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Chimaltenango se rebela contra los abusos del RENAP

Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel

Por: Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel CPMK.

 

Hoy todo el país se enteró que la ciudadanía kaqchikel de Tecpán, en Chimaltenango, está harta de soportar los abusos de la empresa que usufructúa el Registro Nacional de Población –RENAP-  en esa cabecera. Para eso fue necesario que los vecinos salieran a la carretera Panamericana y la cortaran, porque los muchos memoriales y quejas que enviaron a las autoridades diversas en la capital no sirvieron de nada. Nunca fueron atendidas.

Pero no son sólo ellos. En el municipio también kaqchikel de San Andrés Itzapa en el mismo departamento de Chimaltenango  la población también se manifestó en contra del RENAP por los altos precios y la baja calidad del servicio que prestan. Reclaman que los documentos de identidad se puedan obtener como un derecho, y no como un negocio de unos cuantos a costa de la  necesidad de la mayoría.

Denunciamos la corrupción en el RENAP, al adjudicar de forma anómala el contrato a la empresa Easy Marketing, por Q868 millones, para emitir el DPI; al pagar el alquiler de un edificio hipotecado, con US$4.3 millones por cinco años; al adquirir insumos por Q253 millones sin licitar; al favorecer la misma empresa Easy Marketing con Q218.4 millones para emitir el DPI en el extranjero y al contratar seguridad privada para las 348 sedes, con un costo de Q53.4 millones. Actos por las cuales recientemente fue detenido Rudy Gallardo director ejecutivo, señalado como el operador de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en el RENAP. ” Comunicado del Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel.

“No al alto precio de los documentos en el RENAP”

“Queremos documentos originales no fotocopias, juntoa ello un trámite eficaz y sin retardos”

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Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel

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Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel

 

La Cooperacha: los fondos públicos para los cumpleaños del presidente

Foto Carlos Cano

Foto Carlos Cano

Por redacción.

La mañana del sábado 11 de junio, se escribe otro capítulo en la historia del país,  fueron capturados los ex ministros de la Defensa Nacional 2013 y 2014, el general de división Héctor Manuel López  Ambrosio y de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, las autoridades intentaban ubicar al ex ministro de la Defensa Nacional del año 2012 que no fue hallado en su casa en el momento del  allanamiento y quien se entregó en la sede del Ministerio Público (MP) en horas de la tarde.

Esas no fueron las únicas pesquisas realizadas por el MP, también fueron buscados los ex ministros de Comunicaciones y de Energía y Minas,  Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio y Erick Estuardo Archila Dehesa quienes se encuentran fuera del país, vaya casualidad,  según informaron del MP  y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), ambos tiene una orden de captura internacional ya emitida.

De igual manera fueron notificados el ex presidente de la Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez quien está detenido desde el año pasado; el  ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, actualmente en el centro de detención para mujeres en la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala.

La tranquilidad de la Torre de Tribunales en el centro histórico en cuestión de segundos se modificó, de un momento a otro las sirenas de las radio patrullas rompieron el silencio del lugar, fuertes contingentes policiales y de agentes del Sistema Penitenciario iban y venían de un lugar a otro, el primero en ser ingresado a la carceleta del sótano de la torre de tribunales fue el general de división López Ambrosio, unas horas más tarde lo acompaño López Bonilla.

El último en ingresar en la jornada de detenciones contra una parte de la estructura criminal #LaCooperacha fue el General de Brigada Ulises Noé Anzueto Girón. Estas detenciones y las ordenes de captura internacionales responden a la investigación por #LaCooperacha que estos funcionarios realizaban con fondos del Estado para otorgarse regalos en los cumpleaños del “Jefe”[1] en relación con Otto Pérez Molina.

Fiesta y cooperacha

A todos ellos y la ex vicepresidenta, el MP y Cicig, los vincula en un caso denominado “La Cooperacha”, hacer cooperacha es la acción de realizar aportes o ajustones entre un grupo de amigos o socios para alcanzar una suma de dinero para la adquisición de algo que beneficiara a todos a uno de ellos en concreto.  Esta acción se realizaba cuando el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti cumplían años, el grupo de ministros más cercanos a la pareja presidencial les daban regalos significativos, con la excepción el dinero salía de los ministerios que ellos mismos administraban, la suma alcanzó un monto de Q 33 millones durante los años 2012, 2013 y 2014.[2]

Según la Cicig el  encargado de realizar la recaudación de los fondos estatales de  “La Cooperacha” como el grupo de funcionarios lo denominaba era el secretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón Rojas.

