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El nuevo campamento de la resistencia pacífica de La Puya

Prensa Comunitaria Km 169

Por: Nelton Rivera.

Frente al Ministerio de Energía y Minas MEM, la cotidianidad cambio completamente, ya no es común ver el paso de los carros en una de las principales avenidas de la zona 11, ahora el movimiento frente el MEM es distinto, la cantidad vehicular puede que sea la misma o más, pero quienes circulan frente al ministerio se detienen, usan sus bocinas para saludar y aprobar la resistencia pacífica que se instaló frente a su ingreso principal.

Los vecinos de la resistencia pacífica “La Puya” instalaron un nuevo campamento frente al MEM, las carpas se levantaron de inmediato, la cocina, la despensa, un dormitorio improvisado, un baño, el área de lavado, un altar maya y el católico quedaron instalados desde el día 3 de marzo 2016.

Un plato de comida no le falta para quienes cubren los turnos, o para quienes llegan a solidarizarse con esta lucha que busca proteger el agua, no solo de sus comunidades sino de toda la ciudad capital, siempre hay una tortilla, un plato de comida, cafè o fresco.

Los comunitarios hacen turnos para cubrir el campamento, ahora seguro son dobles porque hay que cubrir “La Puya” y también en el MEM, dos meses y ya son varias las agresiones que han sufrido pero esto no los ha hecho retroceder, de marzo a mayo los días han sido calurosos, posiblemente se registraron las temperaturas más altas en el país por la destrucción del ambiente.

Las lluvias de mayo comenzaron esta semana, el campamento de la resistencia deberá enfrentarse al viento, a la lluvia que seguramente entrara por los techos de vinil de las carpas improvisadas, el agua correrá por el asfalto mojando todo lo que encuentre a su paso.

Quienes en este nuevo campamento resisten le exigen al ministro de energía y minas, cumpla con la ley guatemalteca, la CC les ordenó suspender las operaciones de la empresa por violar las normas y leyes del país, la municipalidad también lo ordenó, pero fundamentalmente es la decisión de la gente quienes les exige suspendan a una empresa que ha cometido violaciones a los derechos humanos y que pone en riesgo el agua de todo un departamento.

Más de 76 días frente al MEM y el ministro no da su brazo a torcer, prefiere irrespetar las resoluciones de las cortes.

La CC ya dio una resolución

Recientemente la Corte de Constitucionalidad CC, resolvió que la licencia de explotación de la mina “El Tambor” Progreso VII Derivada debe de suspenderse por ilegalidades cometidas para el funcionamiento de la misma.

La resolución señalo que una de las principales ilegalidades que cometió la empresa minera fue incumplir con la consulta a las comunidades de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo para solicitar la licencia de exploración y explotación de minerales en estos dos municipios del departamento de Guatemala.

La municipalidad de San Pedro Ayampuc en una resolución del consejo municipal también ordenó el cierre de la mina “El Tambor” en manos de la empresa EXMINGUA-KCA porque no tiene permisos municipales para la construcción en este municipio.

La empresa minera sigue operando, ahora de manera ilegal totalmente, cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobernación, un puesto policial protege las instalaciones y al personal de la mina, de testimonios de los vecinos se sabe que acosan e intimidan a quienes llegan a la resistencia pacífica.

La resistencia pacífica “La Puya” nació en el año 2012 para defender el agua en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala, una empresa canadiense en el año 2010 llegó a los realizar estudios a las montañas de los dos municipios, la gente se enteró que quien había adquirido una finca era una de las empresas mineras más fuertes del continente, la Radius Gold Inc.

La organización comunitaria tuvo impacto, comunidades Kaqchikeles y mestizas lograron en “La Puya” contener el proceso acelerado de construcción de la planta de explotación para oro a cielo abierto, durante cuatro años muchas cosas han pasado y la organización comunitaria lejos de desarticularse ha logrado permanecer  haciendo retroceder en las cortes el embate de la empresa.

Las acciones ilegales de la empresa KCA-EXMINGUA encontraron eco en las posiciones públicas del CACIF, quienes ven un peligro en la exigencia de la población y las resoluciones de las cortes que reafirmaron el derecho de consulta de la gente y las ilegalidades cometidas por las empresas mineras al rededor de la mina “El Tambor”.

 

 

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Alzatate Jalapa: las comunidades se preparan para la Consulta Municipal de Vecinos

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Por Nelton Rivera, con información de Yuri Melini.[1]

Las empresas extractivas buscan instalarse en todo el país, en muchos de los lugares por no decir en todos los mecanismos para hacerlo siguen siendo violentos con la complicidad de los gobiernos de turno, frente a esta dinámica las comunidades en San Carlos Alzatate uno de los municipios de Jalapa, se preparan para realizar su propia consulta de vecinos, esta sería la tercer consulta en el departamento y la primer consulta del 2016 en el país.  

