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Hace un año la PNC quiso llevarse a un grupo de personas entre mujeres y niños que volvían de las manifestaciones

Fotografía de Nelton Rivera

Fotografía de Nelton Rivera

Por: Nelton Rivera.

El 13 de julio 2015 miles de personas llegaron a la Plaza Central para manifestarse en contra de la corrupción en el Estado, los reclamos exigían en ese momento la renuncia y cárcel para Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías (presidente y vice presidenta).

Las doce comunidades maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez llegaron ese día a la Plaza durante esa jornada, también exigían el cese de la construcción del Anillo Regional y de la planta cementera San Gabriel.

En un operativo irregular agentes de la PNC y agentes de civil interceptaron uno de dos buses que trasladaban a las personas de San Juan Sacatepéquez cuando regresaban de la zona 1 a sus comunidades por la noche.

Los agentes intentaron ingresar al bus, en la sección del Peladero de El Periódico se publicó que este grupo de la PNC pertenece a un estructura criminal encargada del secuestro y luego asesinato de líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, ese era su objetivo la noche del 13 de julio del 2015.

Varias mujeres sanjuaneras comenzaron a llamar por celular a diversas personas, la alarma se corrió inmediatamente, sobre el Anillo Periférico una unidad extra urbana permanecía retenida por agentes de la PNC, al lugar también llegaron fuerzas especiales anti disturbios.

Pasadas las 19 horas los estudiantes universitarios, la gente que estaba aún en la Plaza llegaron a resguardar a las personas que permanecían dentro del bus, la gente de las colonias “4 de Febrero”, “La Bethania” y otras salieron de inmediato y formaron una cadena humana alrededor de la población retenida.

Los vecinos comenzaron a llegar con comita, atol, agua y panes para las familias retenidas, comenzaron a sonar los pitos y las vuvuzelas sobre el Anillo Periférico, varias mujeres llegaron con pañales para los bebes dentro del bus.

Una hora había transcurrido cuando avisaron desde San Juan Sacatepéquez que las comunidades salieron a buscar a quienes habían sido secuestrados en el Anillo Periférico, así fue.

Minutos mas tarde comenzaron a llegar otros buses desde las comunidades, una multitud había superado ya a las fuerzas policiales unos 200 agentes en el lugar.

De pronto uno de los oficiales de las FEPS daba orientación de cómo romperían el cerco humano, que tipo de gas usar, quienes debían tomar el control de la puerta de acceso del bus . La PNC estaba estaba lista para ingresar al bus y desalojar por la fuerza a quienes formaban una cadena humana frente a este.

Uno a uno fueron llegando los buses, las autoridades comunitarias de San Juan Sacatepequez llegaron con sus bastones de autoridad.

Los jóvenes ya tenían sus rostros cubiertos y en sus miradas brillaba la indignación de una agresión más recibida.

La mediación de distintas personas no daba resultado, había quedado al descubierto una operación irregular desde una estructura de la PNC.

Finalmente los agentes de la PNC comenzaron a retroceder, metro por metro fueron desalojados por la multitud, estudiantes, pobladores, vecinos y San Juaneros.

Texto y fotografías: Nelton Rivera.

Que sucedio ese 13 de julio:

La PNC retiene cinco horas un autobús de San Juan Sacatepequez saliendo del #13J

 

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San Juan Sacatepéquez: Mujeres vestidas de flores afectadas por la militarización

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Por Quimy De León.

Breves antecedentes:

Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez desde el año 2007 han sufrido una serie de agresiones la mayoría alrededor de la instalación de la empresa cementera. Han existido asesinatos de comunitarios opuestos a está, el encarcelamiento de líderes comunitarios y la persecución de 36 personas más de las comunidades quienes forman parte de la oposición a la forma violenta de operar de la empresa y  de los dos proyectos en construcción; la carretera privada “Anillo Regional” y la construcción de la Planta San Gabriel.

No podemos dejar de mencionar el Estado de Sitio impuesto en el 2008 por el gobierno de Alvaro Colom, con estos antecedentes seis años despues el presidente Otto Perez decretó el Estado de Prevención para cuatro comunidades de San Juan Sacatepéquez (Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, El Pilar I y Pilar II) a través del Decreto Gubernativo 9-2014, vigente desde el 21 de septiembre en San Juan Sacatepéquez.

