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Treceavo y último día del debate oral y público, tribunal ordenó la inmediata libertad de las autoridades comunitarias

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Este viernes 22 de julio 2016 finalizó el Debate Oral y Público en contra de los presos políticos del norte de Huehuetenango, al medio día el tribunal de sentencia de mayor riesgo A suspendió el debate luego de que todos los sujetos procesales presentaran sus conclusiones, hoy es un día imporatante desde la cosmovisión de los pueblos originarios, es el 13 Toj; Toj es el pago y equilibrio de la justicia.

El Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A ordenó la inmediata libertad de todos las autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango, Yassmin Barrios refirió que para ella como presidenta del tribunal el MP no pudo acreditar la participación de los sindicados en ningún delito, pero los otros dos juzgadores si razonaron su resolución condenando a Rigoberto Juárez Mateo por coacción (6 meses conmutables) y a Ermitaño López Reyes por obstrucción a la acción penal (3 año conmutables).

En la mañana el MP hizo replica de las conclusiones emitidas por los abogados directores de la defensa de las siete autoridades comunitarias y por haber hecho su réplica de manera general, los equipo de abogados de la defensa también respondieron a los argumentos emitidos por los tres fiscales del MP.

Cada una de las autoridades comunitarias pudo hacer uso de la palabra y pronunciarse ante el tribunal, exigieron su libertad inmediata, también exigieron que la injusticia que se cometió en contra de ellos no quede en la impunidad.

A las 6 de la tarde nuevamente el tribunal convocó para leer la sentencia, pero fue hasta dos horas después a las 8 PM que finalmente el tribunal ingresó a la sala para trasladar la sentencia, luego de denunciar durante año y medio las ilegalidades por parte del MP y del Organismo Judicial.

Finalmente a las 3:30 de la mañana del día 23 de julio  aparecieron en la puerta de salida del Preventivo para Hombre de la zona 18, en varias bolsas de mercado, cajas y mochilas llevaban consigo las pocas cosas que pudieron tener dentro de la prisión”.

 

El Tribunal de Mayor Riesgo A resolvió

El Tribunal en la ciudad de Guatemala está presidido por la jueza Yassmin Barrios, la jueza Patricia Bustamante y el juez Gerbi Sical; ellos tres están conociendo el debate oral y público contra las siete autoridades comunitarias, considerados presos políticos del Estado. A las 20 horas ingresaron los tres juzgadores, Yassmin Barrios comenzó a leer la sentencia, el Tribunal de Sentencia absolvió a todas las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango fueron absueltos de todos los delitos que el MP y la empresa Hidro Santa Cruz los acusaron.

Solamente en el caso de Ermitaño López y Rigoberto Juárez Mateo existió el razonamiento de dos jueces, Patricia Bustamante y Gerbi Sical consideraron que don Ermitaño si tuvo participación en el delito de obstrucción a la justicia fijando una condena de 3 años conmutables y finalmente por el tiempo que ha estado en prisión los dos jueces decidieron suspender la condena.

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo la jueza Patricia Bustamante y Gerbi Sincal razonaron su voto, consideraron que Rigoberto tuvo participación en el delito de Coacción fijando una condena de seis meses conmutables y los dos juzgadores consideraron el tiempo que ya paso en la prisión resolviendo finalmente ordenar su inmediata libertad.

La jueza Yassmin Barrios afirmó que ella discrepó con la resolución de los otros dos juzgadores, para la jueza presidenta del Tribunal de Sentencia no existió ni una sola prueba en contra de todas las siete autoridades comunitarias, para ella ningúno cometió delito alguno, el Ministerio Público no fue objetivo en su investigación y que para el tribunal quedó claro que desde el MP se está criminalizando a las movilizaciones comunitarias y a las autoridades comunitarias y ancestrales.

La Prisión política

Mynor Manuel López tuvo que esperar casi tres años en la cárcel de Huehuetenango para que el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios resolviera su situación jurídica luego de permanecer en prisión preventiva por acusaciones de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, desde septiembre del 2013.

Sotero Adalberto Villatoro, Juan Francisco Pedro y Arturo Pablo, autoridades comunitarias de Barillas cumplieron 515 días detenidos en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 en el sector 12 también acusados por la empresa española Hidro Santa Cruz por la supuesta “detención” de 11 trabajadores de esta empresa el 22 de abril 2013 en Poza Verde Barillas.

Ermitaño López Reyes, autoridad comunitaria de Barillas cumplió 417 días detenido en Huehuetenango, a él lo acusaron 23 trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia Huehuetenango de supuestamente haberlos “detenido” por varias horas adentro del CAJ el 23 de enero del 2014 mientras se realizaba una audiencia por el caso de las autoridades de Barillas.

Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, autoridades ancestrales del pueblo Q’anjob’al de Santa Eulalia Huehuetenango tuvieron que esperar 486 días detenidos injustamente en el Preventivo de la zona 18 luego de haber sido detenidos de forma arbitraria en el Centro Histórico de la capital en marzo del 2015, ambos fueron responsabilizados por el Ministerio Público MP de haber participado “liderando” a las personas durante una manifestación en el CAJ el 19 de enero 2015, al igual que a Ermitaño López son los trabajadores del Organismo Judicial, MP, Bufete Popular del CAJ quienes los acusan por delitos como: “coacción, instigación a delinquir y detenciones ilegales.”

Todos los casos las autoridades fueron señalados, estigmatizados y criminalizados por el Estado, los medios de comunicación y las empresas por el rol que juegan como autoridades comunitarias y ancestrales en el norte de Huehuetenango, por su lucha en defensa del agua y los bienes naturales y por la organización que promueven desde el Gobierno Plurinacional de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y mestiza del norte de Huehuetenango.

El MP pidió la mayor cantidad de años por condenas contra autoridades comunitarias

A pesar que no pudieron comprobar la participación de ninguna de las autoridades comunitarias, los fiscales del MP pidieron las penas más altas por los delitos de coacción, instigación a delinquir y detenciones ilegales, en una clara muestra de la falta de objetividad que los abogados defensores y los presos políticos denunciaron desde el inicio de las audiencias.

Los fiscales del MP solicitaron al tribunal de sentencia condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.

Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).

Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

Peticiones finales de Defensores de la Vida, el Agua y el Territorio en Guatemala ante la Jueza del Tribunal de Mayor Riesgo A en Ciudad de Guatemala:

¿Qué es lo que pide a este Tribunal?

Por: Leonarda De La Ossa.

Mynor Manuel López: ¿Qué pide usted al Tribunal?; mi libertad, porque todo lo que se vino a hablar aquí no es cierto.

Arturo Pablo Juan: ¿Qué pide usted al Tribunal?; directamente mi libertad pronta porque me he dado cuenta que todo lo que se ha hablado durante todos estos días no es cierto, como parte de la comunidad a la que pertenezco tengo mucho trabajo que hacer, con base en la constitución política de Guatemala, hemos ejercido nuestro derecho como autoridades, tengo mucho trabajo que hacer en cuanto a la defensa del territorio, de los recursos naturales, mi petición es que haya una libertad inmediata para mí.

Sotero Adalberto Villatoro Hernández: honorable tribunal como se ha demostrado que no hay pruebas de lo que se nos acusa, pedimos nuestra libertad, ya es casi año y medio de estar detenidos sin haber una causa que diga aquí está el delito, porque realmente de nosotros se ha comprobado a través de los peritajes, que somos defensores de la tierra y nuestros recursos, por eso nosotros siempre seguimos en la lucha y queremos que se respeten nuestras decisiones para defender estos recursos a los cuales nos hemos dedicado a defender.

Francisco Juan Pedro: ¿Qué pide usted al Tribunal?; Honorable Tribunal respetables licenciados, Sres. Del  Ministerio Público, presentes, muchas gracias por estar en este debate. ¿Cuánto tiempo tengo disculpe? solo un minuto.

Yo no acepto la sentencia emitida por el MP por la razón de que el 22 de abril de 2013 ni un solo momento estuve, lo digo con la frente en alto y la consciencia limpia ante mi Dios, estoy seguro que voy a recuperar mi libertad, razón por la cual quiero dejar en constancia de que si me pasara algo a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, responsabilizo a Hidralia energía hidrosantacruz. Ha sido claro estos días, que el origen de este conflicto social y esta criminalización se ha originado por la llegada de hidrosantacruz a Santa Cruz Barillas. Solicito y pido la cancelación de todas las licencias extractivas, mineras, hidroeléctricas y otros megaproyectos, ¿por qué?: miren el resultado, resultado de la invasión de extranjeros a nuestro país, también solicito y pido el retiro de las ordenes de captura sobre otras personas más, es lo mismo, no es otra cosa, ha sido un gusto estar ante la presencia de ustedes, tuve la oportunidad de conocerlos personalmente, los vi por la televisión y nunca me imaginé si un día iba a comparecer ante ustedes. Dios el supremo creador les ilumine sus mentes para una resolución, así como iluminó la mente del gran Salomón, con las dos mujeres que peleaban por un hijo, Dios les bendiga, muchas gracias

Taño López: ¿Qué pide usted al Tribunal?; buenos días honorables juzgadoras, en realidad tengo dos: lo primero lo que sí quiero como se los pedí desde un principio es que apliquen una justicia autentica, una justicia real, para que sean ejemplo de nuestros pueblos, comunidades y del país entero, en segundo lugar pido mi libertad inmediata porque estoy muy seguro de que soy inocente, no he hecho nada grave, nada malo, al contrario como lo dije desde un principio; defiendo a mi comunidad, quiero que estos acusadores del Ministerio Público sean sancionados por ustedes, especialmente René Maldonado y Gildardo Chúa, porque nos han Criminalizado de una manera muy mala, pido esta sanción para que nuestros pueblos y comunidades vuelvan a tener confianza o empiecen a tener confianza en el Ministerio Público porque lamentablemente en el norte de H, no hay justicia ni confianza para el Ministerio Público, que sean sancionados, no puede seguir el Ministerio Público criminalizando a nuestros pueblos, no puede seguir el Ministerio Público encarcelando a gente inocente.

