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Territorio q´eqchi´: incendios forestales en aumento

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Por: Rony Morales

El fuego  se extiende sin control en  la zona q´eqchi´de Alta Verapaz y Petén,  afecta la flora y fauna que ancestralmente ha vivido ahí. Estos incendios forestales en los bosques, montañas y  selva, están terminando con los pocos recursos naturales que se tienen en la zona norte del país y que las  comunidades indígenas utilizan para vivir.

Las altas temperaturas de la época, pero sobre todo la irresponsabilidad de algunas personas al provocar incendios,  pone en peligro constantemente la poca boscosidad, la biodiversidad del lugar y la vida humana.

El pasado sábado,a orillas de la ruta asfaltada en el kilómetro 388 ruta a Cobán cerca del parcelamiento Los Olivos, en Sayaxché Petén, el bosque fue arrasado por las llamas, por lo que vecinos de esa región alertaron a los bomberos municipales y departamentales, quienes acudieron al lugar para apagar dicho siniestro, el cual argumentaron, fue casi imposible controlar debido a las altas temperaturas que mantienen la maleza y casi todo muy seco. Con la ayuda del viento un incendio de esta magnitud se vuelve incontrolable.

En estos días se dio una alerta roja en Petén por incendios forestales, donde se confirmaron  25  en áreas protegidas de  San Andrés, Flores, Uaxactún, El Zotz y la Primera Brigada de Infantería. En Yaloch, Melchor de Mencos y Granja Santa Ana, en el municipio del mismo nombre, Peñón de Buena Vista, La Florida, Triángulo Candelaria, San Miguel La Palotada, Cruce Los Pescaditos, y La Pava.

En Mayo se esperaban lluvias intensas, sin embargo no fue así, cayeron algunas muy leves, lo que provocó que la temperatura se elevara. Las causas de las altas temperaturas tiene varias razones, una de ellas y la más conocida, el calentamiento global, en Sayaxché a ocurrido una descomunal tala de los bosques, para distintos fines: agrícolas, siembra de maíz, frijol, entre otros, el monocultivo, la ganadería, las invasiones, y muchas otras causas.

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En lo que respecta a las especies vegetales el problema no es menor, Guatemala está ubicado en uno de los centros de origen y diversidad vegetal y Petén constituye su mayor reserva de bosque tropical. La extinción de especies vegetales es una seria preocupación, dado que se sabe muy poco de ellas y el peligro es eminente ante la falta de agua en los afluentes naturales por la ampliación de la frontera agrícola, los cultivos de palma africana y deforestación, que está contaminando  las reservas naturales peteneras y de Alta Verapaz

La escasés de agua es  más fuerte durante la temporada de calor ya que los afluentes naturales se secan más rápido. El parque nacional Laguna del Tigre ubicado en San Andrés, sigue siendo destruido por el avance de la frontera agrícola, palma africana, deforestación y  la ganadería.

En la gran mayoría de los casos no son causas naturales las que provocan el fuego, sino la acción humana, de industrias, la ampliación de la frontera agrícola y la tala ilegal de los bosques

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UVOC: tierra derecho histórico de los pueblos

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Por: Rony Morales

El caso de los conflictos agrarios se refiere a disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos agrarios están determinados en Guatemala por los contínuos procesos históricos de usurpación de tierras y de explotación de unos grupos sociales sobre otros.

Esta es la disputa del derecho histórico de las poblaciones indígenas por la tierra, el territorio y el derecho que se atribuyen los propietarios terratenientes en función de la propiedad de la tierra respaldada por el Registro de la Propiedad.

Como veremos en los casos recopilados, en este Inventario de conflictos, existe en la mayoría de ellos un reclamo de las comunidades por la propiedad de la tierra porque ellos la ocupan y la trabajan. En muchos casos son generaciones las que han reproducido sus formas sociales en esas tierras, mientras que en la mayoría de casos hay personas mestizas, extranjeras y algunas indígenas que reclaman los derechos legales de esta y exigen el desalojo de las comunidades ocupantes.

Se reunieron miembros de la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA- con representantes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-este 6 de mayo, con el fin de establecer la ruta a seguir para la pronta atención y resolución de los casos algunos priorizados.

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 Santa Inés

En el año 2000 un grupo de familias mayas poqomchi’ que  durante el tiempo del conflicto armado interno debieron abandonar estas tierras,  retornan luego de los Acuerdos de Paz  y deciden recuperar su tierra por la necesidad de alimentación y vivienda.