“detrás de ello está la intención de contar con excusas para declarar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y así detener a los líderes y lideresas de la movilización contra la cementera desde el año 2006 y la construcción de la carretera privada Anillo Regional, como ya se ha empezado a hacer. aproximadamente desde el año 2007 el gobierno y la empresa Cementos Progreso, se han dado la tarea de acusar y criminalizar a diferentes actores sociales que cuestionan su accionar a través de algunos de sus operadores y diferentes medios de comunicación corporativos.”[1]

Las mujeres kaqchikeles dicen basta:

Las mujeres están cansadas de tantos abusos y es que con la imposición de un Estado de Prevención, se militariza el territorio kaqchikel y se mantiene bajo asedio, amenaza y control también el cuerpo de las mujeres.

Ellas vinieron a denunciar en conferencia de prensa el día 7 de octubre a la ciudad capital cientos de casos de violaciones de los derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco y otras cometidas por trabajadores o promotores de la empresa cementera.

Después de una visita a tres de las cuatro comunidades afectadas directamente por la militarización, Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, El Pilar 1 y 2,  luego de escuchar sus testimonios pudimos constatar lo que ellas también han denunciado ante la Procuraduría de Derechos Humanos:

  • Amenazas de llevarse a los niños.
  • Abusos sexuales.
  • Acoso sexual a mujeres y adolescentes.
  • Abortos provocados por militarización.
  • Amenaza de abortos.
  • Allanamientos.
  • Apropiación ilegal de herramientas y enseres de cocina.
  • Contaminación del agua de varios pozos en uso de fuerzas de seguridad.
  • Enfermedad.
  • Imposibilidad de cortar leña y buscar comida.
  • Deserción escolar por miedo a interrogación e intimidación a los niños y niñas.
  • Desplazamiento forzoso.
  • Detenciones arbitrarias.
  • Las fuerzas de seguridad defecan y ensucian varios terrenos de la gente, ésto puede generar enfermedades o epidemias.
  • Escándalo de la policía en la noche (no dejan dormir).
  • Expropiación u ocupación de tierra para poner un destacamento (propiedad privada de una señora en la comunidad El Pilar 2).
  • Fotografiaron a mujeres, documentos y casas.
  • Personas golpeadas.
  • Interrogatorio de niños.
  • No pueden ejercer su religión, no pueden realizar actividades religiosas.
  • Ocupación ilegal de alcaldías auxiliares para dormitorios de la PNC.
  • Ocupación ilegal del salon comunal en Santa Fe Ocaña para instalar puesto de mando militar.
  • Ocupación de las iglesias para dormitorios de la PNC.
  • Obligaron a mujeres a firmar documentos.
  • Robo del agua u ocupación de pozos.
  • Robo  de locales comerciales.
  • Robo de cultivos.
  • Perdida de la cosecha.
  • Susto y tristeza.
  • Perdidas económicas por cierre de comercio.
  • Secuestro de una persona  de Ocaña mientras trabajaba.
  • Trabajadores de la empresa cementera vestidos de policía y señalando casasa de comunitarios.
  • Trabajadores de la empresa cementera haciendo medición de terrenos.
  • Temor a la violación sexual.
  • Uso de áreas comunales sin autorización.
  • Violación sexual de mujeres.

[1] Santiago Bastos. Muerte en Los Pajoques: Crónica desolada de la barbarie en la que vivimos. Prensa Comunitaria – Guatemala, 29 de septiembre de 2014.

San Juan Sacatepéquez: informe de violaciones a los Derechos Humanos

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INFORME DE VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DEL ESTADO DE PREVENCIÓN CONTENIDO EN ELACUERDO GUBERNATIVO 6-2014

Por la Convergencia por  los Derechos Humanos

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe es producido por el equipo de la CDH desplazado a verificar los hechos y situación  en San Juan Sacaatepéquez, la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2014.

