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Militares fueron acusados formalmente por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad en el caso CREOMPAZ

Prensa Comunitaria Km 169

Prensa Comunitaria Km 169

Por: Nelton Rivera.

En una audiencia histórica el Ministerio Publico MP responsabilizó esta tarde formalmente a diez altos mandos del ejército de Guatemala, como los responsables de haber cometido los delitos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad contra 565 personas de distintos pueblos indígenas durante la década de los años 80 en el departamento de Alta Verapaz. Hechos ocurridos  mientras los oficiales tuvieron a su cargo la base militar No. 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” ahora Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz CREOMPAZ.

Desde Alta Verapaz llegaron familiares de detenidos desaparecidos durante la guerra, especialmente el pueblo maya Q’eqch’i, Achí y Pocomochí, quienes están presentes en la sala de audiencias, esta sala se ubica en el nivel 14 de la Torre de Tribunales y está completamente llena, con poca ventilación y espacio, las altas temperaturas que afecta al país también afecta a quienes asistieron a la sala.

Los oficiales procesados son Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército e Ismael Segura Alburalach, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García,  José Antonio Vásquez García, coronel Carlos Humberto Rodríguez López, coronel Pablo Roberto Saucedo Mérida, coronel César Augusto Ruiz Morales, comandante de batallón Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez comandante de la zona militar No. 21, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.

La fiscalía de derechos humanos del MP, individualizó todos los delitos imputados a cada uno de los militares acusados durante esta audiencia de Fase Intermedia, realizada en el Tribunal de Mayor Riesgo A este 3 de mayo 2016, el periodo investigado es a partir de los años 1978 a 1982, aunque algunos oficiales permanecieron en la zona militar hasta 1987.

El MP solicitó que la Juez Claudette Domínguez resolviera la falta de mérito para dos oficiales que no fueron ligados a proceso en enero del 2016, el MP consideró que por el momento no había pruebas suficientes para ligarlos a proceso, los dos oficiales son Édgar Rolando Hernández Méndez y Carlos Humberto Rodríguez Lópe.

En el caso del coronel Luis Alberto Paredes Nájera, éste permanecerá en el hospital Militar en la zona 16 por el estado crítico de su salud, la doctora Anabella Brox de Arévalo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- determinó a través de un informe médico forense del día 22 de abril 2016 que el militar no se encuentra en condiciones físicas y psicológicas para enfrentar este proceso penal.

Razón por la cual la juez ordenó que se conforme una comisión con dos especialistas del Hospital Mental Nacional “Carlos Federico Mora” y otro especialista aportado por los querellantes para determinar el estado actual del oficial y si finalmente podrá enfrentar o no el proceso penal en su contra.

A las 10 de la mañana todos los militares fueron retirados de la sala de audiencias en el nivel 14 y trasladados por el Sistema Penitenciario a la Brigada Militar “Mariscal Zabala”; lugar en el que se encuentran recluidos bajo prisión preventiva.

Fue a partir de las 3 de la tarde que la fiscal Gilda Pineda de la fiscalía de Derechos Humanos del MP comenzó a individualizar los delitos a cada uno acusados en el Caso Creompaz, fueron presentados 20,818 folios que forman parte de los medios de investigación, por los hechos cometidos en la década de los años 80 contra 565 personas halladas en 85 fosas clandestinas dentro de las instalaciones de la base militar No. 21 ahora llamada CREOMPAZ.

Estas osamentas corresponden a las personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas por el ejército, los análisis forenses permitieron conocer que las osamentas pertenecen a indígenas maya Achí, Q’eqchi, Pocomochí, Ixil y Kiché.

La audiencia estuvo prevista para comenzar a las 8 de la mañana en el Tribunal de Mayor Riesgo A, iniciando con una hora de retraso, la seguridad en la Torre de Tribunales aumentó sus controles de ingreso al edificio de justicia, afuera de los tribunales un grupo de familiares de los militares procesados, acompañados por militares de baja y varias personas que llegaron también de Alta Verapaz manifestaron su rechazo al proceso penal que enfrentan los altos mandos del ejército.

