Desalojos violentos: una dinámica de despojo para los pueblos

Por: Rony Morales

Sabemos que la violencia solo genera caos y que se pierda el estado de derecho. Pedimos a la población en general a no caer en el juego y manipulación de  un grupito de personas que intenta consolidar más su poder, mediante vías violentas para enriquecerse por medio del despojo de tierras ancestrales en las comunidades q´eqchi´s y poqomchi´s en Alta Verapaz  esto es corrupción y  manipulación de intereses del sistema.

En Cobán representantes territoriales, locales y comunitarios  de las organizaciones sociales se reunieron  y dieron una conferencia de prensa en la cual expresaron la preocupación ante el desalojo violento que sufrieron las comunidades Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Dichas comunidades llevan un  tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y paramililtares desde este 4 de julio.

También sufrió  desalojo la comunidad Santa Inés de Santa Cruz, Alta Verapaz, que está conformada por  20 familias poqomchi´, las cuales   fueron  despertadas en la madrugada del pasado 2 de julio de 2016 y luego fueron  sacadas de sus viviendas  por un grupo de 50  personas, liderados por el señor Luis Giovanni  Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal,  destruyéndoles  6  viviendas y  dejándolas  sin techo  y sin un lugar a donde ir en el  momento

Existen amenazas a las comunidades del valle del Polochic, desalojos que van a favor de los monocultivos de derecha empresariales que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es  una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que solo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio  de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario.

En Alta Verapaz  las empresas extractivas de monocultivos, hidroeléctricas y minería se han adueñado de la mayoría del territorio y los ríos, sin consultarle a la población indígena y campesina. Estas dinámicas como desalojos violentos son instrumento de los terratenientes y personas que tienen sus intereses particulares.

Lo sucedido en Semuq Champey no es nada nuevo, estas fuerzas represivas de  militares, la Policía Nacional Civil y la policía privada(paramilitares) nos recuerdan los desalojos violentos  en el valle de Polochic en 2011, los desalojos sufridos en las comunidades que viven en la cuenca del río Dolores Monte Olivo, Comunidad nueve de Febrero, la comunidad de Samococh y comunidades de Raxhuhá en 2014;  todas en el departamento de Alta Verapaz, donde sufrieron campesinos e indígenas de las comunidades q´eqchi, cuando se encontraban trabajando en el cultivo del sagrado maíz,  para alimentar a su familia, dejando como resultado varios heridos, 3 campesinos muertos, varios compañeros detenidos   dejando y  más de un centenar de familias en la calle.

La vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

Semuq Champey y el desalojo de su tierra ancestral

Por: Rony Morales

Hemos recibido llamadas desesperadas de auxilio de la gente que vive en las cuatro comunidades q´eqchi´es: Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Llevan mucho tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y paramililtares. Desde el 4 de julio de 2016, 200 patrullas alrededor y de 800 elementos  se encuentran en el lugar generando  violencia y tratando de llevar a cabo un desalojo en contra de estas comunidades ancestrales.

El origen del conflicto es la mala administración que la municipalidad y el Conap hacían en esta área protegida, y la mala negociación por parte de autoridades gubernamentales. Este no es para nada el país ni la sociedad en la que queremos vivir. En este espacio territorial en donde habitamos, un grupito intenta consolidar más su poder mediante vías violentas para enriquecerse, así sin más.

Los comunitarios han denunciado el incumplimiento de parte de la municipalidad local y el Conap, y la entrega del 30 por ciento de los ingresos generados por el turismo en el centro a manos indebidas. Estos ingresos les corresponden por mandato legal, según decreto 25-2005, Ley de declaración de área protegida en el año 2005, además el lugar está localizado en el territorio que les pertenece ancestralmente.

Foto: La masa

Los pobladores de los caseríos antes mencionados fueron objeto  de desalojo por parte de un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) que siguen en el centro turístico y pide refuerzos para seguir generando violencia. Los pobladores de origen maya q’eqchi’, desde 2015 han exigido el cumplimiento de disposiciones legales sobre el ingreso generado en el centro turístico y balneario Semuc Champey.