Los vecinos de las comunidades del municipio de San Carlos Alzatate en el departamento de Jalapa en el oriente del país, están dedicados a la preparación de la Consulta Municipal de Vecinos, esta consulta tiene como sustento legal el Código Municipal y tiene como objetivo realizar la consulta libre e informada a todos los vecinos sobre su acuerdo o desacuerdo con el tema de la industria extractiva y megaproyectos como la minería, hidroeléctricas, represas y otros.

Para esto, realizan varios encuentros para informarse sobre la minería en Guatemala, efectos y consecuencias que han provocado en muchos territorios del país. Los vecinos comenzaron a firmar la petición para que la Municipalidad de San Carlos Alzatate de tramite a la convocatoria de la Consulta de Vecinos, en la preparación están las autoridades indígenas comunitarias, la Pastoral Social y una junta coordinadora que está integrada por distintos sectores de la sociedad de Alzatate, CALAS, CODIDENA, FUNDEBASE, entre otras.

El Código Municipal en su sección “INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA” en sus artículos 60 al 66 define el procedimiento para la realización de procesos de información, consulta y tomo de decisión de toda la población con carácter vinculante.

Articulo 64 Consulta  a  solicitud  de  los  vecinos. Los  vecinos  tienen  el  derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a  asuntos  de  carácter  general  que  afectan  a  todos  los  vecinos  del  municipio.    La  solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento (10%) de los vecinos empadronados en el municipio.  Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado.

Articulo 65 Consultas  a  las  comunidades  o  autoridades  indígenas  del  municipio.  Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo  Municipal  realizará  consultas  a  solicitud  de  las  comunidades  o  autoridades  indígenas,  inclusive  aplicando  criterios  propios  de  las  costumbres  y  tradiciones  de  las  comunidades indígenas.[2]

Rechazo social a las empresas extractivas

Las comunidades mestizas e indígenas Xincas del territorio de Jalapa durante los últimos 8 años se han estado movilizando para proteger los bienes naturales,  fundamentalmente el agua, la presencia e instalación de empresas extractivas con distintos megaproyectos como la minería e hidroeléctricas llevaron consigo la violencia, estigmatización y criminalización de la organización comunitaria y social opuesta a las empresas.

Desde el año de 1999 hasta el año 2014 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó 12 licencias de explotación minera en el departamento de Jalapa, licencias como: “Andrés, Mitch, Ariela, Pidrineria la Colina, El Salto, Caminos, Lucero, Cantera Piñuelas, El Pato II, Explotación Minera El Caramo, Área de aprovechamiento minera La Ventana Verde y Juan Bosco”, involucran a igual cantidad de empresa en su mayoría tres de estas licencias son propiedad de la empresa Minera San Rafael (Andrés en San José Pinula y Mataquescuintla, Lucero en San Carlos Alzatate, Monjas, Jalapa y Jutiapa y Juan Bosco en Mataquescuintla, Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores).[3]

El rechazo pacifico de las comunidades mestizas y Xincas de Jalapa frente a las empresas nacionales o transnacionales tuvo como respuesta la criminalización de sus formas propias organizativas, la estigmatización de quienes defienden sus derechos, la persecución penal y la represión desde el Estado y de las empresas, especialmente la Minera San Rafael, atentados armados contra líderes y lideresas, militarización, presos políticos y Estados de Sitio.

Las consultas de vecinos y de Buena Fe en Jalapa

En Mataquescuintla “Colis” uno de los municipios de Jalapa, el día 11 de noviembre de 2012 fue la fecha que se programó para la votación, 35 centros de votación en igual cantidad de comunidades que forman el municipio fueron habilitados, ese día miles de personas participaron, 9, 166 personas rechazaron la extracción minera en el municipio.

“Diez mil 22 vecinos votaron contra la minería, 169 a favor, 169 votos fueron nulos y 23 en blanco. En total hubo 35 centros de votación y participaron 10 mil 375 de 19 mil 700 empadronados.”[4]

El 10 de noviembre de 2013 se realizó la Consulta Comunitaria del municipio de Jalapa, para este proceso de consulta fueron habilitados 137 mesas de votación en 45 centros, al igual que la consulta de Mataquescuintla un año antes fue utilizado el padrón electoral para emitir el voto. El resultado ese domingo fue la participación de 23,150 personas las cuales rechazaron la minería en Jalapa.