Esta audiencia podría finalizar a las 10 de la noche de este martes 3 de mayo.

 

 

 

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Sepur Zarco: “les dije soy una autoridad comunitaria y nunca me creyeron”

Don Manuel Sepur Zarco 1

Don Manuel Cu ante el Tribunal de Mayor Riesgo A

Por: Nelton Rivera.

“Viví un gran sufrimiento, me trataron como a un animal, como si fuera un coche, me tiraron al lado, me orinaban adentro de mi boca, nunca me respetaron como la autoridad comunitaria que era.”

Manuel Cu fue el quinto testigo que declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo A el día 2 de febrero 2016, presidido por la juez Yassmin Barrios, e integrado por los jueces Patricia Bustamante y Gerbi Sical en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Don Manuel nació en el municipio de Senahú del departamento de Alta Verapaz, él es maya Q’eqchi, es agricultor, toda la vida se dedicó a trabajar la tierra y en los momentos más difíciles de la guerra exigió y peleó la propiedad de la misma.

Viajó desde su comunidad en Panzós Alta Verapaz hasta la ciudad capital, con seguridad no es la primera vez que lo hace, esta vez, dará su testimonio frente a la juez Yassmin Barrios, declarará sobre los hechos ocurridos en 1982 en su comunidad San Miguelito, hablará sobre las atrocidades cometidas por el ejército de Guatemala en contra de la población civil.

Su piel es oscura, su pelo está cubierto ya de canas blancas, él es testigo, vivió en carne propia la crueldad del ejército, frente a él se encuentra el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, el temido “Canche Asij.”

Manuel con su semblante de hombre adulto se mantuvo sereno, en su rostro se marcan ya los surcos de toda una vida de trabajo en el campo y del avance de los años, pasaron ya 34 años cuando conoció a los dos personajes que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad, deberes contra la humanidad, desaparición forzada, esclavitud y violación sexual entre otros, don Manuel era joven cuando todo esto sucedió en 1982.

De la detención arbitraria a la tortura

Don Manuel fue electo como alcalde de su comunidad en San Miguelito, como autoridad comunitaria planificó un viaje al municipio de El Estor en el departamento de Izabal en el caribe guatemalteco.

Su viaje tuvo como motivo el nombramiento de un nuevo comisionado militar para su comunidad, al llegar al destacamento militar en El Estor se presentó como Alcalde Auxiliar de la comunidad, “el jefe de comisionados militares me dijo, vos no tenes nada que hacer aquí, vos no sos autoridad de nada, lo que sos es un delincuente”, don Manuel decidió retirarse del destacamento.

Unos pocos minutos habían pasado de su desencuentro con el jefe de comisionados militares, cuando se percató que varios soldados venían detrás de él, lo alcanzaron, lo detuvieron y lo llevaron al destacamento militar de vuelta.

Sin ningún motivo, lo amarraron contra un tubo en el interior de la instalación militar, los soldados comenzaron a golpearlo, “fui embrocado contra el piso, me patearon en el estómago, en la espalda, en los brazos”, luego sintió como lo golpeaban nuevamente con los extremos de sus armas.

“me amarraron las manos contra los pies y ahí me retuvieron, me dijeron los soldados vas a tener que esperar a que regrese el oficial, salió de patrullaje al Polochic y tenés que esperar a que regrese.”

Pasaron las horas, don Manuel seguía tirado con las manos y pies amarrados, cuando el oficial volvió de patrullar, fue golpeado de nuevo, escuchó varias voces que le gritaban “vos venís de la montaña.”

Luego escuchó la orden “un día más y te vas en el guardacostas para Pataxté”, el “guardacostas” es un buque militar encargado del patrullaje de la costa del Atlántico o del Pacifico del país.

