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Guatemala: la guerra de Paz y Paz

Guatemala la guerra de Paz y Paz

Fuente: es.InSightCrime.org 

Guatemala: la guerra de Paz y Paz es una de las más recientes investigaciones y publicaciones de In Sight Crime, en esta investigación se hace un recuento sobre las acciones de trabajo al interior y exterior del MP para impulsar su trabajo y como la Fiscal Claudia Paz y Paz busco estrategicamente el fortalecimiento administrativo, técnico e investigativo del Ministerio Publico.

In Sight Crime tambien pone sobre la mesa a los operadores políticos de los grupos de poder con intereses en la estructura del MP y de justicia en Guatemala, sus vínculos con empresarios, políticos y con altos funcionarios del gobierno de Otto Perez Molina.

Esta investigación nos permite entender como están operando actualmente los grupos criminales, militares y de poder económicos en el país para evitar que Claudia Paz y Paz nuevamente logre ganar una elección para repetir como Fiscal General de MP.

“Desde que asumió el cargo en 2010, la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, ha librado una guerra revolucionaria desde el interior de una de las instituciones más aquejadas del país. Paz y Paz ha presentado su nombre para un nuevo mandato de cuatro años, que comenzaría en mayo, pero sus enemigos son fuertes y quieren regresar al status quo.” 

Lea y descargue el documento completo aquí: 

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Golpe Institucional de la Corte política de Constitucionalidad en Guatemala

Por Mario Sosa

Usualmente por Golpe de Estado entendemos aquella acción consistente en la toma del poder político de forma inconstitucional, por procedimientos anti democráticos, ajenos a la institucionalidad establecida para el relevo en la conducción política. En nuestro caso, el Golpe de Estado ha sido sinónimo de asonada militar, siempre con la venia del poder económico dominante y a veces hasta de la jerarquía católica y evangélica.

Para el caso que nos ocupa, en Guatemala asistimos es a un Golpe Institucional, a cargo de la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de otra institución autónoma del Estado: el Ministerio Público. Este Golpe Institucionalidad se realiza cuando la CC, con fecha 5 de febrero de 2014, emite un fallo preliminar que acorta el período de cuatro años para el que fue designada Claudia Paz y Paz, actual Fiscal General de la Nación.  Adicionalmente,  en este fallo preliminar, ordena al Congreso de la República la elección de la Comisión de Postulación, la cual tendría la tarea de iniciar el proceso de selección de sustituto. Es decir, la CC ordena acortar un período constitucionalmente establecido, con lo cual realiza un acto que atenta en contra de la autonomía –de carácter constitucional– del Ministerio Público.

Dicho Golpe Institucional, además de afectar la institucionalidad del Ministerio Público, atenta contra quien conduce dicha entidad, la reconocida abogada Claudia Paz y Paz. Paz y Paz ha tenido la virtud de lograr en tres años la recuperación de la autonomía de la Fiscalía y hacerla eficiente y eficaz en la persecución del delito en nuestro país, agobiado precisamente por el legado de violencia, corrupción y crimen de quienes históricamente han tenido la capacidad de dirigir, desde la escena o tras bambalinas, al Estado guatemalteco.

Más allá de esta implicación jurídica e institucional, es evidente como la Corte de Constitucionalidad emite, nuevamente, un fallo político dictado por sectores de poder económico y político. Aquellos que históricamente han determinado el destino del país, ya sea por la vía “democrática” o por la vía de la dictadura más sanguinaria, como aquella que registró su máxima expresión con la política contrainsurgente y genocida durante la segunda mitad del siglo XX.  El objetivo ha sido retomar el control del Ministerio Público, para garantizarse impunidad o, en su caso, la persecución judicial solamente en contra de aquellos que les resultan incómodos a sus objetivos de acumulación y dominio.

