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Los criminalización, una estrategia para desgastar las luchas

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

En las comunidades habitualmente las actividades empiezan a las 4 de la mañana para trabajar en distintas tareas como las de la casa, la agricultura, el comercio, los estudios, las responsabilidades comunitarias en la resistencia pacifica entre otras.

Hoy sin embargo para Francisco, Yolanda, Gregorio, Eusebio y Fernando quienes son parte de la resistencia pacífica “La Puya“, la dinámica cambió.

Tuvieron que dejar sus responsabilidades personales y colectivas, para asistir al juzgado séptimo de primera instancia penal a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial, un edificio gris de quince niveles, a un costado de la vieja estación de ferrocarriles. Habían sido citados a las diez de la mañana del 14 de febrero a una audiencia que había sido suspendida semanas atrás.

Para llegar a la ciudad capital hay que movilizarse desde la comunidad luego pasar por el centro de San José del Golfo, algunos tramos de este recorrido es en carretera de tierra. Luego viajar más de 40 minutos hasta llegar a la carretera del Atlántico para después enfrentarse a por lo menos unos 20 kilómetros del más pesado y terrible tráfico para entrar a la ciudad capital.

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Yolanda Oqueli

Yolanda Oquelí

En torre de tribunales

Al ingresar a la torre de tribunales hubo que hacer la cola de siempre para usar cualquiera de los elevadores. Si es solo subir al séptimo es mejor usar las gradas.

Al llegar a éste, se ve el cuadro común frente a cualquier juzgado: dos bancas. En este caso en una de ellas están los dos abogados de los querellantes (trabajadores de KCA – EXMINGUA) junto a ellos el fiscal del Ministerio Público del municipio de Palencia, en la otra algunas personas de la resistencia “La Puya“. Enfrente, en el corredor un buen grupo de gente acompaña a Francisco, Yolanda, Gregorio, Eusebio y Fernando. Entre ellos figuran abogados, defensores de derechos humanos y más comunitarios de La Puya. Mientras ellos madrugaron para llegar hasta ahí, el juez llegó 40 minutos tarde pasada las 10 de la mañana.

Por fin da inicio la audiencia, en una sala con reducido espacio y poca ventilación. Detrás de las ventanas del juzgado está la gente que vino a acompañarles. Entonce el juez dice: “que bueno que haya tanta gente, desgraciadamente el local que tenemos es muy chico y no tenemos aire acondicionado, tendremos que buscar otro lugar en donde estemos más cómodos.”

Después inicia así la audiencia:

Juez… ¡su acreditación señor fiscal!

Fiscal: ¡No tengo mi carné de fiscal!

Juez: ¡El señor fiscal no tiene su carné de fiscal!

Fiscal: fíjese que el día dos, aquí tengo mi denuncia donde me robaron un día la billetera y allí se encontraba el carné

Juez: ah licenciado qué lo siento, pero en todo caso traiga su DPI y una fotocopia, si no esta nombrado no podemos efectuar la audiencia.

Abogado querellante: si me permite señor juez, él esta acreditado como fiscal del caso, es el mismo asunto es por el mismo hecho.

Juez: si licenciado pero necesito tener el carné del licenciado presente

Finalmente el juez Adrián Rodríguez Arana canceló la audiencia porque el fiscal del Ministerio Público de Palencia el licenciado Mario René García no llevaba consigo su carné de fiscal en esta ocasión, en la audiencia del 15 de noviembre 2013 el mismo fiscal del MP no llevo el expediente del caso. Además el Juez encontró inconveniente que se haya apersonado uno de los querellantes Danilo Alvarado Monterroso sin contar con su DPI.

“Yo no puedo pasarme sobre la ley, a mi no me consta que él tenga su inscripción en este momento, es mas un querellante adhesivo no esta plenamente identificado, eso puede ser problema para ustedes, tiene que sacar su  DPI nuevo para poderse acreditar…”

Por éstos inconvenientes Francisco, Yolanda, Gregorio, Eusebio y Fernando, tuvieron que volver a sus hogares, sin haber resuelto nada acerca de su situación legal y aclarado frente a un juzgado la falsedad de las acusaciones en su contra.