Entre las recomendaciones del Informe sobre situación de los Derechos Humanos en Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA de 2015, la relacionada con el desalojo de comunidades y pueblos indígenas señala que debe ser una circunstancia excepcional, porque los desalojos constituyen graves violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, tales como el de la vivienda, salud, alimentación entre otros. También se recomienda privilegiar el diálogo antes que el uso de la fuerza y la violencia del Estado.

Hasta el último momento de esta publicación, los comunitarios esperan la presencia e intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos en el lugar.Las autoridades indígenas y habitantes de las comunidades se oponen que el Conap siga administrando Semuc Champey por distintas anomalías,tales como la corrupción y el descuido del lugar sagrado. Además, se oponen por la prohibición de la entrada a las personas que ahí viven, y por el incumplimiento de compromisos que se habían hecho con esta entidad. Por lo que decidieron volver a gestionarlo en la comunidad.

Hoy, 6 de julio de 2016, la gente resiste, cantando, orando y unida. Con toda la dignidad del mundo no se ha permitido que les arrebaten con lujo de fuerza el poco espacio de vida que les queda y que les corresponde históricamente.Y digo históricamente porque a lo largo de la historia les ha sido arrebatada toda posibilidad de vivir de verdad. La maldición de la democracia nos genera un mal sabor de boca permanente, pues el grupo de gente que está en el gobierno y que ha sido electa “popularmente”debería responder a quienes los eligen.Sin embargo, responde a quienes les pagan, a quienes los financian.

Lamentablemente el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y otras entidades del Estado han tergiversado la postura comunitaria y estigmatizado a las autoridades y comunitarios. Incluso han pedido a los turistas que no visiten el lugar, llamándolo área roja.Las autoridades y los mismos visitantes desmienten que haya peligro para ellos.Incluso, su postura es que la de que el lugar es más seguro y limpio siendo administrado por las comunidades, pues generan su propio trabajo beneficiándose hombres, mujeres y ancianos. El desalojo es un hecho que violenta y criminaliza a las autoridades y defensores de la naturaleza y el patrimonio comunitario, defensores legítimos del territorio de los pueblos indígenas, en este caso q’eqchi’es.

Creompaz: descanse en paz Domingo Mó, detenido y desaparecido por 34 años.

Por: UVOCGT

Nosotros, miembros de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), acompañamos a la familia Mó Ti, quienes son miembros de nuestra organización, en el proceso de inhumación y exhumación de los restos del hermano Domingo Mó, maya poqomchi´, quien fue desaparecido en su casa de habitación el 25 de julio de 1982 en las afueras de nuestra casa en la aldea, por un grupo de militares. Acompañamos el acto con tristeza y lágrimas que han estado presentes desde hace 34 años.

Durante el entierro escuchamos las palabras del compañero Cristóbal Mó Ti, hijo y hermano de los compañeros desaparecidos. Inició agradeciendo al Creador y Formador por permitir ver enterrar los restos de su querido padre, hombre que siempre les habló con mucha claridad sobre lo difícil de llevar la vida aquí, en nuestra querida San Cristóbal Verapaz, Guatemala. Una Guatemala con un Estado que está siendo afectado por el sistema capitalista, el cual está creado para resolverles los problemas a pocas familias criollas y ladinas, muchas veces a costa de intentar acabar con la organización comunitaria e invisibilizar el trabajo de la población rural. Donde no hay espacio para un indígena quiere superarse, mucho menos para un poqomchi´.

Éramos cuatro hermanos, pero lamentablemente, por el conflicto armado en 1982 nos quedamos tres y sin padre, o sea que nos desaparecieron a dos miembros de la familia. Mi papá se llamaba Domingo Mó, y mi hermano se llamaba Domingo Mó Ti, a quien secuestraron de 14 años.

Estábamos en nuestra casa, no sabíamos nada, estábamos durmiendo y de repente a las cinco de la mañana, cuando vimos un montón de soldados que tenían pintada la cara de negro con una especie de aceite quemado. Entonces, en ese caso no los pudimos identificar nosotros a ellos. Llegaron y entraron a la casa, fueron a agarrar a mi papá, lo patearon, lo agarraron del pescuezo, lo tiraron ahí, lo volvieron patear y a mi hermano mayor lo fueron a agarrar. Entonces uno de los militares dice “ahí ese patojo que se venga para acá”, porque se dieron cuenta de que yo estaba viendo y pues agarraron a mi mamá, me agarraron del brazo y a mi hermanito. Entonces a mi papá si se lo llevaron y a mi hermano mayor, Domingo. Tenía 14 años Domingo.

