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La Puya: demandan el cierre definitivo de empresas mineras en Guatemala

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

“Estamos haciendo un emplazamiento a la licenciada Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación para que se despoje y deje atrás las relaciones profesionales que tuvo con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA y proceda en representación del Estado y pida la caducidad del proyecto que ella en un momento dado asesoro a la empresa.”[1]

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala CALAS y la resistencia pacífica La Puya presentaran este miércoles 20 de julio 2016 ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un nuevo memorial para demandar que esta institución acate la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cierre total de la mina “El Tambor” en los municipios de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc.

También entregaran ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) otro memorial para que la procuradora general acciones en contra de la empresa minera por no acatar la resolución de la corte.

En ese mismo sentido se accionara para que el Estado guatemalteco garantice el cierre de los proyectos mineros “El Escobal” en San Rafael Las Flores, el proyecto Sechol de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor Izabal y el proyecto minero Niquegua Montufar II otorgado a la misma empresa.

“Haciendo uso del artículo 28 de la Constitución Política de la Republica le pedimos al ministro de Energía y Minas proceda en menos de un mes  a la suspensión total de la los dos proyectos mineros, de no hacerlo él ministro de Energía y Minas estaría violentando la Constitución, violentando la ley y sería responsable penalmente por la omisión de dichos actos.”

“Los proyectos mineros de explotación deben de ser detenidos inmediatamente y deben de firmar su clausura… el MEM y el ministro deben  actuar administrativamente y caducar el proyecto minero “El Tambor, Progreso VII derivada” Rafael Maldonado, abogado CALAS.

Minería criminal en Guatemala

La actividad minera de empresas canadienses y estadounidenses se ha implementado de forma ilegal en algunos casos, en otros con la complicidad de funcionarios públicos y en otros casos de manera criminal.

En San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa, la empresa minera San Rafael es uno de los ejemplos claros de como las empresas nacionales y transnacionales actúan de forma ilegal y criminal, la misma dinámica adopto la empresa EXMINGUA en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.

Frente a la imposición de estos proyectos extractivos, las comunidades y pueblos en estos territorios se organizaron, informaron y tomaron acciones para detener la construcción de ambos proyectos mineros, en San Rafael lograron avanzar con la explotación de minerales, para hacerlo recurrieron a la violencia política contra autoridades comunitarias opuestas al proyecto, acusaciones, criminalización y prisión para otros, incluso la imposición de un Estado de Sitio durante el gobierno del general Otto Pérez Molina.

En la Puya la historia es parecida, las transnacionales canadienses y ahora la norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA junto a la EXMINGUA repitieron patrones similares a la Minera San Rafael, llegaron a provocar la cooptación de personas, división comunitaria, criminalización de mujeres con liderazgos importantes en la resistencia pacífica, hubieron asesinatos de representantes de las comunidades en La Puya y varios intentos de desalojos violentos.

Frente a la dinámica de las empresas mineras, la resistencia en La Puya y El Escobal lograron articular fuertes movilizaciones, plantones pacíficos y en materia legal el reconocimiento de las formas ilegales y arbitrarias de obtención de las licencias de exploración y explotación mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente y Recursos Naturales durante los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.

Una batalla que han librado pacíficamente desde el año 2011 al 2016, las municipalidades, juzgados, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad resolvieron que los proyectos mineros “Mina El Tambor, Progreso VII Derivada” y “El Escobal con minera San Rafael” deben de ser cerrados inmediatamente.

Las autoridades en el MEM y el MARN se niegan a acatar las resoluciones de las cortes, no atienden las peticiones de las comunidades.

Extracción ilegal

Desde el año 2012 las comunidades en resistencia pacífica denunciaron el otorgamiento ilegal de la licencia de exploración y explotación mineras para la mina “El Tambor”, la empresa obtuvo a través del MEM el Estudio de Impacto Ambiental EIA con serias deficiencias y graves errores, demostrado en una evaluación hecha por dos especialistas y presentadas públicamente: “OBSERVACIONES PRELIMINARESPROYECTO PROGRESO VII DERIVADAANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL”

Durante el año 2015 la Municipalidad de San Pedro Ayampuc en una resolución del Consejo Municipal negó cualquier tipo de trabajo interno y de construcción a la empresa minera, luego la Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre del proyecto minero.

El Ministerio Público detuvo a personal de la mina extrayendo mineral de forma ilegal, decomisaron cientos de miles de quetzales en concentrado de oro y plata entre febrero y mayo de 2016. La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

“Él ministro de forma inmediata y de oficio tuvo que haber resuelto estos cierres, la directora general de minería afirmo que no van a cerrar las licencias mineras, en una clara violación de la ley. Esperamos que derivadas de estas acciones se suspendan de forma definitiva la actividad minera y el cese de la actividad minera en Guatemala.” Rafael Maldonado, abogado CALAS.