Rigoberto Juárez Mateo: ¿Qué pide usted al Tribunal?; buenos días honorable Tribunal, distinguidos abogados, Sres. del Ministerio Público, Autoridades ancestrales tras de mí, representantes de distintos pueblos, en primer lugar, las energías del Nahual este día nos acompañan, para pagar por la vida, ofrendar. Yo soy inocente, totalmente inocente de las acusaciones falsas del Ministerio Público. Quiero decirle al Ministerio Público que me sorprende otra vez más la forma irresponsable y falta de ética con que ayer dieron sus conclusiones, parece que no hubieran estado durante los 15 días en que se llevó a cabo el debate, parece que no estuvieron, si hubieran estado, hubiera sido más objetiva su resolución, fueron muchas las falacias, al descalificarnos,  trajeron personas para ratificar acusaciones falsas en contra de nosotros, en las leyes del país habrán mecanismos y formas para diligenciar la responsabilidad de haber cometido falsas acusaciones, ratificar falsas acusaciones y traer falsos testigos, eso deber tener castigo.

La razón por la cual existe al conflictividad no solo en territorio Q’anjob’al sino en territorio Maya es porque existe y han existido proyectos extractivos que matan la vida, esos proyectos deben desaparecer de nuestro territorio para que vuelva a renacer la vida, nosotros defendemos vida, y si para defenderla hay que darla, la vamos a seguir dando.  Admiro y me siento sumamente feliz y contento al ver la presencia de nuestras autoridades ancestrales de los distintos pueblos Mayas, ayer y durante todos estos 15 días de debate, eso significa para mí una responsabilidad enorme, creí que al ser detenido ilegalmente, secuestrado, pensé: ¿a ver qué vamos a hacer? y al contrario; se ratifica la calidad de autoridad ancestral por la que he sido encarcelado, mi pueblo preguntará ¿qué vas a hacer?: voy a respetar la absoluta y sagrada decisión de mi pueblo  si ellos deciden de no seguir siendo su autoridad, ahora en esta sala, me considero Autoridad Ancestral. En esta sala el Ministerio Público se descubre, durante casi 16 meses, durante esos 16 meses, el  Ministerio Público ha remachado y remachado una tras otras, las declaraciones en contra de nosotros, ha denigrado nuestra dignidad y ha lastimado nuestro sagrado entorno, de esa cuenta honorable tribunal, lo solicitado por los distintos abogados que supieron llevar a delante una defensa de alta calidad profesional, ha demostrado de nuevo que el Ministerio Público debe de mejorar.

Lo primero que solicito es mi inmediata libertad sin mayores condicionamientos, porque no hubieron evidencias de que cometimos delitos, como lo hicimos y está grabado en esas pruebas que se presentaron, pedimos a las autoridades correspondientes del organismo judicial que se haga una investigación profunda, exhaustiva, responsable para identificar en qué los trabajadores del Centro de Administración de Justicia – CAJ de Santa Eulalia incurrieron en acciones delictivas contra las naciones Mayas Ancestrales porque no hemos recibido desde la creación del CAJ una sola respuesta de justicia. Mi tercera petición es solicitar la inmediata cancelación de todas las licencias, investigar si las licencias en territorio Q’anjob’al son legales o no y si no, pedir su inmediata cancelación, también con respecto a las 19 licencias de extracción minera, que se investigue si están en la legalidad o no, y si no, que se cancelen, porque nosotros contamos con el principio de que la consulta comunitaria de buena fe es responsabilidad del estado y el estado la ha evadido, la hemos hecho nosotros, como un mecanismo ancestral de toma de decisiones de nuestros pueblos, porque cualquier cosa se consulta, no tomando decisiones antojadizas ni personales, y para finalizar lo vuelvo a ratificar: es necesario y urgente que se instalen las mesas de diálogo al más alto nivel, con los distintos organismos del estado que tienen una responsabilidad, con el ejecutivo, quien ejecuta, el legislativo hace leyes y el judicial quien persigue los delitos, porque ¿cuántos delitos se han cometido?…… en ese sentido, solicito que se concreten mis peticiones en esos puntos que he dicho, reiterando nuestra inmediata libertad sin mayores contratiempos, así como el resarcimiento individual, familiar, comunitario y colectivo porque es una responsabilidad del Estado al habernos secuestrado.