Ahí comenzaron a disparar. De hecho yo tengo un recuerdo aquí de un raspón de una bala, y lo tengo aquí, mirá, y jamás nunca se me va a olvidar.

Cuando se lo llevaron, no salimos a buscarlos por temor a que le pasara algo al resto de nuestra familia. A los tres meses nosotros salimos a buscar a nuestro papá y a mi hermano, pero ya no fue posible localizarlos. Nosotros creemos que se lo llevaron para la comunidad de Quixal y que allá hay muchos cuerpos humanos, ahí hay un cementerio clandestino y hay muchos hermanos de nuestros hermanos y vecinos que están tirados adentro del río porque allá no se ha hecho una investigación.

Tenían pintada la cara de negro con una especie de aceite quemado a eso de las 5 de la mañana llegaron a la casa rompieron la puerta quebraron las cosas, mataron a nuestros animales, les pegaron a mi papá y mi hermano, los patearon, los golpearon y se los llevaron.

Hoy agradezco a las personas e instituciones y a mi organización UVOC por acompañarnos durante  muchos años en la búsqueda de los restos de mi familia. Hoy entierro a mi padre, ahora seguiremos hasta encontrar a mi hermano

Como UVOC, siempre hemos dicho que no debía de quedar ninguna duda de los patrulleros y los soldados que actuaban en ese momento cumpliendo órdenes precisas. Ellos eran ejecutores al nivel más bajo de la cadena, de una férrea estructura vertical, jerárquica, disciplinada. Aun más, sus acciones formaban parte de una estrategia cuidada, prevista y desarrollada en clave del Estado Mayor en campaña. Si ahora hay un gobierno democrático, si lo es, debe enfrentar el desafío de aplicar la ley

Y hacer justicia. Es el Estado el responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y no de violarlas, es también quien debe juzgar y sancionar a los responsables.

Quiero pedir ayuda a la vez para poder ir a investigar. Ahí dentro de esas pozas de agua hay huesos, hay hermanos víctimas y tal vez que aparece ahí mi hermano. También queremos que esos lugares sean investigados por el Ministerio Público, porque no es posible que quede solo así impune.

El de los pies descalzos yo siempre caminaré así porque mi papa así caminaba, mi pueblo así camina, es la vida que llevo. Aún falta encontrar a Domingo Mó Ti hijo, hermano, amigo compañero.

Venecia: historia de despojos en el valle del Polochic

Por: caserío Venecia / Rony Morales

Comunidad Venecia, a los pobladores, comunitarios, compañeros y compañeras de lucha del municipio de Panzós, Alta Verapaz y de otras regiones del país, les saludamos cordialmente de parte del caserío Venecia, territorio q´eqchi´ en el valle del Polochic, deseándoles un buen vivir y al mismo tiempo aprovechamos para compartir esta nota que contiene parte de la historia de la Comunidad ubicada en la región III del municipio.

Esta historia comienza en 1964, cuando el señor Pedro Saúl Sub se trasladó de Telemán a estos terrenos baldíos y luego fueron llegando otras familias y se conformó lo que le llamaron comunidad San Antonio.

Conforme fueron llegando las familias, se fueron ubicando, organizándose para cortar de parte del bosque y así cultivar sus alimentos. Cuando San Antonio estuvo conformado por varias manzanas llegó a los terrenos el Señor Sebastián Marcutz, quien decía ser el dueño de la finca Panacté, y comenzó a molestar a las familias de la comunidad con amenazas e intimidaciones, en varias ocasiones este señor finquero llamó al señor Pedro Sub, quien era dirigente de la comunidad, hasta que un día don Pedro accedió y fue a la reunión convocada para pedirle que desocupara el terreno y trasladaran la comunidad a un lugar en la planicie del Valle Polochic.

La idea fue presentada a los miembros de la comunidad, quienes analizaron detenidamente el problema pero decidieron seguir viviendo en el lugar. Finalmente solamente el señor Pedro Sub con su familia se trasladaron a un lugar al que después le pusieron por nombre Venecia. Al Señor Pedro Sub se le unieron los señores Alberto Pop, Sebastián Caal, Alberto Sub Col y sus familias. Algo que se destaca en este caso es que el motivo principal del traslado de las familias a este lugar fue porque era un terreno baldío y muy fértil para el cultivo de alimentos.

