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Corte de Constitucionalidad suspendió otra licencia de exploración en Quiché y Baja Verapaz
Por: Consejo del Pueblo Maya – CPO –
La Corte de Constitucionalidad resolvió SUSPENDER la licencia de exploración minera denominada “LOS CIMIENTOS” ubicada en los municipios de Chicamán, Uspantán y Cubulco de los departamentos de Quiché y Baja Verapaz (Exp. 411 -2014).
La licencia fue autorizada en el año 2006 a Nichromet Guatemala, confiriéndole la facultad exclusiva de localizar, analizar, evaluar y estudiar los yacimientos de cadmio, plomo, zinc, cobalto, cobre, minerales del grupo del platino, molibdeno, níquel, oro, plata y tierras raras.
La Corte de Constitucionalidad resolvió la suspensión de la misma, puesto que no fue respetado el derecho de consulta a pueblos indígenas en el otorgamiento de la licencia minera.
Según la resolución de la CC, es obligatorio para el Ministerio de Energía y Minas consultar a los pueblos antes de la autorización de cualquier licencia minera, o bien, prórroga de licencias que hayan sido autorizadas.
Esta resolución es el resultado de acciones de amparo presentadas por las autoridades comunitarias articuladas en el Consejo del Pueblo K’iche,’ miembros del Consejo del Pueblo Maya –CPO- .
Lea y descargue la sentencia completa aquí:
San Pedro Ayampuc, Guatemala: se oponen a la instalación de un destacamento militar
Por Selvyn Suruy.
Miercoles 20 de marzo 2016. Pobladores de las comunidades del municipio de San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala se reunieron en la entrada de la cabecera municipal para manifestar su inconformidad con la imposición de un destacamento militar de la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala.
En oportunidades anteriores se ha intentado imponer dicha base militar y en esta ocasión llegaron a las 2 de la mañana dos camiones con efectivos del ejército de Guatemala, por lo que la gente de las comunidades de San Pedro Ayampuc y miembros de la Resistencia Pacífica La Puya y La Laguna se manifestaron frente a la entrada de San Pedro Ayampuc y se encaminaron expresándose a través de algunas consignas en defensa del territorio y los recursos.
También piden que se respete la decisión de las comunidades de no tener un destacamento militar, ya que consideran que comprometería la resistencia a los megaproyectos de minería y transmisión de energía de alta tensión que tanto les preocupa.
Ante esto el Ministerio de la Defensa emitió un comunicado en el que se informa que se suspendía la actividad de inauguración programada para el día de hoy, esto ocurrió en conferencia de prensa en las intalaciones de la comuna.
Se conformó una comisión para dialogar con el alcalde Fredy Peláez Avalos pero este no se encontraba en el edificio municipal. La población espera que a mañana sea posible tener este diálogo.
La Puya: la polémica mina “El Tambor” Progreso VII Derivada
Por Jeff Abbott.
Desde el interior de la mina “El Tambor” Progreso VII Derivada, una polémica empresa minera en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en departamento de Guatemala. Kappes, Cassiday y Asociados (KCA) una empresa de los Estados Unidos ha sido la dueña de la producción en la mina «El Tambor» desde mayo de 2014, y se están procesando 200 toneladas de tierra por día.
La encargada de operar la mina es la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA cuyos personeros están vinculados a militares de bajo de sectores del ejército acusados de violaciones de derechos humanos. La tierra se tritura en un polvo fino, que luego se exporta a varios países no revelados, donde se funde el polvo en oro.
Los vecinos de las comunidades de dos municipios en donde opera la mina se organizaron contra el proyecto minero “El Tambor” desde el año 2010. Actualmente la licencia de explotación fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia porque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en 2011 violó el derecho de consulta de las comunidades, también el Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina por no tener permisos municipales para trabajar.
Mi corazón es de flores no de cemento: solidaridad con Francisca Gómez
Por Quimy De León y Norma Sansir – Prensa Comunitaria
Francisca Gómez Grijalva está siendo amenazada en su libertad de expresarse, de pensar críticamente y decir las cosas como son a través de una acción de censura que se concreta en una demanda judicial por parte de la empresa Cementos Progreso.