[1] Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS, Guatemala 20 de julio 2016.

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Corte de Constitucionalidad suspendió otra licencia de exploración en Quiché y Baja Verapaz

Por: Consejo del Pueblo Maya – CPO –

La Corte de Constitucionalidad resolvió SUSPENDER la licencia de exploración minera denominada “LOS CIMIENTOS” ubicada en los municipios de Chicamán, Uspantán y Cubulco de los departamentos de Quiché y Baja Verapaz (Exp. 411 -2014).

La licencia fue autorizada en el año 2006 a Nichromet Guatemala, confiriéndole la facultad exclusiva de localizar, analizar, evaluar y estudiar los yacimientos de cadmio, plomo, zinc, cobalto, cobre, minerales del grupo del platino, molibdeno, níquel, oro, plata y tierras raras.

La Corte de Constitucionalidad resolvió la suspensión de la misma, puesto que no fue respetado el derecho de consulta a pueblos indígenas en el otorgamiento de la licencia minera.

Según la resolución de la CC, es obligatorio para el Ministerio de Energía y Minas consultar a los pueblos antes de la autorización de cualquier licencia minera, o bien, prórroga de licencias que hayan sido autorizadas.

Esta resolución es el resultado de acciones de amparo presentadas por las autoridades comunitarias articuladas en el Consejo del Pueblo K’iche,’ miembros del Consejo del Pueblo Maya –CPO- .

Lea y descargue la sentencia completa aquí:

sentencia cc mineria

La Puya: CSJ resolvió que empresa minera debe suspender la explotación

Resistencia La Puya

Mujeres de la Resistencia pacífica La Puya

Por Nelton Rivera.

Desde el año 2010 las comunidades mestizas e indígenas organizadas en la resistencia pacífica “La Puya” denunciaron que la actividad de varias empresas transnacionales en el territorio de dos municipios del departamento de Guatemala, San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo se estaba realizando sin consentimiento de la gente.

Seis años después la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retomara un recurso de Amparo de 2014 en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) por el otorgamiento de la licencia de explotación de la mina El Tambor “Progreso VII Derivada”, la CSJ lo resolvió recientemente y ordenó la suspensión provisional de la licencia minera que se desarrolla a escasos 15 kilometros de la capital.

“Esta es una resolución con una dimensión gigantesca, primero porque viene desde el máximo tribunal del país, también porque la CSJ está diciendo en su resolución que existió una grave violación al derecho de consulta de las comunidades, y que este derecho debe garantizarse.” Rafael Maldonado, abogado de CALAS.

Este lunes 22 de febrero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

Esto significa que a partir de este día le empresa no podrá seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dió por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

La licencia minera de explotación “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” se dio durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011, a partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

En el occidente del país también se suspendieron otras licencias

A través de otros recursos planteados ante la CC por las autoridades comunitarias e indígenas de distintos pueblos del occidente del país, la abogada Lucia Xiloj y el Consejo de Pueblos de Occidente lograron que la CSJ en varias sentencias suspendiera otras licencias de exploración mineras que vulneraron el derecho de consulta previa de las comunidades.

La CC resolvió las apelaciones de cuatro amparos, mismos que fueron otorgados a favor del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) en el mes de noviembre 2015 y enero 2016. Estas acciones se presentaron durante el año 2015 por las licencias mineras de exploración autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas y por la gestión que están haciendo las empresas para prorrogar las existentes.

  • Licencia “San José III” de la empresa Montana Exploradora S.A. en el departamento de San Marcos, en el territorio del Pueblo Maya Sipakapense y Maya Mam, afectando a las comunidades de Concepción Tutuapa y San José Ojetenam. Expediente 5712-2013, sentencia de fecha 23 de noviembre 2015.
  • Licencia “Centauro II” de la empresa Montana Exploradora S.A. en el departamento de Totonicapán, en el territorio del Pueblo Maya K’iche’, afectando a las comunidades de Momostenango y Totonicapán. Expediente 406-2014, sentencia de fecha 23 de noviembre 2015.
  • Licencia “Eluvia” de la empresa Entre Mares, S.A. subsidiaria de Goldcorp Inc en el departamento de Quetzaltenango, afectando a las comunidades de Cabricán en el territorio del Pueblo Maya Mam, Expediente 5705-2013, de fecha 12 de enero 2016.
  • Licencia “Los Cimientos” de la empresa Nichromet Guatemala S.A. en el departamento del Quiche, en el territorio del Pueblo Maya K’iche’, Achi’, Q’eqchi’ y Uspanteko, Expediente 411-2014, sentencia de fecha 02 de enero del 2016.

 

 

 

Huehuetenango: el apoyo de las comunidades llegó hasta la CC para exigir justicia

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Por Nelton Rivera.

