Archivo del sitio

Alzatate Jalapa: las comunidades se preparan para la Consulta Municipal de Vecinos

photo_2016-04-10_12-46-21

Por Nelton Rivera, con información de Yuri Melini.[1]

Las empresas extractivas buscan instalarse en todo el país, en muchos de los lugares por no decir en todos los mecanismos para hacerlo siguen siendo violentos con la complicidad de los gobiernos de turno, frente a esta dinámica las comunidades en San Carlos Alzatate uno de los municipios de Jalapa, se preparan para realizar su propia consulta de vecinos, esta sería la tercer consulta en el departamento y la primer consulta del 2016 en el país.  

Los vecinos de las comunidades del municipio de San Carlos Alzatate en el departamento de Jalapa en el oriente del país, están dedicados a la preparación de la Consulta Municipal de Vecinos, esta consulta tiene como sustento legal el Código Municipal y tiene como objetivo realizar la consulta libre e informada a todos los vecinos sobre su acuerdo o desacuerdo con el tema de la industria extractiva y megaproyectos como la minería, hidroeléctricas, represas y otros.

Para esto, realizan varios encuentros para informarse sobre la minería en Guatemala, efectos y consecuencias que han provocado en muchos territorios del país. Los vecinos comenzaron a firmar la petición para que la Municipalidad de San Carlos Alzatate de tramite a la convocatoria de la Consulta de Vecinos, en la preparación están las autoridades indígenas comunitarias, la Pastoral Social y una junta coordinadora que está integrada por distintos sectores de la sociedad de Alzatate, CALAS, CODIDENA, FUNDEBASE, entre otras.

El Código Municipal en su sección “INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA” en sus artículos 60 al 66 define el procedimiento para la realización de procesos de información, consulta y tomo de decisión de toda la población con carácter vinculante.

Articulo 64 Consulta  a  solicitud  de  los  vecinos. Los  vecinos  tienen  el  derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a  asuntos  de  carácter  general  que  afectan  a  todos  los  vecinos  del  municipio.    La  solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento (10%) de los vecinos empadronados en el municipio.  Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado.

Articulo 65 Consultas  a  las  comunidades  o  autoridades  indígenas  del  municipio.  Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo  Municipal  realizará  consultas  a  solicitud  de  las  comunidades  o  autoridades  indígenas,  inclusive  aplicando  criterios  propios  de  las  costumbres  y  tradiciones  de  las  comunidades indígenas.[2]

Rechazo social a las empresas extractivas

Las comunidades mestizas e indígenas Xincas del territorio de Jalapa durante los últimos 8 años se han estado movilizando para proteger los bienes naturales,  fundamentalmente el agua, la presencia e instalación de empresas extractivas con distintos megaproyectos como la minería e hidroeléctricas llevaron consigo la violencia, estigmatización y criminalización de la organización comunitaria y social opuesta a las empresas.

Desde el año de 1999 hasta el año 2014 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó 12 licencias de explotación minera en el departamento de Jalapa, licencias como: “Andrés, Mitch, Ariela, Pidrineria la Colina, El Salto, Caminos, Lucero, Cantera Piñuelas, El Pato II, Explotación Minera El Caramo, Área de aprovechamiento minera La Ventana Verde y Juan Bosco”, involucran a igual cantidad de empresa en su mayoría tres de estas licencias son propiedad de la empresa Minera San Rafael (Andrés en San José Pinula y Mataquescuintla, Lucero en San Carlos Alzatate, Monjas, Jalapa y Jutiapa y Juan Bosco en Mataquescuintla, Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores).[3]

El rechazo pacifico de las comunidades mestizas y Xincas de Jalapa frente a las empresas nacionales o transnacionales tuvo como respuesta la criminalización de sus formas propias organizativas, la estigmatización de quienes defienden sus derechos, la persecución penal y la represión desde el Estado y de las empresas, especialmente la Minera San Rafael, atentados armados contra líderes y lideresas, militarización, presos políticos y Estados de Sitio.

Las consultas de vecinos y de Buena Fe en Jalapa

En Mataquescuintla “Colis” uno de los municipios de Jalapa, el día 11 de noviembre de 2012 fue la fecha que se programó para la votación, 35 centros de votación en igual cantidad de comunidades que forman el municipio fueron habilitados, ese día miles de personas participaron, 9, 166 personas rechazaron la extracción minera en el municipio.

