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Santa Eulalia: un año de censura de la voz del pueblo Q’anjob’al

GUATEMALA-RADIO

Por la Radio Snuq’ Jolom Konob’.

Hace un año quedó cerrada la radio Snuq’ Jolom konon’, por ordenes de Diego Marcos Pedro alcalde municipal en aquel entonces, el cierre es ilegal y viola los derechos a la Libertad de Expresión que tenemos todos, la radio y violenta nuestro ejercicio periodístico.

El 20 de enero 2015 el alcalde y un grupo de personas que lo protegen nos obligaron a cerrar la Radio, esto para evitar que transmitiéramos lo ocurrido a las 4 de la mañana cuando él (Diego Marcos Pedro) en compañía de su hijo y su guardaespaldas Javier Mateo hirieran a balazos a dos lideres comunitarios después de una audiencia que realizara el Juez en el Centro de administración de justicia de Santa Eulalia.

Cincuenta y cuatro días después, uno de sus víctimas pierde la vida en el hospital nacional de Santa Cruz del Quiché por la gravedad de las heridas mientras el otro quedo con una bala en una de sus piernas.

Durante todo el día del 20 de enero el grupo afín al alcalde daño la infraestructura del CAJ, borro las evidencias del lugar del crimen y sustrajo los cascabillos detonados por sus armas, golpea a personas del movimiento social, persiguieron a representantes del movimiento social, hubieron amenazas de muerte, de linchamiento.

También retuvieron ilegalmente a Dominga Juan una mujer autoridad comunitaria y COCODE de una de las comunidades simplemente por considerarla opositora al alcalde y a la hidroeléctrica, a ella la retuvieron en el centro del parque, la amenazo el acalde que la lastimaría públicamente, coartarle el pelo si no se presentaba Rigoberto Juarez Mateo.

Hasta la fecha, el Ministerio Público y las autoridades del CAJ absolutamente no han hecho nada para investigar todos estos crímenes, al contrario son los mismos trabajadores del CAJ quienes pusieron denuncias en contra de los lideres Rigoberto Juarez Mateo y Domingo Baltazar que solo defienden su territorio y los recursos naturales.

Ellos cumplieron 10 meses en prisión, ambos son presos políticos, desde el equipo de la radio desde el primer momento del cierre iniciamos todo un proceso para lograr que la radio fuera reabierta, formamos con la Procuraduria de los Derechos Humanos PDH, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala OACNUDH y Prensa Comunitaria una mesa para mediar con la Municipalidad de Santa Eulalia, luego de un mes el mismo alcalde respondió que él y su corporación se negaban a la reapertura de la radio.

La denuncia del cierre se hizo en la PDH, y el Ministerio Publico, por eso el alcalde enfrentó 2 antejuicios en Huehuetenango, mismo que deberán de seguir su camino ahora a través de las fiscalias del MP para realizar la investigación de cada uno de los delitos que cometió el alcalde el día 19 y 20 de enero 2015.

Esperamos que en corto tiempo podamos nuevamente llegar a sus hogares, que la Radio que durante 15 años ha estado al servicio de todos ustedes como pueblo y los municipios vecinos.

Esperamos que la paz y la tranquilidad nuevamente vuelvan a nuestra tierra.

Seguiremos transmitiendo…

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¿Agua o cemento?

Por Marcelo Coj.

Este fue el título de la nota de opinión que Francisca Gómez Grijalva, columnista de Prensa Libre, publicó el 6 de febrero del corriente y por la cual Cementos Progreso ha iniciado proceso judicial en su contra. No cabe duda que la finalidad es silenciarla y de esta manera negar su derecho a la libre emisión del pensamiento según establece el artículo 35 de la Constitución Política.

En dicha columna Gómez Grijalva cuestionó los abusos de fuerza, amaños legales y desinformación con los cuales cementos progreso y el gobierno municipal de San Juan Sacatepéquez han buscado imponer la minería de cemento en dicho municipio. Aún a sabiendas de que el 13 de mayo de 2007 las 12 comunidades afectadas rechazaron el proyecto minero “San José Mincesa” y la planta cementera San Gabriel en consulta de Buena Fe observada por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Universidad de San Carlos (USAC) y la Asociación de Abogados Mayas.

