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Desalojos violentos: una dinámica de despojo para los pueblos

Por: Rony Morales

Sabemos que la violencia solo genera caos y que se pierda el estado de derecho. Pedimos a la población en general a no caer en el juego y manipulación de  un grupito de personas que intenta consolidar más su poder, mediante vías violentas para enriquecerse por medio del despojo de tierras ancestrales en las comunidades q´eqchi´s y poqomchi´s en Alta Verapaz  esto es corrupción y  manipulación de intereses del sistema.

En Cobán representantes territoriales, locales y comunitarios  de las organizaciones sociales se reunieron  y dieron una conferencia de prensa en la cual expresaron la preocupación ante el desalojo violento que sufrieron las comunidades Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Dichas comunidades llevan un  tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y paramililtares desde este 4 de julio.

También sufrió  desalojo la comunidad Santa Inés de Santa Cruz, Alta Verapaz, que está conformada por  20 familias poqomchi´, las cuales   fueron  despertadas en la madrugada del pasado 2 de julio de 2016 y luego fueron  sacadas de sus viviendas  por un grupo de 50  personas, liderados por el señor Luis Giovanni  Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal,  destruyéndoles  6  viviendas y  dejándolas  sin techo  y sin un lugar a donde ir en el  momento

Existen amenazas a las comunidades del valle del Polochic, desalojos que van a favor de los monocultivos de derecha empresariales que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es  una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que solo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio  de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario.

En Alta Verapaz  las empresas extractivas de monocultivos, hidroeléctricas y minería se han adueñado de la mayoría del territorio y los ríos, sin consultarle a la población indígena y campesina. Estas dinámicas como desalojos violentos son instrumento de los terratenientes y personas que tienen sus intereses particulares.

Lo sucedido en Semuq Champey no es nada nuevo, estas fuerzas represivas de  militares, la Policía Nacional Civil y la policía privada(paramilitares) nos recuerdan los desalojos violentos  en el valle de Polochic en 2011, los desalojos sufridos en las comunidades que viven en la cuenca del río Dolores Monte Olivo, Comunidad nueve de Febrero, la comunidad de Samococh y comunidades de Raxhuhá en 2014;  todas en el departamento de Alta Verapaz, donde sufrieron campesinos e indígenas de las comunidades q´eqchi, cuando se encontraban trabajando en el cultivo del sagrado maíz,  para alimentar a su familia, dejando como resultado varios heridos, 3 campesinos muertos, varios compañeros detenidos   dejando y  más de un centenar de familias en la calle.

La vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

Semuq Champey y el desalojo de su tierra ancestral

Por: Rony Morales

Hemos recibido llamadas desesperadas de auxilio de la gente que vive en las cuatro comunidades q´eqchi´es: Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Llevan mucho tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y paramililtares. Desde el 4 de julio de 2016, 200 patrullas alrededor y de 800 elementos  se encuentran en el lugar generando  violencia y tratando de llevar a cabo un desalojo en contra de estas comunidades ancestrales.

El origen del conflicto es la mala administración que la municipalidad y el Conap hacían en esta área protegida, y la mala negociación por parte de autoridades gubernamentales. Este no es para nada el país ni la sociedad en la que queremos vivir. En este espacio territorial en donde habitamos, un grupito intenta consolidar más su poder mediante vías violentas para enriquecerse, así sin más.

Los comunitarios han denunciado el incumplimiento de parte de la municipalidad local y el Conap, y la entrega del 30 por ciento de los ingresos generados por el turismo en el centro a manos indebidas. Estos ingresos les corresponden por mandato legal, según decreto 25-2005, Ley de declaración de área protegida en el año 2005, además el lugar está localizado en el territorio que les pertenece ancestralmente.

Foto: La masa

Los pobladores de los caseríos antes mencionados fueron objeto  de desalojo por parte de un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) que siguen en el centro turístico y pide refuerzos para seguir generando violencia. Los pobladores de origen maya q’eqchi’, desde 2015 han exigido el cumplimiento de disposiciones legales sobre el ingreso generado en el centro turístico y balneario Semuc Champey.