La comunidad de Santa Inés ha sufrido 4  desalojos,  dos judiciales en los que estuvieron presentes funcionarios del Ministerio Público, Juez de Paz, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos, aproximadamente 160 elementos de la Policía Nacional Civil y un pelotón de miembros del ejército nacional. Estos desalojos se realizaron uno en el año 2002, otro en el 2004 y un tercer desalojo extrajudicial en el año 2006 en donde participaron personas armadas contratadas por la supuesta propietaria, María de Jesús Sosa Lemus, que apareció en el año 2001.

 A estos miembros del pueblo maya poqomchi’ les han destruido los  cultivos, quemado la  ropa, los  han golpeado.15 familias han resistido todos estos golpes de impunidad  y aún permanecen en el área que les corresponde. Al investigar registralmente, se establece que la propiedad donde están asentados  pertenece a la finca matriz de una finca nacional cedida a la municipalidad de Santa Cruz. Estas tierras no han  tenido movimiento registral desde el año 1908.

Este tema se ha llevado a la mesa de negociación con autoridades de Alta Verapaz  desde hace 14 años, lamentablemente las autoridades no han querido ponerle atención al tema y varias veces intentaron deshacer el dialogo.

Se ha pedido hacer un geopocesionamiento, ubicación física, investigación registral y catastral de la  finca como compromisos con la mesa de negociación, en donde participan Gobernación, Secretaría Agraria, Fondo de Tierra, Catastro Nacional, Derechos Humanos y las comunidades afectadas.

 El caso de la finca Dulce Nombre es de acceso a la tierra y el motivo de requerir el apoyo de la SAA es por la conflictividad que existe dentro de mismo, es necesario conciliar entre las partes, ya que han existido varios percances. Para la atención del caso se debe convocar en la mesa a PDH, COPREDEH y Gobernación pero con personal de las oficinas centrales,  ya que el personal regional no toma acciones en el mismo.

El propietario Ricardo Gario ya presentó su carta de oferta al Fondo de Tierra el 30 de septiembre del 2014 en las oficinas regionales. El representante de la comunidad indica que al momento de empezar a gestionar la compra de la finca existía un solo grupo de 40 familias, pero al paso del tiempo surgieron ciertos problemas y se dividieron en dos grupos. Cuando iniciaron el proceso la finca no se encontraba ocupada

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 Jacolol, Cantiha y Secamquim: 250 familias desalojadas del Valle del Polochic se les resolvería el problema con la compra de 3 fincas para que las 250 familias se reubicaran, a pesar que existía una mesa de negociación a nivel de SAA no se ha solucionado, s a través del Fondo de Tierras en búsqueda de fincas, las cuales están en propuestas; Cantihá, Panzós, A.V., Finca Jacolol, Cahabon, A.V., Y la finca Tzibalpec Cahabón. A.V., asimismo manifiesta que existe la política de colonato, que puede facilitar el acceso a  esas fincas.

La finca que está más avanzada es la de Tzibalpec, ya que se cumplió con todo el proceso y solo está en fase de pagarla. Ahí se ubican  50 familias de Secamquim.

Las fincas que ya pasaron el proceso de calificación son Jacolol (50 familias), Tzibalpec, (50 familias) y la finca de Cantihá (50 familias). Aún se encuentra en proceso de reconocimiento. Pendiente queda Jalaute (100 familias) y no ha completado la documentación respectiva (carta de oferta ante el Fondo de Tierras).

Aldea Mocohan de Purulhá  es una comunidad propiamente  indígena que compró su tierra con monedas de plata y su título tiene el sello del Rey de España. Actualmente ha tenido amenazas de desalojo por finqueros vecinos.

En la actualidad terratenientes se han apoderado de las tierras y los comunitarios mediante su trabajo y esfuerzo se organizaron en la Asociación de Vecinos de la Aldea Mocohan, Purulhá, Baja Verapaz, con acompañamiento de UVOC. Hubo una primera reunión de la Secretaría Agraria en la Comunidad en donde se  solicita la presentación de estudio del RIC, una solución al problema de la tierra de la aldea y la exposición pública.

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 Estos son algunos casos de conflictividad agraria que se lleva como –UVOC- los cuales son un conjunto de problemas con sus propias particularidades, que en la historia agraria guatemalteca mantienen una alta susceptibilidad de generar tensiones locales, a veces,  desembocando en la violencia.

Estamos viviendo en la última trinchera que le queda a las comunidades indígenas y las disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos agrarios están determinados en Guatemala por los continuos procesos históricos de usurpación de tierras y explotación de unos grupos sociales sobre otros.

