Archivo del sitio

La Puya: demandan el cierre definitivo de empresas mineras en Guatemala

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

“Estamos haciendo un emplazamiento a la licenciada Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación para que se despoje y deje atrás las relaciones profesionales que tuvo con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA y proceda en representación del Estado y pida la caducidad del proyecto que ella en un momento dado asesoro a la empresa.”[1]

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala CALAS y la resistencia pacífica La Puya presentaran este miércoles 20 de julio 2016 ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un nuevo memorial para demandar que esta institución acate la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cierre total de la mina “El Tambor” en los municipios de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc.

También entregaran ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) otro memorial para que la procuradora general acciones en contra de la empresa minera por no acatar la resolución de la corte.

En ese mismo sentido se accionara para que el Estado guatemalteco garantice el cierre de los proyectos mineros “El Escobal” en San Rafael Las Flores, el proyecto Sechol de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor Izabal y el proyecto minero Niquegua Montufar II otorgado a la misma empresa.

“Haciendo uso del artículo 28 de la Constitución Política de la Republica le pedimos al ministro de Energía y Minas proceda en menos de un mes  a la suspensión total de la los dos proyectos mineros, de no hacerlo él ministro de Energía y Minas estaría violentando la Constitución, violentando la ley y sería responsable penalmente por la omisión de dichos actos.”

“Los proyectos mineros de explotación deben de ser detenidos inmediatamente y deben de firmar su clausura… el MEM y el ministro deben  actuar administrativamente y caducar el proyecto minero “El Tambor, Progreso VII derivada” Rafael Maldonado, abogado CALAS.

Minería criminal en Guatemala

La actividad minera de empresas canadienses y estadounidenses se ha implementado de forma ilegal en algunos casos, en otros con la complicidad de funcionarios públicos y en otros casos de manera criminal.

En San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa, la empresa minera San Rafael es uno de los ejemplos claros de como las empresas nacionales y transnacionales actúan de forma ilegal y criminal, la misma dinámica adopto la empresa EXMINGUA en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.

Frente a la imposición de estos proyectos extractivos, las comunidades y pueblos en estos territorios se organizaron, informaron y tomaron acciones para detener la construcción de ambos proyectos mineros, en San Rafael lograron avanzar con la explotación de minerales, para hacerlo recurrieron a la violencia política contra autoridades comunitarias opuestas al proyecto, acusaciones, criminalización y prisión para otros, incluso la imposición de un Estado de Sitio durante el gobierno del general Otto Pérez Molina.

En la Puya la historia es parecida, las transnacionales canadienses y ahora la norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA junto a la EXMINGUA repitieron patrones similares a la Minera San Rafael, llegaron a provocar la cooptación de personas, división comunitaria, criminalización de mujeres con liderazgos importantes en la resistencia pacífica, hubieron asesinatos de representantes de las comunidades en La Puya y varios intentos de desalojos violentos.

Frente a la dinámica de las empresas mineras, la resistencia en La Puya y El Escobal lograron articular fuertes movilizaciones, plantones pacíficos y en materia legal el reconocimiento de las formas ilegales y arbitrarias de obtención de las licencias de exploración y explotación mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente y Recursos Naturales durante los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.

Una batalla que han librado pacíficamente desde el año 2011 al 2016, las municipalidades, juzgados, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad resolvieron que los proyectos mineros “Mina El Tambor, Progreso VII Derivada” y “El Escobal con minera San Rafael” deben de ser cerrados inmediatamente.

Las autoridades en el MEM y el MARN se niegan a acatar las resoluciones de las cortes, no atienden las peticiones de las comunidades.

Extracción ilegal

Desde el año 2012 las comunidades en resistencia pacífica denunciaron el otorgamiento ilegal de la licencia de exploración y explotación mineras para la mina “El Tambor”, la empresa obtuvo a través del MEM el Estudio de Impacto Ambiental EIA con serias deficiencias y graves errores, demostrado en una evaluación hecha por dos especialistas y presentadas públicamente: “OBSERVACIONES PRELIMINARESPROYECTO PROGRESO VII DERIVADAANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL”

Durante el año 2015 la Municipalidad de San Pedro Ayampuc en una resolución del Consejo Municipal negó cualquier tipo de trabajo interno y de construcción a la empresa minera, luego la Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre del proyecto minero.

El Ministerio Público detuvo a personal de la mina extrayendo mineral de forma ilegal, decomisaron cientos de miles de quetzales en concentrado de oro y plata entre febrero y mayo de 2016. La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

“Él ministro de forma inmediata y de oficio tuvo que haber resuelto estos cierres, la directora general de minería afirmo que no van a cerrar las licencias mineras, en una clara violación de la ley. Esperamos que derivadas de estas acciones se suspendan de forma definitiva la actividad minera y el cese de la actividad minera en Guatemala.” Rafael Maldonado, abogado CALAS.