Entre las recomendaciones del Informe sobre situación de los Derechos Humanos en Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA de 2015, la relacionada con el desalojo de comunidades y pueblos indígenas señala que debe ser una circunstancia excepcional, porque los desalojos constituyen graves violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, tales como el de la vivienda, salud, alimentación entre otros. También se recomienda privilegiar el diálogo antes que el uso de la fuerza y la violencia del Estado.

Hasta el último momento de esta publicación, los comunitarios esperan la presencia e intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos en el lugar.Las autoridades indígenas y habitantes de las comunidades se oponen que el Conap siga administrando Semuc Champey por distintas anomalías,tales como la corrupción y el descuido del lugar sagrado. Además, se oponen por la prohibición de la entrada a las personas que ahí viven, y por el incumplimiento de compromisos que se habían hecho con esta entidad. Por lo que decidieron volver a gestionarlo en la comunidad.

Hoy, 6 de julio de 2016, la gente resiste, cantando, orando y unida. Con toda la dignidad del mundo no se ha permitido que les arrebaten con lujo de fuerza el poco espacio de vida que les queda y que les corresponde históricamente.Y digo históricamente porque a lo largo de la historia les ha sido arrebatada toda posibilidad de vivir de verdad. La maldición de la democracia nos genera un mal sabor de boca permanente, pues el grupo de gente que está en el gobierno y que ha sido electa “popularmente”debería responder a quienes los eligen.Sin embargo, responde a quienes les pagan, a quienes los financian.

Lamentablemente el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y otras entidades del Estado han tergiversado la postura comunitaria y estigmatizado a las autoridades y comunitarios. Incluso han pedido a los turistas que no visiten el lugar, llamándolo área roja.Las autoridades y los mismos visitantes desmienten que haya peligro para ellos.Incluso, su postura es que la de que el lugar es más seguro y limpio siendo administrado por las comunidades, pues generan su propio trabajo beneficiándose hombres, mujeres y ancianos. El desalojo es un hecho que violenta y criminaliza a las autoridades y defensores de la naturaleza y el patrimonio comunitario, defensores legítimos del territorio de los pueblos indígenas, en este caso q’eqchi’es.

Venecia: historia de despojos en el valle del Polochic

Por: caserío Venecia / Rony Morales

Comunidad Venecia, a los pobladores, comunitarios, compañeros y compañeras de lucha del municipio de Panzós, Alta Verapaz y de otras regiones del país, les saludamos cordialmente de parte del caserío Venecia, territorio q´eqchi´ en el valle del Polochic, deseándoles un buen vivir y al mismo tiempo aprovechamos para compartir esta nota que contiene parte de la historia de la Comunidad ubicada en la región III del municipio.

Esta historia comienza en 1964, cuando el señor Pedro Saúl Sub se trasladó de Telemán a estos terrenos baldíos y luego fueron llegando otras familias y se conformó lo que le llamaron comunidad San Antonio.

Conforme fueron llegando las familias, se fueron ubicando, organizándose para cortar de parte del bosque y así cultivar sus alimentos. Cuando San Antonio estuvo conformado por varias manzanas llegó a los terrenos el Señor Sebastián Marcutz, quien decía ser el dueño de la finca Panacté, y comenzó a molestar a las familias de la comunidad con amenazas e intimidaciones, en varias ocasiones este señor finquero llamó al señor Pedro Sub, quien era dirigente de la comunidad, hasta que un día don Pedro accedió y fue a la reunión convocada para pedirle que desocupara el terreno y trasladaran la comunidad a un lugar en la planicie del Valle Polochic.

La idea fue presentada a los miembros de la comunidad, quienes analizaron detenidamente el problema pero decidieron seguir viviendo en el lugar. Finalmente solamente el señor Pedro Sub con su familia se trasladaron a un lugar al que después le pusieron por nombre Venecia. Al Señor Pedro Sub se le unieron los señores Alberto Pop, Sebastián Caal, Alberto Sub Col y sus familias. Algo que se destaca en este caso es que el motivo principal del traslado de las familias a este lugar fue porque era un terreno baldío y muy fértil para el cultivo de alimentos.

