Comunicado: “Encuentro Regional sobre derechos de las mujeres y las niñas en la migración“

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En Ciudad de Guatemala, los días 27, 28 y 29 de abril de 2016 fuimos convocados por Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, PCS (por sus siglas en inglés) al Encuentro Regional sobre Derechos de las Mujeres y Niñas en la Migración. Participamos 42 organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, mujeres y hombres de los pueblos indígenas y afrodescendientes, junto a representantes del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, una representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, una representante de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG), dos representantes de la Embajada de Suiza, representantes de la embajada de Noruega y organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y AWO International.

Este encuentro se constituyó en un importante espacio de intercambio de experiencias y análisis de las situaciones que viven mujeres y niñas mestizas, indígenas y afrodescendientes en los procesos de migración. La movilidad humana en los países de Centroamérica y México en su tránsito hacia los Estados Unidos engloba una serie de problemáticas y desafíos para la garantía de los derechos humanos que deben ser entendidos en clave regional y transnacional. El constante e incesante flujo migratorio es una expresión de la crisis humanitaria y de derechos humanos que lacera a México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En la última década este desplazamiento de personas ha ido cobrando una mayor importancia y dimensión, siendo Centroamérica y México uno de los principales corredores migratorios a nivel mundial.

La ruta migratoria que atraviesa Centroamérica y México con destino final a Estados Unidos, es considerada una de las más peligrosas del planeta, junto con la ruta que atraviesa el Mar Mediterráneo. En el corredor migratorio mesoamericano las y los migrantes son víctimas de violencia sexual, extorsión, secuestro, trata de personas, reclutamiento forzado para el crimen organizado, maras y pandillas. Se estima que cada año se desplazan en dirección a Estados Unidos, como país de destino, unas 400 mil personas procedentes de Centroamérica. Junto a las y los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, supone que hay más de 500 mil personas desplazándose anualmente, lo que indica que en la última década han transitado por los países de la región millones de personas migrantes y desplazados que requieren de protección internacional y humanitaria.

Muchas de las personas que se desplazan por la ruta migratoria y que son vistas como migrantes irregulares salen huyendo de sus países por la violencia, por lo que los Estados de la región deben reconocerles la condición de refugiados y otorgarles algún tipo de protección internacional. Actualmente, el Triángulo Norte de Centroamérica es la región más violenta del mundo, siendo El Salvador el país que tiene la mayor tasa de homicidios a nivel mundial, tomando el relevo de Honduras, que fue el país más violento del planeta entre los años 2010 y 2014. La violencia generalizada existente en el Triángulo Norte está forzando el desplazamiento de decenas de miles de personas, que tienen necesidad de protección internacional.

Otra de las mayores preocupaciones es que las políticas migratorias de Centroamérica, México y Estados Unidos no tienen un enfoque de derechos humanos, ni afrontan adecuadamente las causas que generan la migración y el desplazamiento forzado. Por el contrario, son políticas basadas en el cierre y militarización de fronteras con una mirada desde la doctrina de seguridad y no con un abordaje de la crisis humanitaria, caracterizada por el aumento de la pobreza en la región, el aumento de la violencia y el crimen organizado con el resultado de la expulsión de cientos de miles de centroamericanos y mexicanos anualmente. Soluciones de contención migratoria como el Programa Frontera Sur de México, respaldado por Estados Unidos, implican esta visión de seguridad nacional y están agudizando las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas en la ruta migratoria y hacen que las mujeres y niñas estén migrando en condiciones mayor vulnerabilidad. Igualmente, el Plan de la Alianza para la Prosperidad pareciera promover un modelo económico que ya está expulsando a miles de personas por falta de oportunidades.

Es necesario para los países de la región, así como para las sociedades centroamericanas y mexicana, reconocer la existencia de esta crisis humanitaria y de violencia. Debemos avanzar hacia políticas públicas nacionales y esfuerzos regionales que protejan los derechos humanos de las poblaciones y de las personas en la ruta migratoria y aborden adecuadamente las causas estructurales de la pobreza. Así como políticas que enfrenten el grave problema del desplazamiento forzado por razones económicas y de violencia.

Por lo tanto, declaramos que

  • Migrar es un derecho y los Estados deben proteger este derecho en el país de origen, en los países de tránsito, de destino y en el proceso de retorno. No migrar también es un derecho que debe ser garantizado con medidas económicas, políticas y sociales, propiciando condiciones de vida digna en los países de origen. Los Estados deben apoyar los esfuerzos de las organizaciones sociales que acompañan a las personas en la ruta migratoria, deben promoverse procesos de sensibilización a las sociedades para recibir a las y los migrantes como personas con derechos, se debe proveer acompañamiento psicosocial y se debe fortalecer la institucionalidad pública que recibe denuncias, investiga y juzga las violaciones a derechos de las y los migrantes.
  • Reconocemos que en instituciones gubernamentales de los países en la región hay funcionarios sensibilizados con la problemática, pero que ello debe ir acompañado de políticas públicas y programas dotados de recursos suficientes. Igualmente, reconocemos que existen en la región algunos avances para la atención de las demandas de protección de derechos de las y los migrantes, como por ejemplo el establecimiento del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda de personas migrantes desaparecidas.
  • Instamos a los Estados a legislar a favor de políticas públicas para frenar la deportación, incluyendo programas, protocolos de recepción digna e inserción de las personas retornadas a la vida económica y social. En Guatemala debe aprobarse con agilidad el Código Guatemalteco Migratorio que provea caminos para esta atención integral al fenómeno migratorio. Esta legislación debe plasmar estrategias específicas para la situación de las mujeres y niñas en la ruta migratoria.
  • Reconocemos las acciones de solidaridad que en la actualidad realizan pueblos, comunidades y organizaciones a lo largo de todo el corredor migratorio. Hacemos un llamado a las diversas organizaciones a fortalecer los esfuerzos por construir sociedades sensibilizadas en la defensa de los derechos de las personas migrantes, desplazadas y refugiadas. Un caminante extraviado, una migrante desaparecida, dejan un hondo vacío en la familia y en la sociedad. Todas y todos tenemos derecho a procurarnos vida digna, ya sea en el país de origen o en los destinos que elijamos en libertad. Demos la mano a las y los migrantes, generemos oportunidades y construyamos solidaridad.
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Publicado el 29 abril, 2016 en Guatemala. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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