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Hace un año la PNC quiso llevarse a un grupo de personas entre mujeres y niños que volvían de las manifestaciones
Fotografía de Nelton Rivera
Por: Nelton Rivera.
El 13 de julio 2015 miles de personas llegaron a la Plaza Central para manifestarse en contra de la corrupción en el Estado, los reclamos exigían en ese momento la renuncia y cárcel para Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías (presidente y vice presidenta).
Las doce comunidades maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez llegaron ese día a la Plaza durante esa jornada, también exigían el cese de la construcción del Anillo Regional y de la planta cementera San Gabriel.
En un operativo irregular agentes de la PNC y agentes de civil interceptaron uno de dos buses que trasladaban a las personas de San Juan Sacatepéquez cuando regresaban de la zona 1 a sus comunidades por la noche.
Los agentes intentaron ingresar al bus, en la sección del Peladero de El Periódico se publicó que este grupo de la PNC pertenece a un estructura criminal encargada del secuestro y luego asesinato de líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, ese era su objetivo la noche del 13 de julio del 2015.
Varias mujeres sanjuaneras comenzaron a llamar por celular a diversas personas, la alarma se corrió inmediatamente, sobre el Anillo Periférico una unidad extra urbana permanecía retenida por agentes de la PNC, al lugar también llegaron fuerzas especiales anti disturbios.
Pasadas las 19 horas los estudiantes universitarios, la gente que estaba aún en la Plaza llegaron a resguardar a las personas que permanecían dentro del bus, la gente de las colonias “4 de Febrero”, “La Bethania” y otras salieron de inmediato y formaron una cadena humana alrededor de la población retenida.
Los vecinos comenzaron a llegar con comita, atol, agua y panes para las familias retenidas, comenzaron a sonar los pitos y las vuvuzelas sobre el Anillo Periférico, varias mujeres llegaron con pañales para los bebes dentro del bus.
Una hora había transcurrido cuando avisaron desde San Juan Sacatepéquez que las comunidades salieron a buscar a quienes habían sido secuestrados en el Anillo Periférico, así fue.
Minutos mas tarde comenzaron a llegar otros buses desde las comunidades, una multitud había superado ya a las fuerzas policiales unos 200 agentes en el lugar.
De pronto uno de los oficiales de las FEPS daba orientación de cómo romperían el cerco humano, que tipo de gas usar, quienes debían tomar el control de la puerta de acceso del bus . La PNC estaba estaba lista para ingresar al bus y desalojar por la fuerza a quienes formaban una cadena humana frente a este.
Uno a uno fueron llegando los buses, las autoridades comunitarias de San Juan Sacatepequez llegaron con sus bastones de autoridad.
Los jóvenes ya tenían sus rostros cubiertos y en sus miradas brillaba la indignación de una agresión más recibida.
La mediación de distintas personas no daba resultado, había quedado al descubierto una operación irregular desde una estructura de la PNC.
Finalmente los agentes de la PNC comenzaron a retroceder, metro por metro fueron desalojados por la multitud, estudiantes, pobladores, vecinos y San Juaneros.
Texto y fotografías: Nelton Rivera.
Que sucedio ese 13 de julio:
La PNC retiene cinco horas un autobús de San Juan Sacatepequez saliendo del #13J
El Sistema Nacional de Diálogo y la criminalización en San Juan Sacatepéquez
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Quimy de León
Desde hace años, el gobierno y la empresa Cementos Progreso, se han dado la tarea de acusar y criminalizar a diferentes actores sociales que cuestionan su accionar a través de algunos de sus operadores y diferentes medios de comunicación corporativos, Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez y algunas de las personas u organizaciones que les apoyan han sido objeto de esta campaña, también formada por pasquines y documentos anónimos.
De cómo se crea un escenario falso mediante campañas sucias, rumores y difamaciones
Después de los lamentables hechos del 19 y 20 de septiembre -en donde murieron más de ocho personas-, las acusaciones en contra de quienes en determinado momento se han solidarizado con la lucha pacífica de las Doce Comunidades Kaqchikeles, no solamente han sido absurdas, sino delicadas y a veces muy cerca de la calumnia.