Muy pronto a este lugar fueron llegando familias de diferentes municipios del departamento de Alta Verapaz, quienes conformaron la Comunidad Venecia hasta contabilizar un número de 60 familias. Es importante mencionar que las 4 familias que fundaron la comunidad profesaban al fe católica y continuaron sus actividades religiosas en el lugar, logrando que todas las familias de la misma se unieran y en 1976, con el apoyo de los habitantes, se construyó la Ermita del lugar y se hicieron las gestiones para que el párroco de la iglesia de Panzós fuera el encargado de atender las actividades religiosas de mayor relevancia. Debido a la falta de carreteras y transporte, el padre llamado José solo viajaba en cayuco una vez al año para atender las necesidades espirituales de las familias, logrando también nombrar y organizar a los catequistas como autoridades de la iglesia local.

A estas alturas la comunidad ya estaba debidamente organizada y se oficializa la comunidad con el nombre de Caserío Venecia. Según los ancianos que aún viven, el nombre de esta comunidad está inscrito en el registro municipal y la gobernación departamental.

A partir de 1976 también se iniciaron las gestiones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la adjudicación de la tierra en nombre de la comunidad. La veracidad del proceso de la gestión consta en documentos y un carnet extendido de parte del INTA al presidente de la comunidad, Pedro Sub. Hasta aquí es importante aclarar que el área de terreno en gestión es de 10 caballerías.

En 1977,cuatro familias de la comunidad recibieron capacitación sobre derechos humanos de parte de varias personas que visitaba las comunidades de la región. En este caso todos los integrantes de la familia de Manuel Tiul Chub y sus cinco hijos y dos hijas; Genaro Cac Cuz y un hijo; Ricardo Tiul y sus 4 hijos y Manuel Cac Cuz de 15 años se prepararon para apoyar a la comunidad y defender sus derechos ante la amenaza de algunos finqueros que estaban apropiándose de las tierras del lugar.

En 1978 falleció el señor Sebastián Marcutz, quien se había apropiado del terreno en donde habían vivido las familias. Con su muerte se inició otra etapa de conflicto para la comunidad. Hombres armados comenzaron a intimidar y amenazar a sus moradores. Ante estas amenazas, jóvenes posiblemente universitarios llegaron a la comunidad para organizar y capacitar a toda la comunidad para defenderse de las amenazas.

Después de la muerte del señor Sebastián Marcutz, aparecieron dos nuevos finqueros: Isaac Longo Pérez y Gilberto Puertas, de origen español, quienes solicitaron a la comunidad que desocupara el terreno porque supuestamente era una finca de su propiedad.

En todo caso prometieron venderles una pequeña extensión de la tierra solo para las viviendas para lo cual también les ofrecieron apoyar con algunos proyectos como el agua potable y la construcción de una carretera hacia la comunidad. También advirtieron a la comunidad que necesitaban la tierra para la crianza y engorde de ganado, por lo que ya no podían seguir cultivando en los terrenos.

La visita de estos señores significó un duro golpe a la tranquilidad de la comunidad, pues hasta entonces ya habían avanzado en su proceso de desarrollo pero se presentaba entonces una sombra y aún no se sabe lo que va a suceder, ya que consideraron que los ofrecimientos no se iban a cumplir y ni eran legales.

La respuesta de la comunidad fue no acceder a la petición de los señores Longo Pérez y Puerta, por lo que ellos pidieron el apoyo del Ejército,que comenzó a amenazar a la comunidad con el agregado de que la acusación no era por la tierra sino por no pertenecer al grupo revolucionario de la región.

La ola de violencia se inició en 1982, con la desaparición del compañero Alberto Pop Ché, quien fue capturado en la finca Tinajas y posteriormente trasladado a la finca Paraná donde desapareció y nunca más se supo de él. Luego un año más tarde también desapareció el compañero Alejandro Caal. Ya que él fue catequista de la comunidad y miembro dela autodefensa civil. Fue llamando por el Ejército a una reunión en la casa patronal de la finca Paraná, en donde desapareció y ya no se supo más de él.