Muy pronto a este lugar fueron llegando familias de diferentes municipios del departamento de Alta Verapaz, quienes conformaron la Comunidad Venecia hasta contabilizar un número de 60 familias. Es importante mencionar que las 4 familias que fundaron la comunidad profesaban al fe católica y continuaron sus actividades religiosas en el lugar, logrando que todas las familias de la misma se unieran y en 1976, con el apoyo de los habitantes, se construyó la Ermita del lugar y se hicieron las gestiones para que el párroco de la iglesia de Panzós fuera el encargado de atender las actividades religiosas de mayor relevancia. Debido a la falta de carreteras y transporte, el padre llamado José solo viajaba en cayuco una vez al año para atender las necesidades espirituales de las familias, logrando también nombrar y organizar a los catequistas como autoridades de la iglesia local.

A estas alturas la comunidad ya estaba debidamente organizada y se oficializa la comunidad con el nombre de Caserío Venecia. Según los ancianos que aún viven, el nombre de esta comunidad está inscrito en el registro municipal y la gobernación departamental.

A partir de 1976 también se iniciaron las gestiones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la adjudicación de la tierra en nombre de la comunidad. La veracidad del proceso de la gestión consta en documentos y un carnet extendido de parte del INTA al presidente de la comunidad, Pedro Sub. Hasta aquí es importante aclarar que el área de terreno en gestión es de 10 caballerías.

En 1977,cuatro familias de la comunidad recibieron capacitación sobre derechos humanos de parte de varias personas que visitaba las comunidades de la región. En este caso todos los integrantes de la familia de Manuel Tiul Chub y sus cinco hijos y dos hijas; Genaro Cac Cuz y un hijo; Ricardo Tiul y sus 4 hijos y Manuel Cac Cuz de 15 años se prepararon para apoyar a la comunidad y defender sus derechos ante la amenaza de algunos finqueros que estaban apropiándose de las tierras del lugar.

En 1978 falleció el señor Sebastián Marcutz, quien se había apropiado del terreno en donde habían vivido las familias. Con su muerte se inició otra etapa de conflicto para la comunidad. Hombres armados comenzaron a intimidar y amenazar a sus moradores. Ante estas amenazas, jóvenes posiblemente universitarios llegaron a la comunidad para organizar y capacitar a toda la comunidad para defenderse de las amenazas.

Después de la muerte del señor Sebastián Marcutz, aparecieron dos nuevos finqueros: Isaac Longo Pérez y Gilberto Puertas, de origen español, quienes solicitaron a la comunidad que desocupara el terreno porque supuestamente era una finca de su propiedad.

En todo caso prometieron venderles una pequeña extensión de la tierra solo para las viviendas para lo cual también les ofrecieron apoyar con algunos proyectos como el agua potable y la construcción de una carretera hacia la comunidad. También advirtieron a la comunidad que necesitaban la tierra para la crianza y engorde de ganado, por lo que ya no podían seguir cultivando en los terrenos.

La visita de estos señores significó un duro golpe a la tranquilidad de la comunidad, pues hasta entonces ya habían avanzado en su proceso de desarrollo pero se presentaba entonces una sombra y aún no se sabe lo que va a suceder, ya que consideraron que los ofrecimientos no se iban a cumplir y ni eran legales.

La respuesta de la comunidad fue no acceder a la petición de los señores Longo Pérez y Puerta, por lo que ellos pidieron el apoyo del Ejército,que comenzó a amenazar a la comunidad con el agregado de que la acusación no era por la tierra sino por no pertenecer al grupo revolucionario de la región.

La ola de violencia se inició en 1982, con la desaparición del compañero Alberto Pop Ché, quien fue capturado en la finca Tinajas y posteriormente trasladado a la finca Paraná donde desapareció y nunca más se supo de él. Luego un año más tarde también desapareció el compañero Alejandro Caal. Ya que él fue catequista de la comunidad y miembro dela autodefensa civil. Fue llamando por el Ejército a una reunión en la casa patronal de la finca Paraná, en donde desapareció y ya no se supo más de él.