Una de las estrategias utilizadas en San Juan Sacatepequez, así como en otros lugares del país, es producir y expandir el rumor y la difamación como medio para provocar division comunitaria, descomposición social y crear un escenario que justifique la criminalización que ha implicado que incluso gente inocente vaya a la cárcel o muera asesinada.
Un ejemplo en este caso es cuando, tras los sucesos de Los Pajoques, el Viceministro de Gobernación acusó a los opositores a la cementera de haber quemado la casa de las víctimas para favorecer su expulsión de la comunidad, en una acción planificada. Emisoras Unidas, Siglo 21 y La Hora se hicieron eco de las declaraciones,[1] pero Nuestro Diario lo convirtió de forma irresponsable en el titular de la noticia, añadiéndole todos los perversos términos utilziados en estos casos: “Querían expulsarlos. Turba invade propiedad, la quema y lincha a familia porque vendió terreno”.[2] Por lo que sabemos ninguna de estas acusaciones gratuitas es verdad.[3]
Además de los medios corporativos impresos, radiales y televisivos, también se han usado varias páginas web, páginas de facebook como “chapinespadelante”, volantes, pasquines y comunicados anónimos para crear un escenario de conflictividad entre comunitarios y justificar las acciones represivas.
Estas páginas, junto a operadores de las empresas ubicados en los medios de comunicación corporativos, la Fundación contra el Terrorismo y obviamente la misma empresa, se ha dado a la tarea de difundir estos mensajes para confundir a la población y culpar a quienes apoyan las demandas de los pueblos indígenas y aislarles para finalmente implementar de ésta manera sus proyectos económicos. Han ido más allá, como cuando la Liga Pro Patria, a través de Gilda Aguilar, puso una demanda a Daniel Pascual “por los disturbios registrados el pasado 19 de septiembre en la aldea Los Pajoques” [3b]
Con ello han buscado amedrentar e infundir miedo entre ellos y ellas, y así aislar a la organización comunitaria. No aceptan a quienes han rechazado el modelo de acumulación y a las empresas que llegan a sus lugares y comunidades a causar problemas tan serios, como los que se están viviendo actualmente.
Desde el gobierno, el mismo presidente Otto Pérez Molina dijo en su programa De Frente con el Presidente:
“la presencia en la zona de organizaciones cuyo fin no es el de fomentar el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, y han desencadenado una serie de situaciones inadmisibles y que han provocado que para restablecer la calma y el orden se haya decretado en consejo de ministros el Estado de Prevención en la zona[4].”
Según la Convergencia por los Derechos Humanos[5] la parte gubernamental ha dejado mucho que desear en el conflicto de San Juan Sacatepéquez:
“lejos de constituirse en un actor que contribuya a la mediación, dados los elementos ya descritos, la figura gubernamental se ha constituido en un actor más que incrementa los niveles de poder de una de las partes (Cementos Progreso), en detrimento de la otra (las comunidades).”
El Sistema Nacional de Diálogo y la distorsión de la verdad
El Sistema Nacional de Diálogo, que es el órgano gubernamental encargado de esta mediación, no ha cumplido su papel. Más bien se ha dedicado a dilatar los procesos sin ofrecer soluciones.[6] Incluso ha vertido versiones contradictorias que no sólo muestran falta de seriedad en el análisis sino que sirve de justificación para acciones extremas como la militarización y los Estados de Prevención.
Como vemos en el cuadro que sigue, con ocasión de los hechos en los Pajoques, distintas personas del gobierno y Cementos Progreso dieron declaraciones coincidentes y falsas acerca del diputado Amilcar Pop de la formación Winaq, y las Doce Comunidades. Afirmaron que habían estado requiriendo listados de personas relacionados con la carretera. La empresa no solamente lo dice, sino que anexa copia de la solicitud del diputado Amilcar Pop de Winaq. La solicitud se dio, pero en ningún lado aparece que el diputado solicitara listados ni nombres de personas.
