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CCDA: asesinato de Daniel Choc Pop debe de ser investigado
El COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO DE GUATEMALA –CCDA–
Ante las Declaraciones de La Gobernadora de Alta Verapaz, Delegados del Fondo de Tierras, Secretaría de Asuntos Agrarios y Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
EXPONEMOS.
Rechazamos rotundamente la intención de la gobernadora de Alta Verapaz, del Fondo de Tierras y de la Secretaría de Asuntos Agrarios, como entes responsables de la institucionalidad agraria en el país, su intención de invisibilizar su responsabilidad y negligencia institucional ante el asesinato violento de Daniel Choc Pop, miembro del Comité de Campesino del Altiplano –CCDA, activista de Derechos Humanos, dirigente campesino y líder comunitario de la Comunidad de San Juan Los Tres Ríos del departamento de Alta Verapaz; quien atendía problemas relacionados con su labor social, y la certeza jurídica de tierras en esa región para varias familias campesinas e indígenas; como resultado de la conflictividad agraria que impera en el país, el cual no es un tema aislado como lo han querido hacer ver. Ésta es la evidencia de su negligencia e incapacidad para resolver la problemática de la población indígena y campesina de Guatemala.
En el 2012 en el marco de la Marcha Indígena, Campesina y Popular integrada por organizaciones indígenas, campesinas y populares así como comunidades campesinas que salió desde Cobán para llegar a la ciudad capital entre sus planteamientos hacia los 3 poderes del Estado uno de ellos era la resolución de la conflictividad Agraria del país entre los casos presentados en su momento por el CCDA integrante de este esfuerzo de coordinación y lucha de los pueblos estaba el de la comunidad San Juan los 3 Ríos.
En los casos a los que les da acompañamiento el CCDA se han establecido múltiples “mesas técnicas”, “mesas de diálogo”, “mesas de seguimiento” entre el Fondo de Tierras, la Secretaria de Asuntos Agrarios para encontrarle solución a los múltiples casos de conflictividad agraria entre ellos el caso de la Comunidad San Juan los 3 Ríos, teniendo como común denominador que solo han servido para retardar el abordaje de la problemática el 18 de marzo del 2014 se envió un documento con casos priorizados al Gerente del Fondo de Tierras previo una reunión de consenso del día 10 de marzo del 2014 donde se abordaba el caso de San los 3 Ríos entre muchos más.
El día 17 de abril del 2015 amparados en legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de reunión, manifestación y resistencia pacífica frente a la sistemática y reiterada violación a sus derechos humanos se instalan más de 400 familias provenientes del Pueblo Q’eqchi esta acción fue denominado por ellas como Comunidad Q’eqchi que estuvieron por más de 12 días a las afueras de Casa Presidencial donde se presentaron diversos casos de conflictividad agraria entre ellos el caso de la Comunidad San Juan los 3 Ríos, como se puede verificar en el documento dirigido al Presidente de la República en su momento documento que fue recibido por la Secretaria Privada de la Presidencia con fecha 20 de abril del 2015. En el mencionado documento presentado a la Presidencia de la República con fecha 20 de abril del año 2015 se denunció las múltiples amenazas que en muchos casos eran y son perpetrados por fuerzas irregulares armadas que no corresponden al Estado, también se denunciaba los casos de criminalización a los líderes y lideresas encarcelándoseles y girando ordenes de captura contra ellos y ellas.
En su momento se le planteó al Presidente de la República y la institucionalidad agraria acciones que conllevaran a la resolución de la problemática y se procediera a realizar las acciones que le corresponden al Fondo de Tierras establecida en el Decreto Numero 24-99 Ley del Fondo de Tierras y al Acuerdo Gubernativo No. 199-2000 Reglamento del Fondo de Tierras para su regularización.
El 20 de abril del 2015 en el marco de la Comunidad Q’eqchi se instala una mesa de alto nivel integrada por el Presidente de la República, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Secretario de Asuntos Agrarios, Gerente del Fondo de Tierras, Asesor Presidencial responsable del Sistema Nacional de Dialogo y Representantes del Comité Campesino del Altiplano CCDA teniendo un primer documento de Acuerdos y Compromisos donde en su punto 5 estableció “Se acordó trabajar en forma inmediata de manera de analizar los 29 casos priorizados por el CCDA a efecto de tener una próxima reunión para la toma de decisión en el transcursos de esta semana con la presencia del Señor Presidente”.