La vista pública comenzó a las 10 de la mañana y finalizo treinta minutos después, la fiscal Gilda Toledo Barrios del Ministerio Público presentó su oposición al recurso de inconstitucionalidad planteado esta mañana, con esto busca reafirmar el delito de plagio o secuestro en contra de Bernardo Ermitaño López “don Taño” como le conocen las comunidades de Santa Cruz Barillas.

Don taño fue detenido el 3 de junio de 2015 en la Torre de Tribunales en la ciudad capital al finalizar una de las audiencias en contra de Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro “don Chico Palás” y el profesor Arturo Pablo maya Q’anjob’al, los cuatro son representantes de las comunidades y defensores del agua.

Benito Morales y Francisco García abogados en representación de don Taño expusieron ante los magistrados el porque se debe declarar inconstitucional la actuación del MP y de un juez de Huehuetenango al ligar a proceso a don Taño por el delito de plagio o secuestro.

Varios de los representantes de los municipios maya Q’anjob’al de San Juan Ixcoy, Santa Eulalia y Barillas viajaron por 12 horas a la capital para denunciar públicamente las reiteradas violaciones a los derechos humanos que comenten las empresas nacionales y transnacionales extractivas en la región norte del departamento.

Frente a la entrada principal de la CC sobre la 11 avenida de la zona 1 los comunitarios colocaron mantas y pancartas en apoyo a los presos políticos de los pueblos Q’anjonb’al y mestizo, en total son nueve, uno de ellos, don Taño. Exigieron a los magistrados de la CC que resuelvan esta inconstitucionalidad apegados a la justicia y no a los intereses de quienes criminalizan a las comunidades y sus representantes.

La esposa de don Taño, sus familiares y los comunitarios no estuvieron solos, en la sala de vistas de la CC estuvieron tambien algunas delegadas de las organizaciones de derechos humanos, la Oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en Guatemala (OACNUDH), y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Afuera de la Corte estuvo la batucada del pueblo, quienes se sumaron a la movilización comunitaria, tambores y vuvuzelas se escucharon en el interior de la CC interrumpiendo la intervención de la agente fiscal del MP. Varios vecinos de la resistencia pacífica de La Puya de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc también llegaron en apoyo de los presos políticos de Huehuetenango.

Luego de finalizada la vista publica  quedara  esperar en los plazos de la CC para que se resuelva la inconstitucionalidad,  “tendrían los magistrados por ley que resolverla en 3 días hábiles, pero seguramente por la carga de trabajo y por la cantidad de recursos presentados por otros casos podrían los magistrados demorar varias semanas.” Abogado Fracisco García.

¿La justicia al servicio de quién?

 

Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público.

Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público.

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

La presentación del informe sobre “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las Américas” que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH recientemente en Guatemala llega en el momento justo.

Mientras realizaban la presentación pública fueron los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad –CC-, quienes ejemplificaron de forma magistral como se vulnera esa famosa “independencia judicial”.

El miércoles 4 de febrero la CC resolvió un amparo de forma parcial con el que resuelve que el mandato de la Fiscal General Claudia Paz y Paz debe de finalizar a más tardar en el mes de mayo. La posición de la Corte se suma a  la lista de resoluciones contradictorias y poco fundamentadas en derecho que este grupo de magistrados emite, días más tarde resolvió dejo en firme su resolución. 

Una corte que no convence a nadie, podríamos mencionar por ejemplo, la posición de la corte respecto a desconocer el carácter vinculante de las Consultas Comunitarias de Buena Fe y Consultas Municipales, su interpretación de la no aplicación del Convenio 169 de la OIT o como cuando anularon la sentencia  del Juicio por Genocidio en el 2013.

Lo cierto es que este tipo de resoluciones evidencia que las y los operadores de justicia en Guatemala están constantemente bajo el acoso de poderes fácticos o poderes tradicionales como el CACIF, o grupos paralelos quienes garantizan con la penetración de sus intereses dentro de la corte, que la institucionalidad de justicia esté a su beneficio a través de la impunidad. 

Las agresiones públicas de todo el aparato mediático, columnistas y políticos de derecha no tardaron ni 24 horas en lanzarse a validar la resolución de la Corte, claro no es la primera ni sera la ultima vez que busquen atacar a la Fiscal General Claudia Paz y Paz. Es evidente lo conveniente para las élites económicas, políticas y de poder que la Fiscal General no siga en el cargo.

De la misma manera que opera la ignominia y el odio, se manifiestan otros movimientos que actúan desde la esperanza y la vida. Se está haciendo sentir el respaldo y apoyo hacia una de las pocas funcionarias éticas y profesionales que han contribuido a tener confianza en la justicia y que han fortalecido el Estado de Derecho y la frágil democracia que quienes representan el poder debilitan.  

