Alzatate Jalapa: las comunidades se preparan para la Consulta Municipal de Vecinos

Por Nelton Rivera, con información de Yuri Melini.[1]

Las empresas extractivas buscan instalarse en todo el país, en muchos de los lugares por no decir en todos los mecanismos para hacerlo siguen siendo violentos con la complicidad de los gobiernos de turno, frente a esta dinámica las comunidades en San Carlos Alzatate uno de los municipios de Jalapa, se preparan para realizar su propia consulta de vecinos, esta sería la tercer consulta en el departamento y la primer consulta del 2016 en el país.  

Los vecinos de las comunidades del municipio de San Carlos Alzatate en el departamento de Jalapa en el oriente del país, están dedicados a la preparación de la Consulta Municipal de Vecinos, esta consulta tiene como sustento legal el Código Municipal y tiene como objetivo realizar la consulta libre e informada a todos los vecinos sobre su acuerdo o desacuerdo con el tema de la industria extractiva y megaproyectos como la minería, hidroeléctricas, represas y otros.

Para esto, realizan varios encuentros para informarse sobre la minería en Guatemala, efectos y consecuencias que han provocado en muchos territorios del país. Los vecinos comenzaron a firmar la petición para que la Municipalidad de San Carlos Alzatate de tramite a la convocatoria de la Consulta de Vecinos, en la preparación están las autoridades indígenas comunitarias, la Pastoral Social y una junta coordinadora que está integrada por distintos sectores de la sociedad de Alzatate, CALAS, CODIDENA, FUNDEBASE, entre otras.

El Código Municipal en su sección “INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA” en sus artículos 60 al 66 define el procedimiento para la realización de procesos de información, consulta y tomo de decisión de toda la población con carácter vinculante.

Articulo 64 Consulta  a  solicitud  de  los  vecinos. Los  vecinos  tienen  el  derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a  asuntos  de  carácter  general  que  afectan  a  todos  los  vecinos  del  municipio.    La  solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento (10%) de los vecinos empadronados en el municipio.  Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado.

Articulo 65 Consultas  a  las  comunidades  o  autoridades  indígenas  del  municipio.  Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo  Municipal  realizará  consultas  a  solicitud  de  las  comunidades  o  autoridades  indígenas,  inclusive  aplicando  criterios  propios  de  las  costumbres  y  tradiciones  de  las  comunidades indígenas.[2]

Rechazo social a las empresas extractivas

Las comunidades mestizas e indígenas Xincas del territorio de Jalapa durante los últimos 8 años se han estado movilizando para proteger los bienes naturales,  fundamentalmente el agua, la presencia e instalación de empresas extractivas con distintos megaproyectos como la minería e hidroeléctricas llevaron consigo la violencia, estigmatización y criminalización de la organización comunitaria y social opuesta a las empresas.

Desde el año de 1999 hasta el año 2014 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó 12 licencias de explotación minera en el departamento de Jalapa, licencias como: “Andrés, Mitch, Ariela, Pidrineria la Colina, El Salto, Caminos, Lucero, Cantera Piñuelas, El Pato II, Explotación Minera El Caramo, Área de aprovechamiento minera La Ventana Verde y Juan Bosco”, involucran a igual cantidad de empresa en su mayoría tres de estas licencias son propiedad de la empresa Minera San Rafael (Andrés en San José Pinula y Mataquescuintla, Lucero en San Carlos Alzatate, Monjas, Jalapa y Jutiapa y Juan Bosco en Mataquescuintla, Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores).[3]

El rechazo pacifico de las comunidades mestizas y Xincas de Jalapa frente a las empresas nacionales o transnacionales tuvo como respuesta la criminalización de sus formas propias organizativas, la estigmatización de quienes defienden sus derechos, la persecución penal y la represión desde el Estado y de las empresas, especialmente la Minera San Rafael, atentados armados contra líderes y lideresas, militarización, presos políticos y Estados de Sitio.

Las consultas de vecinos y de Buena Fe en Jalapa

En Mataquescuintla “Colis” uno de los municipios de Jalapa, el día 11 de noviembre de 2012 fue la fecha que se programó para la votación, 35 centros de votación en igual cantidad de comunidades que forman el municipio fueron habilitados, ese día miles de personas participaron, 9, 166 personas rechazaron la extracción minera en el municipio.