El día 23 de abril del 2015 se sostuvo una reunión entre el Presidente de la República, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Gerente del Fondo de Tierras, Secretaria de Asuntos Agrarios y representantes del Comité Campesino del Altiplano- CCDA- para dar respuesta a los casos priorizados en su momento, en esta reunión se firmó un documento de acuerdos y compromisos donde en el punto primero hace referencia “En lo que se refiere a los conflictos agrarios respecto a las fincas: Cerrito Samox, Ixloc San Pedrito y Comunidad San Juan los 3 Ríos ubicadas en Cobán, Alta Verapaz todas relacionadas con acceso a la tierra, se acuerda por parte del Fondo de Tierras que en un plazo que no exceda de cuatro meses a partir de la presente fecha , realizará y concluirá las distintas fases del procedimiento de gestión para adquisición de tierras para las familias campesinas”
El día de 10 julio es emitido el Acuerdo Gubernativo 181-2015 donde se establecía las ampliación presupuestaria para el cumplimiento de la resolución de la conflictividad agraria de los casos de Cerrito Samox, Ixloc San Pedrito y Comunidad San Juan los 3 Ríos ubicadas en Cobán, Alta Verapaz sin tener claro hacia donde se dirigieron estos recursos financieros dado que la problemática sigue vigente.
El día 28 de abril por intermediación del Diputado Leocadio Juracán en coordinación con el Doctor Rokael Cardona de la Comisión Nacional de Dialogo se convocó a la institucionalidad agraria y representantes del CCDA para abordar la resolución de los casos de conflictividad agraria arriba descritos, en este orden se han sostenido reuniones en las fechas 11 y 17 de mayo del presente año con la finalidad de darle solución y en todas estas jornadas de discusión a estado incluido el caso de la Comunidad de San Juan los 3 Ríos.
Asimismo que las familias de la Comunidad San Juan los 3 Ríos en múltiples ocasiones han sido amenazados hasta de muerte por presuntos guardias de seguridad de la Finca Rancho Alegre, intimidados con armas de fuego como lo han denunciado ante las instancias correspondiente siendo las denuncias más recientes las que obran en los expedientes EXP.ORIENTACION ORD A.V. 4072-2016 de la Oficina Regional de Alta Verapaz del Procurador de los Derechos Humanos el 31 de marzo del 2016 “indican los comunitarios que en la mañana del día 30 de marzo del 2016 a las 9:30 llegaron un grupo de personas con machete y armas en la mano diciendo que están autorizadas por el señor German Sierra Sorio , para sacarlos del lugar donde se encuentran”. En esta denuncia se deja constancia que se lleva un proceso de regularización ante el Fondo de Tierras.
Que existen denuncias de parte de los comunitarios de san Juan los 3 Ríos ante la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz del Ministerio Publico siendo una de las más recientes el expediente MP 255-2016-2851donde se han emitido citaciones conciliatorias entre Germán Sierra Osorio, Hermelindo Chen, Evaristo Pop (siendo este último el presunto responsable material del asesinato de Daniel Choc Pop) y las familias de la comunidad siendo una de estas la más reciente con fecha 5 de abril por parte de la Unidad de Decisión Temprana. Donde los sindicados no se presentaron a la citación de conciliación de fecha 9 de abril del 2016 y como lo hace constar la fiscal auxiliar con fecha 11 de abril del año 2016.
Por todos los antecedentes antes descritos rechazamos cualquier intento de tratar de invisibilizar y declaraciones que traten de decir que el asesinato del dirigente Daniel Choc Pop que estuvo presente en todas las fases del proceso es un asesinato aislado o un conflicto entre comunitarios como lo han tratado de hacer creer la Gobernadora Departamental de Alta Verapaz, Fondo de Tierras, la Secretaria de Asuntos Agrarios y Comisión Presidencial de Derechos Humanos con el único fin de esconder su incapacidad, su negligencia y su falta de voluntad de responder a los intereses de las comunidades indígenas y campesinas.
El CCDA– es una organización con presencia en veinte departamentos del país, con más de 34 años de historia en Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos.
El COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO DE GUATEMALA –CCDA– responsabiliza al Estado de Guatemala, por desatender la problemática de la tierra en nuestro País.