El conflicto puede entenderse también como un factor fundamental para propiciar el cambio social, una expresión de las contradicciones respaldadas por factores históricos y también coyunturales entre dos o más personas o grupos culturales, sociales, económicos, políticos, ideológicos o una combinación de estos. Es decir, que no podría considerarse una sociedad sin conflictos, al ser estos inherentes a la vida social, los cuales generalmente implican cambios y pueden jugar un papel dinamizador de las relaciones sociales.

Para solucionar el caso el Registro de Información Catastral –RIC- debe presentarse el estudio histórico, informe registral y catastral de la situación real de la tierra, es importante que en esta presentación se encuentre el alcalde del municipio, la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA-, Fondo de Tierras y PDH. Deben encontrar una solución para minimizar la susceptibilidad de generar tensiones locales, a veces,  desembocando en la violencia, además que se pueda terminar con el conflicto para propiciar el cambio social.

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Amenazas a la biodiversidad ponen en riesgo nuestra identidad

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Por: Lourdes  Gómez Willis

Guatemala  enfrenta  una  severa  crisis   socio ambiental  que ha desencadenado de forma  dramática en la pérdida irreversible de los sistemas ancestrales de tenencia de la biodiversidad  y  los  recursos   asociados  a  esta.

La  lógica  de  la  economía  de  mercado  transnacional ha garantizadolas  condiciones de  intervención política que instauran de forma estratégica  acciones   jurídicas desde la óptica  internacional  de los Estados,  que al  ser introducidos  dentro  del  ordenamiento   jurídico  interno, no  consideran los  sistemas jurídicos  ancestrales  de los pueblos indígenas.

En este  contexto es necesario cuestionar y  frenar  aquellas   acciones   que se  encaminan a negar  los sistemas de relación  colectiva de los pueblos  indígenas, a partir  de la  negación que ha ejercido el Estado de Guatemala al propiciar las condiciones jurídicas a las  transnacionales  para patentar, registrar, hasta  concesionar   los  derechos  colectivos   sobre  los sistemas  de  tenencia  ancestral  sobre  la  biodiversidad y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, sin que estas tengan conocimiento al respecto.

Para  el  caso  de Guatemala, la ratificación del convenio  sobre  diversidad biológica, a través del  Decreto número 5-95 del  Congreso de la  República, propició la  adopción de  protocolos, que no son más que la  legalización de un sistema de saqueo, que   formaliza  las  condiciones  de orden  administrativo para  las negociaciones entre  los  Estados  partes o   entre el Estado y transnacionales interesadas en el acceso a los recursos bioculturales en territorios  indígenas.

Entre  las  consecuencias, ya  visibles  de este   sistema  de saqueo  se ha  podido  evidenciar  que el Estado  actualmente promueve  la  validación  de propuestas  sobre políticas públicas  que  respaldan  iniciativas  de ley abordando el  control  sobre la  biodiversidad,  acceso a recursos genéticos. Ademásotorgan derechos  de propiedad  intelectual.

Con respecto al desarrollo de  biotecnología, para la  liberación, experimentación  y  comercialización de Organismos Vivos Modificados –OVM-,sin que se hayan realizado hasta  la fecha consultas  de acuerdo  a los principios del  Convenio  169, esto debidoa que no  consideran   aquellos  impactos   adversos   de  todo  este  sistema  que   vulnera  los  medios de  vida  de los pueblos  indígenas.

Ante  dicha  situación, es  inminente   la importancia  del posicionamiento  y  empoderamiento que los  pueblos  indígenas y campesinos  de Guatemala hagan conjuntamente con las  autoridades  ancestrales,   para  construir  a  partir de los  sistemas  jurídicos  ancestrales propios  de cada uno de los pueblos, mecanismos de protección para la biodiversidad y  conocimientos  tradicionales  desde  la  mirada   colectiva  en  favor de la  madre  tierra y  no  en contra  de  sus  derechos  históricos.

San Pedro Carchá: ahora se compra el agua

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Por: Gilberto Che

La variación climática que afecta a todos sin importar las características de familias  q’eqchi´ del municipio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz, no es la excepción.

El 19 mayo  de año, inició la caída de la lluvia en forma tormentosa en las comunidades. Esto  no es normal en la tierra del tezulutlán, muchas familias q’eqchi´ son afectadas por el cambio climático, la falta de agua potable y poco acceso que se tiene a los ríos.

Todo esto se ha incrementado este año de forma inesperada para la población maya, la sequía en la tierra vulnera la siembra y producción, las familias protectoras han dicho que por causa de la falta de agua, temen que la cosecha de maíz criollo no se de y esto contribuya a la desnutrición y pobreza.

Esto también vulnera a las mujeres que se dedican al trabajo doméstico  y a sus familias, ya que se exponen  a caminar largas distancias, acarrear  agua o comprarla como es el ejemplo de la región 5 y 24 de Carchá.