Lo trasladaron en el buque, al llegar lo siguieron golpeando, de los golpes pasaron a la tortura, “me colocaban un hule en el cuello, mis ojos comenzaron a ver luces de colores”, así lo hicieron varias veces, durante varios días. Don Manuel recuerda que lo tiraron adentro de una lona y ahí lo tuvieron.

“Viví un gran sufrimiento, me trataron como a un animal, como si fuera un coche, me tiraron al lado, me orinaban adentro de mi boca, nunca me respetaron como la autoridad comunitaria que era.”

Para él fue muy doloroso el volver a recordar todo el sufrimiento que vivió retenido por los militares, “para mí es como lastimarme el pie y arrancarme de golpe la costra, uno vuelve a sangrar.”

“Esto vengo a declarar en esta ocasión, lo que me hicieron fue muy doloroso. Yo les decía soy una autoridad comunitaria, nunca me creyeron y todo eso fue muy doloroso.”

El ejército lo retuvo durante 45 días con algodones puestos sobre los ojos, para sostenerlos los amarraron con cinta adhesiva, él desconoce hasta la fecha por qué lo detuvieron y lo acusaron de ser un delincuente, si él al igual que otros líderes comunitarios estaban realizando las gestiones ante el Instituto de Transformación Agraria -INTA-, la comunidad estaba exigiendo la legalización de la tierra de San Miguelito, luego entendió que el ejército estaba ahí para defender a los terratenientes.

El destacamento militar de Sepur Zarco

Él supo que construyeron un destacamento militar en Sepur Zarco, supo también que los soldados que lo golpearon y torturaron múltiples veces eran de ese destacamento, también que el oficial que estaba al mando era el teniente coronel Esteelmer Reyes, mientras estuvo ahí detenido escucho muchas veces su nombre.

Un día los soldados lo sacaron del destacamento y lo llevaron a la comunidad San Miguelito, su comunidad, ellos querían que don Manuel señalara a otras personas, los militares esperaban dar con los guerrilleros. “Ellos querían que diera el nombre de las personas que vivían en ese lugar y yo no lo hice porque todos somos hijos de Dios. Sé que la gente de la comunidad está agradecida conmigo porque yo los protegí y por eso ellos también están vivos.”

Recuerda que en ese período, en 1982, el presidente era Ríos Montt, por eso lo responsabiliza de todo el daño que él sufrió, y del daño que sufrió el pueblo Q’eqchi en las comunidades.

Mientras don Manuel va narrando, el traductor va haciendo la pausa para traducir del idioma Q’eqchì al castellano, mientras eso sucede en la sala, varias mujeres con sus rostros cubiertos por telas dejan escuchar su llanto.

Recuerda que en su comunidad don Santiago fue nombrado comisionado militar, a él lo capturó el ejercito, lo desapareció y nunca supieron en donde quedó su cuerpo, la gente por el temor de correr con la suerte de muchos detenidos desaparecidos, decidieron huír de las comunidades, subieron a la montaña para esconderse.

También supo de una señora que era hija de doña Julia, ellas eran mozos colonos en la finca, las trasladaron a la comunidad en donde ellos vivían, era una mujer con varios hijos. Cuando don Manuel regresó del destacamento militar supo que a ella los soldados la mataron.

Don Manuel retoma su declaración, “el Canche es responsable de muchas vidas allá” una afirmación que deja en silencio por completo la sala. La gente de su comunidad le pidió que se mantuviera en el cargo a pesar de haber vivió la tortura en el destacamento militar, de esa cuenta don Manuel terminó su período como alcalde auxiliar de San Miguelito.

Respondió a las preguntas de la fiscal del Ministerio Público, también a las preguntas de las abogadas querellantes y la de los abogados defensores de los dos acusados, se levantó, camino hacia uno de los costados de la sala de audiencias y salió.

Caso Creompaz: los procesos penales contra 14 militares están apegados a la ley

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Foto: Carlos Fernández.