Por lo anteriormente expuesto:
EXIGIMOS:
La RENUNCIA de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera actual Presidente y Vice-Presidente de la República de Guatemala; por la desatención que han demostrado ante ésta problemática y por no responder a las demandas presentadas por los Pueblos, y darle prioridad a sus intereses individuales y de la oligarquía nacional. Así mismo, pedimos la destitución urgente de las autoridades a cargo de la Institucionalidad Agraria del País, por su incapacidad de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.
Al Ministerio Publico una investigación imparcial que establezca los autores intelectuales y materiales que esclarezcan el asesinato del dirigente campesino Daniel Choc Pop para que este no sea un caso más que quede en la impunidad como han quedado muchos más en la región.
A la Gobernadora de Alta Verapaz que aclare las declaraciones vertidas por ella y asimismo que gestione un resarcimiento para la familia del dirigente campesino Daniel Choc Pop.
SOLICITAMOS:
A la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– solicitamos públicamente que se investigue el accionar de la Institucionalidad Agraria, del Ministerio Público –MP– y de los Administradores de Justicia en la región de Alta Verapaz, ante los actos de corrupción que estamos convencidos existen; ya que muchas comunidades indígenas y campesinas están siendo desalojadas y violentadas en sus derechos por el tráfico de influencias de los funcionarios públicos de la región.
En Guatemala Crece y se Fortalece una Esperanza.
Guatemala 11de junio de 2016.
Mí opinión sobre la captura de los posibles asesinos de Bertha Cáceres, mi mamá
Fuente: elventano.es
Por: Olivia Marcela Zúniga Cáceres.
A las 4 de la madrugada del 3 de marzo me entere de que mi madre había sido asesinada, desde ese instante en medio del dolor que casi me hacía caer en un estado de inconciencia comencé a denunciar, al igual que toda mi familia, por los medios de comunicación que responsabilizaba de éste crimen a la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) al poder transnacional e instituciones financieras de esta empresa y al Estado hondureño.
A la Empresa DESA porque mi madre por su lucha en la defensa de la vida desde siempre vivió con amenazas y hostigamiento, especialmente después del golpe de Estado del 2009, pero al iniciar la lucha en la defensa del Río Gualcarque desde hace aproximadamente 3 años las amenazas y agresiones se dispararon como nunca antes, recibiendo solo en el año 2015 33 amenazas a muerte provenientes del personal que trabaja para DESA y de activistas y funcionarios públicos del partido nacional afines a DESA.
Al Estado hondureño por usar sus fuerzas cohercitivas públicas para reprimir, perseguir y hasta asesinar (En el caso de Tomas García, líder del copinh) al pueblo de Río Blanco y a mi madre, también porque sus representantes a nivel regional agredían, calumniaban y difamaban a mi madre, era claro que funcionarios públicos con la policía y militares junto al personal y directiva de DESA dirigían las operaciones de emboscamiento, de romper carreteras para interrumpir el paso de los buses y de los carros de copinh, de realizar amenazas directas vía telefónica después de que ella regresaba a La Esperanza, de organizar a pobladores familiares del personal de DESA y al personal de DESA para hacer actos de intimidación cargados de misoginia y racismo y para usarlos para ejercer la violencia con machetes, armas de fuego, palos, botellas de vidrio y piedras.
Además a pesar de ser el Estado hondureño el que debía ejecutar medidas adecuadas para garantizar la vida de Bertha Cáceres, la que gozaba de medidas cautelares desde el 2009, fue el Estado de Honduras el que ejecutó una guerra jurídica y mediática contra ella, quien antes de ser asesinada fue víctima del Plan Colombia, es decir que fue atacada con las mismas tácticas que usa el Estado Colombiano contra los defensores y defensoras para neutralizar y detener sus acciones de lucha, haciendo uso del Discurso del odio, la difamación, el desprestigio y en los que claramente vimos a las voces más altas de la derecha posicionarse en este plano, usando toda su estructura mediática bajo su mando y control para estos macabros fines.
Imposible olvidar a Juan Ramón Martínez (analista político de la derecha), a Aline Flores (representante máxima de la empresa privada) al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez (Vocero oficial de la derecha más recalcitrante), al diputado por el PN de Santa Bárbara, el Sr. Mario Pérez quien amenazo públicamente de querellar a mi mamá, incluso la misma empresa DESA públicamente denuncia a Bertha responsabilizándola de que en un año le había ocasionado la pérdida de más de 3 mil millones de dólares.
