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Marcos Botzoc Choc y la violencia contra las comunidades cooperativistas.

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Por: Rony Morales.

Soy Juan Botzoc  originario de San Pedro Carchá, maya hablante q’eqchi´ colaboro con la asociación mayas para el desarrollo comunitario –ASOMADIC-, también soy parte de las autoridades ancestrales a nivel de la región  Q´eqchi´, Poqomchi´ y Archí

Hablaremos de la vida misma, la verdad es  que personalmente desapareció un familiar,  mi tío que se llama Marcos Botzoc Choc. Desapareció a finales del ochenta y tres,  hasta la fecha no lo hemos visto ni sabido de él. De hecho mi prima,  su  única hija,  sigue en búsqueda del cuerpo.

Toda mi familia es originaria  de San Pedro Carchá, somos  mayas hablantes  q’eqchi´. Por la guerra interna en el país, mi familia se encuentra regada en varios municipios del Alta Verapaz, yo  vivo actualmente en Cobán, nací en una comunidad que se llama Semuy,  cerca de una finca de la familia alemana  Sapper en Alta Verapaz.

A finales del ochenta y uno, recuerdo que llegó con los mozos colonos de la finca, Ricardo Sapper de descendencia alemana,  a amenazarnos, a decirnos que nos daban tres días para salir de nuestras casas; entonces las familias  no entendíamos por qué, y en grupo decidimos salir de nuestros terrenos  para salvarnos la vida refugiándonos en la montaña, fuimos desalojados del área donde habitábamos por miembros del ejército y trabajadores del finquero, en ese momento conocí lo que era un soldado, ya que nunca en mi vida había visto uno. Éramos niños en ese tiempo.

Vimos desde la montaña cómo quemaron nuestras casas, estuvimos alrededor de dos años en el monte, viviendo bajo los árboles de pino y caoba.  Estos  hechos nos afectaron mucho, nos daba miedo ver el ejército, cuando íbamos a los pueblos o en los mercados,  mirar al ejército nos generaba terror por todo lo que habían hecho con nuestra familia, con nuestras casas, incluso nuestros mismo animales.

El porqué,  de la reacción del finquero y el ejercito de hacer esto con mi familia y las demás personas, es porque estábamos aportando,  construyendo  un espacio que le llamábamos “las cooperativas”, mi familia estaba en este tema del cooperativismo comunitario. A partir de esto nuestras comunidades  fueron vistas mal. Entonces como para ir desestabilizando a nuestra familia, el ejército de Guatemala, juntamente con los Sapper, dueños de esa finca, nos desalojaron y para darnos una lección quemaron nuestras pertenencias.

De la montaña bajamos por necesidad a vivir a Campur  y por buscar donde sembrar nuestros cultivos fuimos caminando por más de dos días a Chisec al no encontrar donde sembrar, tuvimos que  regresar  a pie para llegar a Campur. Fue cuando  logramos un poco de café y cardamomo, durante esa semana fue que se dieron cuenta los miembros del ejército y comisionados militares   que nosotros habíamos regresado y de nuevo nos empezaron a buscar. Como decía, mi familia estaba catalogada como uno de los que estaban impulsando la lucha social.

Teníamos la necesidad de unos centavos, entonces el tío Marcos Botzoc Choc  dijo “vamos a buscar un poco de cardamomo, vamos a buscar un poco de café” y se logró vender. Creo que durante ese proceso fue que se dieron cuenta que habíamos regresado.

A mi tío Marcos Botzoc Choc se lo llevaron de la casa donde estaba viviendo, su hija lo vio, ella se salvó porque se metió bajo la cama. Sabemos que el responsable directo, por lo que hemos ido  investigando, fue el comisionado de San Pedro Carcha, que era el señor Santiago Tux,  él fue el que nos echó de nuestras tierras.

Mis tíos y mi papá lo buscaron en Cobán, también en la zona militar No. 21, preguntando por el nombre, en las mismas iglesias de acá, porque sucedía mucho eso de que a veces, pues los perseguían, y para salvarse a veces se iban a la Iglesia o al hospital.