Domingo Baltazar:

Honorable jueza y juez, lo que quiero decir es de que yo creo de que en mi caso durante los debates de 15 días en que estamos, me quedó pegado en la mente con la conclusión del Ministerio Público, dice en sus conclusiones que Domingo Baltazar y Rigoberto, nueve años de prisión condenatoria, durante los 10 días está clarísimo que no tuve participación. Lo que pido es que a todos los testigos que vinieron a mentir ante este tribunal sean juzgados, que sean juzgados con la ley y que se cumpla, la inmediata investigación en el Centro de Administración de Justicia – CAJ de Santa Eulalia que está dominado por el ex alcalde, le pido una investigación porque hay criminalización, esto es fruto de la corrupción a nivel nacional. Por último como ya ustedes ya vieron no tuve la participación en ninguno de esos delitos, pido en nombre del tribunal y el nombre de Dios mi inmediata libertad, ya son 17 meses en la cárcel injustamente, Dios sabe, hoy pido mi libertad, gracias honorable Tribunal.

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Día cinco del debate oral contra las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango

Por: Nelton Rivera.

Este martes 12 de julio 2016 se realizó la quinta jornada durante el Debate Oral y Público que se abrió en contra de siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango.

Estas siete personas: Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Adalberto Villatoro, Ermitaño López, Mynor López, Arturo Pablo y  Francisco Juan Pedro fueron acusados por varias empresas que pretenden instalar varios proyectos de hidroeléctricas en el departamento, algunas de estas también podrían estar preparando condiciones para extracción de minerales como el caso de Hidro Santa Cruz con el proyecto Qanbalam.

Durante toda la mañana rindió su testimonio el fiscal del MP, el señor René Maldonado Maldonado, en su declaración acuso de forma insistente a las autoridades comunitarias, califico de violentos a la comunidad Q’anojb’al de Santa Eulalia y otros municipios, acusándolos de haber rodeado el CAJ muchas personas, con armas como machetes, palos, piedras y galones de combustible; con el objetivo de asesinar a todos los trabajadores del CAJ, específicamente a él. “La consigna que llevaban era que debía de correr sangre” refirió el fiscal.

René Maldonado cuando comenzó la interpelación de los abogados defensores de las siete autoridades comunitarias comenzó a contradecirse con su propia versión de lo ocurrido en el CAJ en enero del 2014, cuando modificó el expediente agregando el delito de plagio o secuestro en esa audiencia.

La acusación de los testigos del MP, la mayoría trabajadores del Organismo Judicial, Bufete Popular, Ministerio Publico y Policía Nacional Civil en el CAJ de Santa Eulalia se ha ido desvaneciendo con las contradicciones de los mismos testigos del MP, las pruebas presentadas testimoniales y documentales por parte de la defensa.

Durante la tarde se presentó el abogado Pedro Rubel Toledo, propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias, Pedro Rubel es uno de varios abogados que intervinieron en la defensa de dos jóvenes de Pojom detenidos de forma arbitraria el 19 de enero del 2015. Pedro Toledo fue criminalizado por ejercer la defensa de los opositores a otra hidroeléctrica en Pojom, fue detenido en la ciudad de Huehuetenango. La nota Huehuetenango: detenido el abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios explica cómo fue su detención.

Pedro Rubel es un ejemplo claro de cómo la justicia en Huehuetenango pareciera tener fuertes vínculos con las empresas extractivas, Santa Eulalia: Abogado Q’anjob’al Pedro Toledo regresa a su territorio se explica cómo finalmente el juez Miguel Ángel Gálvez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo B ordeno el cierre de la persecución penal en su contra.

David Diego Marcos periodista comunitario y miembro de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ también se presento ante el tribunal para atestiguar a traves de su trabajo cuando durante la cobertura de la reunión entre autoridades comunitarias del Gobierno Plurinacional con el director del CAJ Pascual Tiu Zapeta, el corresponsal grabo un video que documento como se realizo la reunión entre autoridades y el director del CAJ el dia 19 de enero del 2015, este material audiovisual como prueba desmintió la acusación del MP al afirmar que al director del CAJ se le había agredido, amenazado y golpeado durante las horas que permaneció en el interior del centro.

Son tres las causas penales existentes, pero el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios decidió conexar los tres procesos por los que están siendo procesados las autoridades comunitarias y reunirlos a todos en un mismo debate oral y publico.

  1. Año 2013: la empresa española Hidro Santa Cruz / Ecoener Hidralia Energía acuso a Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Mynor López y a Francisco Juan Pedro de haber secuestrado, coaccionado y amenazado a 11 trabajadores de la hidroeléctrica en el lugar conocido como Poza Verde, Barillas cercano al ingreso del terreno de la empresa.

Francisco Juan Pedro no estuvo en ese lugar, el 22 de abril 2013, cuando las autoridades mediaron para que se retiraran los trabajadores de la empresa que habían instigado a la población de las comunidades que permanece en un plantón permanente.