En San Juan Sacatepéquez prevalece un clima de tensión que en la fecha indicada escaló a un conflicto con manifestaciones de violencia extrema. De acuerdo con los informes hay ocho personas fallecidas, cuatro personas heridas y varias familias desplazadas, además de la destrucción de cinco viviendas y cinco vehículos automotor.

La  tragedia del  19 y 20,  derivó en que el  gobierno emitió el  Decreto 6-2014 que  impune estado de prevención   (primer   grado   del   estado   de   excepción)   en   todo   el  municipio   aunque   con   ocupación territorial por ejército y Policía Nacional Civil en cuatro caseríos: Los Pajoques (lugar de los hechos), Santa Fe Ocaña y Los Pilares I y II.

Los hechos:

En diversas entrevistas realizadas por   la delegación de  la Convergencia por   los Derechos Humanos, entre   las  que   se   incluye   a   familiares  de   las  personas  muertas   entre   el  viernes  19 y  sábado 20 de septiembre, así como a Alcaldes Auxiliares y comunitarios de diversas comunidades se logra establecer una línea de tiempo que se detalla a continuación.

El viernes 19 aproximadamente a las 21:30 horas tres jóvenes (uno mayor de edad y dos menores de edad) venían caminando hacia su casa, el mayor de ellos luego de culminar su jornada laboral en una maquila de San Pedro Sacatepéquez se reúne con sus dos hermanos menores de edad y caminan, cuando de pronto aparece un grupo de alrededor de 15 personas, quienes les alumbran con linterna y sinintermediar palabras les disparan, producto de lo cual cayó el mayor de edad.   Los otros dos hermanos  menores de edad,  huyen de la escena, uno de los cuales llega hasta la casa del Alcalde Auxiliar.   El  Alcalde Auxiliar  al  ver  a  los  dos  niños  heridos  acude al   lugar  donde estos   le  señalan que esta  su hermano. El lugar es un callejón del Caserío Los Pajoques donde se encuentra tirado el hermano mayor y observa que tiene un impacto de arma de fuego en el pecho, frente a lo cual corre a solicitar un vehículo para que puedan llevar al joven a que le atiendan médicamente.

Los otros dos hermanos, menores de edad están heridos, uno en el brazo izquierdo y el otro en un dedo de su mano. Por ese motivo,  al encontrar vehículo que los traslade,  suben al mayor con herida en el pecho y a los otros dos quienes son acompañados por su señor padre (José Dolores Pajoc Pirir). El joven herido con aparente proyectil de escopeta no logra llegar con vida al hospital dado que muere en el camino.

Al mismo tiempo, vecinos de Los Pajoques, al escuchar la detonación de armas de fuego y los gritos de los hermanos menores del, hasta ese momento, herido, salen de sus casas y llegan al lugar de los hechos. Mientras el vehículo que transportará a los heridos llega, uno de ellos identifica a quien presuntamente les disparo.  El  supuesto agresor  responde al  nombre de Felipe Patzan y aparentemente  labora para Cementos Progreso S.A.

En este momento se hacen presentes dos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes levantan el parte policial de los hechos acontecidos y se retiran del lugar, en tanto que al momento se reportan personas heridas.   Aparentemente una de las oficiales presentes en la escena es una mujer que sería la responsable de la Sub-Estación 16-71 de San Juan Sacatepéquez de nombre Blanca Asencio.   Luego de esto, ya pasadas las 22:30 horas la población concentrada se entera que el joven ha muerto, motivo que da inicio a la búsqueda de los aparentes responsables de la muerte y a quienes refieren como lostrabajadores de la empresa cementera.

Los Alcaldes comunitarios y el Alcalde Auxiliar del caserío Los Pajoques llevan cabo varias acciones encaminadas a que  la Policía Nacional  Civil –PNC- se haga presente al  lugar de  los hechos,  ya que Felipe Patzán y otros empleados armados se encuentran en la casa de Marcelo Pajoc y la población halogrado rodear dicha vivienda. En ese sentido,  las autoridades comunitarias realizan varias llamadas al teléfono de emergencias de la PNC (110). Estas llamadas las hacen desde el número telefónico 5761- 8842.  Ante la falta de atención pese a las  reiteradas llamadas a la Policía, los alcaldes auxiiares llaman en varias  oportunidades   a   las   estaciones  policiales  de  Mixco y San Pedro Sacatepéquez   -en  tanto
municipios cercanos a San Juan Sacatepéquez-, las cuales también resultan infructuosas.