Pocos días después de declarado el Estado de Prevención por internet -en algunos sitios como el llamado Plaza de Opinión,[10] empezó a circular un comunicado anónimo –firmado por unos supuestas “víctimas del terror de San Juan Sacatepéquez”. En él se difama al “CUC y los abogados mayas” al calificarles públicamente como “incitadores” y provocadores de los hechos violentos ocurridos en San Juan. En concreto de armar y entrenar “a estos encapuchados” para acabar con los trabajadores de la empresa y con “aquellos que vendieron sus terrenos para construir la carretera”
El día 16 de octubre cuando la bancada Winaq y la de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG citó a Miguel Ángel Barcárcel y se le preguntó respecto a las declaraciones vertidas por el Sistema Nacional de Diálogo, el mismo Balcárcel se desmintió públicamente diciendo que “ningún comunitario, ni diputado y dirigentes sociales han solicitado listado de nombres sobre la construcción del anillo metropolitano en la comunidad Los Pajoques, en San Juan Sacatepéquez.”
Amílcar Pop aprovechó la ocasión para denunciar que el comunicado anónimo “fue producido en una computadora del Sistema Nacional del Diálogo, lo que pone en duda la efectividad con que actúa dicho ente para evitar conflictos sociales” [11], pues las investigaciones realizadas permitían afirmar que en las propiedades de este anónimo aparece como autor la unidad 11 del SNDP -como se aprecia en lado derecho de la fotografía anterior-.
De hecho, en su informe de verificación, la Convergencia por los derechos humanos ya mencionaba este punto
“Resulta preocupante la actitud del Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), una instancia gubernamental que ha tenido a su cargo la atención a este y otros procesos. En las propiedades del documento que contiene un comunicado que circuló sin firma pero que responsabiliza a varios liderazgos comunitarios de la tragedia del 20 de septiembre, sin mencionar los asesinatos del 19, se identifica como autor a SNDP-11.
Otros documentos ubicados en el sitio electrónico del SNDP tienen propiedades similares. Es decir, autoría con identificación SNDP más un guión y un número, el cual, según un experto informático entrevistado indica que correspondería al número de estación en la red de la entidad.
De ser cierto el vínculo entre la entidad gubernamental responsable del diálogo y quien elaboró un comunicado que reproduce una única versión de los hechos estaríamos ante un actor que debe ser mediador pero que en la práctica actúa en función de la más poderosa de las partes. en este conflicto escalado a la violencia. Amén de que el Estado también incumple sus funciones de atención a la problemática, desde la perspectiva jurídica, cuando de conocer denuncias de las comunidades se trata.” [12]
Amílcar Pop hizo puntualizaciones más concretas sobre la responsabilidad del Sistema Nacional de Dialogo, las coincidencias entre los textos mencionados y la manipulación de los hechos por diverso actores. Respecto al anónimo, afirmó:
“Lo relevante es el origen del documento y eso no es alterable. Este comunicado no es del Sistema Nacional de Dialogo. El comunicado es de un grupo de personas que trabajan para la empresa.
Hoy el Sistema Nacional de Diálogo promueve esto. Recursos del estado que se están poniendo al servicio para generar conflicto en el área”.
¿Qué significa todo esto?
No estamos ante un hecho aislado, como lo demuestra la similitud de discursos y de acusaciones entre las diferentes partes, que ya es común en este tipo de situaciones.
Tanto las empresas –en este caso Cementos Progreso- como las instancias gubernamentales que les apoyan –en este caso el Sistema Nacional de Dialogo – difunden por diferentes medios la imagen un enemigo para ellos: –armado, atroz, capaz de todo,- como justificación para crear un escenario para militarizar los territorios, terminar con la organización legítima y pacífica y finalmente imponer los intereses de una empresa por encima del bien común.
Pero ese enemigo no existe. Se trata de las comunidades que llevan años intentando resolver su situación por vías legales y pacíficas; y las organizaciones y actores que les apoyan, todos ellos legales, abiertos e incluso elegidos por los guatemaltecos para que les represente en el Congreso de la República.
NOTAS
[1]http://www.s21.com.gt/estadositio/2014/09/22/gobierno-decreta-estado-sitio-pajoques,https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flahora.gt%2Fsan-juan-sacatepequez-conflicto-con-saldo-mortal%2F
[2]http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2014%2F09%2F21& pageno=1&view=document
[3]https://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/28/muerte-en-los-pajoques-cronica-desolada-de-la-barbarie-en-la-que-vivimos/
[3b] http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/10/06/accionaran-contra-daniel-pascual
[4] http://www.guatemala.gob.gt y https://www.youtube.com/watch?v=DNRRr8Clo0Q
[5] Informe de verificación, San Juan Sacatepéquez. Convergencia por los Derechos Humanos 28 de septiembre de 2014.