En 1991 también fueron asesinados los compañeros Manuel Chub Tiul, Ricardo Tiul, Manuel Cac Cuz, Genaro Cac Cuz. El hecho sucedió un día miércoles, a eso de las 15:00 horas, ellos regresaban de sus labores agrícolas y pasaban frente la casa patronal de la finca Paraná y desde ahí fueron atacados a balazos por hombres armados que se encontraban en su interior. La apariencia de los atacantes correspondía a la de miembros de la Policía Judicial y militares que actuaron por orden de los finqueros.

Estos hechos vinieron a causar una gran conmoción e inseguridad en la comunidad. Por lo tanto, para poder defender la vida, decidieron abandonar el lugar. La comunidad se dividió en dos grupos: 30 familias decidieron aceptar la oferta de los finqueros sobre la venta de una franja de la finca Panacté y se trasladaron en 1991. Otras 30 familias se dispersaron a otras comunidades de Panzós, e incluso algunas se fueron a vivir a Playa Grande, Peten y Fray Bartolomé de las Casas. Cabe destacar que las familias que huyeron a las Sierra de las Minas fueron los huérfanos que tuvieron dificultades para movilizarse a lugares lejanos.

Hay que recordar que durante 16 años, la comunidad a través de sus dirigentes y autoridades locales continuó la gestión ante el INTA, pero la persecución y asesinato de sus dirigentes los obligó a abandonar el proceso y finalmente el terreno.

Sobre esta corta pero importante historia se reconoce y se valora el papel de lucha de los destacados líderes, quienes aún viven y que voz reluciente nos han contado los testimonios de lo ocurrido a quienes también agradecemos la valentía y la sabiduría con que dirigieron a las familias hasta el día de hoy. Y con honor y respeto mencionamos sus nombres:los señores Alberto, Sebastián y Pedro. Lamentamos el reciente fallecimiento del compañero Pedro Sub.

 Palma aceitera y despojo de tierras ancestrales

La rápida expansión de las plantaciones de palma ha implicado para las comunidades q´eqchi´ es transformaciones profundas en la realidad socio económica, demográfica, política y cultural. El caserío Venecia no es la excepción. Desde los años setenta, varias familias han establecido en esta parte de Panzós, y el INTA ayuda a esta población exigiendo ese espacio como el derecho histórico de estas comunidades q´eqchí´s.

La problemática de las plantaciones palmeras–en este caso NaturAceites– ha venido a causar otra historia de despojo en el caserío Venecia. Esta historia no es nueva, sino de hace varios años, pues por sus condiciones geográficas y climáticas “casi todo el territorio del norte de Guatemala es apto para el cultivo de palma africana”

Estas condiciones, aunadas a una situación comercial favorable a nivel internacional y la presencia de actores económicos nacionales con interés en estas plantaciones, han hecho que empresas palmeras se ubiquen en Río Dulce, El Estor y el Valle del Polochic, y son el centro de atención desde hace varios años. Mientras tanto, el impacto causado por las malas prácticas de tenencia y el uso de la tierra son visibles, las proyecciones expansivas de las empresas palmeras parecen no llegar a su fin.

Nuestros abuelos y abuelas fueron primero poseedores de su tierra y después mozos colonos de la finca.El sistema económico dio un cambio a nuestras vidas en el Valle del Polochic, pues se fue imponiendo la producción de monocultivos, que avanzo rápidamente dejándonos apenas en posesión de poca tierra. Nuestra comunidad, haciendo uso de la poca y casi nula institucionalidad, hemos acudido indistintamente a muchas vías, administrativas y laborales para defendernos, ya que se ha promovido en varias ocasiones el desalojo.Hemos sido una comunidad que ha resistido y al día de hoy, a pesar de vivir en una zozobra por el acoso en el área por parte de empresarios y su seguridad privada.

La preocupación de la población q´eqchi´ es que muchos de los niños sufren de desnutrición crónica, no cuentan con ningún servicio (agua, escuela, centro de salud). Las señoras y niños tienen granos por el cuerpo y siempre están con el temor de ser desalojados ya que los empresarios se encuentran sembrando palma en sus tierras.