  1. Año 2014: el Ministerio Público inicio un proceso penal en contra de Ermitaño López Reyes acusándolo de haber “retenido” a los trabajadores del CAJ de Santa Eulalia el día 23 de enero 2014, cuando al celebrarse una audiencia por el caso de la hidroeléctrica en Barillas el fiscal del MP, René Maldonado Maldonado modificó la acusación del expediente de las autoridades comunitarias, en un procedimiento que muchos consideran ilegal pide sean detenidos por Plagio o Secuestro, delito que no existían en el expediente.

Esa misma tarde se realizó una segunda audiencia a través de la cual un juez de Santa Eulalia ordeno que las autoridades no fueran detenidos de forma preventiva como intentaba el fiscal del MP horas antes.

  1. Año 2015: por varias órdenes emitidas por un juez de Santa Eulalia las fuerzas de seguridad en la madrugada del 19 de enero, ingresaron violentamente en las comunidades de Pojom en San Mateo Ixtatán, deteniendo a dos jóvenes y trasladándolos de forma arbitraria por helicóptero hasta la comisaria 431 de Huehuetenango, las comunidades sin saber el paradero de los dos jóvenes fueron al CAJ en Santa Eulalia lugar natural al que debieron los fiscales del MP y agentes de la PNC trasladar a los dos hermanos detenidos en Pojom.

La tercera acusación hecha por los funcionarios del CAJ se centra en Rigoberto Juárez Mateo, Ermitaño López y Domingo Baltazar, este último nunca estuvo en el CAJ por un accidente sufrido trabajando la tierra.

El MP los acusa de haber “retenido” a todos los trabajadores del CAJ considerándolo el delito de Plagio o Secuestro.

Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria

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En la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán están ocurriendo muchas hechos violentos desde que la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) inició sus actividades. Como en otros lugares del norte de Huehuetenango, los medios corporativos representan a pueblos completos y sus problemáticas y demandas de una manera tergiversada.

Para comprender mejor lo que ha ocurrido en los últimos años en esta comunidad, Francisco Simón Francisco ha entrevistado a autoridades y a vecinos, ha consultado documentos y ha reconstruido el proceso para quienes leen Prensa Comunitaria y les interesa comprender las compleja realidad que vive el país.

Este es el primero de cuatro reportajes sobre la realidad que se vive en comunidad de Pojom, desde sus protagonistas. En este caso que presenta a la aldea Pojom y muestra cómo se realizó la Consulta Comunitaria y como todo el mundo actuaba de forma conjunta.

 1.  La Consulta Comunitaria: Unidad social en la comunidad

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Consulta comunitaria en Pojom, San Mateo Ixtatán, 21 de mayo 2009

 

Por: Francisco Simón.

La aldea Pojom, su realidad actual

Pojom es una de las 59 aldeas del municipio de San Mateo Ixtatán. Con sus 4200 habitantes, de todas sus comunidades es la más grande de  la zona Norte del Municipio. Limita al norte con la frontera de México y al este con el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Es la única aldea de San Mateo formada totalmente por población Q´anjob´al, de origen en Jolom Konob´ (Santa Eulalia). Su agricultura se basa en el cultivo del café y cardamomo como principal ingreso local y familiar. La mayoría de la comunidad se dedica al cultivo de maíz y el frijol, por eso el agua es fundamental para una sociedad agricultora.

La economía de la aldea también se sustenta por las remesas familiares que ingresan constantemente, resultado de varias décadas de migración forzada hacia México, los Estados Unidos y la capital. Cientos de ellos están asentados en Playa del Carmen, Quintana Roo, México y  en diferentes estados de los Estados Unidos, en un primer momento migraron por la represión del Estado durante la guerra, luego las condiciones de pobreza fueron el detonante para continuar migrando.

Las comunidades manifiestan la ausencia de una política pública del Estado que atienda sus necesidades sociales. El centro de Salud denominado Casa Materna “Clínica Vivir en Amor” fue construido en 2006, y buena parte del personal es pagado por una institución de Bélgica. El Instituto Básico comenzó a funcionar en el año 2009 también fue construido con apoyo económico de personas belgas. Aunque es un Instituto Básico Nacional no  cuenta con maestro presupuestado por parte del Estado. Los cuatro maestros que atienden a los  92 alumnos trabajan por contrato.

Pojom cuenta con escuelas para el nivel primario, pero desafortunadamente los 14 maestros presupuestados son insuficientes para la necesaria formación académica de los 670 niños que acuden a ellas y la presencia del Estado representada por la fuerza pública no garantiza la seguridad ciudadana.