[6] Dinámicas de despojo y Resistencia. Santiago Bastos y Quimy de León. Colibrí Zurdo /Diakonía, 2012, Guatemala.
[7] https://www.youtube.com/watch?v=DNRRr8Clo0Q
[8] http://www.cempro.com/noticias/la-verdad-sobre-los-sucesos-tr-gicos-en-los-pajoques
[9] https://www.facebook.com/bancada.winaq
[11] http://lahora.gt/pop-senala-que-comunicado-que-le-senala-surgio-del-sistema-nacional-del-dialogo/
[12] Informe de verificación, San Juan Sacatepéquez. Convergencia por los Derechos Humanos 28 de septiembre de 2014.
San Juan Sacatepéquez: informe de violaciones a los Derechos Humanos
INFORME DE VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DEL ESTADO DE PREVENCIÓN CONTENIDO EN ELACUERDO GUBERNATIVO 6-2014
Por la Convergencia por los Derechos Humanos
RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe es producido por el equipo de la CDH desplazado a verificar los hechos y situación en San Juan Sacaatepéquez, la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2014.
En San Juan Sacatepéquez prevalece un clima de tensión que en la fecha indicada escaló a un conflicto con manifestaciones de violencia extrema. De acuerdo con los informes hay ocho personas fallecidas, cuatro personas heridas y varias familias desplazadas, además de la destrucción de cinco viviendas y cinco vehículos automotor.
La tragedia del 19 y 20, derivó en que el gobierno emitió el Decreto 6-2014 que impune estado de prevención (primer grado del estado de excepción) en todo el municipio aunque con ocupación territorial por ejército y Policía Nacional Civil en cuatro caseríos: Los Pajoques (lugar de los hechos), Santa Fe Ocaña y Los Pilares I y II.
Los hechos:
En diversas entrevistas realizadas por la delegación de la Convergencia por los Derechos Humanos, entre las que se incluye a familiares de las personas muertas entre el viernes 19 y sábado 20 de septiembre, así como a Alcaldes Auxiliares y comunitarios de diversas comunidades se logra establecer una línea de tiempo que se detalla a continuación.
El viernes 19 aproximadamente a las 21:30 horas tres jóvenes (uno mayor de edad y dos menores de edad) venían caminando hacia su casa, el mayor de ellos luego de culminar su jornada laboral en una maquila de San Pedro Sacatepéquez se reúne con sus dos hermanos menores de edad y caminan, cuando de pronto aparece un grupo de alrededor de 15 personas, quienes les alumbran con linterna y sinintermediar palabras les disparan, producto de lo cual cayó el mayor de edad. Los otros dos hermanos menores de edad, huyen de la escena, uno de los cuales llega hasta la casa del Alcalde Auxiliar. El Alcalde Auxiliar al ver a los dos niños heridos acude al lugar donde estos le señalan que esta su hermano. El lugar es un callejón del Caserío Los Pajoques donde se encuentra tirado el hermano mayor y observa que tiene un impacto de arma de fuego en el pecho, frente a lo cual corre a solicitar un vehículo para que puedan llevar al joven a que le atiendan médicamente.
Los otros dos hermanos, menores de edad están heridos, uno en el brazo izquierdo y el otro en un dedo de su mano. Por ese motivo, al encontrar vehículo que los traslade, suben al mayor con herida en el pecho y a los otros dos quienes son acompañados por su señor padre (José Dolores Pajoc Pirir). El joven herido con aparente proyectil de escopeta no logra llegar con vida al hospital dado que muere en el camino.
Al mismo tiempo, vecinos de Los Pajoques, al escuchar la detonación de armas de fuego y los gritos de los hermanos menores del, hasta ese momento, herido, salen de sus casas y llegan al lugar de los hechos. Mientras el vehículo que transportará a los heridos llega, uno de ellos identifica a quien presuntamente les disparo. El supuesto agresor responde al nombre de Felipe Patzan y aparentemente labora para Cementos Progreso S.A.