En 1991 también fueron asesinados los compañeros Manuel Chub Tiul, Ricardo Tiul, Manuel Cac Cuz, Genaro Cac Cuz. El hecho sucedió un día miércoles, a eso de las 15:00 horas, ellos regresaban de sus labores agrícolas y pasaban frente la casa patronal de la finca Paraná y desde ahí fueron atacados a balazos por hombres armados que se encontraban en su interior. La apariencia de los atacantes correspondía a la de miembros de la Policía Judicial y militares que actuaron por orden de los finqueros.

Estos hechos vinieron a causar una gran conmoción e inseguridad en la comunidad. Por lo tanto, para poder defender la vida, decidieron abandonar el lugar. La comunidad se dividió en dos grupos: 30 familias decidieron aceptar la oferta de los finqueros sobre la venta de una franja de la finca Panacté y se trasladaron en 1991. Otras 30 familias se dispersaron a otras comunidades de Panzós, e incluso algunas se fueron a vivir a Playa Grande, Peten y Fray Bartolomé de las Casas. Cabe destacar que las familias que huyeron a las Sierra de las Minas fueron los huérfanos que tuvieron dificultades para movilizarse a lugares lejanos.

Hay que recordar que durante 16 años, la comunidad a través de sus dirigentes y autoridades locales continuó la gestión ante el INTA, pero la persecución y asesinato de sus dirigentes los obligó a abandonar el proceso y finalmente el terreno.

Sobre esta corta pero importante historia se reconoce y se valora el papel de lucha de los destacados líderes, quienes aún viven y que voz reluciente nos han contado los testimonios de lo ocurrido a quienes también agradecemos la valentía y la sabiduría con que dirigieron a las familias hasta el día de hoy. Y con honor y respeto mencionamos sus nombres:los señores Alberto, Sebastián y Pedro. Lamentamos el reciente fallecimiento del compañero Pedro Sub.

 Palma aceitera y despojo de tierras ancestrales

La rápida expansión de las plantaciones de palma ha implicado para las comunidades q´eqchi´ es transformaciones profundas en la realidad socio económica, demográfica, política y cultural. El caserío Venecia no es la excepción. Desde los años setenta, varias familias han establecido en esta parte de Panzós, y el INTA ayuda a esta población exigiendo ese espacio como el derecho histórico de estas comunidades q´eqchí´s.

La problemática de las plantaciones palmeras–en este caso NaturAceites– ha venido a causar otra historia de despojo en el caserío Venecia. Esta historia no es nueva, sino de hace varios años, pues por sus condiciones geográficas y climáticas “casi todo el territorio del norte de Guatemala es apto para el cultivo de palma africana”

Estas condiciones, aunadas a una situación comercial favorable a nivel internacional y la presencia de actores económicos nacionales con interés en estas plantaciones, han hecho que empresas palmeras se ubiquen en Río Dulce, El Estor y el Valle del Polochic, y son el centro de atención desde hace varios años. Mientras tanto, el impacto causado por las malas prácticas de tenencia y el uso de la tierra son visibles, las proyecciones expansivas de las empresas palmeras parecen no llegar a su fin.

Nuestros abuelos y abuelas fueron primero poseedores de su tierra y después mozos colonos de la finca.El sistema económico dio un cambio a nuestras vidas en el Valle del Polochic, pues se fue imponiendo la producción de monocultivos, que avanzo rápidamente dejándonos apenas en posesión de poca tierra. Nuestra comunidad, haciendo uso de la poca y casi nula institucionalidad, hemos acudido indistintamente a muchas vías, administrativas y laborales para defendernos, ya que se ha promovido en varias ocasiones el desalojo.Hemos sido una comunidad que ha resistido y al día de hoy, a pesar de vivir en una zozobra por el acoso en el área por parte de empresarios y su seguridad privada.

La preocupación de la población q´eqchi´ es que muchos de los niños sufren de desnutrición crónica, no cuentan con ningún servicio (agua, escuela, centro de salud). Las señoras y niños tienen granos por el cuerpo y siempre están con el temor de ser desalojados ya que los empresarios se encuentran sembrando palma en sus tierras.

Ellos comentan que el problema es la falta de un título de tierra que los avale como dueños aunque hayan estado ahí desde 1976. Esto ha motivado que la empresa aceitera no los deje vivir en su tierra,y ya varios despojos han sufrido.