Es por esto que como familiares hemos dicho que tenemos derecho a creer que el Estado conocía el plan de asesinar a nuestra Bertha y que no tuvo voluntad y que fue incapaz de garantizar su vida, dándole cámaras de «seguridad» de juguete, diciéndole NO cuando ella solicito seguridad privada ya que sospechaba que la policía y militares controlaban sus pasos, usando su institucionalidad para atacarla y criminalizarla a través de sus jueces y fiscales corruptos, ignorantes y tarifados.
El Estado hondureño no atacó ni la vulnerabilidad a raíz de su nivel de riesgo con medidas materiales (iluminación de calles, chalecos anti balas, carros blindados, seguridad privada de su confianza, botón de pánico, etc.) ni tampoco atacó las amenazas, es decir el origen del riesgo, siendo el Estado hondureño el que concesionó inmediatamente después del Golpe de Estado más del 30% del territorio hondureño haciendo el Honduras Open For Bussiness, entregando nuestra patria/matria a manos de Empresas Multinacionales sin ninguna condición ni requisito de respeto a los marcos jurídicos nacionales e internacionales.
El golpe de Estado se da con la finalidad de consolidar el modelo extractivista, en el que se instalan en nuestros territorios Mega Proyectos de Extracción de nuestros recursos hídricos y minerales, las Zonas Especiales de Desarrollo, el monocultivo, etc. Siendo los principales afectados los pueblos indígenas del país que es donde están las riquezas naturales más grandes, para los cuales el convenio 169 de la OIT establece el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta previa, libre e informada, entre otros. Es por eso que los que dieron el Golpe de Estado también son responsables del asesinato de mi mamá ya que son los mismos intereses y los mismos autores materiales e intelectuales.
No dudo que sean coroneles, militares o ex militares, graduados de la West Point los que estén implicados como autores materiales de éste crimen vinculados directamente con la empresa DESA. Este crimen, como siempre lo hemos sostenido, es UN CRIMEN POLÍTICO. Y en ese sentido no podemos negar que como familia y victimas nos sentimos de alguna forma satisfechos porque es el fruto de nuestro arduo e incansable trabajo por la justicia, las lágrimas recorren nuestros rostros al ver las caras de los que apretaron el gatillo y el dolor se revuelve pero sabemos claramente que esta pequeña victoria no es del Estado Hondureño, quien ha respondido a nuestras exigencias con el silencio, el boicot y de igual manera que como lo hizo con mi mamá, con una guerra mediática y jurídica contra nosotros y nosotras, REVICTIMIZANDONOS NUEVAMENTE.
Esta pequeña victoria es gracias en primer lugar a la lucha incansable de mi abuela, de Mamamaberta, que a sus 83 años y con tan duro golpe no ha parado en la exigencia por la justicia y que ha dicho en su carta pública que no quiere morir sin que haya justicia para su hija. Ella con su experiencia y profunda sabiduría, con su infinito amor hacia su hija asesinada, hacia sus nietas, nieto, bis nieto y hacia nuestro padre nos ha acobijado con la fuerza milenaria que se carga, dándonos el oxígeno lleno de temple y experiencia que solo ella nos puede dar. Esta pequeña victoria es gracias a la lucha incansable de mis tíos y tías, hermanos de mi mamá que cargando en los hombros el dolor más grande han tenido la tenacidad, la valentía y la fuerza para clamar justicia y quienes además nos han tendido su hombro con infinita solidaridad y amor. Es gracias también a toda nuestra familia desde el más grande hasta el más pequeñito.
Es gracias a la presión de la comunidad internacional que no está dispuesta a tolerar semejante acto de barbarie. Es gracias al movimiento social hondureño que enérgicamente ha elevado su voz por la justicia. Es gracias a la comunidad hondureña en Estados Unidos y demás países del mundo. Es gracias a todos los amigos y amigas de mi mamá y de la familia y a todas aquellas personas que a pesar de no haberla conocido personalmente se indignaron y tomaron acciones para que el crimen no quede en la impunidad.