La acusación:

“Según hace constar en un documento del MP (Diligencia: No. 169-2012 / ref. OIPL.) de la Fiscalía Municipal del Ministerio Publico del municipio de Palencia con fecha del 3 de mayo del 2012, los trabajadores de la empresa KCA – EXMINGUA; Danilo Alvarado Monterroso, Marco Tulio Aquino Garrido y Erick Gálvez interponen una denuncia en contra de un grupo de vecinos y comunitarios de San José del Golfo, quienes forman parte del Frente Norte del Área Metropolitana –FRENAM– y de la resistencia pacífica “La Puya”.

La denuncia contiene un listado de nombre de comunitarios algunos nombres no corresponden a las personas señaladas: “Eusebio Muralles, Luis Humberto Ramírez, Julio Oliva, Jorge López, Yolanda Okeli, Sergio Pineda, Francisco Carrillo Catalán, Gregorio Catalán Morales,  Valerio Carrillo, Fernando Castro Carrillo y Juan Catalán”. [1]


[1] Criminalización y judicialización: estrategia para garantizar los intereses mineros. Prensa Comunitaria. 15 de noviembre 2013.

Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez forma parte de los peticionarios que denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH

Por Nelton Rivera -Prensa Comunitaria.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en la Organización de los Estados Americanos OEA, se presentaron dos casos importantes de violaciones de derechos humanos contra el Estado de Guatemala: el primero es la denuncia presentada sobre Derechos Humanos y protestas social en Guatemala y el segundo la citación  de defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

Entre los peticionarios están organizaciones campesinas e indígenas, pueblos Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, Q’eqchí del Valle del Polochic, Q’anjob’al del territorio norte de Huehuetenango, especialmente Santa Cruz Barillas, pueblo Xinca de Santa Maria Xalapan, Jalapa, entre otros.

Marlen Car

Foto: CIDH.

Marlen Car representante del pueblo Maya Kaqchikel de las Doce Comunidades de San Juan Sacatépequez participó en la comisión de las organizaciones y pueblos peticionarios ante la CIDH.

Se presento un informe de las agresiones y violaciones de los derechos que están enfrentando, especialmente ante la criminalización y judicialización de sus luchas por la defensa del territorio, frente al modelo de extracción y explotación de los bienes naturales en Guatemala, modelo impulsado por gobierno neoliberales, empresas nacionales y transnacionales.

La representante Kaqchikel exigió el respeto de las Consultas Comunitarias de Buena Fé, denuncio las agresiones que sufren las mujeres comunitarias como resultado de su lucha frente a las empresas. Denunció el caso de la señora Reginalda Patzan Tubac quien estuvo en prisión durante 43 días ocurrido durante la imposición del estado de prevención, la detención ilegal de varios compañeros, las agresiones que  muchas mujeres mayas sufrieron cuando se les obligo a levantarse su guipil y sus cortes para ser revisadas por elementos de la fuerza publica del Estado, hechos que quedaron en la impunidad.

Marlen Car recordó otras agresiones en contra de los pueblos de Santa María Xalapan, las comunidades del Valle del Polochic,  Santa Cruz Barillas, San Rafael Las Flores Santa Rosa, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Hizo mención de los presos políticos  y de las personas perseguidas políticas debido a las ordenes de captura que los tribunales emiten constantemente.

“Intimidar, encarcelar y violar a las mujeres, muestra la condición de guerra como lo demuestra la historia reciente de nuestro país, asegura  impunidad de los hechores materiales e intelectuales.  El mensaje a los empresarios  en San Juan Sacatépequez y otras comunidades, es que nuestros territorios son nuestros, nadie nos los van a quitar porque nuestros ancestros nos los dejaron.”[1]

Mauro Cosajay representante de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez manifestó que se espera que las agresiones y violaciones de los derechos humanos que ha realizado la empresa Cementos Progreso no queden en la impunidad. La empresa es responsable de muchas cosas que han sucedido en San Juan Sacatepéquez porque fueron ellos los que entraron a la fuerza.  También hacen un enérgico llamado al gobierno a darle cumplimiento a las demandas presentadas por comunidades, pueblos y organizaciones.