 Lo que la guerra gana, la gente pierde

Durante el periodo que más afecto la región durante conflicto armado ocurrido fue durante los años de 1980 a 1982, de los 36 años que ésta duró, la aldea sufrió una crisis social por la represión del Estado guatemalteco encabezado por la fuerza militar en compañía de los comisionados. Hubo siete desaparecidos, torturados y asesinados por su supuesta vinculación con el Ejército Guerrillero de los  Pobres EGP, una de las guerrillas que surgió en el país.

Después de que fueron desaparecidos sus esposas fueron violadas por comisionados militares. Debido a las circunstancias que ocurrían en esa época decenas de personas tuvieron que asilarse en el Estado de Chiapas México, huyendo de las listas de los comisionados y oficiales S2, también huyendo de las masacres. Varios de ellos retornaron para recuperar sus tierras en Pojom y otros se quedaron en Chiapas debido al miedo, temor y esa vivencia de terror que vivieron durante la guerra.

En la situación que se vive en la actualidad, con represión y criminalización –como describiremos en otra entrega de esta serie- hay gente que reconoce las situaciones se siguen dando. Recuerdan que el ejército y los comisionados militares los acusaron como guerrilleros. Hoy en la actualidad los comunitarios son insultados, son considerados como “bochincheros”, y acusados de “guerrilleros” por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica en la región de Ixquisis. Muchas veces considerados como  “tapacaminos“ solo por oponerse a la militarización en la región y otras veces como “locos” según la empresa porque nada quieren y porque según esta que ellos no quieren desarrollo.

El ejército nunca se desmovilizó de esta zona, a pesar de la firma de los acuerdos de Paz en 1996, en la aldea de YixKisis volvieron a instalar el destacamento militar, el mismo que funcionó durante el conflicto armado, en ese mismo lugar la empresa PDHSA tiene sus instalaciones y ahí mismo esta el destacamento militar, protegen a los trabajadores de la empresa, los comunitarios denunciaron que incluso tienen conocimiento de un grupo paramilitar que actúa para dañar a los vecinos opuestos a la hidroeléctrica y nada hacen para detenerlos. 

La Consulta Comunitaria: características históricas y legales.

Desde el año 2005, los pueblos indígenas, dueños legítimos de sus tierras, se levantaron en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales y apoyados por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y la división comunitaria. Las comunidades indígenas y mestizas pobres y los pueblos se mostraron dispuestos a defender lo que les queda de sus territorios y sus derechos con los mecanismos que la historia, la legalidad y su propia voluntad les proporcionan. [1]

Ante estas estrategias de las empresas y el Estado, los pueblos indígenas y mestizos, se organizan con el respaldo de sus autoridades ancestrales, municipales y basándose en el marco de la legalidad garante de sus derechos fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas[2], en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Más de 80 consultas se han realizado desde el año 2005 hasta el 2016, siendo uno de los mecanismos de información, consulta y toma de decisión que las comunidades y pueblos siguen ejerciendo para enfrentar la imposición arbitraria e ilegitima de las empresas, gobiernos y grupos económicos vinculados al modelo extractivo.

La Consulta en San Mateo Ixtatán

Andrés Alonso Pascual, originario de la aldea Bulej, maya-hablante Chuj, fue alcalde municipal de San Mateo Ixtatán entre 2004 a 2008 por el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG y posteriormente por el mismo partido en el periodo 2008-2012.

Parte de su gestión como alcalde fue la organización municipal para la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el Municipio. Se llevó a cabo un día jueves, 21 de mayo del año 2009 y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la població rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.

El alcalde municipal no estaba de acuerdo para la explotación de los recursos naturales, mucho menos para la autorización de hidroeléctricas transnacionales en el municipio, según él porque la ideología de su partido no compartía los intereses empresariales, a menos que las empresas fueran administradas por la comunidad. Se organizó junto a las comunidades para oponerse a la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas en territorio Chuj.

Motivó a  las comunidades a organizarse. Las comunidades aceptaron el mandato del señor alcalde municipal, le dijeron que está bien y le dieron importancia a la organización para la consulta de la buena fe. El día de la consulta comunitaria todos dijeron “NO A LA MINERA, y “NO A LOS PROYECTOS TRANSNACIONALES” en el territorio Chuj.

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¿Cómo fue la Consulta en Pojom?

En la aldea Pojom la consulta comunitaria fue organizada por el alcalde municipal junto al señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar, ex comisionado Militar, Presidente del COCODE, Presidente Regional y Representante de la Región ante el COMUDE, acompañado por la coordinación y apoyo de los maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pojom.

La gente de la aldea relata que la consulta fue iniciativa del señor alcalde municipal para impedir la entrada de las empresas petroleras, mineras e hídricas en el territorio Chuj. Mostraba el rechazo rotundo de las comunidades ante la explotación minera en su territorio, en especial en la región Norte de San Mateo Ixtatán.

