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Militares fueron acusados formalmente por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad en el caso CREOMPAZ

Prensa Comunitaria Km 169

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Por: Nelton Rivera.

En una audiencia histórica el Ministerio Publico MP responsabilizó esta tarde formalmente a diez altos mandos del ejército de Guatemala, como los responsables de haber cometido los delitos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad contra 565 personas de distintos pueblos indígenas durante la década de los años 80 en el departamento de Alta Verapaz. Hechos ocurridos  mientras los oficiales tuvieron a su cargo la base militar No. 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” ahora Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz CREOMPAZ.

Desde Alta Verapaz llegaron familiares de detenidos desaparecidos durante la guerra, especialmente el pueblo maya Q’eqch’i, Achí y Pocomochí, quienes están presentes en la sala de audiencias, esta sala se ubica en el nivel 14 de la Torre de Tribunales y está completamente llena, con poca ventilación y espacio, las altas temperaturas que afecta al país también afecta a quienes asistieron a la sala.

Los oficiales procesados son Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército e Ismael Segura Alburalach, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García,  José Antonio Vásquez García, coronel Carlos Humberto Rodríguez López, coronel Pablo Roberto Saucedo Mérida, coronel César Augusto Ruiz Morales, comandante de batallón Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez comandante de la zona militar No. 21, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.

La fiscalía de derechos humanos del MP, individualizó todos los delitos imputados a cada uno de los militares acusados durante esta audiencia de Fase Intermedia, realizada en el Tribunal de Mayor Riesgo A este 3 de mayo 2016, el periodo investigado es a partir de los años 1978 a 1982, aunque algunos oficiales permanecieron en la zona militar hasta 1987.

El MP solicitó que la Juez Claudette Domínguez resolviera la falta de mérito para dos oficiales que no fueron ligados a proceso en enero del 2016, el MP consideró que por el momento no había pruebas suficientes para ligarlos a proceso, los dos oficiales son Édgar Rolando Hernández Méndez y Carlos Humberto Rodríguez Lópe.

En el caso del coronel Luis Alberto Paredes Nájera, éste permanecerá en el hospital Militar en la zona 16 por el estado crítico de su salud, la doctora Anabella Brox de Arévalo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- determinó a través de un informe médico forense del día 22 de abril 2016 que el militar no se encuentra en condiciones físicas y psicológicas para enfrentar este proceso penal.

Razón por la cual la juez ordenó que se conforme una comisión con dos especialistas del Hospital Mental Nacional “Carlos Federico Mora” y otro especialista aportado por los querellantes para determinar el estado actual del oficial y si finalmente podrá enfrentar o no el proceso penal en su contra.

A las 10 de la mañana todos los militares fueron retirados de la sala de audiencias en el nivel 14 y trasladados por el Sistema Penitenciario a la Brigada Militar “Mariscal Zabala”; lugar en el que se encuentran recluidos bajo prisión preventiva.

Fue a partir de las 3 de la tarde que la fiscal Gilda Pineda de la fiscalía de Derechos Humanos del MP comenzó a individualizar los delitos a cada uno acusados en el Caso Creompaz, fueron presentados 20,818 folios que forman parte de los medios de investigación, por los hechos cometidos en la década de los años 80 contra 565 personas halladas en 85 fosas clandestinas dentro de las instalaciones de la base militar No. 21 ahora llamada CREOMPAZ.

Estas osamentas corresponden a las personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas por el ejército, los análisis forenses permitieron conocer que las osamentas pertenecen a indígenas maya Achí, Q’eqchi, Pocomochí, Ixil y Kiché.

La audiencia estuvo prevista para comenzar a las 8 de la mañana en el Tribunal de Mayor Riesgo A, iniciando con una hora de retraso, la seguridad en la Torre de Tribunales aumentó sus controles de ingreso al edificio de justicia, afuera de los tribunales un grupo de familiares de los militares procesados, acompañados por militares de baja y varias personas que llegaron también de Alta Verapaz manifestaron su rechazo al proceso penal que enfrentan los altos mandos del ejército.

Esta audiencia podría finalizar a las 10 de la noche de este martes 3 de mayo.

 

 

 

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Amnistía no aplica a delitos de lesa humanidad reafirmó Juzgado Quinto

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Por Nelton Rivera.

La defensa de los militares acusados por los delitos de lesa humanidad, deberes contra la humanidad, detención arbitraria o tortura, intentan entorpecer los procesos en su contra buscando que la amnistía planteada por el Congreso de la república en 1996 a través del decreto 145-1996 “Ley de reconciliación nacional” los proteja de ser procesados.

El juzgado Quinto de Primera Instancia Penal resolvió esta mañana negó el incidente presentado por uno de los acusados Edilberto Letona Linares, acusado por la detención arbitraria y la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981.  La juzgadora afirmó que la amnistía no aplica a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, basada en el Art. 8 de esa misma ley y el Código Procesal.