A propósito de este hecho, en mayo del año 2013 escribí un artículo titulado “Corte política de constitucionalidad en Guatemala”.  En éste hacía un análisis del carácter político que cumplía dicha Corte en el caso que retrotraía el juicio al genocida Ríos Montt, como una orden de quienes históricamente han tenido capacidad de veto en el país, es decir, la oligarquía, en este caso articulada en el Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF. Era claro como la condena por genocidio contra Ríos Mott, atentaba en contra del régimen político que, en su carácter contrainsurgente, garantizó el dominio de dicha oligarquía. Que aquellos que detentan el poder económico del país aceptaran dicho fallo, entonces, implicaba no solamente deslealtad hacia los militares que les sirvieron fielmente a riesgo de este tipo de juicios, sino también, abrir la posibilidad para que prominentes empresarios que hicieron parte de la estrategia genocida y procedentes de las familias más poderosas del país, fueran también juzgados por este u otros delitos relacionados.

Por ello no extraña este nuevo fallo de la Corte política de Constitucionalidad (CpC), que envuelto en un manto de falsa jurisprudencia, no ha dejado de tener críticos inclusive en constitucionalistas conservadores y defensores del llamado Estado de Derecho. Y es que los burdos y güisacheros argumentos de la CpC son cuestionables por su carácter inconstitucional y por sus consecuencias políticas e inconstitucionales.

No extraña tampoco como se fue tejiendo la mascarada. Desde el recurso de constitucionalidad interpuesto por Ricardo Sagastume (abogado corporativo y vinculado con estructuras contrainsurgentes articuladas en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala), pasando por un fallo de carácter preliminar en la cual, contradictoriamente, la CpC ordena iniciar proceso de selección de nuevo Fiscal, la negativa al recurso de revocatoria interpuesto por la Fiscal General de la Nación, hasta llegar al Congreso de la República (10 de febrero de 2014), donde los serviles y señalados políticos de siempre, ni lentos ni perezosos, abrieron cauce a la integración de la Comisión Postuladora. Y tal parece que este proceso no tiene vuelta atrás.

Es necesario recordar que la CpC, finalmente es parte de un andamiaje jurídico que al proceder de una Asamblea Nacional Constituyente en manos de la oligarquía y el ejército, fue pensada como un organismo investido de máximo órgano constitucional, encargado de avalar aquellas decisiones trascendentes orientadas a la defensa del statu quo. Por eso, antes que un ente jurídico, debe ser entendido como un ente político, cuya orientación se explica en la coyuntura política, en la correlación de fuerzas realmente existente en el país, que en este caso favorece al capital, a la burguesía, a la oligarquía en particular, a los operadores políticos, a sus operadores contrainsurgentes, y a las mafias que devendrán en capitales “honorables” con el transcurrir del tiempo.

En el afán de defender a ultranza sus intereses económicos y políticos, y mantenerse en la impunidad, son capaces de ejecutar un Golpe Institucional y pasarse por al arco del triunfo las normas que instituyeron en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, que tal parece está llegando a su término como ordenamiento jurídico del país.

Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público.

Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público.

Rechazo internacional frente a la resolución indebida de la Corte de Constitucionalidad

Por Nelton Rivera -Prensa Comunitaria.

Organizaciones internacionales hicieron un llamado a respetar el Estado de Derecho en Guatemala, ven con preocupación la reciente resolución de la CC que afecta de forma directa la Institucionalidad del Ministerio Público -MP- especialmente las agresiones que enfrenta la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz.

Este miércoles 12 de febrero representantes de organizaciones como CEJIL, Fundación para el Debido Proceso, Open Society y WOLA manifestaron su preocupación por el irrespeto de principios fundamentales de la democracia guatemalteca como la independencia, participación y transparencia en las instituciones de justicia, ésta visita coincide con el planteamiento y preocupación de la Corte Interameticana de Derechos Humanos CIDH quien recientemente presento un informe que hace el mismo llamado al Estado.