Los Hechos

Roxana Baldetti,  era quien se encargaba de organizar la fiesta cuando el cumpleañero era Otto Pérez Molina, para el año 2012  en el cumpleaños número 62 le regalaron una lancha lujosa; a los 63 años en el 2013 le regalaron un casa de playa en el municipio de Taxisco del departamento de Santa Rosa; y en el cumpleaños del 2014 a los 64 años le regalaron un helicóptero, la fiesta y los regalos se terminaron para el cumpleaños 65 que lo celebro recluido en el cuartel Matamoros, bajo prisión preventiva.

Mientras en el caso de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en su cumpleaños lo único que cambió fue el organizador de la fiesta,  Otto Pérez Molina se convertía en el anfitrión, y lo demás en la estructura continuaba igual.  Por ejemplo la investigación de la Cicig reveló como en los tres años recibió una casa en Roatán,  Honduras. Todos los bienes adquiridos suman Q33 millones de quetzales.

Los señores de la cooperacha

La investigación del MP y la Cicig señalan que a Héctor Manuel López Ambrosio ex ministro de la defensa nacional de desviar Q 4 millones 200 mil.  Héctor Mauricio López Bonilla,  ex ministro de gobernación,  desvió Q 2 millones 513 mil y U$D 98 mil. Erick Archila,  ex ministro de Energía y Minas,  desvió Q 2 millones 200 mil y U$D 100mil. Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones,  desvió Q 2 millones 500 mil. U$D 245 mil. Y Juan de Dios Rodríguez, ex presidente del IGSS,  desvió Q 4 millones 400 mil. Para realizar los festejos y regalos de la pareja presidencial.

Juntos de nuevo

En horas de la noche del sábado 11 de junio  el juzgado de turno del Organismo Judicial emitió un oficio para que los tres ex ministros sean trasladados a la Brigada Mariscal Zavala de la zona 17 de la ciudad de Guatemala. Otto Pérez Molina permanecerá en el Cuartel Matamoros y Roxaba Baldetti en Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18 Santa Teresa.

La fiesta con los territorios

La Cooperacha no fue la única forma de agenciarse de beneficios a partir de los bienes públicos, onerosos contratos, beneficiar a las empresas nacionales y transnacionales a través de ceder grandes extensiones de territorio para la instalación de mega proyectos con costos altísimos profundizando la problemática social en las comunidades indígenas y mestizas en todo el país es otra de las formas como operaron estos funcionarios, desde ministerios como Energía y Minas, Medio Ambiente o Caminos, Gobernación y Defensa nacional se implementaron dinámicas violentas y represivas desde el Estado para garantizar los intereses económicos de familias y corporaciones para obtener la explotación de bienes naturales.

Los costos más altos fueron muchas de vidas durante los años de gobierno de Otto Pérez Molina, la prisión política, militarización y Estados de Sitio, la violación sistemática de los derechos humanos de todas aquellas personas que se opusieron a los mega proyectos, la división comunitaria y la destrucción de los bienes naturales como la contaminación del agua, el despojo de tierra, entre otros.

Estos otros delitos también deben ser investigados por  la fiscal general del MP y por la CICIG.

 

[1] COMUNICADO DE PRENSA 051 CASO LA COOPERACHA. CICIG. http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=727&cntnt01returnid=67

[2] Ibídem.

Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto a la espera de audiencia de primera declaración

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Fotografía por Carlos Cano.

Tres ex ministros fueron detenidos por el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil PNC y la CICIG durante la mañana del sábado 11 de junio 2016, los tres son acusados de formar parte de varias redes de corrupción y se encuentran en este momento en las carceletas en el sótano de Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala.

Sin embargo recordemos que fue bajo su gestión que ocurrieron los siguientes hechos:

1 de mayo en Barillas, Huehuetenango (detenciones ilegales, un asesinato, más de 13 personas encarceladas ilegalmente, retenes, desplazamiento forzoso, persecución penal).