Postura de organizaciones sociales

Las organizaciones sociales que se encuentran en el área comentan que para este mes existen amenazas de desalojo en esta comunidad y otras más. También comentaron el descontento que les provocó la muestra desproporcional de fuerza y de recursos del Estado desalojar.Es completamente contradictorio y desigual al interés actual por garantizar la seguridad y el bienestar de las familias desalojadas, en especial la garantía al derecho de la salud, alimentación, acceso a la tierra y medios de producción. Detener el desalojo anunciado es necesario ya que la población q´eqchi´ vive con mucho temor pues recuerdan que en el 2011, durante el gobierno de Álvaro Colom, se realizó una serie de desalojos violentos de comunidades q´eqchi´ es en el Valle del Polochic. El saldo fue de cientos de familias despojadas de su tierra, asesinato de líderes campesinos e indígenas, la pérdida de grandes extensiones de tierra cultivada y finalmente la pérdida de sus hogares.

Exigimos al Estado de Guatemala que garantice el cumplimiento de las medidas cautelares de las 14 comunidades y el respeto a los derechos de las familias que se encuentran en el territorio en cuestión y que cumpla el convenio 169 de la OIT, relacionado con la validez de las consultas populares comunitarias que se han realizado alrededor de la llegada de megaproyectos que violentan los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.

 

 

Privatización de conocimiento y recursos genéticos amenazan a los pueblos

Por: Rony Morales

Fue el jueves 4 de septiembre de 2015 que el Congreso de la República de Guatemala,  mediante el decreto 21-2014 y en urgencia nacional, se derogó  el decreto 19-2014, referido a la Ley para la Protección de obtenciones vegetales (ley Monsanto).

Pero aquí no terminó esta amenaza, la ratificación del convenio  sobre  diversidad biológica, a través del  decreto número 5-95 del  Congreso de la  República, propició la  adopción de  protocolos que no son más que la  legalización de un sistema de saqueo, que   formaliza  las  condiciones  de orden  administrativo por medio de instituciones gubernamentales que actualmente están promoviendo políticas públicas respecto a la regulación de los compromisos derivados del Protocolo de Nagoya. Estos protocolos únicamente generan condiciones para que las empresas nacionales y transnacionales fortalezcan las estrategias para ampliar el control sobre la mercantilización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

En el caso de Guatemala, se ha otorgado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) la discrecionalidad para el otorgamiento de contratos que faciliten la ruta de otorgamiento de concesiones, patentes, registros, cambios de regalías,  tasas de acceso y licencias de comercialización, entre algunas de las condiciones preferenciales acordadas entre el Conap y las empresas, que no representan beneficios para las comunidades indígenas.

En varias reuniones y asambleas, autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país,no están de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM). El reglamento y convenios internacionales que buscan patentar las semillas criollas son promovidos por el Conap. Varias autoridades indígenas muestran su preocupación debido a que estas semillas se privaticen.

Las comunidades y autoridades ancestrales presentaron una anticonstitucionalidad ya que la privatización de las semillas atenta contra el conocimiento ancestral de los pueblos ligado a la agricultura y la alimentación, incrementado la conflictividad social en los pueblos con mayor índice de pobreza, despojo, acaparamiento de tierra, agua y pérdida de la biodiversidad.

La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el decreto 6-2014, que desarrolla estrategias de despojo, saqueo y privatización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de Guatemala.

Para las autoridades ancestrales del pueblo maya q’eqchi´, miembros de  Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) y la Alianza Nacional por la Protección de la Biodiversidad (Anaprob),al no respetarse las formas de organización comunitaria, los derechos colectivos y las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas de Guatemala, este proceso hace ilegítima cualquier negociación que involucre la privatización de la madre tierra, la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Por lo tanto el protocolo de Nagoya “es una inconstitucionalidad para la vida”.

Reiteraron  la expulsión en el ordenamiento jurídico de Guatemala del decreto 6-2014 que le dio vigencia al protocolo de Nagoya, de forma definitiva e inmediata, y exigieron  que se deduzcan responsabilidades penales para quienes cometieron la ilegalidad de su aprobación sin la mayoría calificada en el Congreso de la República.

Asimismo exigen respetar las formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.

 A la Corte de Constitucionalidad, quieren expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.