Reconocemos los cambios que ha impulsado la Fiscal General Claudia Paz y Paz en los últimos años, gracias a los cuales se han mejorado las prácticas de investigación y la gestión institucional, teniendo como consecuencia una reducción de la impunidad en aproximadamente un 30%”. *

 conferencia de prensa

Liliana Gamboa- Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI).

Mirte Postema- Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

Jo Marie Burt- Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Kelsey Alford-Jones- GHRC.

Marcia Aguiluz- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lea el comunicado completo en: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES LLAMAN A RESPETAR EL ESTADO DE DERECHO E INSTAN A REALIZAR PROCESOS TRANSPARENTES EN LAS COMISIONES DE POSTULACIÓN

* Conferencia de Prensa de Organiaciones Internacionales. Guatemala 12 de febrero 2014.

¿La justicia al servicio de quién?

 

Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público.

Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público.

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

La presentación del informe sobre “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las Américas” que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH recientemente en Guatemala llega en el momento justo.

Mientras realizaban la presentación pública fueron los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad –CC-, quienes ejemplificaron de forma magistral como se vulnera esa famosa “independencia judicial”.

El miércoles 4 de febrero la CC resolvió un amparo de forma parcial con el que resuelve que el mandato de la Fiscal General Claudia Paz y Paz debe de finalizar a más tardar en el mes de mayo. La posición de la Corte se suma a  la lista de resoluciones contradictorias y poco fundamentadas en derecho que este grupo de magistrados emite, días más tarde resolvió dejo en firme su resolución. 

Una corte que no convence a nadie, podríamos mencionar por ejemplo, la posición de la corte respecto a desconocer el carácter vinculante de las Consultas Comunitarias de Buena Fe y Consultas Municipales, su interpretación de la no aplicación del Convenio 169 de la OIT o como cuando anularon la sentencia  del Juicio por Genocidio en el 2013.

Lo cierto es que este tipo de resoluciones evidencia que las y los operadores de justicia en Guatemala están constantemente bajo el acoso de poderes fácticos o poderes tradicionales como el CACIF, o grupos paralelos quienes garantizan con la penetración de sus intereses dentro de la corte, que la institucionalidad de justicia esté a su beneficio a través de la impunidad. 

Las agresiones públicas de todo el aparato mediático, columnistas y políticos de derecha no tardaron ni 24 horas en lanzarse a validar la resolución de la Corte, claro no es la primera ni sera la ultima vez que busquen atacar a la Fiscal General Claudia Paz y Paz. Es evidente lo conveniente para las élites económicas, políticas y de poder que la Fiscal General no siga en el cargo.

De la misma manera que opera la ignominia y el odio, se manifiestan otros movimientos que actúan desde la esperanza y la vida. Se está haciendo sentir el respaldo y apoyo hacia una de las pocas funcionarias éticas y profesionales que han contribuido a tener confianza en la justicia y que han fortalecido el Estado de Derecho y la frágil democracia que quienes representan el poder debilitan.  

Este respaldo trasciende fácilmente los espacios organizativos de la sociedad guatemalteca, el respaldo nacional e internacional puede jugar un papel fundamental en la balanza de la justicia, incluso el respaldo de la embajada de los EEUU es indicador de que hasta ellos, evidencian el peligro que significa que estos grupos controlen y definan que se eternice en nuestro país la impunidad.

Jorge Santos de la Convergencia de los Derechos Humanos por Guatemala dijo en la presentación del informe de la CIDH que éste se presenta en un contexto de agresiones y ataques contra la institucionalidad de justicia:

Estamos asistiendo a un proceso de rompimiento de la independencia judicial, no solo por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, si no por su actuación a lo largo de todo el año 2013, hemos evidenciado y hemos denunciado como Convergencia por los Derechos Humanos un constante pacto entre determinadas élites que pretende irrumpir en el sistema de judicial guatemalteco con el único fin de procurar  impunidad.