A todos ellos y ellas les agradecemos profundamente su lucha por la justicia y por la solidaridad con la familia, sin embargo NO ES MOMENTO DE PARAR, por el contrario es momento de ejercer más presión que nunca porque a pesar de que hay autores materiales detenidos, faltan los más importantes que son los autores intelectuales del asesinato que no se deben quedar en la impunidad y que no debemos olvidarlos. Para ejecutar éste crimen que requirió un gran trabajo logístico, un gran trabajo de vigilancia y seguimiento de meses y meses tuvo que haber un gran respaldo financiero.
Quienes planificaron, diseñaron y financiaron éste asesinato también deben ser detenidos y encarcelados. Quienes dieron la orden de asesinar a nuestra Bertha deben ser castigados con todo el peso de la justicia. Es por eso que seguimos responsabilizando a la Empresa DESA, al Estado Hondureño y al Poder transnacional e Instituciones Financieras como el FMO, el Banco Mundial, El Banco Finlandes, el BCIE, SIEMENS, etc. que financian sangre, despojo, exterminio y saqueo en nuestros pueblos.
No es posible que el desarrollo económico de las potencias y de empresas transnacionales sea a costa del exterminio y el baño de sangre de nuestros pueblos, así como lo dijo en sus repudiables y condenables declaraciones el presidente del Banco Mundial en otras palabras, que esos actos inhumanos de barbarie deben ser considerados como daños colaterales del desarrollo occidental.
Esa visión de muerte y de genocidio no debe ser permitida, ya que la vida de Janeth Kawas, de Carlos Escaleras, de Carlos Luna, de Justo Sorto, de Pedro Pérez, de Cándido Amador y de Bertha Cáceres no son daños colaterales, el desarrollo no puede pasar sobre la vida humana, el desarrollo debería ser para mejorar la vida de los seres vivos no para aniquilar la vida. El mundo occidental no nos puede imponer su visión de desarrollo, ya que estos son nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra visión de desarrollo debe prevalecer porque garantiza la existencia de la madre tierra y con ello la existencia de la humanidad. El desarrollo no puede ser autodestructivo de la humanidad, no puede ser capitalista, racista y patriarcal. No puede tomar como mercancía nuestra madre tierra que nos da agua, oxígeno y alimentos. Nuestra visión de desarrollo es una visión de armonía, equilibrio y respeto hacia todos los seres vivos.
Recordamos que unos días antes de ser asesinada mí madre denunciaba que 4 líderes del COPINH habían sido asesinados por la defensa del Río Gualcarque. Es decir que la empresa DESA ha traído destrucción y muerte a nuestro pueblo lenca. Le recuerdo al Estado hondureño que nadie ni nada nos devolverá a nuestra madre, hija, tía, hermana. Nadie nos la trae de nuevo para poderla abrazar y escuchar su voz y que es una pérdida irreparable, irremplazable, por lo tanto les hago un llamado para que actúen conforme a la justicia y la verdad, les recuerdo que tienen una deuda histórica con el pueblo lenca, con el pueblo hondureño y con el mundo y que tanto ustedes como Estado, así como la Empresa DESA y las transnacionales que la financian están obligados a reparar.
El llamado es para tomar acciones políticas urgentes y de forma articulada para exigir lo siguiente:
- Que el Estado hondureño permita que la CIDH intervenga en el proceso investigativo a través de una comisión internacional e independiente con un equipo interdisciplinario de expertos.
- Que se castigue con todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de este espantoso asesinato.
- Que se cancelen de manera inmediata y definitiva las concesiones para la instalación de represas e hidroeléctricas y la explotación minera en nuestro país y en especial la cancelación definitiva del Proyecto Agua Zarca en el territorio lenca.
- Que el Río Gualcarque sea declarado patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO.
JUSTICIA A MEDIAS ¡NO ES JUSTICIA! EXIJO JUSTICIA.
La Esperanza, Intibucá 2 de mayo del 2016.
Quiché: hay luto en Ixcán por la violencia
Fuente: Yichkan, Pueblo Nuevo.
La violencia e inseguridad imperan en el municipio de Ixcán, todo sucede a diestra y siniestra sin que las autoridades competentes hagan algo para combatir el alto índice de criminalidad que existe en la región durante los últimos años.
En los últimos meses han ocurrido varios hechos lamentables que impactan en la vida de los ixcanecos. En el año 2015, el dirigente sindical del área de Salud de Playa Grande Jorge Mario Tupil fue atacado a balazos en el cruce de Peñón Ruta a Ingeniero aproximadamente a las 16 horas, quien falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.