“(98.30%) votaron en Contra de la Minería y 399 (1.70%) se pronunciaron en favor de la industria extractiva.”[5]  

Más información de la movilización en Jalapa:

Mataquescuintla: un nuevo atentado armado contra los defensores de la vida

Justicia: Mataquescuintla dignidad y lucha por la defensa del territorio

“Sufrimos mucho, pero sabemos que pronto nos vamos a reponer”

San Rafael Las Flores frente a la brutalidad de las transnacionales, el Estado de Guatemala y Canadá

[1] Yuri Melini, director del Centro de acción legal, ambiental y social (Calas), medico, cirujano y ambientalista guatemalteco.

[2] Código Municipal de Guatemala. Decreto  Numero 12-2002. Naciones Unidas. http://www.unicef.org/guatemala/spanish/CodigoMunicipal.pdf

[3] Derechos Mineros departamento de Jalapa. http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2015/06/Ot_jalapa.pdf

[4] Hugo Oliva. Realizan consulta comunitaria sobre minería en Mataquescuintla. 11 de noviembre 2012. http://www.prensalibre.com/jalapa/Consulta-Mineria-Jalapa_0_808719174.html

[5] CPR Urbana. Jalapa dice No a la Minería. 11 de noviembre 2013. http://cpr-urbana.blogspot.com/2013/11/jalapa-dice-no-la-mineria.html

La Puya: CSJ resolvió que empresa minera debe suspender la explotación

Resistencia La Puya

Mujeres de la Resistencia pacífica La Puya

Por Nelton Rivera.

Desde el año 2010 las comunidades mestizas e indígenas organizadas en la resistencia pacífica “La Puya” denunciaron que la actividad de varias empresas transnacionales en el territorio de dos municipios del departamento de Guatemala, San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo se estaba realizando sin consentimiento de la gente.

Seis años después la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retomara un recurso de Amparo de 2014 en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) por el otorgamiento de la licencia de explotación de la mina El Tambor “Progreso VII Derivada”, la CSJ lo resolvió recientemente y ordenó la suspensión provisional de la licencia minera que se desarrolla a escasos 15 kilometros de la capital.

“Esta es una resolución con una dimensión gigantesca, primero porque viene desde el máximo tribunal del país, también porque la CSJ está diciendo en su resolución que existió una grave violación al derecho de consulta de las comunidades, y que este derecho debe garantizarse.” Rafael Maldonado, abogado de CALAS.

Este lunes 22 de febrero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

Esto significa que a partir de este día le empresa no podrá seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dió por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

La licencia minera de explotación “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” se dio durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011, a partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

En el occidente del país también se suspendieron otras licencias

A través de otros recursos planteados ante la CC por las autoridades comunitarias e indígenas de distintos pueblos del occidente del país, la abogada Lucia Xiloj y el Consejo de Pueblos de Occidente lograron que la CSJ en varias sentencias suspendiera otras licencias de exploración mineras que vulneraron el derecho de consulta previa de las comunidades.

La CC resolvió las apelaciones de cuatro amparos, mismos que fueron otorgados a favor del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) en el mes de noviembre 2015 y enero 2016. Estas acciones se presentaron durante el año 2015 por las licencias mineras de exploración autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas y por la gestión que están haciendo las empresas para prorrogar las existentes.

  • Licencia “San José III” de la empresa Montana Exploradora S.A. en el departamento de San Marcos, en el territorio del Pueblo Maya Sipakapense y Maya Mam, afectando a las comunidades de Concepción Tutuapa y San José Ojetenam. Expediente 5712-2013, sentencia de fecha 23 de noviembre 2015.
  • Licencia “Centauro II” de la empresa Montana Exploradora S.A. en el departamento de Totonicapán, en el territorio del Pueblo Maya K’iche’, afectando a las comunidades de Momostenango y Totonicapán. Expediente 406-2014, sentencia de fecha 23 de noviembre 2015.
  • Licencia “Eluvia” de la empresa Entre Mares, S.A. subsidiaria de Goldcorp Inc en el departamento de Quetzaltenango, afectando a las comunidades de Cabricán en el territorio del Pueblo Maya Mam, Expediente 5705-2013, de fecha 12 de enero 2016.
  • Licencia “Los Cimientos” de la empresa Nichromet Guatemala S.A. en el departamento del Quiche, en el territorio del Pueblo Maya K’iche’, Achi’, Q’eqchi’ y Uspanteko, Expediente 411-2014, sentencia de fecha 02 de enero del 2016.