El representantes de las Doce Comunidades hizo ver que es evidente que el Estado, los gobiernos y la justicia en este país no son para los pueblos, por esa razón llevaron una nueva demanda ante CIDH como organismo internacional para que sea condenado el Estado de Guatemala por los delitos cometidos en contra de los pueblos.

Recordó que este pueblo ha sufrido constantemente la criminalización y represión por oponerse a la empresa Cementos Progreso, el irrespeto a su Consulta Comunitaria realizada en el año 2006, más de 86 comunitarios y comunitarias en siete años de lucha han sido injustamente encarcelados, las comunidades han gastado más de 400 mil quetzales en pago de fianzas. También recordó que 6 lideres comunitarios están injustamente detenidos en prisión y que uno de ellos tiene una sentencia de 150 años como resultado de la criminalización y judicialización de su lucha.

Paralelamente a la denuncia presentada ante la CIDH, el pueblo en San Juan Sacatepéquez fue objeto de una nueva agresión de la empresa Cementos Progreso.

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Fotos: CIDH.

Nuevas agresiones genera empresa cementera en comunidad Chivoc en San Juan Sacatepéquez

La empresa Cementos Progreso nuevamente genera un conflicto en San Juan Sacatépequez, tres comunitarios Maya Kaqchikel del caserío Asunción Chivoc resultaron heridos. Esto como resultado de ser agredidos violentamente por trabajadores de la empresa Cementera, comunitarios y comunitarias protestaban pacíficamente contra la empresa este día lunes 28 de octubre 2013, la población exige a la empresa que  pavimente la carretera comunitaria luego de varios años de ofrecimiento e incumplimiento de esta obra.

El hecho ocurrió cuando al llegar a las instalaciones de Cementos Progreso los comunitarios fueron recibidos por un grupo mayoritario de trabajadores de la empresa armados con machetes, palos, además que varios trabajadores portaban armas de fuego. Ante el Ministerio Publico y la Policia Nacional Civil fueron puestas varias denuncias en contra de los trabajadores de la empresa responsables de este ataque.

Comunitarios denunciaron que nunca se pavimento cierto tramo carretero, planificado inicialmente como parte de los accesos para la nueva planta cementera “San Gabriel” que sigue sin funcionar. Ahora con la planificación de la construcción de una carretera llamada “Anillo Regional”, Cementos Progreso pretende tener una vía exclusiva para el transporte de maquinaria y movilización de la producción de la Planta “San Gabriel”, desestimando las obras que desde el inició habría ofrecido, lo que genero malestar entre los pobladores de Chivoc.

Uno de los representantes de Doce Comunidades denuncio que la agresión se debe a que la empresa ha generado división en las comunidades, especialmente en el caserío Asunción Chivoc, en donde la empresa había logrado afinidad de la población,  “a esta comunidad llego ofreciendo varios proyectos, entre los cuales se encontraba la pavimentación del tramo carretero en esa parte del municipio de San Juan Sacatepéquez”.[2]  Ahora la empresa incumple con este proyecto lo que provocó este incidente.

Las personas agredidas colocaron las denuncias en la Policía Nacional Civil y en el Ministerio Publico, las Doce Comunidades denunciaron que a pesar que hay gente que apoya a la empresa en el Caserio Chivoc, quienes no están de acuerdo en Chivoc con Cementos Progreso constantemente reciben amenazas, son perseguidos o agredidos, pero que la población ya esta tomando conciencia.

Empresa exíge exclusividad de carreteras

Los comunitarios denunciaron que en los últimos meses la empresa Cementos Progreso ingresa diariamente más de 22 caminones, esto genera la preocupación y tensión de las comunidades, por la continuidad de los trabajos en la Planta “San Gabriel” a pesar del rechazo de la mayoría de las comunidades. Especialmente en el Caserío Asunción Chivoc hay tensión porque les estan exigiendo horarios exclusivos para que los carros o pick ups de la comunidad no circulen durante el día y que la carretera pueda servir a la empresa exclusivamente.

     

[1] Marlen Car, representante de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepequez.

[2] Entrevista realizada a representante comunitario de San Juan Sacatepéquez. Prensa Comunitaria. Guatemala 28 de octubre 2013.