En el mes de abril del 2016 la desaparición de la niña Liliana Alcántara de aproximadamente de 6 años de edad en la Aldea San Francisco el 24 de abril, los asaltos a mano armada que ocurren a diario en algunos puntos específicos que seguramente las autoridades han identificado pero no hacen nada al respecto para evitarlos y más recientemente el asesinato a finales del mes de abril del joven locutor de Radio Sembrador Diego Esteban Gaspar originario de Zunil; que seguramente quedarán como siempre en la impunidad.
Con sólo 23 años de edad, Diego Esteban Gaspar originario de Zunil, fue abatido por un disparo hecho por malhechores que lo interceptaron en el cruce de Efrata sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), la noche del sábado 31 de mayo a las 21 horas al oponerse al robo de su motocicleta.
Es lamentable que una vez más una familia Ixcaneca inocente y trabajadora tenga que sufrir en carne propia las consecuencias de la violencia e inseguridad que impera en Ixcán.
¿Dónde está la PNC? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está el MP? ¿Qué seguridad están prestando?
No vemos resultado de sus acciones por ningún lado, Ixcán llora sangre: YA BASTA, NO MAS VIOLENCIA.
No debemos quedarnos callados e insensible ante todo lo que está sucediendo en nuestro municipio. Debemos hacer algo. La mayoría de las víctimas de la violencia son jóvenes que tienen mucho que aportar a Ixcán y a Guatemala. No es posible que las autoridades desconozcan las zonas rojas donde operan estos criminales con total impunidad para generar zozobra en la población.
Debemos exigir a las autoridades la investigación de los hechos lo más pronto posible para su esclarecimiento. Exigimos justicia para los familiares de las víctimas. No es posible que las víctimas estén enterradas mientras los asesinos siguen libres asediando a la población.
Exigimos a las autoridades que hagan su trabajo y pedimos justicia para las víctimas inocentes.
Ixcán: comunitarios despiden a Diego Salomón Esteban locutor de la radio Sembrador
Por Joel Pérez.
En la comunidad Tzunil en el municipio de Ixcán Quiche, los familiares, vecinos y comunitarios despiden a Diego Salomón Esteban Gaspar, un joven maya Q’anjob’al que dedicó su vida a la comunicación comunitaria, la radio y la locución.
Este lunes 2 de mayo 2016 decenas de personas despiden el cuerpo del locutor de la radio Sembrador, en su comunidad una marcha lleva el ataúd hacia el lugar en donde será depositado. Diego Salomón fue asesinado el día 1 de mayo en la madrugada mientras se movilizaba en la Franja Transversal del Norte FTN cerca de uno de los entronques que van de Ixcán a Barillas, Huehuetenango.
¡No se calla la verdad matando periodistas!
#LibertadDeExpresion
Barillas: las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de las hidroeléctricas
Por Imox.
Recordamos como en Santa Cruz Barillas desde el año de 2012 la seguridad privada de la empresa española Hidro Santa Cruz S.A. / Ecoener Hidralia Energía el 1 de mayo realizo un atentado armado dirigido a uno de los principales líderes Q’anjob’ales el señor Pablo Antonio Pablo, en el atentado armado lograron salvar su vida Esteban Bernabé y Pablo Antonio Pablo lanzándose al río Qambalam, pero los atacantes lograron asesinar a Andrés Pedro.
El atentado armado logro justificar la respuesta violenta del gobierno de Otto Pérez Molina, la empresa y el Estado impusieron el estado de sitio en mayo 2012, que duró 15 días y que costó para los guatemaltecos más de cinco millones de quetzales y solo sirvió para cuidar los trabajos de Hidro Santa Cruz, intimidar y perseguir a los líderes comunitarios del municipio que no están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico de la empresa, nuevo fueron los detenidos de forma arbitraria por paramilitares.
Una muestra de la complicidad del gobierno fueron la militarización y el acompañamiento de las fuerzas Antimotines de la PNC para resguardar y proteger el ingreso del empresario español Luis Castro Valdivia dueño de Hidro Santa Cruz, acompañado de su jefe de seguridad el militar Juan Roberto Garrido en el año 2012.
Cuatro años después del atentado armado aún no se ha hecho justicia por el asesinato de Andrés Pedro Miguel, los dos autores del asesinato, ambos trabajadores de la empresa española siguen en libertad.
Prensa Comunitaria Km. 169 