Este respaldo trasciende fácilmente los espacios organizativos de la sociedad guatemalteca, el respaldo nacional e internacional puede jugar un papel fundamental en la balanza de la justicia, incluso el respaldo de la embajada de los EEUU es indicador de que hasta ellos, evidencian el peligro que significa que estos grupos controlen y definan que se eternice en nuestro país la impunidad.

Jorge Santos de la Convergencia de los Derechos Humanos por Guatemala dijo en la presentación del informe de la CIDH que éste se presenta en un contexto de agresiones y ataques contra la institucionalidad de justicia:

Estamos asistiendo a un proceso de rompimiento de la independencia judicial, no solo por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, si no por su actuación a lo largo de todo el año 2013, hemos evidenciado y hemos denunciado como Convergencia por los Derechos Humanos un constante pacto entre determinadas élites que pretende irrumpir en el sistema de judicial guatemalteco con el único fin de procurar  impunidad.

El llamado que hacemos desde la Convergencia por los Derechos Humanos es hacer un importante esfuerzo de articulación social para defender la institucionalidad pública, principalmente frente al proceso de Comisiones de Postulación y que no permitamos que esos poderes fácticos que han intentado irrumpir en la independencia judicial se queden al final de cuentas con esa institucionalidad pública.”

CIDH presenta informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las América, en Costa Rica y Guatemala

Para la CIDH la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de un sistema democrático en países como Guatemala requiere de un un sistema jurídico e institucional fortalecido, independiente y ajeno a los intereses de gobernantes y particulares.  La visita de representantes de la CIDH coincide en un contexto adverso en materia de justicia y se evidencia la inexistencia de la independencia de la instucionalidad de justicia.

La CIDH presento el día jueves 6 de enero 2014 en Guatemala por primera vez un informe de este tipo, reuniendo a diversos sectores, instancias y organizaciones de justicia y derechos humanos en Guatemala.

El informe en su contenido hace énfasis a la situación complicada de la justicia en Guatemala:  “Sin embargo, en varios Estados del continente americano, juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos, desempeñan sus labores en ausencia de garantías que aseguren una actuación independiente, tanto en un nivel individual como de las instituciones que trabajan. Además, la CIDH ha detectado una serie de injerencias por parte de poderes públicos y agentes no estatales que generan barreras de iure o de facto para las personas que desean acceder a la justicia, las cuales están asociadas a la falta de diseños institucionales que resistan dichas injerencias y a la ausencia de procedimientos adecuados para nombramiento y selección, y de garantías debidas en los procedimientos de carácter disciplinario.”[1]

Fotografía C. Fernández.

Fotografía C. Fernández.

 Guatemala y el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH. 

La situación de los “Derechos Humanos y la Protesta social en Guatemala”, “Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala” fueron dos temas importantes que se incluyeron dentro de la agenda de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el mes de octubre 2013 durante el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH. 

Durante la mesa temática sobre “Derechos humanos y la protesta social en Guatemala”, la CIDH pudo conocer los casos de judicialización y criminalización de pueblos y comunidades, violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado de Guatemala, empresas y otros actores.

Los casos que fueron presentados ante la CIDH son los de Barillas en Huehuetenango por la presencia de la empresa española Ecoener Hidralia Energía y la conflictividad que esta ha provocado en esa región.  El caso de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez frente a las agresiones de la empresa Cementos Progreso y la construcción de la planta “San Gabriel” en su territorio. El caso de las comunidades y pueblos Xinka y Mestizo de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa frente a la construcción de la Mina San Rafael propiedad de la empresa transnacional canadiense Tahoe Resources.

Durante la intervención de la delegación guatemalteca solicitaron en la mesa temácica sobre “Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala”:

1. A la Comisión recuerde al Estado su obligación de realizar procesos transparentes y participativos que permitan nombrar a las personas ideoneas e independientes en los órganos judiciales que se van a nombrar en el año 2014.

2. Seguimiento muy cercano a estos procesos de Comisiones de Postulación y si fuera necesario y se hacen evidentes irregularidades que pongan en peligro el principio de independencia judicial quisiéramos que la comisión haga el señalamiento respectivo.

3. Solicitamos adicionalmente que se recomiende al Estado iniciar un proceso de dignificación de la labor de defensores y defensoras de los DDHH, comenzando por declaraciones del presidente del estado de Guatemala en apoyo a la labor de este grupo y una declaración que sea publicad en todos los medios posibles.

4. Recordar al Estado el compromiso que había asumido de impulsar la creación de una verdadera política pública que sea incluyente a todos los y las defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, sindicalistas y operadores de justicia.

Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la libertad de expresión, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.”[2]


[1] CIDH presenta informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las Américas, en Costa Rica y Guatemala. OEA. Costa Rica 6 de febrero 2014.

[2] Anexo al Comunicado de Prensa CIDH culmina el 149 Período de Sesiones. 8 de noviembre 2013.