El general Efraín Ríos Montt también intentó amnistiar los delitos por los que fue procesado durante el juicio por Genocidio en el año 2013, de igual manera fue rechazado el incidente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que niega la amnistía a Ríos Montt. De esta manera el Juzagado Quinto dejó libre el camino para la continuidad del proceso contra los altos mandos de la base militar de Quetzaltenango, el Ministerio Publico (MP) deberá continuar con la investigación y los cuatro militares continúan en prisión preventiva.

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Audiencia para la revisión de la competencia del caso

La juez Judith Secaida del juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de la ciudad de Guatemala negó esta mañana la petición de Edilberto Letona Lineras quien plateó a través de un incidente, revocar la competencia del Juzgado Quinto, que se trasladara el caso a otra sala y que se les dejara en libertad a los hoy procesados.

La juzgadora además resolvió no ha lugar el incidente por considerar que no existe ninguna situación perjudicial en contra del sindicado, y que el juzgado en el control jurisdiccional del caso deberá continuar con la realización del proceso.

Esta audiencia se realizó a las 9 de la mañana del día martes 1 de marzo del 2016, a este incidente se adhirieron los otros tres militares acusados: Manuel Antonio Callejas Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas. Todos fueron trasladados desde las primeras horas de la mañana por los Agentes del Sistema Penitenciario hacia la Torre de Tribunales en la ciudad capital. La juez Jidith Secaida permitió que los cuatro comieran en el pasillo del Juzgado Quinto porque en el sótano de los tribunales es casi imposible que pudieran comer.

El día de mañana la juzgadora conocerá una audiencia de revisión de la medida de coerción planteada por la defensa de los cuatro militares, quienes buscan que la juez les otorgue una medida sustitutiva como la prisión domiciliar, por el momento todos siguen en prisión preventiva.

El MP deberá presentar su acto conclusivo el día 8 de abril del 2016, luego que la Juzgadora aceptara la ampliación de 1 mes más para que el MP pueda terminar de realizar varias diligencias y la audiencia de etapa intermedia deberá realizarse el día 19 de abril del 2016.

 

Caso Creompaz: los procesos penales contra 14 militares están apegados a la ley

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Foto: Carlos Fernández.

“…los militares implicados en la desaparición de Marco Antonio Molina Theinssen han disfrutado de todas y cada una de las garantías procesales que a las victimas de desaparición forzada, tortura, secuestro, ejecución extrajudicial les fueron negadas por sus verdugo. De manera que la afirmación que la protección de derechos humanos tienen una visión ideologizada es una afirmación falaz” Iduvina Hernández representante de la Convergencia de Derechos Humanos.

Organizaciones de derechos humano en Guatemala expresaron a través de una conferencia de prensa que “el caso de CREOMPAZ tiene vida jurídica porque se basa en el Estado de Derecho”.

Desmintieron distintos argumentos que se colocaron ante la opinión publica a través de distintos medios que buscan confundir a la población, tanto el equipo de abogados que realizan la defensa de los 14 oficiales del ejercito sindicados por el Ministerio Publico como responsables de delitos de lesa humanidad como desaparición forzada y deberes contra la humanidad por más de 90 personas de las etnias Q’eqchi, Achi y Pocomchi exhumados en fosas clandestinas dentro de la Base militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz ahora CREOMPAZ.

Sobre quienes están cuestionando la legitimidad de los procesos que conoce actualmente el Tribunal de Mayor Riesgo A en Guatemala, la convergencia de Derechos Humanos afirmo: “son falsas argumentaciones sobre el proceso penal por desaparición forzada y contra deberes de la humanidad contra 14 ex mandos militares” los defensores de derechos humanos ven con preocupación la campaña que montaron para intentar desestimar la base jurídica de los procesos en contra de altos mandos del ejercito vinculados a delitos de lesa humanidad actualmente, presionar a los operadores de justicia y al Ministerio Publico para detener los procesos y confundir a la ciudadanía que esta siguiendo el desarrollo de las audiencias.

Comunicado:

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Caso Molina Theissen: jueza envía a la cárcel a militares y los liga a proceso

 

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Por: Nelton Rivera.

Tuvieron que pasar treinta y cuatro años para que la justicia guatemalteca le abriera paso a un nuevo proceso de justicia por desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad en donde guardan cárcel preventiva cuatro altos mandos del ejército de Guatemala.

La familia Molina Theissen vivió en carne propia la política contrainsurgente durante los años más duros de la guerra. En el año de 1981 Marco Antonio el hijo menor de 14 años fue detenido desaparecido, Enma una hija secuestrada, torturada y violada múltiples veces que logró escapar de la prisión clandestina en la base militar de Quetzaltenango y una madre que luchó para que ambos casos no quedaran en la impunidad.

