«Día de la Constitución»

Por: Andrea Ixchíu Hernández. 

Hace 31 años, el 31 de mayo de 1985 se aprobó la vigente mas no positiva Constitución Política de la República de Guatemala por medio de una Asamblea Nacional Constituyente.

Este fue un pacto político escrito entre las élites del país en un momento de masacres y genocidio contra los pueblos mayas que habitan este territorio y que casi nada participaron de esta construcción. Una Constitución que apenas reconoce nuestra existencia, nuestros modos de vida, nuestras culturas y sistemas de organización.

Ahora que el sistema de justicia «oficial» quiere reformarse así mismo y busca reconocer el sistema jurídico de los pueblos indígenas, nuevamente las élites se oponen y sentencian que reconocer los derechos de los pueblos indígenas atenta contra el «Estado de Derecho», la «Institucionalidad del Estado» y la «Unidad Nacional».

¿De qué estado de derecho hablan? Cuando en este país no se garantiza el bien común y la corte de constitucionalidad emite fallos en favor de militares genocidas y empresas contaminantes que atentan contra la vida y la dignidad humana.

¿De qué Institucionalidad hablan? Cuando no hay cobertura suficiente de salud, educación, vivienda, agua potable. Cuando lo único que han creado son instituciones que causan hambre, que roban y agreden cotidianamente al Pueblo.

¿De qué Unidad Nacional hablan? Si este es un país lleno de desigualdad económica, política, social, que mal educa para la competencia. En dónde desde la casa hasta la universidad y pasando por las iglesias se enseñan la «ley de la selva», el «sálvese quien pueda», el «primero mis dientes después mis parientes», como reglas de vida.

Criticar este Estado, exigir fundar algo nuevo, mucho más incluyente y ético es un derecho y un deber. Seguir solapando al estado racista que tenemos es una traición a esta sociedad.

UVOC: tierra derecho histórico de los pueblos

Por: Rony Morales

El caso de los conflictos agrarios se refiere a disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos agrarios están determinados en Guatemala por los contínuos procesos históricos de usurpación de tierras y de explotación de unos grupos sociales sobre otros.

Esta es la disputa del derecho histórico de las poblaciones indígenas por la tierra, el territorio y el derecho que se atribuyen los propietarios terratenientes en función de la propiedad de la tierra respaldada por el Registro de la Propiedad.

Como veremos en los casos recopilados, en este Inventario de conflictos, existe en la mayoría de ellos un reclamo de las comunidades por la propiedad de la tierra porque ellos la ocupan y la trabajan. En muchos casos son generaciones las que han reproducido sus formas sociales en esas tierras, mientras que en la mayoría de casos hay personas mestizas, extranjeras y algunas indígenas que reclaman los derechos legales de esta y exigen el desalojo de las comunidades ocupantes.

Se reunieron miembros de la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA- con representantes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-este 6 de mayo, con el fin de establecer la ruta a seguir para la pronta atención y resolución de los casos algunos priorizados.

 Santa Inés

En el año 2000 un grupo de familias mayas poqomchi’ que  durante el tiempo del conflicto armado interno debieron abandonar estas tierras,  retornan luego de los Acuerdos de Paz  y deciden recuperar su tierra por la necesidad de alimentación y vivienda.

La comunidad de Santa Inés ha sufrido 4  desalojos,  dos judiciales en los que estuvieron presentes funcionarios del Ministerio Público, Juez de Paz, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos, aproximadamente 160 elementos de la Policía Nacional Civil y un pelotón de miembros del ejército nacional. Estos desalojos se realizaron uno en el año 2002, otro en el 2004 y un tercer desalojo extrajudicial en el año 2006 en donde participaron personas armadas contratadas por la supuesta propietaria, María de Jesús Sosa Lemus, que apareció en el año 2001.

 A estos miembros del pueblo maya poqomchi’ les han destruido los  cultivos, quemado la  ropa, los  han golpeado.15 familias han resistido todos estos golpes de impunidad  y aún permanecen en el área que les corresponde. Al investigar registralmente, se establece que la propiedad donde están asentados  pertenece a la finca matriz de una finca nacional cedida a la municipalidad de Santa Cruz. Estas tierras no han  tenido movimiento registral desde el año 1908.

Este tema se ha llevado a la mesa de negociación con autoridades de Alta Verapaz  desde hace 14 años, lamentablemente las autoridades no han querido ponerle atención al tema y varias veces intentaron deshacer el dialogo.