Paralelamente a estos hechos de solicitud de auxilio por parte de las autoridades comunitarias de Los Pajoques, vecinos de la comunidad Santa Fe Ocaña (la cual se encuentra justo a la par de Los Pajoques)  se dirigen al centro de San Juan Sacatepéquez para pedir el auxilio en la Sub Estación 16-71, llamado al cual tampoco acude la PNC. Cabe señalar que comunitarios de Santa Fe Ocaña refieren que al hacerse presentes en dicha sub estación se encontraba en el lugar una persona de nombre Bernardo Tzen quien aparentemente es trabajador de la empresa cementera y a quien responsabilizan de que la PNC decidiera no llegar a la comunidad Los Pajoques.

Estos llamados reiterados de la comunidad a la Policía Nacional Civil jamás son atendidos como corresponde por parte de la misma,  lo cual provoca en medio de la desesperación de las autoridades comunitarias y pobladores, realizar una llamada a un Policía que era habitante de la comunidad y que se encontraba asignado a un departamento distinto.  Este elemento policial también realiza llamadas sin que rindan el fruto deseado.

Cabe   señalar  que   la  PNC mantuvo una  excusa  para no  llegar   a  la  Comunidad Los  Pajoques  pues argumentó que en un caserío cercano la misma, incluso en los ingresos, había bloqueos por parte de los pobladores.  En una de las llamadas intercambiadas con la oficial a cargo de la sub Estación de San Juan Sacatepéquez, esta les dijo que no podían pasar porque en el caserío previo a llegar a Los Pajoques, se encontraba la talanquera cerrada. Frente a este hecho la alcaldía auxiliar se comunicó con sus homólogos en dicho lugar y estos negaron que la talanquera estuviera cerrada. Circunstancia que deja en entredicho el pretexto policial para no acudir al auxilio de la comunidad.

Estos esfuerzos no sólo provienen de comunitarios y autoridades locales, sino también se describe que los supuestos trabajadores de la empresa cementera, realizan llamadas a la Policía Nacional Civil con el mismo propósito.    Así  mismo,   las personas que se encontraban dentro de  la casa de Marcelo Pajoc llaman   a la   Procuraduría   de   los  Derechos  Humanos   y   estos   le   refieren   que   de   igual  manera   se comunicarán con la PNC.

Paralelamente a estos insistentes llamados de auxilio, un grupo de la población enfurecida ha destruido varias   casas,   aparentemente   todas  propiedad de   trabajadores  de   la   empresa  cementera,   en distintos puntos de la Comunidad Los Pajoques. También ha incendidado un camión, dos pick ups y un vehículo sedan, aparentemente propiedad de la familia de Marcelo Pajoc.

Esas circunstancias se estaban desarrollando cuando el señor Justo Raxón quien se encontraba en su vivienda, junto a su esposa y tres hijos menores de edad, sale aproximadamente a la media noche a ver a sus sobrinos,  quienes viven cerca de  la casa de Marcelo Pajoc donde se están dando  los hechos de violencia, para verificar la situación de estos.  Otra vez suenan disparos y el señor Justo Raxú muere por un disparo en la cabeza.  Este hecho exacerba aún más los ánimos de la población en tanto que presumen que los disparos vienen de dentro de la vivienda de Marcelo Pajoc.

Luego de estos hechos y al filo de las 6:00 de la mañana del sábado la población enardecida logra acceso a   la   vivienda   donde   se   encontraban  Marcelo  Pajoc   y  su   familia,  Felipe  Patzán   y  otros   supuestos trabajadores de la empresa cementera.   Al lograr el acceso estas personas son asesinadas por la turba,  con excepción de Felipe Patzán quien, de acuerdo con un relato realizado por comunitarios, fue salvado por una persona de nombre Carlos Guamuch, quien interviene frente a la turba y logra que Felipe huya del lugar de los hechos. Según relatos de alcaldes auxiliares de Los Pajoques, hoy Felipe Patzán no solo acusa a quien aparentemente le salvo la vida, de dirigir los hechos del zafarrancho,  sino que además acompaña a la Policía Nacional Civil,  con una chumpa de estos,  señalando viviendas e identificando personas.