Ellos comentan que el problema es la falta de un título de tierra que los avale como dueños aunque hayan estado ahí desde 1976. Esto ha motivado que la empresa aceitera no los deje vivir en su tierra,y ya varios despojos han sufrido.

Postura de organizaciones sociales

Las organizaciones sociales que se encuentran en el área comentan que para este mes existen amenazas de desalojo en esta comunidad y otras más. También comentaron el descontento que les provocó la muestra desproporcional de fuerza y de recursos del Estado desalojar.Es completamente contradictorio y desigual al interés actual por garantizar la seguridad y el bienestar de las familias desalojadas, en especial la garantía al derecho de la salud, alimentación, acceso a la tierra y medios de producción. Detener el desalojo anunciado es necesario ya que la población q´eqchi´ vive con mucho temor pues recuerdan que en el 2011, durante el gobierno de Álvaro Colom, se realizó una serie de desalojos violentos de comunidades q´eqchi´ es en el Valle del Polochic. El saldo fue de cientos de familias despojadas de su tierra, asesinato de líderes campesinos e indígenas, la pérdida de grandes extensiones de tierra cultivada y finalmente la pérdida de sus hogares.

Exigimos al Estado de Guatemala que garantice el cumplimiento de las medidas cautelares de las 14 comunidades y el respeto a los derechos de las familias que se encuentran en el territorio en cuestión y que cumpla el convenio 169 de la OIT, relacionado con la validez de las consultas populares comunitarias que se han realizado alrededor de la llegada de megaproyectos que violentan los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.

 

 

Privatización de conocimiento y recursos genéticos amenazan a los pueblos

Por: Rony Morales

Fue el jueves 4 de septiembre de 2015 que el Congreso de la República de Guatemala,  mediante el decreto 21-2014 y en urgencia nacional, se derogó  el decreto 19-2014, referido a la Ley para la Protección de obtenciones vegetales (ley Monsanto).

Pero aquí no terminó esta amenaza, la ratificación del convenio  sobre  diversidad biológica, a través del  decreto número 5-95 del  Congreso de la  República, propició la  adopción de  protocolos que no son más que la  legalización de un sistema de saqueo, que   formaliza  las  condiciones  de orden  administrativo por medio de instituciones gubernamentales que actualmente están promoviendo políticas públicas respecto a la regulación de los compromisos derivados del Protocolo de Nagoya. Estos protocolos únicamente generan condiciones para que las empresas nacionales y transnacionales fortalezcan las estrategias para ampliar el control sobre la mercantilización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

En el caso de Guatemala, se ha otorgado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) la discrecionalidad para el otorgamiento de contratos que faciliten la ruta de otorgamiento de concesiones, patentes, registros, cambios de regalías,  tasas de acceso y licencias de comercialización, entre algunas de las condiciones preferenciales acordadas entre el Conap y las empresas, que no representan beneficios para las comunidades indígenas.

En varias reuniones y asambleas, autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país,no están de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM). El reglamento y convenios internacionales que buscan patentar las semillas criollas son promovidos por el Conap. Varias autoridades indígenas muestran su preocupación debido a que estas semillas se privaticen.

Las comunidades y autoridades ancestrales presentaron una anticonstitucionalidad ya que la privatización de las semillas atenta contra el conocimiento ancestral de los pueblos ligado a la agricultura y la alimentación, incrementado la conflictividad social en los pueblos con mayor índice de pobreza, despojo, acaparamiento de tierra, agua y pérdida de la biodiversidad.

La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el decreto 6-2014, que desarrolla estrategias de despojo, saqueo y privatización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de Guatemala.

Para las autoridades ancestrales del pueblo maya q’eqchi´, miembros de  Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) y la Alianza Nacional por la Protección de la Biodiversidad (Anaprob),al no respetarse las formas de organización comunitaria, los derechos colectivos y las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas de Guatemala, este proceso hace ilegítima cualquier negociación que involucre la privatización de la madre tierra, la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Por lo tanto el protocolo de Nagoya “es una inconstitucionalidad para la vida”.

