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Tenemos que escondernos y queremos estar en paz
Elaborado por: Comité Campesino del Altiplano – CCDA.
La comunidad Santa Elena Samanzana II, está ubicada en la región de Salaquín, específicamente en el municipio de Cobán en el departamento de Alta Verapaz. Esta formada por 31 familias asentadas en la comunidad hace ya más de 50 años. Las familias Maya Q’eqchi’ están integradas por más de 160 personas en su mayoría mujeres y niños.
La conflictividad en el territorio de Santa Elena es histórica, pero se agudizó durante el año 2013, cuando un finquero inició una serie de acciones violentas para desalojar a la población y apropiarse de manera irregular de su comunidad.
Fue durante el 2013 cuando agentes de la seguridad privada del finquero en disputa de la tierra hirió de gravedad a uno de los comunitarios, Marvin Narciso Paau Paau quien decidió proteger sus siembras cuando los agentes de la seguridad privada intentaban destruirla.
Todo ésto ha sido denunciado por representantes de la comunidad y 4 familias que fueron desplazadas de manera forzada hacia la capital, buscan que se les pueda hacer justicia y defender la propiedad de la tierra, así lo denunciaron públicamente durante el mes de marzo y abril 2014.
Los textos: «Quiero estar en mi comunidad» y Cobán: un nuevo caso de desplazamiento forzado documentan la denuncia hecha por la comunidad Santa Elena Samanzana II y lo que están viviendo en estos días y quienes son los principales responsables de las injusticias vividas por la comunidad.
Una delegación llegó a Santa Elena Semanzana II, ésta estuvo conformada por agentes del Ministerio Público, defensores de Derechos Humanos, Observación internacional, representantes del Comité Campesino del Altiplano CCDA y comunicadores.
El Ministerio Público, realizó un geoposicionamiento mediante el uso de GPS, durante varias horas recabaron evidencias para constatar las denuncias hechas por comunitarios y comunitarias que fueron desplazados forzosamente de la finca, ademas levantaron denuncias acerca de las violaciones de los derechos humanos cometidas.
Al llegar a la zona, lo primero que encontraron fue una de las 3 garitas clandestinas de seguridad construidas por el finquero, según afirman los comunitarios ésta es una de las acciones de usurpación, intimidación y violencia ejercidas para controlarlos y agredirlos.
Adentro de una de las garitas se encontraba un agente de la seguridad privada fuertemente armado. Lo irónico es que un agente privado esté instalado en tierras del Estado para evitar el ingreso de la población, expulsarlos de la comunidad o en el peor de los casos que puedan llegar a accionar sus harmas contra sus habitantes.
La población al darse cuenta de la presencia de agentes del Ministerio Publico y de la PNC comenzaron a llegar al lugar, algunos y algunas dejaron los lugares donde se resguardaban, poco a poco se fue corriendo la voz y la población sintió seguridad para acercarse y denunciar muchos de los atropellos de los que han sido objeto, su voz y su testimonio se hicieron escuchar y sentir.
Muchas personas llegaron, contaron que se resguardan lejos de la comunidad para que los agentes de la seguridad privada que invadió su comunidad no los localicen o les hagan daño. Mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas salieron de los lugares donde se ocultan desde el día 16 de marzo para dar su testimonio, para contar como un finquero viola sus derechos y pretende despojarlos de la tierra que los ha pertenecido por generaciones.
Los agentes de seguridad dieron el aviso de la presencia del Ministerio Público seguramente. Al lugar se presentaron dos supuestos propietarios de los terrenos declarados propiedad del Estado de Guatemala bajo la categoría de terrenos baldíos. La posición contraria a las 31 familias argumenta su desconocimiento del estado legal de la tierra, el Estado señala que son tierras baldías y un finquero a pesar de no lograr demostrar el derecho de propiedad argumenta que le pertenece.
La mujer de camisa blanca y el hombre de gorra beige con camisa a cuadros naranjas son las dos personas que se presentaron ante el MP como «herederos» de la propiedad de la Comunidad Santa Elena Semananzá II.
Guardias de la seguridad privada que se instalaron de manera irregular en la comunidad Santa Elena Semanzaná II:
En la comunidad se logro encontrar a 4 agentes de la seguridad privada de uno de los finqueros que reclama derechos sobre la tierra. Estas personas fuertemente armadas decidieron retirarse ante la presencia de la delegación de verificación. Las y los comunitarios identificaron que estas personas constantemente los amedrentan e intimidan.
En el 2013 una personas resulto gravemente herida de bala por parte de la seguridad privada del finquero, ademas en otra incursión realizaron la destrucción de los principales cultivos de la población, destruyeron la Milpa, dejaron tirado el maíz, arrancaron las siembras de Cardamomo y destruyeron hortalizas y plantas que forman parte del sustento alimenticio de más de 160 personas, en su mayoría niños y niñas.
Las familias que aun permanecen en lugar tienen serios problemas alimentarios, las enfermedades están comenzando a afectaros de forma considerable, permanecen refugiados en las partes selváticas de la finca sin acceso a alimentos, medicinas, atención medica, están teniendo considerables perdidas económicas tras abandonar las tierras cultivables.
A pesar de encontrarse en condiciones de violencia y crisis humanitaria, continúan defendiendo la tierra y la comunidad, están exigiendo sus derechos y el respeto a la vida. Las cuatro familias desplazadas forzosamente de Santa Elena Semanzana II el 16 de marzo continua denunciando cada uno de las agresiones, con muchas necesidades y preocupaciones pero con espíritu y dignidad inquebrantables.
Prensa Comunitaria Km. 169 