Nosotros tratábamos de identificarlo por el nombre, lamentablemente en la zona militar No. 21 de Cobán, la familia entró tres veces pero nunca se nos dio alguna respuesta; ellos revisaban los libros donde se reportaban la gente que entraban ahí, supuestamente eso es lo que nos decían, pero nunca se nos dio las respuestas.

En el convento de Cobán se hizo el proceso para la búsqueda de familiares por medio ADN, con la  esperanza de que apareciera entre las osamentas de la base militar No. 21, la hija fue hacerse la prueba con mucha esperanza,  ya  que en la actualidad se han identificado más de sesenta personas  de Cobán, también de algunas comunidades de San Pedro Carchá y del mismo Cobán.  Además  el Programa Nacional de Resarcimiento también ha estado  sacando nombres de quiénes son los que han sido identificados en ese proceso de ADN y no perdemos la esperanza.

 Yo creo que el tema del conflicto armado interno en Guatemala es otra de las historias que ha sufrido el pueblo de q´eqchi´, el pueblo Poqonchi´, el pueblo Achí, los pueblos en Guatemala, los mayas. Creo es ahí es donde se visualiza el efecto de ese conflicto que hubo. Sabemos que con la poca sistematización que ha habido de todo el efecto que dejó el conflicto armado, una de las comunidades nuestra está dentro de las cuatrocientas comunidades que fueron desaparecidas, ¿no? Sabemos que hay más de cincuenta mil desaparecidos en Guatemala y cincuenta mil familias que piden el saber de sus familiares.

 

 

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Caso Creompaz: los procesos penales contra 14 militares están apegados a la ley

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Foto: Carlos Fernández.

“…los militares implicados en la desaparición de Marco Antonio Molina Theinssen han disfrutado de todas y cada una de las garantías procesales que a las victimas de desaparición forzada, tortura, secuestro, ejecución extrajudicial les fueron negadas por sus verdugo. De manera que la afirmación que la protección de derechos humanos tienen una visión ideologizada es una afirmación falaz” Iduvina Hernández representante de la Convergencia de Derechos Humanos.

Organizaciones de derechos humano en Guatemala expresaron a través de una conferencia de prensa que “el caso de CREOMPAZ tiene vida jurídica porque se basa en el Estado de Derecho”.

Desmintieron distintos argumentos que se colocaron ante la opinión publica a través de distintos medios que buscan confundir a la población, tanto el equipo de abogados que realizan la defensa de los 14 oficiales del ejercito sindicados por el Ministerio Publico como responsables de delitos de lesa humanidad como desaparición forzada y deberes contra la humanidad por más de 90 personas de las etnias Q’eqchi, Achi y Pocomchi exhumados en fosas clandestinas dentro de la Base militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz ahora CREOMPAZ.

Sobre quienes están cuestionando la legitimidad de los procesos que conoce actualmente el Tribunal de Mayor Riesgo A en Guatemala, la convergencia de Derechos Humanos afirmo: “son falsas argumentaciones sobre el proceso penal por desaparición forzada y contra deberes de la humanidad contra 14 ex mandos militares” los defensores de derechos humanos ven con preocupación la campaña que montaron para intentar desestimar la base jurídica de los procesos en contra de altos mandos del ejercito vinculados a delitos de lesa humanidad actualmente, presionar a los operadores de justicia y al Ministerio Publico para detener los procesos y confundir a la ciudadanía que esta siguiendo el desarrollo de las audiencias.

Comunicado:

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Análisis Jurídico de la Acción presentada por el General Alfredo Sosa Díaz en contra de la en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional

Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista.