El llamado que hacemos desde la Convergencia por los Derechos Humanos es hacer un importante esfuerzo de articulación social para defender la institucionalidad pública, principalmente frente al proceso de Comisiones de Postulación y que no permitamos que esos poderes fácticos que han intentado irrumpir en la independencia judicial se queden al final de cuentas con esa institucionalidad pública.”

CIDH presenta informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las América, en Costa Rica y Guatemala

Para la CIDH la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de un sistema democrático en países como Guatemala requiere de un un sistema jurídico e institucional fortalecido, independiente y ajeno a los intereses de gobernantes y particulares.  La visita de representantes de la CIDH coincide en un contexto adverso en materia de justicia y se evidencia la inexistencia de la independencia de la instucionalidad de justicia.

La CIDH presento el día jueves 6 de enero 2014 en Guatemala por primera vez un informe de este tipo, reuniendo a diversos sectores, instancias y organizaciones de justicia y derechos humanos en Guatemala.

El informe en su contenido hace énfasis a la situación complicada de la justicia en Guatemala:  “Sin embargo, en varios Estados del continente americano, juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos, desempeñan sus labores en ausencia de garantías que aseguren una actuación independiente, tanto en un nivel individual como de las instituciones que trabajan. Además, la CIDH ha detectado una serie de injerencias por parte de poderes públicos y agentes no estatales que generan barreras de iure o de facto para las personas que desean acceder a la justicia, las cuales están asociadas a la falta de diseños institucionales que resistan dichas injerencias y a la ausencia de procedimientos adecuados para nombramiento y selección, y de garantías debidas en los procedimientos de carácter disciplinario.”[1]

Fotografía C. Fernández.

Fotografía C. Fernández.

 Guatemala y el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH. 

La situación de los “Derechos Humanos y la Protesta social en Guatemala”, “Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala” fueron dos temas importantes que se incluyeron dentro de la agenda de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el mes de octubre 2013 durante el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH. 

Durante la mesa temática sobre “Derechos humanos y la protesta social en Guatemala”, la CIDH pudo conocer los casos de judicialización y criminalización de pueblos y comunidades, violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado de Guatemala, empresas y otros actores.

Los casos que fueron presentados ante la CIDH son los de Barillas en Huehuetenango por la presencia de la empresa española Ecoener Hidralia Energía y la conflictividad que esta ha provocado en esa región.  El caso de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez frente a las agresiones de la empresa Cementos Progreso y la construcción de la planta “San Gabriel” en su territorio. El caso de las comunidades y pueblos Xinka y Mestizo de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa frente a la construcción de la Mina San Rafael propiedad de la empresa transnacional canadiense Tahoe Resources.

Durante la intervención de la delegación guatemalteca solicitaron en la mesa temácica sobre “Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala”:

1. A la Comisión recuerde al Estado su obligación de realizar procesos transparentes y participativos que permitan nombrar a las personas ideoneas e independientes en los órganos judiciales que se van a nombrar en el año 2014.

2. Seguimiento muy cercano a estos procesos de Comisiones de Postulación y si fuera necesario y se hacen evidentes irregularidades que pongan en peligro el principio de independencia judicial quisiéramos que la comisión haga el señalamiento respectivo.

3. Solicitamos adicionalmente que se recomiende al Estado iniciar un proceso de dignificación de la labor de defensores y defensoras de los DDHH, comenzando por declaraciones del presidente del estado de Guatemala en apoyo a la labor de este grupo y una declaración que sea publicad en todos los medios posibles.

4. Recordar al Estado el compromiso que había asumido de impulsar la creación de una verdadera política pública que sea incluyente a todos los y las defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, sindicalistas y operadores de justicia.

Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la libertad de expresión, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.”[2]


[1] CIDH presenta informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las Américas, en Costa Rica y Guatemala. OEA. Costa Rica 6 de febrero 2014.

[2] Anexo al Comunicado de Prensa CIDH culmina el 149 Período de Sesiones. 8 de noviembre 2013.