Pese a  los  insistentes  llamados durante  la crisis,  desde  las nueve de la noche del  viernes,   la Policía Nacional  Civil  no  llega   sino hasta  pasada las  10:00   am del   sábado.  Al  medio día  del   sábado,   la información disponible hablaba de siete personas fallecidas, dos del movimiento de resistencia y cinco del grupo de apoyo a la empresa cementera.

Conclusiones y recomendaciones:

• La conflictividad social ha escalado permanentemente sin que el Estado contribuya a procurar un clima   de   transformación   del   conflicto   en   condiciones   de   equidad   para   todas   las   partes involucradas.

• Resultado de ese escalamiento son  los hechos  trágicos que  representaron el  asesinato de dos jóvenes, heridas a otros, la masacre de un núcleo familiar, el desplazamiento forzado de por lo menos un núcleo familiar (niñas y niños incluidos), así como la pérdida de su patrimonio.

• Esa falta de atención y de cumplimiento de las responsabilidades del Estado se expresan en la falta de investigación de las denuncias presentadas por las comunidades afectadas, sobre el rol de personas armadas que intimidan a las y los pobladores, así como la relación de las mismas con la empresa cementera cuya llegada coincide con el inicio de la conflictividad.

• El  escalamiento de  la conflictividad pudo evitarse si  el  Estado hubiese cumplido su papel  y aportado  a  la   solución  justa  y no parcializada  de   la  problemática.  La   criminalización de   la resistencia pacífica es un factor que alimenta la conflictividad social. El recurso exclusivo de la ley contra un actor en desventaja de poder, cuestiona la legitimad del actor estatal.

• El Estado tampoco ha analizado la responsabilidad de la compañía de cemento y las denuncias constantes sobre acciones encaminadas a dividir a la comunidad.

• La  tragedia del  19 y 20 de septiembre pudo haberse evitado. El Estado de Guatemala y sus  instituciones involucradas directa o  indirectamente en  la problemática,  a lo largo de los años, tienen responsabilidad en los hechos sucedidos.  En el caso concreto de los hechos trágicos, la Policía Nacional Civil (PNC), sus autoridades y el Ministerio de Gobernación, incumplieron sus deberes y al negar auxilio a todas las partes que lo pidieron, tiene responsabilidad en los sucesos.

• El   Estado   y   sus   instituciones   continúan   actuando   con   parcialidad   en   los   hechos.  No  hay disposición ni siquiera a identificar a las víctimas de todos lados. Las autoridades han resaltado la tragedia vivida por la familia Pajoc Matz, pero han invisibilizado las otras muertes ocurridas, lo cual traslada un mensaje preocupante sobre víctimas de distintos niveles y eleva el nivel de ilegitimidad de la institucionalidad del Estado.

• Los hallazgos de túneles y depósitos de armas en la vivienda de Marcelo Pajoc, desde donde se produjeron los disparos, es un indicador de la existencia de grupos paramilitares que operaban integrados por personal de la empresa cementera.

• El tejido social en las comunidades afectadas está dañado debido a las prácticas de cooptación monetaria y de armamentismo, promovidas por la empresa cementera, un actor que ha utilizado sus recursos para estimular la crisis y la confrontación.

• A la Convergencia por los Derechos Humanos. Hacer público este informe, a fin de dar a conocer una versión completa y no parcializada de  los hechos ni alimentadora del discurso de odio y estigmatización social.

• Continuar el monitoreo de las acciones del Estado en el marco del estado de excepción. Auditar y fiscalizar el cumplimiento de los estándares en materia de Derechos Humanos.

• Hacer   requerimientos   de  Acceso   a   la   Información   para   determinar     con   precisión   las responsabilidades en materia de negación de auxilio.

• Investigar   los   patrones   de   comportamiento   provocador   y   estímulo   de   la   conflictividad   en espacios de tensión social, a fin de identificar patrones que perfilen actores comprometidos en la generación de violencia.