Francisca es columnista de Prensa Libre y académica, la intención de callarla y de iniciar una persecución penal que evidentemente es política, fue después de escribir una columna[1] denominada ¿Agua o Cemento? en relación a la problemática generada por ésta empresa en perjuicio de los pueblos maya kaqchiquel que habitan las comunidades de San Juan Sacatepéquez, en concreto de la comunidad San Antonio Las Trojes I.
Entonces ésta empresa puso una demanda judicial en su contra en un tribunal, en su página web argumentando que “Como sabemos categóricamente que las acusaciones de la Sra. Gómez Grijalva son mentiras, acudimos a un tribunal para que ella se presente al mismo a ratificar, bajo juramento, que le consta todo lo que ella publicó en ese medio de comunicación[2].”
Francisca ha iniciado una nueva batalla a favor de la palabra, la dignidad de los pueblos y en defensa de la vida, ya que presentó un amparo que fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad a favor de ella y será conocido en una vista pública este miercoles 6 de agosto de 2014.
No se puede permitir la persecución para quien se atreve a soñar
Con la persecución política penal, se trata de construir una “verdad” falsa acerca de quienes defienden sus derechos y luchan por una sociedad más justa. Ésto esta ocurriendo en contra de decenas de personas en todo el país, como parte de esto impulsan toda una campaña de acusaciones, infamias, mentiras y tergiversación de la realidad. Se les acusa de hechos no cometidos, delitos que les hace convertirse en criminales y delincuentes, para deslegitimar la lucha misma y sus exigencias y poder actuar “legal o legítimamente” en contra de éstas personas.
La criminalización es “…la puesta en marcha por parte del Estado de marcos jurídicos, estrategias y acciones político-judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo e ilegal al ejercicio de ciertos derechos civiles que se manifiestan en acciones tales como la manifestación, movilización, organización, reclamación pacífica de derechos, documentación y presentación de informes y defensa jurídica de personas acusadas de delitos políticos, utilizando en muchos casos, la violencia contra personas y organizaciones. La criminalización de la protesta social se expresa de diversas formas, que van desde una intervención violenta de las fuerzas de seguridad en protestas o conflictos, hasta el juicio a dirigentes sociales, allanamiento de oficinas, amenazas directas e indirectas y la descalificación sistemática de la labor de líderes sociales.” [3]
Según la anterior definición, quien criminaliza comúnmente es el Estado y las empresas. Sin embargo es una práctica social que se inserta en una sociedad con rasgos contrainsurgentes y de inquisición. Ésto le ocurre a las personas que se organizan y piensan autónomamente. Lamentablemente quienes reproducen la criminalización y el estigma de cualquier manera, en última instancia fortalece el poder de las élites. Ha sido una herramienta utilizada en todo el mundo en las últimas décadas como parte esencial de la aplicación de las políticas neoliberales: “La criminalización de los movimientos populares forma parte de un repertorio global de acciones y prácticas de control social, con las que el poder organiza su gobernabilidad, a fin de continuar el proceso de reproducción ampliada y por desposesión (Harvey) del capital”. [4]
Para el bloque de poder y sus expresiones empresariales, finqueras, gobierno y el narcotráfico, la lucha social “atenta directamente contra esa necesidad estratégica que tiene el gran capital y porque estas luchas, en su lógica, son un mal ejemplo para otras zonas del mundo cuyos territorios están siendo apropiados por el gran capital y sometidos a procesos de extracción agresivos”.[5]
La criminalización se basa sobre todo en acciones judiciales y mediáticas, en esto los medios corporativos están jugando un papel clave para influir la opinión pública, la mayoría de veces el discurso que manejan es el mismo que las empresas y el gobierno y que buscan deslegitimar las acciones de la población organizada, pero también se utiliza operaciones psicológicas como la difamación y el rumor que busca la descomposición social, la división comunitaria y que en última instancia generan desconfianza y aislamiento de las luchas y de las personas.