“…los militares implicados en la desaparición de Marco Antonio Molina Theinssen han disfrutado de todas y cada una de las garantías procesales que a las victimas de desaparición forzada, tortura, secuestro, ejecución extrajudicial les fueron negadas por sus verdugo. De manera que la afirmación que la protección de derechos humanos tienen una visión ideologizada es una afirmación falaz” Iduvina Hernández representante de la Convergencia de Derechos Humanos.

Organizaciones de derechos humano en Guatemala expresaron a través de una conferencia de prensa que “el caso de CREOMPAZ tiene vida jurídica porque se basa en el Estado de Derecho”.

Desmintieron distintos argumentos que se colocaron ante la opinión publica a través de distintos medios que buscan confundir a la población, tanto el equipo de abogados que realizan la defensa de los 14 oficiales del ejercito sindicados por el Ministerio Publico como responsables de delitos de lesa humanidad como desaparición forzada y deberes contra la humanidad por más de 90 personas de las etnias Q’eqchi, Achi y Pocomchi exhumados en fosas clandestinas dentro de la Base militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz ahora CREOMPAZ.

Sobre quienes están cuestionando la legitimidad de los procesos que conoce actualmente el Tribunal de Mayor Riesgo A en Guatemala, la convergencia de Derechos Humanos afirmo: “son falsas argumentaciones sobre el proceso penal por desaparición forzada y contra deberes de la humanidad contra 14 ex mandos militares” los defensores de derechos humanos ven con preocupación la campaña que montaron para intentar desestimar la base jurídica de los procesos en contra de altos mandos del ejercito vinculados a delitos de lesa humanidad actualmente, presionar a los operadores de justicia y al Ministerio Publico para detener los procesos y confundir a la ciudadanía que esta siguiendo el desarrollo de las audiencias.

Comunicado:

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Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala

Marco Antonio Molina Theissen

Marco Antonio Molina Theissen

Por Quimy De León.

Marco Antonio Molina Theissen era un niño de 14 años, estaba en tercero básico cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Cuatro Caminos quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después de que Emma lograra escapar de sus captores, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres ubicada en la colonia La Florida en el municipio de Mixco en el departamento de Guatemala. Entraron con lujo de fuerza, dentro estaba Marco Antonio, lo engrilletaron, le taparon la boca con masking tape y golpearon a su madre. Luego lo metieron a un costal y lo tiraron a la palangana de un picop con placa oficial 17675. A pesar de que su madre corrió tras el carro para rescatar a su hijo nada pudo hacer.

Sus padres desesperadamente buscaron a su hijo en hospitales y destacamentos militares. Hicieron varias gestiones ante las autoridades, ante el ejército, ante la iglesia, ante instancias internacionales de derechos humanos y nunca lograron nada. Hasta la fecha la familia de Marco Antonio no sabe sobre su paradero, pero no han dejado de buscar.

Hugo Zaldaña, Manuel Callejas, Francisco Gordillo y Edilberto Letona

Hugo Zaldaña, Manuel Callejas, Francisco Gordillo y Edilberto Letona

El proceso penal

La mañana del 12 de enero cuatro militares retirados esperaban ansiosos junto a sus familiares y abogados que diera inicio la audiencia de primera declaración por el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen. Ellos fueron detenidos el 6 de enero de 2016 por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Los delitos por los que están presos son desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad.

A las once de la mañana después de una hora de espera dio inicio esta audiencia en la sala primera del juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala.

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

La sala es muy pequeña y en ella también esperaban las familiares de Marco Antonio, su madre Emma Theissen Álvarez viuda de Molina, sus hermanas María Eugenia  y Lucrecia Molina Theissen acompañadas de defensoras de derechos humanos.