Lea y descargue el informe completo en:

 

Mujeres Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez denuncian violación sexual y militarización en sus territorios

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Por Nelton Rivera -Prensa Comunitaria.

“Rechazamos rotundamente la implementación y prolongación del Estado de Prevención en nuestras comunidades”, afirmaron varias lideresas de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, en una conferencia de prensa realizada en el centro histórico de la ciudad de Guatemala.

Junto a ellas estuvieron presentes autoridades comunitarias quienes no han podido ejercer su cargo por la presencia de militares y agentes de la PNC. Se ha visto limitada y coartada desde las Alcaldías Auxiliares y asambleas comunitarias principal forma de toma de decisión y manera de informarse de las comunidades.

Ixmucané García maya Kaqchikel con voz contundente detalló las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron desde la militarización y ocupación de la fuerza pública en las comunidades a partir del día 20 de septiembre.

Éstas pasan por allanamientos violentos, secuestro de personas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales a mujeres Kaqchikeles, acoso de la niñez para obtener información, persecución de lideres y lideresas, agresiones contra la población, la pérdida económica de miles de quetzales por el impedimento de atender las actividades agrícolas y comerciales de la población.

Denunciaron también que la militarización del territorio de las Doce Comunidades responde a una estrategia de la empresa cementera para impulsar la construcción del Anillo Regional que lleva años sin avanzar, lo misma ocurre con la construcción de la Planta San Gabriel. El Gobierno actual y sus instituciones implementan parte de esa estrategia en contra de la oposición a la cementera de todas aquellas personas que defienden la vida, tierra, agua y territorio.

Actualmente se encuentra el Cuerpo de Ingenieros del ejército trabajando dentro de las comunidades especialmente en la comunidad Los Pajoques, están realizando estudios topográficos, medición de tierras, ampliación de carreteras con maquinaria que no pertenece al ejercito.

Las comunitarias denunciaron públicamente que las fuerzas de seguridad del Estado patrullan y protegen a las personas vinculadas a la empresa cementera al mismo tiempo que se ha observado a trabajadores de la misma señalando las casas de los lideres.

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#MiCorazonEsDeFloresNoDeCemento

San Juan Sacatepéquez: El uso de la difamación y la mentira para criminalizar las luchas

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Por: Nelton Rivera -Prensa Comunitaria

En una de las aldeas de las que conforman las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez llamada Los Pajoques, vivieron nuevamente otra agresión por trabajadores de la empresa Cementos Progreso, según denunciaron varias personas.

Desde la llegada de ésta empresa a San Juan, la paz y tranquilidad de las comunidades se ha perdido. Cuando uno conversa con la gente, fácilmente cuentan que desde hace 8 años cuando apareció “la cementera“ la violencia no ha parado. La violencia política ejercida en contra de quienes se han organizado frente a estas agresiones constantes y para defender su vida y la naturaleza, pareciera no detenerse. Como en otros lugares, ésta violencia se refleja con mucha claridad, pues hay presos políticos, órdenes de captura, amenazas de muerte, procesos judiciales abiertos, agresiones, muertos, violación sexual a mujeres, campañas de difamación y mentiras.

Otro hecho de violencia

El día miércoles 22 de enero en horas de la noche, fueron atacados varios comunitarios y quedaron algunos de ellos heridos por arma de fuego y machete, por personas vinculadas laboralmente a la empresa, tal y como ellos mismos lo reconocen en un comunicado de prensa.

Llama la atención cómo en varios medios de prensa escrita se difundió información totalmente distinta de la versión de los representantes de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez. En la versión electrónica de elPeriodico aparece el día 24 de enero una nota titulada: Agreden a personal de fábrica de cemento y en Siglo21 otra nota titulada: Vapulean a empleados de cementera.