Reiteraron  la expulsión en el ordenamiento jurídico de Guatemala del decreto 6-2014 que le dio vigencia al protocolo de Nagoya, de forma definitiva e inmediata, y exigieron  que se deduzcan responsabilidades penales para quienes cometieron la ilegalidad de su aprobación sin la mayoría calificada en el Congreso de la República.

Asimismo exigen respetar las formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.

 A la Corte de Constitucionalidad, quieren expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.

MEMORIAL CONSEJO DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA SIERRA DE LAS MINAS PURULHA, BAJA VERAPAZ, GUATEMALA

 “El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos.
La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas,
que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.”
(Sub Comandante Marcos)

 

Señor Alcalde Municipal, de Purulha, Baja Verapaz,
Señor Gobernador Departamental de Baja Verapaz,
Señores Diputados y señoras diputadas,
Señor Director de la Secretaria de Asuntos Agrarios,Señor Director del Fondo de Tierra,
Señor Representante del Ministerio de Energía y Minas,
Señor Representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
Señor Representante del Ministerio de Educación,Señor Auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos,
Señor Juez de Paz,
Señor Representante del Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP),
Señor Representante del Instituto Nacional de Bosques (INAB),
Señor Representante de la Fundación Defensores de la Naturaleza,
Señor Representante de la Federación de Cooperativas de la Verapaz (FEDECOVERA),

 

Señores y Señoras:

Nosotros representantes de nuestras comunidades, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas, ancianos y ancianas.  Amparados en los siguientes artículos de la Constitución Política de la República:  Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.   Los artículos 3, 4, 5, 12, 23, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 46.  57, 58, 60.   Ls artículos 66, 67, 68 referente a comunidades indígenas.

El Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo nos reconoce el derecho que tenemos para decidir sobre nuestro propio futuro y a participar en las decisiones de las municipalidades y del Estado de Guatemala en igualdad de condiciones, sobre todo lo relacionado al presupuesto, obras y proyectos.

El artículo 46 constitucional manifiesta la, Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.  Hemos comprendido que, como pueblos indígenas, tenemos todos los derechos reconocidos en los diferentes instrumentos internacionales que el Estado de Guatemala ha firmado y ratificado, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales. La Convención Internacional sobre discriminación étnico-racial, la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura, el genocidio y la desapareció forzada.  Así como las declaraciones que, sobre ambiente, tierra, territorio, cambio climático, entre otros, en las que Guatemala, como Estado es parte.

Guatemala, es miembro de los Comités Internacionales que velan por los Derechos Humanos y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, al mismo tiempo que está bajo intervención internacional, manifestado en un primer momento, por los relatores especiales y temáticos del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.  Y actualmente por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien junto al Ministerio Público está investigando casos de corrupción, no solo relacionado a las acciones de los anteriores funcionarios, sino también sobre los actuales, no solo por el manejo del presupuesto, sino también por inversiones que hicieron empresas nacionales e internacionales, personas individuales, en la última  campaña electoral, a cambio de eso, las autoridades conceden licencias de exploración, explotación y construcción, de minería, hidroeléctricas, producción de monocultivos, entre otros.  Como sucedió con la mayor parte de candidatos en la campaña recién pasada, incluso el Señor Sebastián Castro, actual alcalde recibió financiamiento de las empresas hidroeléctricas, Fuerza Hídrica, Saqha, el Cafetal, Matanzas, etc.

Amparados en la legislación anterior, como comunidades indígenas, manifestamos que estamos de acuerdo en las mejoras que se le pueda hacer a nuestras vías de acceso (carreteras, caminos comunitarios), centro de salud, escuelas, trabajo.  También, que se planifiquen proyectos denominados de desarrollo para nuestras comunidades, sobre todo lo relacionado a la mitigación del hambre, puesto que nuestras comunidades están catalogadas como las más desnutridas de la región, a pesar, que, en el gobierno anterior, lo presentaron como un caso importante en el Plan Hambre Cero.   Pero no estamos de acuerdo, que estas se ejecuten, con dinero que provengan de acuerdo previos con empresas, para conceder licencias para hidroeléctricas, minería, palma africana u otros proyectos extractivistas, que en vez de mejor nuestra vida,  la empeoran, como está pasando con las hidroeléctricas ya construidas en la región, que ha traído odio, desconfianza, miedo, criminalización y rivalidades entre nosotros, así como los proyectos de monocultivo como el PINFOR y otros, que solo han beneficiado a las grandes empresas de madera y a unos cuantos intermediarios, que también aprendieron a vivir de la tala ilegal de bosque.  Eso quiere decir, que los proyectos deben hacerse de forma participativa y en consulta permanente con las comunidades, no solo con los presidentes de los COCODES, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, donde establece que se debe consultar de forma previa e informada, tomando en cuenta todas las estructuras organizativas de las comunidades, respetando sus formas culturales para tomar decisiones.