La audiencia

Al inicio la jueza Judith Secaida estuvo a punto de suspenderla debido a una reserva que existía desde que se giró la orden de detención que el juzgado no tenía conocimiento. Luego los abogados de Emma Theissen madre de marco Antonio solicitó ser querellante adhesiva por Marco Antonio y por Emma su hija, ya que ambos son víctimas, teniendo como base para esto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

Frente a esto los abogados de los militares se opusieron poniendo una actividad procesal defectuosa argumentando que Emma Molina Theissen no es víctima en este caso y que ella debía ser solamente testiga. Finalmente y después de varios argumentos la jueza aceptó que la madre fuera querellante por sus dos hijos.

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La acusación

El fiscal del Ministerio Publico hizo responsable a los cuatro militares de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Para ello cuentan con varias pruebas que determinan el papel de cada uno de los militares.

Hugo Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor en la Brigada Manuel Lisandro Barillas dirigía el retén militar donde fue capturada Emma en el entronque conocido como cuatro caminos ubicado en San Cristóbal Totonicapán, después fue llevada a la zona militar en donde fue detenida ilegalmente, torturada y violada sexualmente.

Francisco Gordillo Martínez era comandante de la zona Militar a la vez que Ediliberto Letona Linares como segundo comandante son responsables junto a Hugo Zaldaña Rojas por los delitos contra deberes de la humanidad y violación agravada.

Manuel Antonio Callejas y Callejas General de División tuvo la responsabilidad de ordenar nuevamente la captura de Emma Molina Theissen y que desaparecieran a su hermano menor, por lo que a el se le acusa solamente del delito de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad.

De los cuatro militares Edilberto Letona accedió a hablar y negó su responsablidad en los hechos y delitos por los que se le acusa, si reconoció su cargo como Segundo Comandante en la zona militar y que entonces se encontraba de alta.

La audiencia continúa este martes 12 de enero a las 10 de la mañana para conocer si los militares seguirán en cárcel preventiva y si son ligados a proceso.

Caso CREOMPAZ: militares acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad

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General retirado Manuel Benedicto Lucas García – Jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Romeo Lucas García (su hermano) de 1981 a 1982

Viernes 8 de enero de 2016. En la sala de audiencias del nivel 14 de Torre de Tribunales pudimos conocer de voz de una fiscal, que durante la guerra ocurrieron una serie de crímenes inimaginables contra población civil. Supimos que más de 500 personas fueron desaparecidas por miembros del ejército entre el año de 1981 y 1988, después fueron llevadas a la zona militar No. 21 “Antonio José de Irrisarri” ubicada en la aldea Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz y que ahí fueron asesinadas y enterradas sin que sus familiares supieran sobre su paradero a pesar de que con desesperación les buscaron, que llegaron hasta esa zona militar a preguntar por sus familiares, sin que nadie les dijera nada. Años después la misma gente denunció que ahí había un cementerio clandestino, así fue como un tribunal ordenó al Ministerio Público que se realizaran investigaciones.

Durante tres años – a partir de enero del 2012 – los desaparecidos empezaron a ver la luz, ya que se encontraron varias osamentas repartidas en 4 fosas. Así fue como se encontraron 558 osamentas de 90 menores de edad, 443 adultos, 3 adultos de la tercera edad, de 22 aún no se ha determinado su edad. Hasta esta fecha se han identificado mediante pruebas de ADN 97 personas. En el lugar donde estaba la zona militar No. 21 ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz – CREOMPAZ, del Ministerio de la Defensa y las Naciones Unidas.

Esto ocurre dos días después que conocimos la sorpresiva noticia de que habían detenido a altos mandos y medios del ejército después de varios allanamientos en la ciudad de Guatemala y Cobán que estuvieron activos durante los años 1981 a 1988. Estos militares están ahora en la cárcel militar dentro del cuartel Mariscal Zavala acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.

Audiencia de primera declaración

En una jornada doble que duró desde las 8: 30 AM hasta las 18: 30 PM se llevó a cabo la audiencia de primera declaración para 14 altos mandos militares en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez. Esto debido a una acusación presentada por la fiscalía de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, delitos contra los deberes de humanidad, desaparición forzada a partir del caso de investigación conocido como CREOMPAZ.