Totonicapán: 4 de octubre masacre en Alaska: seis muertos y 39 heridos.

La Puya: violencia y amenaza permanente de desalojo a quienes se oponen a la minería, detenciones y persecución penal.

22 de septiembre de 2014 en San Juan Sacatepéquez: Estado de Sitio, encarcelamiento, amenazas, intimidaciones, violaciones sexuales, división comunitaria y rumores.

2 de mayo de 2013 Estado de Sitio en San Rafael Las Flores.

2014 instauraron un destacamento militar en Yixquisis, San Mateo Ixtatán y desde su llegada solamente se han agudizado los problemas sociales en esta región. Masacre en Samacoch el 15 de agosto 2014.

Además de estar vinculados a la corrupción, también han abusado desde su posición para beneficio de la industria extractiva.

La Puya: “crónica de una muerte anunciada”

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Por Nelton Rivera.

“Estamos hablando de la crónica de una muerte anunciada” la frase al escucharla de inmediato nos lleva a pensar en una de las novelas del escritor Gabriel García Márquez, la crónica de un suceso que terminará con un desenlace fatídico, mismo que todo el mundo conoce y sabe que deberá llegar en cualquier momento.

Con esta el abogado Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) comenzó a narrar como esta mañana el Ministerio Publico (MP) realizó tres allanamientos[1] dentro de la finca e instalaciones de la mina “El Tambor” Progreso VII Derevida de la empresa Kappes Kassiday & Assocciates (KCA) con sede en EEUU. El resultado de las investigaciones del MP luego de varios años que la resistencia pacífica de La Puya insistiera en denunciar el saqueo de la empresa minera, esta podría tener un desenlace terrible.

Este lunes 6 de junio 2016 el MP constato que la empresa EXMINGUA-KCA continuó explotando de manera ilegal, “esto nos confirma el carácter criminal de esta empresa, al no acatar las resoluciones de la Corte Suprema de justicia, lo más impactante es que el MP no ha solicitado aún las ordenes de captura nacionales e internacionales contra de los gerentes y empresarios socios. Nos encontramos con una verdadera estructura criminal que se dedica  al tráfico ilegal del patrimonio cultural que no declararon al Ministerio de Cultura y Deportes.”

La fiscal Aura Marina López en una conferencia de prensa realizada en el MP describió que los delitos cometidos por los personeros de la mina podrían tener una pena de 2 a 5 años de prisión por la explotación ilegal de recursos naturales, momentos antes la secretaria General del MP, Mayra Véliz anuncio los detalles de los allanamientos por la continuidad de las operaciones de la empresa EXMINGUA a pesar de la suspensión de la licencia de explotación que la Corte Suprema de Justicia  y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc que ordenaron meses atrás.[2]

Las comunidades en los dos municipios afectados por la empresa llevan años denunciando la forma ilegal y violenta de las operaciones de la empresa encargada de los trabajos de explotación EXMINGUA en dos fe los municipios del departamento de Guatemala.

En San Pedro Ayampuc por ejemplo el pueblo maya Kaqchikel demandó el respeto a su territorio junto a las comunidades mestizas en el mismo municipio y en San José del Golfo, el Estado simplemente protegió los intereses de los empresarios, hoy el MP confirmó el saqueo de varias piezas arqueológicas que pertenecen al pueblo Maya en esa región.

“… las empresas mineras en Guatemala no respetan el ordenamiento jurídico nacional, y solo ven como explotar y robar la riqueza natural del país. Como CALAS vamos a constituirnos como querellantes adhesivos en el proceso penal para buscar el castigo por los delitos cometidos por esta empresa y este es momento para que la nueva  procuradora general de la nación busque el proceso administrativo para investigar y ordenar la caducidad en definitiva de los derechos mineros de esta empresa.”

Todo esto está sucediendo a escasos 20 kilómetros de la ciudad capital, idéntico al mismo pueblo pequeño y aislado como el pueblo de la novela de García Márquez en la costa del Caribe.

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[1] Ministerio Público. https://twitter.com/MPguatemala/status/739900142963195904

[2] Conferencia de Prensa por allanamientos en mina “El Tambor” en San Pedro Ayampuc. Ministerio Público. https://twitter.com/MPguatemala/status/739893505544179712