“Todos los niños de la escuela primaria y todas las personas de Pojom van a decir que tanto minería u otros nos afectaran, la minería la llevaran las grandes personas que vienen de otros países, razones por la cuales todos vamos a decir que no a la explotación de los recursos, porque nadie quiere que afectan la comunidad y la tierra guatemalteca” enfatizó el señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar

Por otro lado cuentan que el aviso surgió desde diversos municipios y llegó hasta San Mateo para luego realizarla con las comunidades. No sólo era San Mateo Ixtatán el municipio donde se llevaría la consulta, sino que también en las comunidades de otros municipios de Huehuetenango, harán lo mismo, todos con el lema: “No queremos minería en nuestro territorio”.

Fue así como se organizó la consulta comunitaria promovida por don Nicolás y el apoyo de los maestros. Cuando se realizó el día 21 de mayo de 2009, tanto personas de la tercera edad, mujeres, hombres, señores, señoras, niños y toda la comunidad, ninguno dijo si a la minería. Al contrario, todas se manifestaron en contra en ese tiempo.

Cuando se realizó la consulta comunitaria en Pojom no había división comunitaria, las decisiones se tomaban en colectivo, se reflejaba el consenso entre los comunitarios, había unidad entre las personas, fue por la unidad que se logró el rechazo a la minera. Luego con la instalación de la empresa, llego la división comunitaria, se instaló nuevamente el discurso contrainsurgente para criminalizar a la población en oposición de la empresa y Nicolás Francisco Tomás Gaspar volvió a jugar el papel represivo que jugó en la guerra.

La satisfacción de las comunidades

Después de la Consulta, los comunitarios indicaron que desde hace varios años se había iniciado el proceso para realizar la consulta de buena fe. Por ello resaltaron como un día histórico el jueves 21 de mayo, ya que después de enfrentar algunos obstáculos los habitantes a través de un acto de buena fe indicaron no aceptar ningún trabajo extractivo en sus comunidades. Asimismo señalaron que la lucha de todos los pobladores se basa en que las empresas transnacionales no destruyan lo que a los habitantes les pertenece, al referirse a su tierra y territorio así como la riqueza natural.

El Alcalde Municipal de San Mateo Ixtatán refirió que en la consulta de buena fe participaron más de cincuenta observadores nacionales e internacionales quienes fueron testigos de la participación de los habitantes al decir un no a los trabajos de exploración y explotación de minería a cielo abierto en el territorio. Asimismo indicó que en reunión entre los integrantes del Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDES) se decidirá cuándo entregarán los resultados de la Consulta de Buena Fe a autoridades Nacionales en la Ciudad capital.

El Alcalde Andrés Alonzo Pascual indicó que la consulta se llevó a cabo a solicitud de los pobladores, y en base al convenio 169 de la OIT donde señala que los pueblos indígenas deben ser consultados previamente sobre las medidas administrativas que afecten sus derechos e intereses. Refirió que es la población quien decide qué quiere y qué no quiere en su territorio. Por ello hizo un llamado a las autoridades nacionales a respetar la decisión de los habitantes. Así mismo enfatizó que exige se haga respetar la decisión del pueblo, al mencionar que ya se firmó la paz en Guatemala y que en ningún momento desean enfrentamientos por no respetar la decisión del pueblo de San Mateo Ixtatán. [3]

No se ha respetado la Consulta Comunitaria en San Mateo Ixtatàn

La consulta comunitaria realizada el año 2009, en donde las comunidades manifestaron su oposición a la explotación de sus recursos naturales, no se ha respetado. Las empresas están explotando las tierras, están destruyendo los ríos que de eso dependen muchas comunidades, con ellas cientos de miles de personas y que por cientos de años han estado viviendo aquí. Las comunidades recuerdan que gracias a sus antepasados lucharon por la unidad, y por el esfuerzo de todos obtuvieron este pedazo de tierra para vivir y que es lo poco que tienen. Las empresas están destruyendo a pesar de que las comunidades han dicho que no a todo tipo de imposición de proyecto nacional o transnacional.

¿Entonces por qué no respetan las decisiones? Aquí se refleja claramente la impunidad de las empresas respaldadas por una fuerza pública del Estado que se ha prestado para servir a las empresas en contra de las comunidades.

Las preguntas que se hacen las comunidades son: ¿Acaso los que vivimos aquí no son humanos? ¿Acaso no son guatemaltecos? ¿Acaso no nos protege la Constitución Política?

Las comunidades indican que para las empresas no hay pueblos indígenas; afirman que están hablando de “desarrollo”; pero según ellos, los comunitarios, eso es una mentira total, ese desarrollo del que hablan estas empresas es una falsedad, una forma de manipular y engañar a las comunidades, con ese “desarrollo” llegaron con la invasión española 500 años atrás.

La consulta fue plasmada en papel, fue evidente la participación de las comunidades en ese año, pero para las empresas no vale nada, negocian detrás de las comunidades con las autoridades administrativas para sus proyectos y proyectos de otros países; siendo las comunidades los ciudadanos y pueblos nativos de esta región y manifiestan que van a seguir luchando en defensa de los recursos porque según ellos que su voz es autentica y tiene que ser respetada.