“Diez mil 22 vecinos votaron contra la minería, 169 a favor, 169 votos fueron nulos y 23 en blanco. En total hubo 35 centros de votación y participaron 10 mil 375 de 19 mil 700 empadronados.”[4]

El 10 de noviembre de 2013 se realizó la Consulta Comunitaria del municipio de Jalapa, para este proceso de consulta fueron habilitados 137 mesas de votación en 45 centros, al igual que la consulta de Mataquescuintla un año antes fue utilizado el padrón electoral para emitir el voto. El resultado ese domingo fue la participación de 23,150 personas las cuales rechazaron la minería en Jalapa.

“(98.30%) votaron en Contra de la Minería y 399 (1.70%) se pronunciaron en favor de la industria extractiva.”[5]  

Más información de la movilización en Jalapa:

Mataquescuintla: un nuevo atentado armado contra los defensores de la vida

Justicia: Mataquescuintla dignidad y lucha por la defensa del territorio

“Sufrimos mucho, pero sabemos que pronto nos vamos a reponer”

San Rafael Las Flores frente a la brutalidad de las transnacionales, el Estado de Guatemala y Canadá

[1] Yuri Melini, director del Centro de acción legal, ambiental y social (Calas), medico, cirujano y ambientalista guatemalteco.

[2] Código Municipal de Guatemala. Decreto  Numero 12-2002. Naciones Unidas. http://www.unicef.org/guatemala/spanish/CodigoMunicipal.pdf

[3] Derechos Mineros departamento de Jalapa. http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2015/06/Ot_jalapa.pdf

[4] Hugo Oliva. Realizan consulta comunitaria sobre minería en Mataquescuintla. 11 de noviembre 2012. http://www.prensalibre.com/jalapa/Consulta-Mineria-Jalapa_0_808719174.html

[5] CPR Urbana. Jalapa dice No a la Minería. 11 de noviembre 2013. http://cpr-urbana.blogspot.com/2013/11/jalapa-dice-no-la-mineria.html

Santa Eulalia: asociación de mujeres elabora nuevos proyectos ambientales

Por: David Diego

La Asociación de Mujeres Eulalenses para el Desarrollo Integral Pixan Konob’ AMEDIPK de Santa Eulalia se dedican a elaborar proyectos ambientales que beneficien a la población. Próximamente implementará un estudio experimental, que es la  siembra con semillas de encino y de especies nativas de la región.

Para esta Asociación es importante recuperar las especies nativas, ya que en los proyectos de incentivos forestales PINFOR, PINPEP y la nueva ley PROBOSQUE, que entró en vigencia en el año 2015 dando continuidad al PINFOR, no han dado valor a las especies nativas como son el encino y el escobillo o arrayán que es una planta medicinal.

En los parámetros técnicos del Instituto Nacional de Bosques –INAB-, no contemplan las semillas de especies nativas sino maderables como el pino, ciprés y pinabete para industrializar y comercializar la madera. AMEDIPK con acompañamiento de la Asociación Utz Che´ de Guatemala han emprendido la experimentación de  la siembra de estas especies ya que de esa forma contribuirá al rescate de las especies ya mencionadas

AMEDIPK es la única organización comunitaria de mujeres que trabaja con la implementación y ejecución de proyectos ambientales ingresados a los programas del Instituto Nacional de Bosques –INAB- ya que cuenta con un vivero forestal.

Santa Eulalia: “El Memorial de los Pueblos, no somos criminales somos defensores de los ríos y las montañas”

El Memorial de los Pueblos

“No somos criminales somos defensores de los ríos y las montañas”

Su excelencia Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala

CC.

Dr. Arnulfo Rafael Rojas Cetina, Presidente del Organismo Judicial

Licda. Thelma Aldana, Fiscal General del Ministerio Publico.

Lic. Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.

Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos

Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sra. Rose-Marie Belle Antoine, Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Las personas que firmamos somos representantes de organizaciones sociales, instituciones, autoridades, personalidades y pueblos en general.

Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las sistemáticas violaciones a nuestros derechos fundamentales, como consecuencia de la implementación del modelo extractivista en nuestros territorios, la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricas, petróleo, monocultivos, entre otros; todo sin el consentimiento y sin consulta previa a nuestros pueblos. Este momento histórico se debe considerar como el nuevo despojo en nombre del falso desarrollo.