Se ha pedido hacer un geopocesionamiento, ubicación física, investigación registral y catastral de la  finca como compromisos con la mesa de negociación, en donde participan Gobernación, Secretaría Agraria, Fondo de Tierra, Catastro Nacional, Derechos Humanos y las comunidades afectadas.

 El caso de la finca Dulce Nombre es de acceso a la tierra y el motivo de requerir el apoyo de la SAA es por la conflictividad que existe dentro de mismo, es necesario conciliar entre las partes, ya que han existido varios percances. Para la atención del caso se debe convocar en la mesa a PDH, COPREDEH y Gobernación pero con personal de las oficinas centrales,  ya que el personal regional no toma acciones en el mismo.

El propietario Ricardo Gario ya presentó su carta de oferta al Fondo de Tierra el 30 de septiembre del 2014 en las oficinas regionales. El representante de la comunidad indica que al momento de empezar a gestionar la compra de la finca existía un solo grupo de 40 familias, pero al paso del tiempo surgieron ciertos problemas y se dividieron en dos grupos. Cuando iniciaron el proceso la finca no se encontraba ocupada

 Jacolol, Cantiha y Secamquim: 250 familias desalojadas del Valle del Polochic se les resolvería el problema con la compra de 3 fincas para que las 250 familias se reubicaran, a pesar que existía una mesa de negociación a nivel de SAA no se ha solucionado, s a través del Fondo de Tierras en búsqueda de fincas, las cuales están en propuestas; Cantihá, Panzós, A.V., Finca Jacolol, Cahabon, A.V., Y la finca Tzibalpec Cahabón. A.V., asimismo manifiesta que existe la política de colonato, que puede facilitar el acceso a  esas fincas.

La finca que está más avanzada es la de Tzibalpec, ya que se cumplió con todo el proceso y solo está en fase de pagarla. Ahí se ubican  50 familias de Secamquim.

Las fincas que ya pasaron el proceso de calificación son Jacolol (50 familias), Tzibalpec, (50 familias) y la finca de Cantihá (50 familias). Aún se encuentra en proceso de reconocimiento. Pendiente queda Jalaute (100 familias) y no ha completado la documentación respectiva (carta de oferta ante el Fondo de Tierras).

Aldea Mocohan de Purulhá  es una comunidad propiamente  indígena que compró su tierra con monedas de plata y su título tiene el sello del Rey de España. Actualmente ha tenido amenazas de desalojo por finqueros vecinos.

En la actualidad terratenientes se han apoderado de las tierras y los comunitarios mediante su trabajo y esfuerzo se organizaron en la Asociación de Vecinos de la Aldea Mocohan, Purulhá, Baja Verapaz, con acompañamiento de UVOC. Hubo una primera reunión de la Secretaría Agraria en la Comunidad en donde se  solicita la presentación de estudio del RIC, una solución al problema de la tierra de la aldea y la exposición pública.

 Estos son algunos casos de conflictividad agraria que se lleva como –UVOC- los cuales son un conjunto de problemas con sus propias particularidades, que en la historia agraria guatemalteca mantienen una alta susceptibilidad de generar tensiones locales, a veces,  desembocando en la violencia.

Estamos viviendo en la última trinchera que le queda a las comunidades indígenas y las disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos agrarios están determinados en Guatemala por los continuos procesos históricos de usurpación de tierras y explotación de unos grupos sociales sobre otros.

El conflicto puede entenderse también como un factor fundamental para propiciar el cambio social, una expresión de las contradicciones respaldadas por factores históricos y también coyunturales entre dos o más personas o grupos culturales, sociales, económicos, políticos, ideológicos o una combinación de estos. Es decir, que no podría considerarse una sociedad sin conflictos, al ser estos inherentes a la vida social, los cuales generalmente implican cambios y pueden jugar un papel dinamizador de las relaciones sociales.

Para solucionar el caso el Registro de Información Catastral –RIC- debe presentarse el estudio histórico, informe registral y catastral de la situación real de la tierra, es importante que en esta presentación se encuentre el alcalde del municipio, la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA-, Fondo de Tierras y PDH. Deben encontrar una solución para minimizar la susceptibilidad de generar tensiones locales, a veces,  desembocando en la violencia, además que se pueda terminar con el conflicto para propiciar el cambio social.

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