Todos los acuerdos documentados en ese tiempo no se respetan, y para que todo se respeta las personas como pueblos deben estar unidos para demostrar esa inconformidad ante estas empresas y ante las autoridades que los autorizó. Las comunidades en mayo 2016 celebrarán el aniversario siete de la consulta comunitaria.

PRÓXIMA ENTREGA: “La empresa llega a Pojom engañando y falseando”

Notas

[1]https://www.academia.edu/7263587/DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_Comunidades_Estado_y_empresas

[2] Acerca del Reglamento para el proceso de Consultas del Convenio 169

[3] http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/4790-4790

 

Totonicapán: conmemoran el primer aniversario de la Consulta Comunitaria

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Por: Leopoldo Batz.

A un año que se celebrara  la consulta comunitaria en la cabecera municipal de Totonicapán, autoridades del área urbana, la Coordinador de Autoridades Comunitarias de Totonicapán y el Consejo de Autoridades  del departamento, exigieron se respete la decisión emitida por 6,981 vecinos que acudieron a emitir su sufragio el 3 de mayo del 2015.

El 98% de los votantes dijeron NO a la instalación de los proyectos geotérmicos, minería, hidroeléctricas, la empresa TRECSA, la Ley Monsanto y la Ley de Telecomunicaciones.

Según las autoridades la lucha continuará y al mismo tiempo piden ser partícipes de la toma de decisiones para velar por los intereses de todo el pueblo para que no se lesionen sus intereses comunitarios.

“Nos hemos pronunciado rotundamente contra a  la minería y otras leyes que han disfrazado y cambiado de nombre.  Con este acto estamos demostrando que estamos al pendiente de cualquier decisión que se tome a nivel nacional”, así comentó doña Julia García De López, Alcaldesa comunal de la zona 3.

En su intervención David Coxaj quien preside el Consejo Departamental de Autoridades Comunitarias de Totonicapán dijo con estas actividades el pueblo está haciendo presión;  “los ministros y el presidente en turno, saben muy bien que Totonicapán nunca va permitir el ingreso de proyectos de extracción.”  El departamento  cuenta con muchos recursos hídricos y recursos boscosos,  para nosotros es la vida y no podemos permitir que se violente nuestra territorialidad y la vida misma de la población.”

Esta es la cuarta consulta comunitaria realizada en el departamento, anteriormente los municipios de Momostenango, Santa María Chiquimula y San Francisco el Alto, se habían pronunciado de la misma manera.

Al finalizar el acto conmemorativo los asistentes presentaron una ofrenda floral ante el monumento del primer líder comunitario Atanasio Tzul de Chui meq´ja´.

Barillas: tres años de la resistencia pacífica “Nuevo Amanecer”

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Por: Manuel Pedro.

La resistencia pacífica; enmarcada en el derecho constitucional a la libre manifestación, organización y expresión. Se vive y se siente en Santa Cruz Barillas, en el agradecimiento al Ajaw y formador por el tercer aniversario de la Resistencia Pacifica “Nuevo amanecer” en Poza verde el 7 de abril de 2016.

Desde hace tres años; el 7 de abril de 2013, Miles de comunitarios y comunitarias de Santa Cruz Barillas se instalaron pacíficamente en el camino comunitario que conduce a la entrada de las instalaciones en donde la empresa Hidro Santa Cruz pretende continuar realizando trabajos de construcción de la Hidroeléctricas Q’anb’alam I, Q’anb’alam II y Q’anb’alam III, en área denominada Poza Verde; La resistencia pacífica de Barillas decidió realizar un plantón y toma pacífica.

Desde esa época se vivió y se sigue viviendo una ola de persecuciones en contra de nuestros líderes y lideresas del municipio de Barillas, órdenes de capturas y encarcelamiento de forma arbitraria en contra de las autoridades ancestrales; tales como Ermitaño López Reyes y Adalberto Villatoro, actualmente integrantes del Gobierno Plurinacional de la etnia Mestiza, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, ambos maya Q’anjob’al integrantes del gobierno Plurinacional de la Región norte de Huehuetenango, todos del gobierno Plurinacional Yajawil Konob’ Imox.

El agradecimiento al Ajaw y formador por el tercer aniversario de la Resistencia Pacifica en Poza verde este 7 de abril de 2016. Se hizo saber a la opinión pública nacional e internacional que la resistencia sigue en pie, las exigencias a los derechos, la liberación de los presos políticos y el retiro de las empresas transnacionales fuera de nuestro territorio. Se les hizo una invitación a los presentes por las luchas a favor del agua, los recursos naturales, los derechos humanos, y la construcción de un estado plurinacional.

Barillas y Comunidades en Resistencia Pacífica, “Poza Verde – Nuevo Amanecer”.