Nadie es superior a la ley, reza nuestra legislación nacional, por tal razón, ninguna institución del Estado y por lo consiguiente tampoco ninguna institución privada (ONG; FUNDACION, ASOCIACION), nacional o internacional, puede tomar decisiones sobre nosotros y nuestras comunidades, solo porque nos consideran pobres e ignorantes.  Nosotros ya conocemos nuestros derechos y por eso es que defendemos y protegemos nuestra tierra, nuestro territorio, nuestros bienes naturales.  Por eso mismo, no aceptaremos ningún proyecto, que venga a destruir lo que durante años hemos cuidado, protegido y defendido.  Y tampoco aceptaremos que, por esta decisión tomada en comunidad, nos quieran obligar trayendo policías y militares a nuestra región. Aunque entren con la excusa de hacer proyectos de beneficio comunitario.  Nosotros sabemos que los proyectos y programas para la comunidad, los debe de hacer el Estado y no empresas, ni ONG.  Es deber de todos Ustedes programarlo con nosotros y por eso exigimos que haya diálogo constante entre nosotros, pero no en Purulha, ni en Salamá, sino aquí en nuestra región, porque nosotros queremos que todos escuchen el compromiso de Ustedes.

Si en caso quieren que lleguemos a acuerdos, sobre programas, proyectos u otras cosas que quieran traer a la región, exigimos que los diálogos, no sean conducidos por las empresas, ONG; asociaciones, grupos u otros, sino que sea el Estado y por medio de Ustedes quienes están aquí y principalmente por la Municipalidad y su Consejo,  quienes tendrán que informarnos, sobre los estudios técnicos y políticos, que tengan, porque hasta el momento no conocemos ningún estudio sobre los proyectos que ya están en ejecución como las Hidroeléctricas el CAFETAL; SAQHA, FUERZA HIDRICA, PANIMA y otros que piensan construir.  Además, que nos expliquen sobre los beneficios no solo temporales, sino también permanentes que traen para nosotros.  Al mismo tiempo que no se valgan de personas individuales, para traernos la información, como lo han hecho hasta el momento utilizando a personas non gratas en la región como el Señor Celso Caal Ayu y compañeros, así como la organización CONIC, quienes, en vez de ayudar a las comunidades, han sido cómplices de la destrucción de nuestra región.

La Constitución del clara sobre las tierra de cooperativas y comunidades indígenas, donde el Estado se compromete a respetarla y reconocerse, por eso, exigimos a FEDECOVERA, que nos explique sobre la situación de nuestras tierras, que aún los tiene bajo resguardo y no para dar en garantías a los bancos para créditos que nunca nos han beneficiado, por eso, solicitamos a los señores y a las señoras diputadas, iniciar una auditoria a FEDECOVERA y a otras Cooperativas de la región y que nos den un informe sobre nuestras tierras y recursos, porque cuando nosotros pedimos información, nos amenazan y nos intimidan y al mismo tiempo nos dicen que debemos mucho dinero, cuando nunca lo hemos tenido en nuestras manos, este es el caso de la Cooperativa Panchisivic, que ha hecho negociaciones con FUERZA HIDRICA, vendiendo o regalando nuestras tierras, sin beneficio para nosotros, o vendiendo o regalando nuestros bosques a las empresas de madera.