“Diez mil 22 vecinos votaron contra la minería, 169 a favor, 169 votos fueron nulos y 23 en blanco. En total hubo 35 centros de votación y participaron 10 mil 375 de 19 mil 700 empadronados.”[4]

El 10 de noviembre de 2013 se realizó la Consulta Comunitaria del municipio de Jalapa, para este proceso de consulta fueron habilitados 137 mesas de votación en 45 centros, al igual que la consulta de Mataquescuintla un año antes fue utilizado el padrón electoral para emitir el voto. El resultado ese domingo fue la participación de 23,150 personas las cuales rechazaron la minería en Jalapa.

“(98.30%) votaron en Contra de la Minería y 399 (1.70%) se pronunciaron en favor de la industria extractiva.”[5]  

Más información de la movilización en Jalapa:

Mataquescuintla: un nuevo atentado armado contra los defensores de la vida

Justicia: Mataquescuintla dignidad y lucha por la defensa del territorio

“Sufrimos mucho, pero sabemos que pronto nos vamos a reponer”

San Rafael Las Flores frente a la brutalidad de las transnacionales, el Estado de Guatemala y Canadá

[1] Yuri Melini, director del Centro de acción legal, ambiental y social (Calas), medico, cirujano y ambientalista guatemalteco.

[2] Código Municipal de Guatemala. Decreto  Numero 12-2002. Naciones Unidas. http://www.unicef.org/guatemala/spanish/CodigoMunicipal.pdf

[3] Derechos Mineros departamento de Jalapa. http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2015/06/Ot_jalapa.pdf

[4] Hugo Oliva. Realizan consulta comunitaria sobre minería en Mataquescuintla. 11 de noviembre 2012. http://www.prensalibre.com/jalapa/Consulta-Mineria-Jalapa_0_808719174.html

[5] CPR Urbana. Jalapa dice No a la Minería. 11 de noviembre 2013. http://cpr-urbana.blogspot.com/2013/11/jalapa-dice-no-la-mineria.html

Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez forma parte de los peticionarios que denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH

Por Nelton Rivera -Prensa Comunitaria.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en la Organización de los Estados Americanos OEA, se presentaron dos casos importantes de violaciones de derechos humanos contra el Estado de Guatemala: el primero es la denuncia presentada sobre Derechos Humanos y protestas social en Guatemala y el segundo la citación  de defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

Entre los peticionarios están organizaciones campesinas e indígenas, pueblos Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, Q’eqchí del Valle del Polochic, Q’anjob’al del territorio norte de Huehuetenango, especialmente Santa Cruz Barillas, pueblo Xinca de Santa Maria Xalapan, Jalapa, entre otros.

Marlen Car

Foto: CIDH.

Marlen Car representante del pueblo Maya Kaqchikel de las Doce Comunidades de San Juan Sacatépequez participó en la comisión de las organizaciones y pueblos peticionarios ante la CIDH.

Se presento un informe de las agresiones y violaciones de los derechos que están enfrentando, especialmente ante la criminalización y judicialización de sus luchas por la defensa del territorio, frente al modelo de extracción y explotación de los bienes naturales en Guatemala, modelo impulsado por gobierno neoliberales, empresas nacionales y transnacionales.

La representante Kaqchikel exigió el respeto de las Consultas Comunitarias de Buena Fé, denuncio las agresiones que sufren las mujeres comunitarias como resultado de su lucha frente a las empresas. Denunció el caso de la señora Reginalda Patzan Tubac quien estuvo en prisión durante 43 días ocurrido durante la imposición del estado de prevención, la detención ilegal de varios compañeros, las agresiones que  muchas mujeres mayas sufrieron cuando se les obligo a levantarse su guipil y sus cortes para ser revisadas por elementos de la fuerza publica del Estado, hechos que quedaron en la impunidad.

Marlen Car recordó otras agresiones en contra de los pueblos de Santa María Xalapan, las comunidades del Valle del Polochic,  Santa Cruz Barillas, San Rafael Las Flores Santa Rosa, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Hizo mención de los presos políticos  y de las personas perseguidas políticas debido a las ordenes de captura que los tribunales emiten constantemente.

“Intimidar, encarcelar y violar a las mujeres, muestra la condición de guerra como lo demuestra la historia reciente de nuestro país, asegura  impunidad de los hechores materiales e intelectuales.  El mensaje a los empresarios  en San Juan Sacatépequez y otras comunidades, es que nuestros territorios son nuestros, nadie nos los van a quitar porque nuestros ancestros nos los dejaron.”[1]

Mauro Cosajay representante de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez manifestó que se espera que las agresiones y violaciones de los derechos humanos que ha realizado la empresa Cementos Progreso no queden en la impunidad. La empresa es responsable de muchas cosas que han sucedido en San Juan Sacatepéquez porque fueron ellos los que entraron a la fuerza.  También hacen un enérgico llamado al gobierno a darle cumplimiento a las demandas presentadas por comunidades, pueblos y organizaciones.