En última instancia pretenden las empresas nacionales y transnacionales “apropiarse de todas las posibles fuentes de energía existentes en el mundo como una necesidad estratégica para el mundo industrializado y el gran capital, y es eso lo que dirige y explica sus intereses por apropiarse de las tierras guatemaltecas donde existen este tipo de elementos de la naturaleza”. [6]
La estrategia de criminalizar y judicializar a las personas está siendo utilizado en contra de los movimientos indígenas, campesinos y en defensa del territorio de base comunitaria, de periodistas, columnistas, académicos y académicas, abogados y defensoras de derechos humanos que se niegan a aceptar el modelo vinculado a la globalización. Que en este caso se expresa en los megaproyectos como la minería a cielo abierto y la explotación de la naturaleza como el agua, el petróleo, los agrocombustibles, la militarización, la negación de la historia y el genocidio.
Nos queda una importante tarea: dudar, no creer en el discurso oficial y de los grandes medios corporativos, no dejarse llevar de versiones cargadas de prejuicios, rumores y difamaciones sino pensar críticamente y por nuestra propia cuenta. Y lo más importante defender que la libertad de expresión, las diferencias de ideas y de pensamiento son derechos a defender y respetar.
[1] 2 de junio de 2013. Prensa Libre. http://www.prensalibre.com/opinion/Agua-cemento_0_860913929.html
[2] http://www.cempro.com/aclaracion
¿La justicia al servicio de quién?
Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público.
Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.
La presentación del informe sobre “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las Américas” que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH recientemente en Guatemala llega en el momento justo.
Mientras realizaban la presentación pública fueron los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad –CC-, quienes ejemplificaron de forma magistral como se vulnera esa famosa “independencia judicial”.
El miércoles 4 de febrero la CC resolvió un amparo de forma parcial con el que resuelve que el mandato de la Fiscal General Claudia Paz y Paz debe de finalizar a más tardar en el mes de mayo. La posición de la Corte se suma a la lista de resoluciones contradictorias y poco fundamentadas en derecho que este grupo de magistrados emite, días más tarde resolvió dejo en firme su resolución.
Una corte que no convence a nadie, podríamos mencionar por ejemplo, la posición de la corte respecto a desconocer el carácter vinculante de las Consultas Comunitarias de Buena Fe y Consultas Municipales, su interpretación de la no aplicación del Convenio 169 de la OIT o como cuando anularon la sentencia del Juicio por Genocidio en el 2013.
Lo cierto es que este tipo de resoluciones evidencia que las y los operadores de justicia en Guatemala están constantemente bajo el acoso de poderes fácticos o poderes tradicionales como el CACIF, o grupos paralelos quienes garantizan con la penetración de sus intereses dentro de la corte, que la institucionalidad de justicia esté a su beneficio a través de la impunidad.
Las agresiones públicas de todo el aparato mediático, columnistas y políticos de derecha no tardaron ni 24 horas en lanzarse a validar la resolución de la Corte, claro no es la primera ni sera la ultima vez que busquen atacar a la Fiscal General Claudia Paz y Paz. Es evidente lo conveniente para las élites económicas, políticas y de poder que la Fiscal General no siga en el cargo.
De la misma manera que opera la ignominia y el odio, se manifiestan otros movimientos que actúan desde la esperanza y la vida. Se está haciendo sentir el respaldo y apoyo hacia una de las pocas funcionarias éticas y profesionales que han contribuido a tener confianza en la justicia y que han fortalecido el Estado de Derecho y la frágil democracia que quienes representan el poder debilitan.
Este respaldo trasciende fácilmente los espacios organizativos de la sociedad guatemalteca, el respaldo nacional e internacional puede jugar un papel fundamental en la balanza de la justicia, incluso el respaldo de la embajada de los EEUU es indicador de que hasta ellos, evidencian el peligro que significa que estos grupos controlen y definan que se eternice en nuestro país la impunidad.
Jorge Santos de la Convergencia de los Derechos Humanos por Guatemala dijo en la presentación del informe de la CIDH que éste se presenta en un contexto de agresiones y ataques contra la institucionalidad de justicia:
“Estamos asistiendo a un proceso de rompimiento de la independencia judicial, no solo por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, si no por su actuación a lo largo de todo el año 2013, hemos evidenciado y hemos denunciado como Convergencia por los Derechos Humanos un constante pacto entre determinadas élites que pretende irrumpir en el sistema de judicial guatemalteco con el único fin de procurar impunidad.
