Autoridades comunitarias de Barillas en prisión y la audiencia de presentación de pruebas

Por: Santiago Bastos

El día 21 de abril se llevó acabo la Audiencia de presentación de pruebas en el caso que el Tribunal de Mayor Riesgo A que se sigue contra Arturo Pablo, Francisco Juan y Adalberto Villlatoro por su supuesta participación en los hechos que derivaron en su puesta en libertad el 23 de enero de 2014.

Ante las pruebas presentadas por el representante del Ministerio Público, el licenciado Mynor Aguilar Bernardino, los abogados defensores de los imputados no tuvieron  objeción alguna. En cambio el MP objetó dos peritajes presentados por el abogado Benito Morales, abogado de Arturo Pablo: el denominado “Procesos sociales de percepción de amenaza en la movilización  social de un grupo personas”, por la psicóloga social Olga Alicia Paiz y el denominado “El fenómeno de la criminalización de la protesta social a la luz de los Derechos Humanos”, presentado por el abogado Ramón Cadena.

De los presentados por el licenciado Édgar Pérez, el Ministerio Público objetó el testimonio especial de Santiago Bastos “Contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango, así como la presencia del licenciado Víctor Hugo Ma Villatoro –representante legal de Hidro Santa Cruz- como testigo presencial, y el informe “Estructura Criminal, Conflicto Social Huehuetenango, Mayo 2014” redactado por este mismo licenciado y en manos del Ministerio Público.  Según el licenciado Mynor Aguilar,  toda esa información no tenía nada que ver con el caso que se juzgaba.

La jueza Claudette Domínguez resolvió admitir los peritajes presentados por el licenciado Benito Morales así como el testimonio experto presentado por el abogado Édgar Pérez. Sin embargo, comunicó que ni el licenciado Ma Villatoro ni el informe serían considerados medios de prueba.

Ante esta decisión, Benito Morales mostró su desacuerdo, pues ese informe es una prueba necesaria para mostrar la injerencia de la empresa Hidro Santa Cruz en el proceso penal, pues fue elaborado por el lic. Ma Villatoro con un título que ya muestra la forma de entender a la oposición a la hidroeléctrica, y fue proporcionado por este licenciado al Ministerio Público, guiando desde entonces su accionar. Por ello, insistió, es necesario que quien juzgue el caso conozca este informe.

Por su parte el licenciado Édgar Pérez llamó la atención en el hecho de que en el mencionado informe aparecen los nombres de los principales líderes del norte de Huehuetenango, justo los que hoy están todos detenidos después de que el licenciado Ma Villatoro lo entregara a la Fiscalía de Derechos Humanos.

Ambos abogados, apoyados por el licenciado Sagastume, pidieron también la comparecencia del lic. Ma Villatoro como testigo presencial, pues su salida del Cent ro de Administración de Justicia –CAJ de Santa Eulalia el día 23 de enero de 2014 sin ningún problema mostraba que las acusaciones de supuesto “secuestro” por parte de la población eran infundadas

Pese a estos razonamientos, la jueza Claudette Domínguez reafirmó su decisión, con la  argumentación de que ella sabía que había un problema con hidroeléctrica en Barillas, pero que eso no tenía nada que ver con los hechos que se juzgaban en esa sala: “la retención de los trabajadores del CAJ por 8 o 10 horas y la presión la juez para obligarle a cambiar una resolución previa. Si existe injerencia, es aparte de lo que ocurrió y se juzga en este proceso”

Con estas palabras dio por cerrada la sesión siendo las 17 horas y 18 minutos del  día 21 de abril de 2016.

 

 

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