Esta situación obedece a la degradación del medio ambiente, es decir la tala inmoderada de los bosques, la destrucción del ecosistema y la utilización de manera inadecuada los productos químicos en la agricultura.

En ese sentido es evidente la vulnerabilidad de las familias en el área rural producto de la desigualdad, la marginación y la falta de políticas públicas para darle atención a las necesidades básicas de la población, puesto que la situación se ha venido presentando desde hace muchos años y nadie se preocupa para contrarrestarlo, no se visibiliza y pasa desapercibida.

Actualmente el aumento del calor se ha dado significativamente y la caída de la lluvia se ha combinado entre granizos, relámpagos y vientos fuertes que provocan daños a la agricultura e  infraestructura de las viviendas, que pude provocar pérdidas humanas.

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Santa Inés: familias pocomchi´ buscan recobrar su tierra después de 136 años

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Por: Rony Morales

Situada en Santa Cruz, Alta Verapaz, la comunidad de Santa Inés, está integrada por 20 familias poqomchi´ que carecen de documentos de propiedad en su mayoría, sin embargo les asiste el derecho de vivir ahí  – desde el 20 de noviembre de 1880, cuando  en ese entonces, el Presidente de la República Justo Rufino Barrios,  firma un acuerdo gubernativo, el cual distribuye las tierras  entre sus vecinos. Siendo ellos vecinos y habitantes de esos lugares, les asiste el derecho a ser protegidos por el Estado. En caso contrario habría un trato discriminatorio hacia este sector de campesinos.

Durante la guerra interna en el país,las familias de Santa Inés tuvieron que desplazarse y movilizarse  a otros municipios de Alta Verapaz y del país  para poder sobrevivir, volviendo a su territorio,  lugar de origen  en el año 2000, cuatro años después de la firma de los Acuerdos de Paz.

Cuando retornaron a sus tierras  ya no encontraron sus viviendas, sus terrenos estaban ocupados por otras familias, que con hostilidad y agresiones obstaculizaron el rehacer sus viviendas. Por la necesidad de la tierra permanecen ahí en condiciones  deplorables, todavía viven en viviendas improvisadas. Ya han trascurrido quince años a partir de la fecha en que retornaron.

Miembros de la Secretaria de Asuntos agrarios -SAA- con representantes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC– se siguen reuniendo en mesa de diálogo – buscando una ruta a seguir para la pronta atención y resolución a este caso de conflictividad agraria, que se refiere a disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos agrarios están determinados en Guatemala por los contínuos procesos históricos de usurpación de tierras y de explotación de unos grupos sociales sobre en Santa Cruz Alta Verapaz.

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Otro de los problemas entre los habitantes de las comunidades de Santa Inés y de Chajcoxoj, se agudizó desde el 2002. Esto sucedió cuando la comunidad de Chajcoxoj mediante cesión de derechos de tierras, dejaron ingresar a personas que no han respetado los límites territoriales y  las posesiones anteriores. Se han ubicado a las personas de nuevo ingreso en áreas  que no les corresponde, afectando a las 20 familias poqomchi´ de Santa Inés.

Por su parte la comunidad de Santa Inés le solicita al Registro de Información Catastral –RIC- que sea presentado el informe registral y catastral de la situación real de la tierra y que en esta presentación se encuentre el alcalde del municipio, la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA-, el Fondo de Tierras, -UVOC-, PDH, Gobernación departamental, la comunidad  Chajcoxoj y La Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos –COPREDEH-, a quienes se le estarán planteando algunas propuestas sobre una ruta desolución vía compra, o mediante el decreto 27-80 del Congreso de la República, pues hay derechos inscritos de campesinos miembros de la comunidad donde fallecieron intestados, tal es el caso de Paula Véliz.

Constantemente agredidos por la comunidad vecina Chajcoxoj, integrada por grupo de copropietarios del resto de la finca matriz,  miembros de la comunidad de Santa Inés han denunciadolas agresiones al juzgado de paz de Santa Cruz A.V., pero este Juez nunca los atendió, actuando de forma  discriminatoria, prepotente, con poco interés  y maltratos hacia los denunciantes de la comunidad.

Comunitarios indicaron que  no se sabía el porqué de la actitud del juez, esto los llevó a  investigar la situación actual de la finca y   recientemente, al obtener información actualizada de la finca en litigio, aparece el Juez Guillermo Abrahan Quej Chen como propietario de una parte de la finca. De esa manera entendieron por qué  el Juez no actuó al momento de los campesinos  denunciar las  agresiones en el juzgado de paz de Santa Cruz Alta Verapaz.

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