osamenta. Cuando el compañero pronunció las palabras “aquí hay una persona”, se hizo un silencio profundo y así siguió por varios minutos mientras iniciaba ahora una fase más minuciosa del trabajo en manos de los arqueólogos. Brochazo tras brochazo, pequeños picos y palas descubrían etapa por etapa no uno sino decenas de cuerpos apelmazados con manos amarradas, ojos vendados y orificios en el cráneo posiblemente provocados por proyectiles de arma de fuego. De pronto una de las mujeres da un grito de “aaayyy”, se agarra el rostro y llora con un desconsuelo que golpeaba el alma. Era una de las señoras que me tocó entrevistar; una de las osamentas correspondía con el pantalón, cincho, camisa y calzado que ella recordaba. Movía sus manos al cielo, como quien reclama a Dios por tanta injusticia. No entendí una sola de las palabras en idioma maya dichas por la señora en ese momento, pero no hacía falta. Sus gestos y su voz ahogada en llanto eran más que elocuentes. Me asaltó un sentimiento de culpa por haber dudado he de confesar. Como ella, otros cientos de sobrevivientes tenían intacto el recuerdo del último día que vieron a sus seres queridos.
Ahora que han capturado a 13 militares entre ellos Benedicto Lucas García, hermano del sanguinario genocida Romeo Lucas García (1978-1982) se lleva en tribunales un proceso histórico de justicia. Cientos de familiares han esperado con ansias el tener la oportunidad de sentar frente a la justicia a quienes identifican como responsables de la tortura, desaparición, secuestro y asesinato de sus familiares. No tuve la ocasión de ir a la primera audiencia y dudo tener el tiempo para asistir a otras, pero las he seguido en redes, medios de comunicación y por amigos que si han presenciado. Uno de ellos me relató cómo en la audiencia del día 8 de enero de 2016 habían en la sala dos bandos (faltaba más en ésta Guatemala de la polarización) y cómo se dieron una serie de “incidentes” al nivel de sacarse la lengua, arrugarse la frente, “agredirse tomándose fotos mutuamente” y otra serie de actitudes infantiles. De los familiares de los militares, no espero mucho. Pero de otras personas y organizaciones sí. Lo que ocurre en esa sala, no es un circo. Es un proceso que lleva años de estarse persiguiendo por los sobrevivientes de la masacres. Las evidencias son contundentes y han sido recabadas de manera científica, pero sobre todo, es la oportunidad única de las víctimas y no de las ONGs de acceder a justicia.
Los abogados del MP y de la querellante tienen tremenda responsabilidad. Ya hubo una experiencia poco agradable con el proceso contra Ríos Montt, en la que el litigio malicioso rindió sus frutos. En esta ocasión no deben cometerse los mismos errores o vicios de proceso que puedan dejar una rendija por la que se cuele un fallo de impunidad. Ojalá y lo tengan claro esta vez. De nada sirve ganar mediáticamente el caso si legalmente el fallo será de impunidad.
Es por ello que regreso al momento en el que se encontró la primera osamenta en aquella fosa que relaté líneas antes. Es momento de manifestar un profundo respeto por las victimas, detener el ruido innecesario y poner atención a lo importante. Acá no se están litigando ideales oenegeros o políticos de la derecha conservadora. Se ha puesto ante la justicia a perpetradores de violaciones a derechos humanos contra población desarmada, violadores sexuales, torturadores, secuestradores y sabrá Dios que otros delitos, documentados, insisto, de manera científica. No es momento de circos. La sangre derramada clama justicia; que las luces, flashes y momentos mediáticos no logren desvirtuar esta larga espera. No hagamos de la justicia un circo y menos aún, ocasión para sacar a pasear luchas ideológicas inútiles.
«No es tras la muerte a lo que íbamos, es tras la vida»
Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria-
Familiares de desaparecidos y desaparecidas durante el gobierno militar del Oscar Humberto Mejía Victores continúan luchando por esclarecer el lugar en donde se encuentran más de 140 desaparecidos entre los años 1983 y 85 documentados en el Diario Militar.
La Asociación Verdad y Justicia AVEJA realizo en la ciudad de Guatemala este martes 20 de mayo 2014 su primer actividad pública luego de 30 años de lucha para encontrar a sus familiares detenidos y desaparecidos, los 183 casos documentados en el Diario Militar forman parte de los 45 mil detenidos y desaparecidos durante el Conflicto Armado interno desde 1960 hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
Se cumplen 15 años del aparecimiento de un documento militar que comprueba la existencia de operaciones y planes del Estado para la desaparición de militantes guerrilleros irrespetando todos los convenios internacionales en materia de conflictos o guerra.
«A 18 meses de haber dictado sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el caso «Gudiel Álvarez y otros («Diario Militar») contra el Estado de Guatemala», el gobierno actual desobedece el cumplimiento de la misma», cita un comunicado de AVEJA.
El Estado continua sin darle cumplimiento a la sentencia emitida por la CIDH, trascendió recientemente que el gobierno de Otto Perez Molina continua evadiendo toda sentencia de la CIDH y hace esfuerzos por anular la memoria y los delitos cometidos durante el conflicto armado.
De 140 casos de detención y desaparición forzada solamente 6 personas han sido localizadas e identificadas: Amancio Samuel Villatoro, Moisés Saravia López, Sergio Saúl Linares Morales, Juan De Dios Samayoa, Hugo Adail Mérida, Zoilo Canales Salazar.
Todos ellos localizados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala FAFG en el año 2003, durante un proceso de exhumación en la antigua base militar de San Juan Comalapa en Chimaltenango, Guatemala junto con 220 personas indígenas que fueron masacradas en la década de los años 80s.
* Verso de Enrique Noriega que Arnoldo Ramírez plasmó en uno de sus grabados en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la década de los años 70. Información Iduvina Hernández.
Prensa Comunitaria Km. 169 