Los militares son:

  1. Manuel Benedicto Lucas García
  2. Byron Humberto Barrientos Díaz
  3. Gustavo Alonso Rosales García
  4. José Antonio Vásquez García
  5. Carlos Humberto Rodríguez López
  6. Ismael Segura Abularach
  7. Pablo Roberto Saucedo Mérida
  8. César Augusto Ruiz Morales
  9. Juan Ovalle Salazar
  10. Édgar Rolando Hernández Méndez
  11. Carlos Augusto Garavito Morán
  12. Luis Alberto Paredes Nájera
  13. César Augusto Cabrera Mejía
  14. Raúl Dehesa Oliva.

La sala se encontraba llena, había familiares, esposas y amistades de los militares, organizaciones de derechos humanos y prensa nacional e internacional. Al inicio de la jornada los abogados de la defensa de los militares pusieron un recurso en donde pretendían que el juzgado de Mayor Riesgo A no conociera el caso pues según ellos no era competente, que después de esto se remitiera el caso a la Corte Suprema de Justicia o a una sala y que mientras tanto quedaran en libertad sus defendidos, a esto la jueza resolvió No a lugar pues argumentó que el juzgado si es competente según la ley.

Los hechos, los crímenes

La jueza dio la palabra a cada uno de los acusados para que dijeran su nombre, el de su esposa, su dirección, su profesión y la cantidad de dinero que ganan al mes para su sobrevivencia. Conforme los iban nombrando iban saliendo de la carceleta donde se encontraban, les quitaban las esposas y pasaban por una valla de guardias penitenciarios y periodistas hasta poder sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo hicieron la mayoría de ellos, a excepción de dos de ellos que tienen problemas de salud, uno no escucha bien y el otro tiene dificultades para caminar.

Después tuvo la palabra la fiscal del Ministerio Público para que explicara los delitos por los que están detenidos y la relación de los hechos de forma individualizada, ella fue explicando el porqué se les vinculó a este caso y el cargo que tenían al momento de ocurrir los crímenes, la temporalidad.

Estos cargos fueron desempeñados y ocupados por los militares en el marco de la guerra, dando continuidad a la política contrainsurgente desarrollando operaciones militares en donde la población civil no combatientes fue considerada enemigo interno. También explicó cómo todo esto respondió a planes militares emanados de los altos mandos, esto se confirma en documentos y planes relacionados con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional.

Según la acusación del Ministerio Público los militares participaron de estos planes y estrategias, tuvieron conocimiento de las operaciones contrainsurgentes, y que de acuerdo a la posición de cada uno, y según sus funciones y obligaciones pudieron evitar estos crímenes.

La fiscal fue desarrollando varios casos de desaparición forzosa ocurridas en Alta Verapaz contra población civil indefensa que pertenecían a las etnias q´eqchi, pocomchi´, achí, k´iche, este día solo pudo avanzar en la imputación para los oficiales de la zona militar No. 21: Ismael Segura Abularach, Byron Huberto Barrientos Díaz, Carlos Humberto Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales y Benedicto Lucas García, quien fuera Jefe del Estado Mayor General del Ejército en los años de 1981 y 1982.

Se fue explicando la responsabilidad de los militares que tuvieron conocimiento de éstas y en lugar de que las personas fueran puestas a disposición de un órgano jurisdiccional – si es que hubieran cometido alguna falta – fueron desaparecidas. Y si es que sus subalternos cometieron estos crímenes pudieron denunciarlo y sancionarlo como parte de sus obligaciones pero no hicieron nada.

Las pruebas sobre estos crímenes fueron analizadas por varios expertos multidiciplinarios, pruebas científicas que han sido corroboradas y contrastadas con testimonios de familiares de las personas desaparecidas que no dejan ningún lugar a dudas. Está claro que hubo detenidos de forma ilegal, que fueron ejecutados y enterrados clandestinamente. Habrá que esperar a que se haga justicia y que la verdad histórica quede clara en este proceso penal.