[1] Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS, Guatemala 20 de julio 2016.

Anuncios

La Puya: “crónica de una muerte anunciada”

photo_2016-03-18_13-40-20

Por Nelton Rivera.

“Estamos hablando de la crónica de una muerte anunciada” la frase al escucharla de inmediato nos lleva a pensar en una de las novelas del escritor Gabriel García Márquez, la crónica de un suceso que terminará con un desenlace fatídico, mismo que todo el mundo conoce y sabe que deberá llegar en cualquier momento.

Con esta el abogado Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) comenzó a narrar como esta mañana el Ministerio Publico (MP) realizó tres allanamientos[1] dentro de la finca e instalaciones de la mina “El Tambor” Progreso VII Derevida de la empresa Kappes Kassiday & Assocciates (KCA) con sede en EEUU. El resultado de las investigaciones del MP luego de varios años que la resistencia pacífica de La Puya insistiera en denunciar el saqueo de la empresa minera, esta podría tener un desenlace terrible.

Este lunes 6 de junio 2016 el MP constato que la empresa EXMINGUA-KCA continuó explotando de manera ilegal, “esto nos confirma el carácter criminal de esta empresa, al no acatar las resoluciones de la Corte Suprema de justicia, lo más impactante es que el MP no ha solicitado aún las ordenes de captura nacionales e internacionales contra de los gerentes y empresarios socios. Nos encontramos con una verdadera estructura criminal que se dedica  al tráfico ilegal del patrimonio cultural que no declararon al Ministerio de Cultura y Deportes.”

La fiscal Aura Marina López en una conferencia de prensa realizada en el MP describió que los delitos cometidos por los personeros de la mina podrían tener una pena de 2 a 5 años de prisión por la explotación ilegal de recursos naturales, momentos antes la secretaria General del MP, Mayra Véliz anuncio los detalles de los allanamientos por la continuidad de las operaciones de la empresa EXMINGUA a pesar de la suspensión de la licencia de explotación que la Corte Suprema de Justicia  y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc que ordenaron meses atrás.[2]

Las comunidades en los dos municipios afectados por la empresa llevan años denunciando la forma ilegal y violenta de las operaciones de la empresa encargada de los trabajos de explotación EXMINGUA en dos fe los municipios del departamento de Guatemala.

En San Pedro Ayampuc por ejemplo el pueblo maya Kaqchikel demandó el respeto a su territorio junto a las comunidades mestizas en el mismo municipio y en San José del Golfo, el Estado simplemente protegió los intereses de los empresarios, hoy el MP confirmó el saqueo de varias piezas arqueológicas que pertenecen al pueblo Maya en esa región.

“… las empresas mineras en Guatemala no respetan el ordenamiento jurídico nacional, y solo ven como explotar y robar la riqueza natural del país. Como CALAS vamos a constituirnos como querellantes adhesivos en el proceso penal para buscar el castigo por los delitos cometidos por esta empresa y este es momento para que la nueva  procuradora general de la nación busque el proceso administrativo para investigar y ordenar la caducidad en definitiva de los derechos mineros de esta empresa.”

Todo esto está sucediendo a escasos 20 kilómetros de la ciudad capital, idéntico al mismo pueblo pequeño y aislado como el pueblo de la novela de García Márquez en la costa del Caribe.

photo_2016-03-18_13-39-56

[1] Ministerio Público. https://twitter.com/MPguatemala/status/739900142963195904

[2] Conferencia de Prensa por allanamientos en mina “El Tambor” en San Pedro Ayampuc. Ministerio Público. https://twitter.com/MPguatemala/status/739893505544179712

San Pedro Ayampuc, Guatemala: se oponen a la instalación de un destacamento militar

13064698_926131634171343_7700736304786577448_o

Por Selvyn Suruy.

Miercoles 20 de marzo 2016. Pobladores de las comunidades del municipio de San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala se reunieron en la entrada de la cabecera municipal para manifestar su inconformidad con la imposición de un destacamento militar de la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala.

En oportunidades anteriores se ha intentado imponer dicha base militar y en esta ocasión llegaron a las 2 de la mañana dos camiones con efectivos del ejército de Guatemala, por lo que la gente de las comunidades de San Pedro Ayampuc y miembros de la Resistencia Pacífica La Puya y La Laguna se manifestaron frente a la entrada de San Pedro Ayampuc y se encaminaron expresándose a través de algunas consignas en defensa del territorio y los recursos.