 

 

  1. El General de División del Ejército de Guatemala, Alfredo Sosa Díaz, actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, presentó ante la Corte de Constitucionalidad –CC- una acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, el cual establece que la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere la ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
  1. Sosa Díaz aduce que tal artículo contraviene el espíritu de la citada ley y de la Carta Magna; además, alega una serie de consecuencias políticas por su vigencia. Su propósito es que la CC expulse la norma del ordenamiento jurídico, para que los 18 ex oficiales que están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno se puedan acoger a la amnistía que la citada ley otorga, por la comisión de delitos políticos y conexos.
  1. El Alto Mando del Ejército se deslindó de la acción de Sosa Díaz, y el Ministro de la Defensa declaró que analiza con sus asesores legales si el Jefe Militar será sancionado.
  1. La acción de inconstitucionalidad no tiene viabilidad jurídica, ya que la normativa y la jurisprudencia internacional prohíben amnistiar delitos de lesa humanidad que, por su naturaleza, son imprescriptibles; en ese mismo sentido se ha pronunciado la CC en varias sentencias.
  1. En los medios de comunicación se ha argumentado que el General Sosa actuó a título personal. En el siguiente apartado analizo si un oficial en activo del Ejército de Guatemala puede actuar como ciudadano, máxime si tiene a su cargo el mando de todas las unidades militares del país. La cuestión, además de las aristas jurídicas, tiene importantes efectos político-institucionales, en el marco de una coyuntura de gran tensión.
ElPeriodico

ElPeriodico

Análisis Jurídico. 

  1. El marco legal del Ejército de Guatemala está regulado en una normativa amplia. Para el caso objeto de análisis, se considera lo establecido en:
  1. los Art. 244 al 250 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
  2. la Ley Constitutiva del Ejército,
  3. el Código Militar,
  4. el Reglamento para el Servicio Militar en Tiempos de Paz y en
  5. el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Asamblea General de la ONU, Resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979.
  1. La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), en el Arto. 244 establece que “El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. […] Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia”. (Resaltados nuestros).
  1. El Arto. Artículo 248 constitucional establece que Los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo, no pueden ejercer el derecho de sufragio, ni el derecho de petición en materia políticaTampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva. (Resaltados propios).
  1. Nótese que en este artículo y el anterior, la CPRG prohíbe que los militares ejerzan cinco derechos constitucionales (participación política, deliberación-opinión, sufragio, petición política y petición colectiva) por estar en servicio activo
  1. En el Art. 250 de la CPRG se estatuye que “El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares”.
  1. Los anteriores preceptos constitucionales son retomados por la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala (Decreto Legislativo 72-90); en el Artículo 1° establece que “El Ejército de Guatemala es la Institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. (Resaltados nuestros).

En el Arto. 3 estatuye: El Ejército de Guatemala se regirá por la Constitución Política de la República de Guatemala, la presente Ley y demás leyes y reglamentos militares. Se denominará únicamente -Ejército de Guatemala-”.

Quiénes integran el EG está normado en el Arto. 6[1]: “Son integrantes del Ejército de Guatemala, los Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Caballeros Cadetes, Caballeros Alumnos de los centros de educación e instrucción militar, Especialistas, Elementos de Tropa y demás personal que pertenezca a la Fuerza Permanente”.

En el Arto. 7, taxativamente establece: “Los integrantes del Ejército de Guatemala son apolíticos, obedientes, no deliberantes y deben estar comprendidos en lo establecido por el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.(Resaltado nuestro).