Valientemente las familias de las víctimas de desaparición forzada y asesinato, dieron su testimonio y denunciaron estos hechos, contaron las últimas noticias que tuvieron de ellas hasta que pudieron saber de su paradero 30 años después cuando los encontraron sus osamentas en una fosa común con los ojos vendados y argollas de plástico en las muñecas, muchos con señales de haber sido asesinados de forma violenta.

Las investigaciones realizadas hasta hoy han permitido que se individualicen 88 casos de desaparición forzada como[1]:

Hombres de Pambach

  • El 02 de junio de 1982, un grupo de soldados realizaron un operativo militar en la aldea Pambach, Santa Cruz Verapaz, Cobán, se llevaron aproximadamente 75 hombres, los más jóvenes de la aldea, indicando que iban a prestar servicio militar; mismos que fueron desaparecidos forzadamente.
  • En la fosa FAFG 1433-XVII se localizaron 64 osamentas y se han identificado por ADN a 31 hombres, se presume que las demás osamentas también pertenecen a los desaparecidos.

Río Negro San Cristóbal Verapaz

  • El 13 de mayo de 1982 elementos del ejército de Guatemala y Patrullas de Autodefensa Civil –PAC- asesinaron aproximadamente a 80 personas -población civil no combatiente- Las mujeres y niños sobrevivientes fueron trasladados por a la Zona Militar número 21.
  • En la Fosa 1433-XV se localizaron 63 osamentas, según análisis osteológico realizado corresponden a mujeres y niños.

Caserío Chituj, San Cristóbal Verapaz

  • El 04 de mayo de 1981 en el caserío Chituj, municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, integrantes del Ejército de Guatemala ejecutaron un operativo militar contra población civil, llevándose a Felipe Cal López, cuya osamenta fue recuperada e identificada por ADN en la fosa FAFG 1433-V donde fueron ubicadas 36 osamentas humanas más, de las cuales han sido identificadas 9.

Chiacal San Cristóbal Verapaz

  • En diciembre de 1981, Ricardo Mis Pacay, de 28 años de edad, salió de su casa ubicada en la aldea San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, hacia su parcela ubicada dentro de la misma aldea, pero ya no regresó.
  • Se exhumó la osamenta FAFG 1433-V-21 y se logró identificar por ADN.

Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz

  • El 28 de diciembre de 1981 en el Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, el Ejército de Guatemala realizó un operativo militar llevándose al menos a 3 personas.
  • En la fosa FAFG 1433-XIV se localizaron 13 osamentas, de las cuales 3 han sido identificadas por ADN, entre éstas, Alfonso Jom Lem, Lázaro Oswaldo Morán Ical y Teresa Jul.

Hombres de Chisec

  • En febrero de 1982, hombres de Chisec fueron obligados a trasladarse a la zona militar No. 21, permanecieron un día privados de su libertad y 3 de ellos fueron desaparecidos en la misma área.
  • En la fosa FAFG 1433-XVIII se logra localizar 7 osamentas entre las cuales se encuentra la de Genaro Caal, quien fue uno de los desaparecidos.

Seguimiento de la audiencia de primera declaración lunes 11 de enero

El lunes 11 de enero continúa la audiencia de primera declaración para que les sean explicados a los militares los delitos y la relación de hechos en donde cada uno fue responsable. Por cuestiones de tiempo quedaron pendientes de esto los militares Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Edgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva. Por último y antes que terminara la audiencia los abogados defensores de algunos de ellos pidieron que el INACIF evaluara a algunos de ellos para certificar su estado de salud, incluso uno de ellos estaba pidiendo ya que fuera trasladado al Hospital Militar.

[1] Ministerio Público. CREOMPAZ: “Con este caso estamos hablando de uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas”. 6 de enero de 2016. https://www.mp.gob.gt.