En este momento se hacen presentes dos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes levantan el parte policial de los hechos acontecidos y se retiran del lugar, en tanto que al momento se reportan personas heridas. Aparentemente una de las oficiales presentes en la escena es una mujer que sería la responsable de la Sub-Estación 16-71 de San Juan Sacatepéquez de nombre Blanca Asencio. Luego de esto, ya pasadas las 22:30 horas la población concentrada se entera que el joven ha muerto, motivo que da inicio a la búsqueda de los aparentes responsables de la muerte y a quienes refieren como lostrabajadores de la empresa cementera.
Los Alcaldes comunitarios y el Alcalde Auxiliar del caserío Los Pajoques llevan cabo varias acciones encaminadas a que la Policía Nacional Civil –PNC- se haga presente al lugar de los hechos, ya que Felipe Patzán y otros empleados armados se encuentran en la casa de Marcelo Pajoc y la población halogrado rodear dicha vivienda. En ese sentido, las autoridades comunitarias realizan varias llamadas al teléfono de emergencias de la PNC (110). Estas llamadas las hacen desde el número telefónico 5761- 8842. Ante la falta de atención pese a las reiteradas llamadas a la Policía, los alcaldes auxiiares llaman en varias oportunidades a las estaciones policiales de Mixco y San Pedro Sacatepéquez -en tanto
municipios cercanos a San Juan Sacatepéquez-, las cuales también resultan infructuosas.
Paralelamente a estos hechos de solicitud de auxilio por parte de las autoridades comunitarias de Los Pajoques, vecinos de la comunidad Santa Fe Ocaña (la cual se encuentra justo a la par de Los Pajoques) se dirigen al centro de San Juan Sacatepéquez para pedir el auxilio en la Sub Estación 16-71, llamado al cual tampoco acude la PNC. Cabe señalar que comunitarios de Santa Fe Ocaña refieren que al hacerse presentes en dicha sub estación se encontraba en el lugar una persona de nombre Bernardo Tzen quien aparentemente es trabajador de la empresa cementera y a quien responsabilizan de que la PNC decidiera no llegar a la comunidad Los Pajoques.
Estos llamados reiterados de la comunidad a la Policía Nacional Civil jamás son atendidos como corresponde por parte de la misma, lo cual provoca en medio de la desesperación de las autoridades comunitarias y pobladores, realizar una llamada a un Policía que era habitante de la comunidad y que se encontraba asignado a un departamento distinto. Este elemento policial también realiza llamadas sin que rindan el fruto deseado.
Cabe señalar que la PNC mantuvo una excusa para no llegar a la Comunidad Los Pajoques pues argumentó que en un caserío cercano la misma, incluso en los ingresos, había bloqueos por parte de los pobladores. En una de las llamadas intercambiadas con la oficial a cargo de la sub Estación de San Juan Sacatepéquez, esta les dijo que no podían pasar porque en el caserío previo a llegar a Los Pajoques, se encontraba la talanquera cerrada. Frente a este hecho la alcaldía auxiliar se comunicó con sus homólogos en dicho lugar y estos negaron que la talanquera estuviera cerrada. Circunstancia que deja en entredicho el pretexto policial para no acudir al auxilio de la comunidad.
Estos esfuerzos no sólo provienen de comunitarios y autoridades locales, sino también se describe que los supuestos trabajadores de la empresa cementera, realizan llamadas a la Policía Nacional Civil con el mismo propósito. Así mismo, las personas que se encontraban dentro de la casa de Marcelo Pajoc llaman a la Procuraduría de los Derechos Humanos y estos le refieren que de igual manera se comunicarán con la PNC.
Paralelamente a estos insistentes llamados de auxilio, un grupo de la población enfurecida ha destruido varias casas, aparentemente todas propiedad de trabajadores de la empresa cementera, en distintos puntos de la Comunidad Los Pajoques. También ha incendidado un camión, dos pick ups y un vehículo sedan, aparentemente propiedad de la familia de Marcelo Pajoc.
Esas circunstancias se estaban desarrollando cuando el señor Justo Raxón quien se encontraba en su vivienda, junto a su esposa y tres hijos menores de edad, sale aproximadamente a la media noche a ver a sus sobrinos, quienes viven cerca de la casa de Marcelo Pajoc donde se están dando los hechos de violencia, para verificar la situación de estos. Otra vez suenan disparos y el señor Justo Raxú muere por un disparo en la cabeza. Este hecho exacerba aún más los ánimos de la población en tanto que presumen que los disparos vienen de dentro de la vivienda de Marcelo Pajoc.