Siglo21 cita como fuente un comunicado elaborado por la empresa Cementos Progreso: “trabajadores de la construcción de la fábrica de cemento San Gabriel, en San Juan Sacatepéquez, fueron agredidos por hombres armados cuando retornaban de sus labores diarias a sus casas…”[1]

En el caso de elPeriodico no se cita el comunicado de la empresa, ni la fuente de quien hace la denuncia, pero si hace una narración de lo supuestamente vivido por los trabajadores: “Sus compañeros al conocer el hecho, llegaron al lugar para asistirlo, pero fueron emboscados y atacados con armas de fuego.”[2]

Pareciera que la empresa intenta colocar una versión diferente a lo ocurrido en los medios de comunicación, como es evidente en éstas notas, en donde dicen que fueron comunitarios los atacantes. Las fotografías mostradas en los diarios antes mencionados tampoco muestran a los supuestos trabajadores con heridas de arma de fuego.

¿Como podría un grupo armado realizar una emboscada, no herir a ninguna persona pero si salir ellos mismos con golpes?

Que hay detrás de esta versión contradictoria

Nuevamente se utiliza la difamación y la mentira, buscando criminalizar la lucha de las comunidades, acusando a lideres comunitarios y victimizar a los victimarios. No es nada nuevo que los medios de comunicación corporativos sirvan para sus intereses.

La cobertura mediática sirve entonces para validar públicamente la difamación y la mentira, preparando un nuevo escenario luego viene la persecución judicial de lideres, los trabajadores de la cementera saben que cuentan con el apoyo jurídico de la empresa para cometer las agresiones y que éstas quedaran en la impunidad.

En el año 2008, el asesinato de un vecino de la comunidad Las Trojes fue atribuido a las comunidades opositoras a la cementera, el resultado fue la imposición de un Estado de Prevención, militarización y represión de la organización comunitaria. No es nada nuevo ya presenciar en el país la provocación a las comunidades, para imponer mediante la violencia del Estado los intereses empresariales.

La versión de las Doce Comunidades

El día miércoles 22 de enero retornaban varios comunitarios tras finalizar su reunión permanente de la comunidad en Los Pajoques, otros vecinos regresaban del trabajo hacia sus hogares.

En un punto del camino se encontraron con el señor Felipe Patzán quién es trabajador de la empresa Cementos Progreso, esta persona provoca y agrede a varios comunitarios, desenfunda su arma y dispara delante de ellos.

Frente a la agresión los comunitarios buscan defenderse, es en ese momento cuando el señor Noé Chicojay Patzán promotor de la cementera interviene desenvainando su machete e hiriendo a un comunitario gravemente.

Varias personas desde un vehículo dispararon contra los comunitarios, resultando herido de bala otro vecino sin que se haya podido precisar el calibre y el tipo de arma utilizada en el ataque. Los señores Felipe Patzán y Noe Chicojay han estado involucrados en otras agresiones violentas, según denuncian varias personas de las comunidades.

En la noche del jueves 23 de enero los trabajadores de la empresa cementera se reunieron aproximadamente a las 10:30 de la noche, entonces se empezaron a escuchar disparos alarmando a la comunidad. Las autoridades comunitarias decidieron llamar a la Policía Nacional Civil para resguardar la integridad de los vecinos.

Preocupación por las agresiones

Isabel Turuy representante de las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez ve con preocupación las agresiones y constantes provocaciones de la empresa en contra de los comunitarios. Los vecinos de Los Pajoques que fueron heridos están hospitalizados, su salud se encuentra estable pero tendrán que pasar por un proceso de recuperación por las heridas recibidas.

Saben que la empresa a través de sus trabajadores está acusando injustamente a otras personas que ni si quiera estaban en el lugar. La difamación y mentira intenta alcanzar a varios lideres Juan Zet, Oswaldo Car, Mariano Camey y a Fernando Turuy, acusándolos públicamente de ser ellos los responsables de una agresión que los mismos trabajadores de la cementera ocasionaron.

Para Las Doce Comunidades este tipo de acciones violentas son parte de la estrategia de la cementera para lograr instalar este proyecto minero, buscando judicializar y criminalizar la defensa del territorio de las comunidades y con esto instalar la Planta San Gabriel en su territorio.

En las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepequez, la gente aún sigue esperando y aportando para que la paz y la tranquilidad vuelva a ser parte de su cotidianidad; para que vuelvan a crecer las flores.


[1] Vapulean a empleados de cementera. Siglo21. Guatemala 24 de enero 2014.

[2] Agreden a personal de fábrica de cemento. elPeriodico. Guatemala 24 de enero 2014.