El llamado que hacemos desde la Convergencia por los Derechos Humanos es hacer un importante esfuerzo de articulación social para defender la institucionalidad pública, principalmente frente al proceso de Comisiones de Postulación y que no permitamos que esos poderes fácticos que han intentado irrumpir en la independencia judicial se queden al final de cuentas con esa institucionalidad pública.”
CIDH presenta informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las América, en Costa Rica y Guatemala
Para la CIDH la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de un sistema democrático en países como Guatemala requiere de un un sistema jurídico e institucional fortalecido, independiente y ajeno a los intereses de gobernantes y particulares. La visita de representantes de la CIDH coincide en un contexto adverso en materia de justicia y se evidencia la inexistencia de la independencia de la instucionalidad de justicia.
La CIDH presento el día jueves 6 de enero 2014 en Guatemala por primera vez un informe de este tipo, reuniendo a diversos sectores, instancias y organizaciones de justicia y derechos humanos en Guatemala.
«El informe en su contenido hace énfasis a la situación complicada de la justicia en Guatemala: “Sin embargo, en varios Estados del continente americano, juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos, desempeñan sus labores en ausencia de garantías que aseguren una actuación independiente, tanto en un nivel individual como de las instituciones que trabajan. Además, la CIDH ha detectado una serie de injerencias por parte de poderes públicos y agentes no estatales que generan barreras de iure o de facto para las personas que desean acceder a la justicia, las cuales están asociadas a la falta de diseños institucionales que resistan dichas injerencias y a la ausencia de procedimientos adecuados para nombramiento y selección, y de garantías debidas en los procedimientos de carácter disciplinario.”[1]
Fotografía C. Fernández.
Guatemala y el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH.
La situación de los “Derechos Humanos y la Protesta social en Guatemala”, “Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala” fueron dos temas importantes que se incluyeron dentro de la agenda de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el mes de octubre 2013 durante el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH.
Durante la mesa temática sobre “Derechos humanos y la protesta social en Guatemala”, la CIDH pudo conocer los casos de judicialización y criminalización de pueblos y comunidades, violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado de Guatemala, empresas y otros actores.
Los casos que fueron presentados ante la CIDH son los de Barillas en Huehuetenango por la presencia de la empresa española Ecoener Hidralia Energía y la conflictividad que esta ha provocado en esa región. El caso de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez frente a las agresiones de la empresa Cementos Progreso y la construcción de la planta “San Gabriel” en su territorio. El caso de las comunidades y pueblos Xinka y Mestizo de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa frente a la construcción de la Mina San Rafael propiedad de la empresa transnacional canadiense Tahoe Resources.
Durante la intervención de la delegación guatemalteca solicitaron en la mesa temácica sobre “Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala”:
1. A la Comisión recuerde al Estado su obligación de realizar procesos transparentes y participativos que permitan nombrar a las personas ideoneas e independientes en los órganos judiciales que se van a nombrar en el año 2014.
2. Seguimiento muy cercano a estos procesos de Comisiones de Postulación y si fuera necesario y se hacen evidentes irregularidades que pongan en peligro el principio de independencia judicial quisiéramos que la comisión haga el señalamiento respectivo.
3. Solicitamos adicionalmente que se recomiende al Estado iniciar un proceso de dignificación de la labor de defensores y defensoras de los DDHH, comenzando por declaraciones del presidente del estado de Guatemala en apoyo a la labor de este grupo y una declaración que sea publicad en todos los medios posibles.
4. Recordar al Estado el compromiso que había asumido de impulsar la creación de una verdadera política pública que sea incluyente a todos los y las defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, sindicalistas y operadores de justicia.
«Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la libertad de expresión, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.”[2]
[1] CIDH presenta informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las Américas, en Costa Rica y Guatemala. OEA. Costa Rica 6 de febrero 2014.
[2] Anexo al Comunicado de Prensa CIDH culmina el 149 Período de Sesiones. 8 de noviembre 2013.
Prensa Comunitaria Km. 169 