El representantes de las Doce Comunidades hizo ver que es evidente que el Estado, los gobiernos y la justicia en este país no son para los pueblos, por esa razón llevaron una nueva demanda ante CIDH como organismo internacional para que sea condenado el Estado de Guatemala por los delitos cometidos en contra de los pueblos.

Recordó que este pueblo ha sufrido constantemente la criminalización y represión por oponerse a la empresa Cementos Progreso, el irrespeto a su Consulta Comunitaria realizada en el año 2006, más de 86 comunitarios y comunitarias en siete años de lucha han sido injustamente encarcelados, las comunidades han gastado más de 400 mil quetzales en pago de fianzas. También recordó que 6 lideres comunitarios están injustamente detenidos en prisión y que uno de ellos tiene una sentencia de 150 años como resultado de la criminalización y judicialización de su lucha.

Paralelamente a la denuncia presentada ante la CIDH, el pueblo en San Juan Sacatepéquez fue objeto de una nueva agresión de la empresa Cementos Progreso.

Captura de pantalla 2013-10-28 a la(s) 14.02.31

Captura de pantalla 2013-10-28 a la(s) 23.37.03

cidh

Fotos: CIDH.

Nuevas agresiones genera empresa cementera en comunidad Chivoc en San Juan Sacatepéquez

La empresa Cementos Progreso nuevamente genera un conflicto en San Juan Sacatépequez, tres comunitarios Maya Kaqchikel del caserío Asunción Chivoc resultaron heridos. Esto como resultado de ser agredidos violentamente por trabajadores de la empresa Cementera, comunitarios y comunitarias protestaban pacíficamente contra la empresa este día lunes 28 de octubre 2013, la población exige a la empresa que  pavimente la carretera comunitaria luego de varios años de ofrecimiento e incumplimiento de esta obra.

El hecho ocurrió cuando al llegar a las instalaciones de Cementos Progreso los comunitarios fueron recibidos por un grupo mayoritario de trabajadores de la empresa armados con machetes, palos, además que varios trabajadores portaban armas de fuego. Ante el Ministerio Publico y la Policia Nacional Civil fueron puestas varias denuncias en contra de los trabajadores de la empresa responsables de este ataque.

Comunitarios denunciaron que nunca se pavimento cierto tramo carretero, planificado inicialmente como parte de los accesos para la nueva planta cementera “San Gabriel” que sigue sin funcionar. Ahora con la planificación de la construcción de una carretera llamada “Anillo Regional”, Cementos Progreso pretende tener una vía exclusiva para el transporte de maquinaria y movilización de la producción de la Planta “San Gabriel”, desestimando las obras que desde el inició habría ofrecido, lo que genero malestar entre los pobladores de Chivoc.

Uno de los representantes de Doce Comunidades denuncio que la agresión se debe a que la empresa ha generado división en las comunidades, especialmente en el caserío Asunción Chivoc, en donde la empresa había logrado afinidad de la población,  “a esta comunidad llego ofreciendo varios proyectos, entre los cuales se encontraba la pavimentación del tramo carretero en esa parte del municipio de San Juan Sacatepéquez”.[2]  Ahora la empresa incumple con este proyecto lo que provocó este incidente.

Las personas agredidas colocaron las denuncias en la Policía Nacional Civil y en el Ministerio Publico, las Doce Comunidades denunciaron que a pesar que hay gente que apoya a la empresa en el Caserio Chivoc, quienes no están de acuerdo en Chivoc con Cementos Progreso constantemente reciben amenazas, son perseguidos o agredidos, pero que la población ya esta tomando conciencia.

Empresa exíge exclusividad de carreteras

Los comunitarios denunciaron que en los últimos meses la empresa Cementos Progreso ingresa diariamente más de 22 caminones, esto genera la preocupación y tensión de las comunidades, por la continuidad de los trabajos en la Planta “San Gabriel” a pesar del rechazo de la mayoría de las comunidades. Especialmente en el Caserío Asunción Chivoc hay tensión porque les estan exigiendo horarios exclusivos para que los carros o pick ups de la comunidad no circulen durante el día y que la carretera pueda servir a la empresa exclusivamente.

     

[1] Marlen Car, representante de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepequez.

[2] Entrevista realizada a representante comunitario de San Juan Sacatepéquez. Prensa Comunitaria. Guatemala 28 de octubre 2013.