El propósito de estas acciones es amedrentar y callar a quienes se solidarizan y denuncian los atropellos cometidos contra la ciudadanía subalternizada –cuyo rostro es de hombres y mujeres mayas, garífunas, xinca y ladino pobre- que precisamente por su condición tiene nulas posibilidades de ejercer el derecho a la libre expresión. De ahí que “lo que está en juego de nuevo no solo es cercenar el espíritu auténtico de una profesional guatemalteca, sino las voces en defensa de la vida de las personas” (Bienvenido Argueta en su columna “En el filo de la navaja”).

Iduvina Hernández claro y conciso explica en su nota “Una mordaza de cemento”: “la empresa… responsable de la crisis social en San Juan Sacatepéquez, pretende arremeter en contra de quién critica su proceder y brinda su voz a las comunidades”. Con estas breves palabras nos recuerda que en este paíslos grandes victimarios pretenden que las víctimas y quienes las acompañan devengan en criminales, en tanto que ellos se presentan a sí mismos como víctimas. Una situación absurda que lamentablemente para la ciudadanía está siendo amparada por un sistema de justicia que, por esta razón, nada tiene de justo.

Lo sucedido a Francisca Gómez evidencia una vez más que en Guatemala no es posible la crítica y denuncia del poder económico, cuando se da tales inmediatamente procede la censura. Ya sea en la forma de judicialización –como es este incidente- o bien de amenazas, cancelación de programas radiales yen casos extremos asesinatos y desapariciones.

Como ejemplo de las amenazas tenemos la coacción e intimidación afrontadas por los comunicadores Gustavo Illescas, Nelton Rivera y Ricard Busquets a manos de agentes de seguridad de Exmingua. Ello fue al momento de cubrir el intento de desalojo violento de vecinas y vecinos maya-kaqchikel y ladino de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, quienes se encontraban realizando un plantón pacífico contra el proyecto minero “El Tambor, Progreso Derivada VII”. En tanto que del tercer caso se puede hablar de la cancelación del programa “Espacio intergeneracional” el viernes 25 de febrero de 2012 en la radio Nuevo Mundo a manos de la agencia publicitaria de la Cabcorp –la empresa fabricante y distribuidora de Pepsi en el país. Y todo porque el programa en mención iba a criticar el mensaje de la campaña publicitaria “Guatemorfosis”.

Por eso como indica Bienvenido Argueta: “esta demanda puede tener un significado preocupante, pues podría marcar la línea de prohibición que se erige desde lo privado frente a las expresiones públicas que se plantean en defensa de la sociedad. Ya hemos visto que los impuestos que pagamos todos sirven en casos límite para defender intereses ajenos a los ciudadanos de este país y en su lugar se defienden intereses de empresas trasnacionales.”

En síntesis, la libertad de expresión y por tanto la democracia y el Estado de Derecho se encuentran amenazados por el excesivo poder que gozan las grandes empresas. Poder notorio en las costosas campañas electoreras, así como en los jugosos negocios que se cuecen al amparo del Estado –van desde las privatizaciones, hasta las concesiones mineras pasando por las compras de suministros para las dependencias estatales.

La gravedad del asunto aumenta si consideramos el racismo, como nos plantea Marielos Monzón en “País de Propietarios”: “el colmo es que ahora, Francisca Gómez Grijalva, una de las pocas mujeres indígenas que cuenta con una columna de opinión, se vea envuelta en una demanda civil… O sea que los indígenas no pueden ser propietarios y tampoco pueden expresarse libremente;  si lo hacen son perseguidos y criminalizados”.

El propósito de la presente es llamar a la solidaridad y sororidad con Francisca Gómez porque como bella y enérgicamente expresa Andrea Ixchíu en su columna “Cemento vs. la palabra”:  “defender a Francisca coincide con la necesidad colectiva de defender la dignidad humana y el respeto a la palabra. Hago un llamado a todas y todos para que nos solidaricemos y nos pronunciemos al respecto. Si tocan a una, nos tocan a todos.”

Mañana habrá conferencia de prensa en Casa Cervantes a las 9:00 a.m.  La dirección es 5ta. calle 5-18 zona 1. En esta se denunciará el ataque que cementos progreso está haciendo contra la dignidad y libre expresión de Francisca Gómez Grijalva y de las grandes mayorías excluidas de la cuál ella es representativa, por su condición de mujer Maya-K’iche’ y su origen campesino.