En Guatemala, desde el año 2005 haciendo uso de nuestros mecanismos de participación y toma de decisiones, venimos expresando nuestras demandas de manera pacífica y democrática a través consultas de buena fe.[1] Este derechos es plenamente reconocido en convenios internacionales como el 169 de la OIT, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: sin embargo; el Estado de Guatemala en lugar de asumir con responsabilidad la implementación de los instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas , ha optado por la judicialización de las luchas legitimas de los pueblos como estrategia para intimidar, dividir y enfrentar a nuestras comunidades.

Nos indigna profundamente la desestabilización social de la empresa Hidro Santa Cruz, Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A., y empresa Cinco M S.A. Que en complicidad con los gobiernos de turno han generado en nuestros territorios, desde el 2010 hasta la fecha, especialmente en la zona norte de Huehuetenango. Esta Crisis ha provocado muertes, detenciones ilegales, represión y militarización. Se han asesinado a nuestros hermanos mayas Q’anjob’ales Daniel Pedro Mateo y Andrés Pedro Miguel. Así como la detención arbitraria de nuestros compañeros Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, líderes comunitarios de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán de Huehuetenango.

Nos preocupa también la sistemática violación al debido proceso por parte del Sistema de Justicia en Guatemala en relación a los presos políticos. El Ministerio Publico, específicamente la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos , utiliza un documento elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz , denominado “Estructural Criminal, Conflicto Social Huehuetenango” para criminalizar. En dicho documento se señala a los líderes comunitarios Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, como parte de la red criminal en la zona norte de Huehuetenango. Preocupa de igual manera la utilización del delito de Plagio o Secuestro en contra de defensores de derechos humanos, con lo cual han logrado el objetivo de mantener por tiempo indefinido a los líderes comunitarios en prisión preventiva, impidiendo su trabajo a favor de los derechos de las comunidades; a esto se suma la estrategia de suspensión permanente de audiencias que ha prolongado por más de un año la prisión de los líderes, aun cuando se está en las primeras fases de los procesos. No quisiéramos pensar que en Guatemala se está utilizando la denominada doctrina del Derecho Penal del Enemigo en contra de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de sus derechos fundamentales.

Ante esta situación, los pueblos que hemos participado en más de 80 Consultas Comunitarias de buena fe desde 2005 hasta la fecha, organizaciones sociales, instituciones propias de nuestros pueblos, personalidades y la solidaridad internacional demandamos:

Libertad pronta para los presos políticos Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez y Mynor López; asegurando la justicia y el debido proceso, establecido por leyes nacionales y estándares internacionales.

Protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias de acciones violentas, hostigamientos, intimidaciones y amenazas por parte del Estado de Guatemala y empresas extractivistas.

Respetar las decisiones de los pueblos emitidos en 80 consultas de buena fe; así como a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, como la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta, territorio y organización propia.

La anulación de las licencias mineras, hidroeléctricas, y petroleras autorizadas en nuestros territorios sin consulta a nuestros pueblos, puesto que esa condición las hace arbitrarias, y por tanto, la causa principal de la conflictividad social en nuestras comunidades.

Guatemala, abril 2016.

[1] Consejo de pueblos mayas CPO.

Santa Eulalia: el pueblo q´anjob´al pide la libertad de los presos políticos

Por: Quimy De León

El Salón municipal se encuentra lleno de gente desde las ocho de la mañana, ya que las autoridades ancestrales q´anjob´ales convocaron hoy a toda la población de Santa Eulalia del pueblo Jolom Konob´a conmemorar y reafirmar su compromiso social por varios hechos terribles que han marcado la vida de toda la gente que habita en esta región, estos son:

• El asesinato de Daniel Pedro dirigente social y fundador de la radio Snuq Jolom Konob´ ocurrido hace tres años.
• El asesinato del joven Pascual Basilio hace un año.
• La detención arbitraria de las autoridades ancestrales Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar.

Exigen justicia y que se respete a sus autoridades ancestrales que se encuentran presos y que sean liberados inmediatamente.

Fotografías: Oscar Juan, María Victoria y David Diego

Festivales solidarios: Libertad para los presos políticos

Por: Quimy De León

Este sábado 9 de abril se realiza un festival solidario en la sexta avenida de la zona 1 de la ciudad capital.

Estas acciones son para exigir la liberación de los presos políticos de Huehuetenango que han sido encarcelados por defender el agua de sus territorios.