  1. De acuerdo a las normas supra citadas, se puede establecer que el General de División, Alfredo Sosa Díaz, actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, es integrante del Ejército de Guatemala y, por normas constitucionales y legales, debe ser apolítico, obediente y no deliberante. Además, pertenece a una organización que es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
  1. Siguiendo lo establecido en la Ley del OJ para la interpretación de la Ley, citamos que en el DRAE se define que deliberar es Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión”, lo cual está prohibido por la CPRG al EG y, por ende, a sus miembros, pues tal prohibición es la base de la obediencia y la jerarquía. En este caso, Sosa Díaz considera detenidamente el pro y el contra de una norma que le obliga, y acciona legalmente en contra de ella.
  1. El Reglamento para el Servicio Militar en Tiempos de Paz (en adelante el Reglamento) es aún más restrictivo, el cual es constitucionalmente mandatorio por la disposición del Arto. 250 de la Carta Magna. En su Arto. 333 el Reglamento establece que “El más grave cargo que se puede hacer a un oficial y muy particularmente a los que desempeñan puestos de mayor responsabilidad (como el Jefe del EMDN), es el de no haber dado cumplimiento a las leyes y reglamentos, disposiciones y órdenes vigentes de sus superiores. La más exacta y puntual observancia de ellas es la base fundamental de la disciplina y del servicio militar”.
  1. El Arto. 355 del Reglamento restringe aún más la libertad de acción de que Sosa Díaz hizo uso, al estatuir que “Queda prohibido a todo militar en servicio activo formar parte de asociaciones[2], manifestaciones políticas o de otra naturaleza[3] que se contravengan con la lealtad y subordinación que exige el ejército […] o cometer actos que relajen la subordinación inherente a un ejército. Tampoco podrá entrar en polémicas, ni externar opinión alguna por cualquier medio, sobre asuntos del servicio o que de alguna manera ataque o censure las leyes de la república o asuntos del gobierno. El que contravenga estas disposiciones debe sancionarse de conformidad con el código militar”. (resaltados propios).
  1. Las leyes y reglamentos militares limitan la libertad de acción personal de los elementos castrenses, al grado que para poderse casar, un oficial subalterno debe contar con permiso de sus superiores (Arto.782 del Reglamento); igualmente, para darse de baja del EG, cualquier oficial o especialista debe contar con aprobación del Ministerio de la Defensa (Artos, 82 y 84 de la Ley Constitutiva, respectivamente). En consecuencia, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional no puede aducir que actuó a título personal al impugnar una ley tan relevante y polémica, en una coyuntura política álgida, porque la normativa citada se lo prohíbe.
  2. De acuerdo a lo establecido en el Arto. 22 de la Ley Constitutiva del Ejército, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional tiene bajo su mando a todas las unidades militares; por consiguiente, la intervención jurídica del General Sosa Díaz en el juicio contra 18 mandos militares durante el Conflicto Armado Interno, podría tipificar una clara violación a varias garantías constitucionales, pues atenta contra la independencia del Organismo Judicial (Arto. 203), y a quien así procediera, “además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”. Asimismo, al Jefe del EMDN, la Carta Magna le señala que como funcionarios “son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella” (Arto. 154).
  1. Además de las ilegalidades citadas, Sosa Díaz contravino normas internacionales. Como ya se citó en el numeral 2, la Carta Magna le asigna funciones de seguridad interior al EG (Arto. 244), por lo que todos los militares guatemaltecos están obligados a acatar lo establecido en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, de acuerdo a lo establecido en el numeral b) del Artículo 1: En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios”.
  1. En su Arto. 2, el Código postula que “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.

Los derechos humanos que Sosa Díaz está obligado a defender, están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Este sistema normativo condena la impunidad y establece que los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y el genocidio son imprescriptibles y no pueden estar contenidos en ninguna ley de amnistía, como pretende el Jefe del EMDN con su acción de inconstitucionalidad, presentada para expulsar el Arto. 8 de la Ley de Reconciliación, que precisamente reafirma esta prohibición.

  1. Finalmente, el Arto. 5 del Código supra citado, establece que “Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. (Resaltados nuestros).

Esta prohibición que el General Sosa Díaz violentó en su alegato jurídico-político, dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Conclusiones

  1. Del análisis jurídico realizado, concluyo que la acción procesal del General Sosa Díaz, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, violentó una serie de normas del ordenamiento jurídico nacional e internacional, por lo que debiera ser destituido y podría ser sancionado de acuerdo al Código Militar.
  1. Más allá de los aspectos jurídicos, que no son menores, el militar ha agravado la tensión política y, a la vieja usanza, se ha negado a someterse al imperio de la Ley, amenazando la débil institucionalidad que, con enormes esfuerzos, hemos construido, y ahora nos empeñamos en consolidar, para que haya verdad, reparación y garantías de no repetición, en la perspectiva de afianzar un Estado pluricultural y democrático de Derecho.

Guatemala, 13 de enero de 2016.

[1] Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 79-95 del Congreso de la República.

[2] Como la asociación que el Jefe del EMDN estableció con AVEMILGUA y la Fundación Contra el Terrorismo, a quienes llamó como terceros con interés.

[3] Como pedir la expulsión de una norma que impide la impunidad en casos de genocidio o desaparición forzada.