Semuq Champey y el desalojo de su tierra ancestral

Por: Rony Morales

Hemos recibido llamadas desesperadas de auxilio de la gente que vive en las cuatro comunidades q´eqchi´es: Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Llevan mucho tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y paramililtares. Desde el 4 de julio de 2016, 200 patrullas alrededor y de 800 elementos  se encuentran en el lugar generando  violencia y tratando de llevar a cabo un desalojo en contra de estas comunidades ancestrales.

El origen del conflicto es la mala administración que la municipalidad y el Conap hacían en esta área protegida, y la mala negociación por parte de autoridades gubernamentales. Este no es para nada el país ni la sociedad en la que queremos vivir. En este espacio territorial en donde habitamos, un grupito intenta consolidar más su poder mediante vías violentas para enriquecerse, así sin más.

Los comunitarios han denunciado el incumplimiento de parte de la municipalidad local y el Conap, y la entrega del 30 por ciento de los ingresos generados por el turismo en el centro a manos indebidas. Estos ingresos les corresponden por mandato legal, según decreto 25-2005, Ley de declaración de área protegida en el año 2005, además el lugar está localizado en el territorio que les pertenece ancestralmente.

Foto: La masa

Los pobladores de los caseríos antes mencionados fueron objeto  de desalojo por parte de un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) que siguen en el centro turístico y pide refuerzos para seguir generando violencia. Los pobladores de origen maya q’eqchi’, desde 2015 han exigido el cumplimiento de disposiciones legales sobre el ingreso generado en el centro turístico y balneario Semuc Champey.

Entre las recomendaciones del Informe sobre situación de los Derechos Humanos en Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA de 2015, la relacionada con el desalojo de comunidades y pueblos indígenas señala que debe ser una circunstancia excepcional, porque los desalojos constituyen graves violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, tales como el de la vivienda, salud, alimentación entre otros. También se recomienda privilegiar el diálogo antes que el uso de la fuerza y la violencia del Estado.

Hasta el último momento de esta publicación, los comunitarios esperan la presencia e intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos en el lugar.Las autoridades indígenas y habitantes de las comunidades se oponen que el Conap siga administrando Semuc Champey por distintas anomalías,tales como la corrupción y el descuido del lugar sagrado. Además, se oponen por la prohibición de la entrada a las personas que ahí viven, y por el incumplimiento de compromisos que se habían hecho con esta entidad. Por lo que decidieron volver a gestionarlo en la comunidad.

Hoy, 6 de julio de 2016, la gente resiste, cantando, orando y unida. Con toda la dignidad del mundo no se ha permitido que les arrebaten con lujo de fuerza el poco espacio de vida que les queda y que les corresponde históricamente.Y digo históricamente porque a lo largo de la historia les ha sido arrebatada toda posibilidad de vivir de verdad. La maldición de la democracia nos genera un mal sabor de boca permanente, pues el grupo de gente que está en el gobierno y que ha sido electa “popularmente”debería responder a quienes los eligen.Sin embargo, responde a quienes les pagan, a quienes los financian.

Lamentablemente el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y otras entidades del Estado han tergiversado la postura comunitaria y estigmatizado a las autoridades y comunitarios. Incluso han pedido a los turistas que no visiten el lugar, llamándolo área roja.Las autoridades y los mismos visitantes desmienten que haya peligro para ellos.Incluso, su postura es que la de que el lugar es más seguro y limpio siendo administrado por las comunidades, pues generan su propio trabajo beneficiándose hombres, mujeres y ancianos. El desalojo es un hecho que violenta y criminaliza a las autoridades y defensores de la naturaleza y el patrimonio comunitario, defensores legítimos del territorio de los pueblos indígenas, en este caso q’eqchi’es.

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Publicado el 5 julio, 2016 en Casos Comunitarios, Coban, Guatemala, Libertad Expresion, Memoria Historica, Q'eqchi', Tierra, UVOC, Verapaz. Añade a favoritos el enlace permanente. 2 comentarios.

  1. Situación lamentable, si el origen del conflicto como se hace mención es por la falta del cumplimiento de las autoridades de entregar a las comunidades el porcentaje de ingresos que está en el acuerdo gubernativo, se debería de accionar legalmente por este tipo de robo. (que otro nombre se le puede dar) No debemos de olvidar que el Estado se constituyó para legalizar lo despojado a los pueblos indígenas. Nos queda seguir unificando nuestras luchas para cambiar el Estado actual. Los pueblos indígenas debemos de ser parte de la administración de los recursos y cambiar los esquemas que nos sigan tratando como mano de obra barata.

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  2. Rocio González

    Con un nudo en la garganta despues de leer esto. ¿Porque querer desalojar a las comunidades de este pedazo de tierra que les pertenece? ¿Quienes mejor que ellos para manejar los recursos de este lugar que es SU lugar? Las comunidades no necesitan de la “ayuda” del CONAP ni ninguna otra entidad del gobierno para manejar su propia casa. Ellos lo estan haciendo muy bien y de forma equitativa entre todas las comunidades. Viajé a este lugar recientemente y tuve la oportunidad de platicar con varias personas de las diferentes comunidades y ellos estan satisfechos con su trabajo asi como tambien los turistas, No se percibe ninguna irregularidad en su forma de administrar los ingresos que este recurso natural les brinda. Las personas de las 4 comunidades se turnan cada semana para administrar el parque. Las mujeres de las comunidades se situan en las afueras para vender comida, mientras que algunos hombres se quedan adentro como guarda recursos y lo hacen muy bien. Hay personas con chalecos salvavidas a cada pocos metros que velan por los turistas y a la hora de retirarse se aseguran que los turistas hayan salido de las pozas de agua también para evitar accidentes. Algunas otras personas se quedan en la entrada cobrando lo justo (e incluso hasta muy barato para los extranjeros) por persona que ingresa al parque y hay pick ups 4×4 que salen cada poco de y hacia lanquin para llevar a los turistas al parque. Por otra parte CONAP ha prometido a las comunidades arreglar el camino que lleva a Semuc Champey desde el año pasado y no lo han hecho y cabe mencionar que el camino esta en muy malas condiciones por lo que muchos turistas prefieren no tomar el rriesgo. Además mientras el CONAP estuvo administrando el lugar dejaron a trabajadores fijos en el parque perjudicando a las comunidades, que muy sabiamente prefieren repartirse el trabajo e ingresos equitativamente. Estoy en total desacuerdo con las medidas que esta tomando el gobierno en este lugar, es antietico y viola completamente los derechos que tienen estas personas ¿Quien esta invadiendo el lugar? ¿Las comunidades o las entidades del gobierno?

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