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Marco Antonio, uno de los miles de niños y niñas que representan el potencial perdido a causa del genocidio en Guatemala

Marco Antonio Molina Theissen

Marco Antonio Molina Theissen

Por el Derecho a la Memoria.

Esta mañana, del 06 de enero de 2016, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos coordinó la aprehensión de cuatro oficiales del Ejército de Guatemala a cargo de la Zona Militar “GMLB” de Quetzaltenango, sospechosos de participar en la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen ocurrido el 6 de octubre de 1981.

La Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz López, dio a conocer en conferencia de prensa que se procedió a la captura de: Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar; Edilberto Letona Linares, segundo comandante; también el oficial S-2 del Estado Mayor Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y el general de división Manuel Antonio Callejas Callejas.

Este hecho fue cometido supuestamente por tres elementos del Ejército de Guatemala vestidos de particular que llegaron a la vivienda de la familia Molina Theissen, ubicada en la 6ª. avenida 2-35, zona 19, colonia La Florida, de la Ciudad Capital; hecho ocurrido ante la presencia de su mamá Emma Theissen Álvarez.

Antecedente

El 27 de septiembre de 1981, en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen -hermana del menor desaparecido- en un retén militar de control de carreteras, por llevar documentos calificados como propaganda de estudio y de discusión política; luego fue trasladada a la referida zona militar, de donde logró escapar nueve días después de su detención.

En aquel entonces la familia Molina Theissen planteó dos recursos de exhibición personal con fechas 9 de julio y 11 de mayo de 1997, como resultado de esas acciones el 7 de mayo de 1999 la Corte Suprema de Justicia –CSJ- otorgó un procedimiento especial de averiguación a favor del menor desaparecido y designó como investigador especial al Procurador de los Derechos Humanos y después a familiares de la víctima.

Ante esas investigaciones, el 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad por este hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 4 de mayo de ese año esa misma Corte condenó al Estado de Guatemala y le ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho.

Con base a esa resolución se realizó una investigación de 10 años en donde se logró obtener peritajes: militar, de derecho internacional humanitario, en archivos, psicosociales y declaraciones testimoniales, contrastados con documentaciones del Ministerio de la Defensa Nacional. Además de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros medios de prueba que llevaron a la detención de los cuatro sindicados por el hecho.

La investigación desde el MP

MP dirige aprehensiones por desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen

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Militares detenidos por violaciones a derechos humanos durante la guerra

Justicia mujeres

Por: Quimy De León

Miércoles 6 de enero de 2016. La fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público detuvo esta mañana a 13 militares por desaparición forzada y deberes contra la humanidad, cometidos por los militares entre los años 1981 y 1988, luego de realizar varios allanamientos realizados en la ciudad capital y en el departamento de Alta Verapaz por ordenes emitidas por el Juzgado de Mayor Riesgo A.

Ellos son Benedicto Lucas García jefe del Estado Mayor General del Ejército durante el período 1978 a 1982 siendo su hermano presidente el general Fernando Romeo Lucas García; Manuel Antonio Callejas Callejas fue director de la Sección de Inteligencia del ejército – G-2 durante el mismo período; Francisco Luis Gordillo Martínez quien fue parte de los militares que dieron el golpe de Estado en 1982 junto a al general Efraín Ríos Montt.

Hay otros diez militares detenidos, ellos son: Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Carlos Humberto Rodríguez López, Edilberto Letona Linares y Edgar Rolando Hernández Méndez.

Cuando Benedicto Lucas García fue jefe del Estado Mayor según diversas fuentes se diseñó una estrategia contrainsurgente que llegó hasta el genocidio arrasando comunidades indígenas mayas completas en distintos lugares del país. Sobre la desaparición el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico -CEH- registró:

“Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42.275 víctimas (…). Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas”[1]

Manuel Callejas y Callejas fue jefe parte del grupo de militares de línea dura conocidos como “los estratégicos“ que “enmarcaba el conflicto dentro de una polarización total (cien por ciento) de la población, estás con nosotros o contra nosotros”. [2] Fue también jefe de la agencia de Aduanas y parte de La Cofradía que era un grupo de militares “asociados con la delincuencia común y la corrupción administrativa en el período de la dictadura militar de Lucas García,” de julio de 1978 a marzo de 1982.

En el informe del REMHI “Guatemala Nunca Más” se registraron más de un millón de personas desplazadas internamente por la violencia del Estado a partir de la década de los años 80s, 400 mil personas exiliadas en México, Belice, Honduras, Costa Rica o EEUU, 45 mil refugiados legalmente en México, 150 mil refugiados de forma ilegal, además de unos 200 mil ilegalmente en EEUU, 20 mil personas en las Comunidades de Población en Resistencia CPR y otras 20 mil más viviendo en las montañas y selvas.

Datos desgarradores que se suman a los 250 mil asesinados en distintos planes de tierra arrasada, esta fue una política de exterminio étnico de todas aquellas comunidades o poblaciones que el ejército simplemente considero como grupos insurgentes, además el informe también hacen una aproximación de 45 mil detenidos desaparecidos.

Además la CEH hace un abordaje sobre los niveles de instauración de una cultura del terror de la mano de la política contrainsurgente del Estado sobre la población:

“Además de la represión y el exilio, la debilidad y fragmentación de las organizaciones sociales se deben en buena medida a la conjunción de diversos mecanismos activados por el Estado para destruirlas. (…) El terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena casual y la ejecución efectiva de atrocidades”.[3]

Estas detenciones suponen para Guatemala y la disputa por la memoria un hito importante que significa un paso más para el esclarecimiento de la verdad histórica y las posibilidades de la justicia, varias décadas después para miles de víctimas de la guerra, del genocidio y otros delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y por un grupo de familias que sustentaron el poder económico en Guatemala.

[1] CIDH. caso No. 12.590, José Miguel Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) respecto del Estado de Guatemala. 18 de febrero 2011.

[2] Susan C. Peacock y Adriana Beltrán “Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos“. Wola

[3] El contexto del conflicto armado. GUATEMALA: MEMORIA DEL SILENCIO.
Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Ciudad de Guatemala, febrero de 1999.