Pobladores de San Juan Ixcoy se alertan con más presencia policial

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Por: Kaxhin Tz’ikin

23 de mayo de 2016. La presencia de tres patrullas de la división de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (DIFEP) alerta a los vecinos y vecinas del municipio San Juan Ixcoy, Huehuetenango ya que se desconocen los motivos por los que están dentro del territorio q’anjob’al.

A partir de septiembre de 2013, las organizaciones sociales Syajavil Konob’ del territorio q’anjob’al, chuj, akateko y mestizo, alcaldes municipales del territorio, el Gobernador Departamental, el ministro de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y representantes de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), entre otras instituciones, se reunieron en el salón de sesiones de la gobernación de Huehuetenango, donde acordaron que la presencia de la PNC o el ejército dentro del territorio, no contribuye a solucionar los problemas que se han generado y que están latentes a causa de las empresas extractivas (minería, hidroeléctricas y monocultivos), por lo que uno de los acuerdos establece el retiro de las mismas del territorio, quedándose únicamente las que están en las subestaciones para mantener el orden. También se acordó que se publicarían en diferentes medios de comunicación, los nombres de quienes tienen órdenes de captura relacionados a la minería e hidroeléctrica.

Autoridades comunitarias, autoridades ancestrales y organizaciones sociales del territorio q’anjob’al, chuj, akateko y mestizo conviven dentro del territorio, y los unen las luchas y convivencia histórica. Por lo que en conjunto han rechazado los proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos, petroleros y monocultivos que se imponen en el lugar. Esto se debe a que su presencia ha generado muertes, asesinatos, secuestros, migración, criminalización, destrucción y rompimiento del tejido social.  La fuerza pública (PNC y militares) ha sido utilizada para la defensa de las empresas que se imponen, y mediante la violación de los derechos y agresiones constantes a la población. Se ha manifestado que el problema no se resuelve con violencia, sino que debe abordarse mediante diálogos y negociaciones pero con normas acordadas por las partes.

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Publicado el 23 mayo, 2016 en Guatemala. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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