Luego de estos hechos y al filo de las 6:00 de la mañana del sábado la población enardecida logra acceso a la vivienda donde se encontraban Marcelo Pajoc y su familia, Felipe Patzán y otros supuestos trabajadores de la empresa cementera. Al lograr el acceso estas personas son asesinadas por la turba, con excepción de Felipe Patzán quien, de acuerdo con un relato realizado por comunitarios, fue salvado por una persona de nombre Carlos Guamuch, quien interviene frente a la turba y logra que Felipe huya del lugar de los hechos. Según relatos de alcaldes auxiliares de Los Pajoques, hoy Felipe Patzán no solo acusa a quien aparentemente le salvo la vida, de dirigir los hechos del zafarrancho, sino que además acompaña a la Policía Nacional Civil, con una chumpa de estos, señalando viviendas e identificando personas.
Pese a los insistentes llamados durante la crisis, desde las nueve de la noche del viernes, la Policía Nacional Civil no llega sino hasta pasada las 10:00 am del sábado. Al medio día del sábado, la información disponible hablaba de siete personas fallecidas, dos del movimiento de resistencia y cinco del grupo de apoyo a la empresa cementera.
Conclusiones y recomendaciones:
• La conflictividad social ha escalado permanentemente sin que el Estado contribuya a procurar un clima de transformación del conflicto en condiciones de equidad para todas las partes involucradas.
• Resultado de ese escalamiento son los hechos trágicos que representaron el asesinato de dos jóvenes, heridas a otros, la masacre de un núcleo familiar, el desplazamiento forzado de por lo menos un núcleo familiar (niñas y niños incluidos), así como la pérdida de su patrimonio.
• Esa falta de atención y de cumplimiento de las responsabilidades del Estado se expresan en la falta de investigación de las denuncias presentadas por las comunidades afectadas, sobre el rol de personas armadas que intimidan a las y los pobladores, así como la relación de las mismas con la empresa cementera cuya llegada coincide con el inicio de la conflictividad.
• El escalamiento de la conflictividad pudo evitarse si el Estado hubiese cumplido su papel y aportado a la solución justa y no parcializada de la problemática. La criminalización de la resistencia pacífica es un factor que alimenta la conflictividad social. El recurso exclusivo de la ley contra un actor en desventaja de poder, cuestiona la legitimad del actor estatal.
• El Estado tampoco ha analizado la responsabilidad de la compañía de cemento y las denuncias constantes sobre acciones encaminadas a dividir a la comunidad.
• La tragedia del 19 y 20 de septiembre pudo haberse evitado. El Estado de Guatemala y sus instituciones involucradas directa o indirectamente en la problemática, a lo largo de los años, tienen responsabilidad en los hechos sucedidos. En el caso concreto de los hechos trágicos, la Policía Nacional Civil (PNC), sus autoridades y el Ministerio de Gobernación, incumplieron sus deberes y al negar auxilio a todas las partes que lo pidieron, tiene responsabilidad en los sucesos.
• El Estado y sus instituciones continúan actuando con parcialidad en los hechos. No hay disposición ni siquiera a identificar a las víctimas de todos lados. Las autoridades han resaltado la tragedia vivida por la familia Pajoc Matz, pero han invisibilizado las otras muertes ocurridas, lo cual traslada un mensaje preocupante sobre víctimas de distintos niveles y eleva el nivel de ilegitimidad de la institucionalidad del Estado.
• Los hallazgos de túneles y depósitos de armas en la vivienda de Marcelo Pajoc, desde donde se produjeron los disparos, es un indicador de la existencia de grupos paramilitares que operaban integrados por personal de la empresa cementera.
• El tejido social en las comunidades afectadas está dañado debido a las prácticas de cooptación monetaria y de armamentismo, promovidas por la empresa cementera, un actor que ha utilizado sus recursos para estimular la crisis y la confrontación.
• A la Convergencia por los Derechos Humanos. Hacer público este informe, a fin de dar a conocer una versión completa y no parcializada de los hechos ni alimentadora del discurso de odio y estigmatización social.
• Continuar el monitoreo de las acciones del Estado en el marco del estado de excepción. Auditar y fiscalizar el cumplimiento de los estándares en materia de Derechos Humanos.