También piden que se respete la decisión de las comunidades de no tener un destacamento militar, ya que consideran que comprometería la resistencia a los megaproyectos de minería y transmisión de energía de alta tensión que tanto les preocupa.

Ante esto el Ministerio de la Defensa emitió un comunicado en el que se informa que se suspendía la actividad de inauguración programada para el día de hoy, esto ocurrió en conferencia de prensa en las intalaciones de la comuna.

Se conformó una comisión para dialogar con el alcalde Fredy Peláez Avalos pero este no se encontraba en el edificio municipal. La población espera que a mañana sea posible tener este diálogo.

Poca voluntad política para dialogar con La Puya pero si hay acciones para militarizar San Pedro Ayampuc

photo_2016-04-20_15-13-53

Por Redacción de Prensa Comunitaria.

Mientras se militariza el territorio de San Pedro Ayampuc a pesar que la población del municipio rechaza la presencia del ejército porque consideran que las tareas de seguridad ciudadana corresponden a la Policía Nacional Civil y no a la institución castrense, en el Ministerio de Energía y Minas las autoridades se negaron a realizar una reunión con La Puya.

En el Ministerio de Energía y Minas la gente de la resistencia pacífica de La Puya continua exigiendo que este ministerio respete y acate las resoluciones de las cortes guatemaltecas que le ordenaron suspender el proyecto minero “El Tambor” Progreso VII derivada de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA y EXMINGUA.

El día de hoy a través de personeros del MEM les informaron a la resistencia pacifica La Puya  que  el ministro Juan Pelayo Castañón, quería reunirse con ellos a las 11:00 de la mañana, luego de 50 minutos de retraso para realizar esa reunión llegaron dos de los  viceministros y otros funcionarios, pero el ministro no se presentó.

Una comisión de La Puya fue delegada para atender esta reunión y estuvieron a la espera desde las 11 de la mañana frente al ingreso principal del MEM,  al percatarse de la inasistencia de Pelayo Castañón, la representación de La Puya afirmó que en esas condiciones no se podía tener una reunión.

Los viceministros del MEM intervinieron diciendo  que se les está vedando el derecho al trabajo y que son respetuosos de las leyes y sólo cumplen con ellas. Ante esa afirmación fueron cuestionados sobre el por qué no cumplen entonces con  las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y otras acciones legales resueltas a favor de las comunidades, “si es que son respetuosos de la ley”. Además se les cuestionó a los funcionarios públicos el por qué dejaban operar a la empresa minera de manera ilegal, sin licencia, sin permisos municipales y con serias denuncias de violaciones a los derechos humanos, simplemente los funcionarios del MEM  no respondieron.

Después de exponer las razones de por qué no era posible un diálogo en esas condiciones, sin el ministro presente y con la mina operando, la resistencia volvió al campamento frente a las instalaciones del MEM.

Minutos después una fila de vehículos llegó a la entrada del Ministerio para entrar, porque les “informaron” que se había llegado a un acuerdo y que finalmente podían entrar, un vehículo logro hacerlo. Esta afirmación no es cierta, la acción de los trabajadores del MEM provocó un momento de tensión, finalmente los trabajadores se retiraron y el vehículo que entró tuvo que salir.

Las acciones del MEM lejos de aportar al diálogo generaron tensión, luego llegaron algunos agentes de la PNC y minutos más tarde llego un microbús con 10 o 12 agentes policiales más, finalmente a las 14:40 se retiraron todos los policías.

La presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras delegaciones de observación de derechos humanos permitieron que las acciones de los funcionarios del MEM no profundizaran la conflictividad provocada por la empresa minera, además del incumplimiento del MEM de cancelarle la licencia de explotación.

 

 

La Puya: la polémica mina “El Tambor” Progreso VII Derivada

Por Jeff Abbott.

Desde el interior de la mina “El Tambor” Progreso VII Derivada, una polémica empresa minera en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en departamento de Guatemala. Kappes, Cassiday y Asociados (KCA) una empresa de los Estados Unidos ha sido la dueña de la producción en la mina “El Tambor” desde mayo de 2014, y se están procesando 200 toneladas de tierra por día.

La encargada de operar la mina es la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA cuyos personeros están vinculados a militares de bajo de sectores del ejército acusados de violaciones de derechos humanos. La tierra se tritura en un polvo fino, que luego se exporta a varios países no revelados, donde se funde el polvo en oro.

Los vecinos de las comunidades de dos municipios en donde opera la mina se organizaron contra el proyecto minero “El Tambor” desde el año 2010. Actualmente la licencia de explotación fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia porque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en 2011 violó el derecho de consulta de las comunidades, también el Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina por no tener permisos municipales para trabajar.