A todos y todas Ustedes, les informamos que no aceptaremos ningún nuevo proyecto hidroeléctrico en nuestro territorio, ni de minería, ni de monocultivo.  Si realmente esta fuera la solución de que no tenemos energía eléctrica, con las que están ya tendríamos energía eléctrica todos nosotros y a bajo precio.  Pero el Plan del Estado y del modelo económico,  es para vendérselos a las empresas y estas a otros países.  Pero la destrucción si la cosecharemos todos aquí en un término de 20 o 30 años, cuando nuestros hijos sufran por el agua y luego estarán corriendo buscando nuevos lugares para vivir. Por eso solicitamos a Defensores de la Naturaleza, INAB, CONAP, para que nos apoyen limitando a las empresas la utilización del agua y de la tierra.

Toda institución privada o pública debe informarnos sobre los beneficios que obtiene sobre nuestros recursos y nuestras comunidades.  Hasta el momento, si la Sierra de las Minas se ha conservado en parte, ha sido por el trabajo que hemos realizado nosotros, pero nunca hemos recibido beneficios económicos sobre eso.  Exigimos a Defensores de la Naturaleza, INAB, CONAP; que nos informen cuales son los beneficios obtenidos hasta hoy, por proteger el ambiente y la naturaleza, porque nunca ha repercutido en mejoras en educación y salud, principalmente.  Defensores de la Naturaleza ha estado aquí desde finales de 1990, casi más de 20 años, pero nunca hemos visto un beneficio sustantivo que provenga de ellos.

Sobre educación, en la región lo maestros vienen día martes y regresan día jueves y muchas veces lo hacen en complicidad con los funcionarios de educación de Purulha y Salamá y si les exigimos que trabajen, repercute en violencia contra nuestros hijos, por eso, exigimos a las autoridades de educación, que verifiquen no solo la presencia de los maestros, sino también sus cualidades y ética, porque en vez de formar a nuestros hijos con valores y principios morales, lo pueden formar como delincuentes y pandilleros.

Salud, estamos peor.  En el centro de salud, nos han comunicado que tenemos que comprar un panel de luz solar y que tenemos que dar los recursos como comunidad.  Tampoco tenemos medicinas.  Por eso, exigimos y demandamos al ministerio de Salud para que provea los insumos necesarios para que tengamos un centro de salud, acorde a nuestra situación.

 Exigimos y demandamos a la municipalidad de Purulha, Baja Verapaz, para que abra el libro de registros para comunidades indígenas, porque es un derecho adquirido y que nadie puede violarla, según el código municipal y toda la legislación nacional e internacional existente.

Todos y todas quienes asistimos a esta Asamblea Territorial Comunitaria, manifestamos que estamos cansados de tantas mentiras que luego nos trae problemas en las comunidades y todas ellas vienen principalmente de las autoridades que como Ustedes tienen como función velar por el bien común, porque para eso fueron electos o contratados.  Pero en realidad, cada vez nos decepcionan y nos frustran, porque en vez de dialogar con nosotros, nos acusan, nos amenazan y nos criminalizan.  Por eso hemos acudido al Sistema de Justicia para denunciar todos los abusos emprendidos contra nosotros, que no solo es violencia psicológica, sino también física.

En tal virtud, solicitamos a la Auxiliatura de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, para que se constituya en un garante de nuestros derechos.  A los diputados del Legislativo a revisar todo el marco jurídico sobre áreas protegidas y de conservación, sobre tierra y recursos naturales.  Al representante del Sistema de Justicia a ejercer su función aplicando la justicia pronta en favor de los más pobres.  Al señor Alcalde para que cumpla su función de ser el garante de la Unidad del municipio y no con favoritismo.  Al señor Gobernador, para que ejerza su función de favor de los más pobres y no de la injusticia desarrollista y que su papel en el CODEDE se para beneficiar a las comunidades y no a las empresas.  A todos y todas, que no ejerzan su función con prepotencia, sino respetando nuestros derechos.

Desde hoy como Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra de las Minas, declaramos el territorio, libre de minería, de hidroeléctrica y de palma africana.  Nos constituimos en Asamblea Permanente, para defender nuestros derechos a la autonomía y a la libre determinación.

Sutam rej Rex Awaj, Sierra de las Minas, Purulha Baja Verapaz,

23 de junio de 2016