• Hacer requerimientos de Acceso a la Información para determinar con precisión las responsabilidades en materia de negación de auxilio.
• Investigar los patrones de comportamiento provocador y estímulo de la conflictividad en espacios de tensión social, a fin de identificar patrones que perfilen actores comprometidos en la generación de violencia.
Lea y descargue el informe completo en:
Mujeres Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez denuncian violación sexual y militarización en sus territorios
Por Nelton Rivera -Prensa Comunitaria.
“Rechazamos rotundamente la implementación y prolongación del Estado de Prevención en nuestras comunidades”, afirmaron varias lideresas de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, en una conferencia de prensa realizada en el centro histórico de la ciudad de Guatemala.
Junto a ellas estuvieron presentes autoridades comunitarias quienes no han podido ejercer su cargo por la presencia de militares y agentes de la PNC. Se ha visto limitada y coartada desde las Alcaldías Auxiliares y asambleas comunitarias principal forma de toma de decisión y manera de informarse de las comunidades.
Ixmucané García maya Kaqchikel con voz contundente detalló las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron desde la militarización y ocupación de la fuerza pública en las comunidades a partir del día 20 de septiembre.
Éstas pasan por allanamientos violentos, secuestro de personas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales a mujeres Kaqchikeles, acoso de la niñez para obtener información, persecución de lideres y lideresas, agresiones contra la población, la pérdida económica de miles de quetzales por el impedimento de atender las actividades agrícolas y comerciales de la población.
Denunciaron también que la militarización del territorio de las Doce Comunidades responde a una estrategia de la empresa cementera para impulsar la construcción del Anillo Regional que lleva años sin avanzar, lo misma ocurre con la construcción de la Planta San Gabriel. El Gobierno actual y sus instituciones implementan parte de esa estrategia en contra de la oposición a la cementera de todas aquellas personas que defienden la vida, tierra, agua y territorio.
Actualmente se encuentra el Cuerpo de Ingenieros del ejército trabajando dentro de las comunidades especialmente en la comunidad Los Pajoques, están realizando estudios topográficos, medición de tierras, ampliación de carreteras con maquinaria que no pertenece al ejercito.
Las comunitarias denunciaron públicamente que las fuerzas de seguridad del Estado patrullan y protegen a las personas vinculadas a la empresa cementera al mismo tiempo que se ha observado a trabajadores de la misma señalando las casas de los lideres.
“No me van a callar”
Por Quimy De León. Prensa Comunitaria
Francisca con dignidad y valentía estuvo hoy en la audiencia pública en la Corte de Constitucionalidad defendiendo el derecho suyo a expresarse libremente y defendiendo el derecho a la libre emisión del pensamiento.
En la misma sala de audiencias se encontraban miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras – CACIF y la empresa Cementos Progreso que con la prepotencia histórica que les característica creen que pueden imponer no solo sus megaproyectos a la población de San Juan Satepéquez sin consultar sino demandar a quienes piensan, escriben y denuncian los abusos que cometen.
Francisca es columnista de Prensa Libre y académica, la intención de callarla y de iniciar una persecución penal que evidentemente es política, fue después de escribir una columna que nombró como ¿Agua o Cemento? en relación a la problemática generada por ésta empresa en perjuicio de los pueblos maya kaqchiquel que habitan las comunidades de San Juan Sacatepéquez, en concreto de la comunidad San Antonio Las Trojes I.
Ésta empresa puso una demanda judicial en su contra en un tribunal, en su página web argumentando que “Como sabemos categóricamente que las acusaciones de la Sra. Gómez Grijalva son mentiras, acudimos a un tribunal para que ella se presente al mismo a ratificar, bajo juramento, que le consta todo lo que ella publicó en ese medio de comunicación.”
Francisca ha iniciado una nueva batalla a favor de la palabra, la dignidad de los pueblos y en defensa de la vida, ya que presentó un amparo que fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad a favor de ella y que fue conocido en una vista pública este miercoles 6 de agosto de 2014.
Ella defiende con dignidad el derecho de las mujeres, de los pueblos indígenas que queremos vivir en una sociedad donde podamos seguir expresando nuestras ideas desde la ética y en defensa de la vida sin que quienes creen que son dueños del país nos quieran callar.