A las tres de la tarde en una de las salas del nivel 12 de la Torre de Tribunales la jueza Judith Secaida, quien preside el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal ligó a proceso a cuatro altos mandos del ejército, ellos son: Manuel Antonio Callejas Callejas, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Francisco Luis Gordillo y Edilberto Letona Linares, esto causó cierto malestar en algunas personas que estaban en la sala, los familiares de los militares murmuraban, otros disentían con la cabeza y sus rostros comenzaron a reflejar la preocupación de la posibilidad de que los cuatro militares no obtuvieran una medida sustitutiva.

Posteriormente la jueza negó la petición de sus abogados defensores de lograr una medida sustitutiva y ordenó que los cuatro continuaran en prisión preventiva en la Brigada Mariscal Zavala en la zona 17 de la ciudad capital. La jueza fue enfática al argumentar que sí existe la posibilidad de que puedan obstruir el proceso de averiguación de la verdad.

Por lo que Manuel Antonio Callejas Callejas general de división y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S2 fueron ligados por el delito de desaparición forzada. Francisco Luis Gordillo comandante de la Base Militar de Quetzaltenango y Edilberto Letona segundo comandante de la zona y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas fueron ligados a proceso por el delito de deberes contra la humanidad; todos por la detención y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981.

Para el mes de marzo de 2016 el MP deberá entregar el acto conclusivo de la investigación y luego se realizará la fase intermedia, esta etapa pasará a los Tribunales de Mayor Riesgo de Guatemala.

En la audiencia estuvo presente Enma Theissen Alvarez madre de Marco Antonio y de Enma Guadalupe. Al finalizar la audiencia doña Enma permaneció sentada, poco a poco fue dejando que el llanto y la emoción afloraran por un momento, para ella y su familia viviendo en el exilio comienza a llegar la justicia 34 años después.

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Más casos

En la sala vecina la jueza Claudette Domínguez del tribunal de Mayor Riesgo A continuaba con la audiencia de primera declaración de otros 14 altos mandos del ejército sindicados por delitos de lesa humanidad durante la guerra; delitos como la desaparición forzada y deberes contra la humanidad por el caso CREOMPAZ contra la población indígena Q’eqchi, Achi y Pocomochi en Alta Verapaz, uno de estos militares es Manuel Benedicto Lucas García ex jefe del Estado Mayor Del Ejército y uno de los autores intelectuales y materiales de la política contra insurgente de la tierra arrasada, más de 200 masacres se registraron desde su mando.

Marco Antonio, uno de los miles de niños y niñas que representan el potencial perdido a causa del genocidio en Guatemala

Marco Antonio Molina Theissen

Marco Antonio Molina Theissen

Por el Derecho a la Memoria.

Esta mañana, del 06 de enero de 2016, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos coordinó la aprehensión de cuatro oficiales del Ejército de Guatemala a cargo de la Zona Militar “GMLB” de Quetzaltenango, sospechosos de participar en la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen ocurrido el 6 de octubre de 1981.

La Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz López, dio a conocer en conferencia de prensa que se procedió a la captura de: Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar; Edilberto Letona Linares, segundo comandante; también el oficial S-2 del Estado Mayor Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y el general de división Manuel Antonio Callejas Callejas.

Este hecho fue cometido supuestamente por tres elementos del Ejército de Guatemala vestidos de particular que llegaron a la vivienda de la familia Molina Theissen, ubicada en la 6ª. avenida 2-35, zona 19, colonia La Florida, de la Ciudad Capital; hecho ocurrido ante la presencia de su mamá Emma Theissen Álvarez.

Antecedente

El 27 de septiembre de 1981, en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen -hermana del menor desaparecido- en un retén militar de control de carreteras, por llevar documentos calificados como propaganda de estudio y de discusión política; luego fue trasladada a la referida zona militar, de donde logró escapar nueve días después de su detención.

En aquel entonces la familia Molina Theissen planteó dos recursos de exhibición personal con fechas 9 de julio y 11 de mayo de 1997, como resultado de esas acciones el 7 de mayo de 1999 la Corte Suprema de Justicia –CSJ- otorgó un procedimiento especial de averiguación a favor del menor desaparecido y designó como investigador especial al Procurador de los Derechos Humanos y después a familiares de la víctima.

Ante esas investigaciones, el 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad por este hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 4 de mayo de ese año esa misma Corte condenó al Estado de Guatemala y le ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho.

Con base a esa resolución se realizó una investigación de 10 años en donde se logró obtener peritajes: militar, de derecho internacional humanitario, en archivos, psicosociales y declaraciones testimoniales, contrastados con documentaciones del Ministerio de la Defensa Nacional. Además de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros medios de prueba que llevaron a la detención de los cuatro sindicados por el hecho.

La investigación desde el MP

MP dirige aprehensiones por desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen