En toda América Latina, los gobiernos criminalizan a los movimientos sociales para silenciar a las resistencias

Parque San Miguel en Totonicapán, 5 de octubre 2012.

Por Jeff Abbott. / Texto publicado en el sitio http://wagingnonviolence.org/

Por debajo de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, en el sótano del estacionamiento, están las celdas o carceletas en donde deben de esperar los detenidos el momento de la audiencia. En la puerta de una de las celdas se encuentra Rigoberto Juárez, de 62 años de edad, maya q’anjab’al, autoridad indígena y guía espiritual de Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango. A su lado se encuentra Baltazar Domingo, otro líder de la misma comunidad.

En las mismas carceletas hay muchos presos, a diferencia de estos los dos fueron acusados ​​de cometer crímenes horribles por el liderazgo de la lucha de su comunidad contra las empresas transnacionales que buscan la construcción varias hidroeléctricas en sus comunidades.

«Durante 10 meses hemos estado encarcelados sin ninguna prueba», dijo Juárez, después de una audiencia en enero de 2016. «Creo que el Ministerio Público está tratando de alargar este proceso, ya que, en los últimos 10 meses, han sido incapaces de aportar una sola prueba en contra de nosotros. Es absolutamente injusto”.

Tanto Juárez como Baltazar se enfrentan a una larga lista de cargos, incluyendo: plagio o secuestro, asalto agravado, instigación a cometer un delito, la obstrucción de la acción penal, en contra posición el Ministerio Publico no investiga el intento de asesinato de dos jóvenes la madrugada del 20 de enero de 2015, según los testigos los disparos se realizaron desde un vehículo tipo picop agrícola asociado con el ex alcalde de Santa Eulalia, a pesar que la gente hizo las denuncias.

La historia de la penalización refleja las prolongaciones que tiene el gobierno de Guatemala para a garantizar que estos líderes permanezcan en prisión. Tanto Juárez y Baltazar fueron detenidos en la ciudad de Guatemala el 24 de marzo 2015, caminaban por la calle en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Dos días después, un juez los liberó, tanto Juárez y Baltazar ordeno que permanecieran bajo arresto domiciliario a la espera de una investigación realizada por el Ministerio Público de Guatemala. Pero al salir de la corte, fueron detenidos por nuevos cargos.

Desde 2007, Juarez, Baltazar y sus comunidades del norte de Huehuetenango han mantenido su resistencia a la construcción de hidroeléctricas por las empresas transnacionales en la región. Ese año, 46.481 residentes participaron en una consulta sobre la expansión de los proyectos hidroeléctricos. El resultado final de la votación, 46.472 habían declarado su oposición a la construcción de cualquier proyecto minero o hidráulico.

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala ha mostrado poca intención de respetar las inquietudes de las comunidades de las poblaciones indígenas en gran medida de Huehuetenango. En 2009, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la licencia para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Santa Cruz Barillas a la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que también incluye las inversiones de los miembros de la oligarquía nacional de Guatemala.

El proyecto de Santa Cruz Barillas es uno de varios proyectos en la región, incluyendo el de Hydro Ixquisis, que es propiedad de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. en San Mateo Ixtatán, y la Hidro San Luis en Santa Eulalia, que es propiedad de CINCO M S.A.

«Hay intereses políticos y económicos detrás de los recursos naturales en nuestros territorios», dijo Juárez. «A medida que más y más autoridades líderes [indígenas] se mueven para defender sus derechos, su vida y su territorio, los intereses políticos y económicos estarán allí para encarcelar a ellos, como nos tienen.»

Y hay intereses involucrados en estos proyectos que se extienden mucho más allá de Guatemala.

Esta expansión de la producción de energía se constata cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Washington han reiterado tanto sus llamados a un aumento de la producción de energía en Guatemala y la creación de un «mercado regional de la energía» como parte del Plan Mesoamérica, que aboga por la integración regional de infraestructuras. El plan apunta a interconectar los sistemas de energía de América Central a través del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central.

Las comunidades indígenas y mestizas han expresado su oposición a estos proyectos, porque las comunidades serían desplazadas de sus tierras, y que muchos lugares sagrados se perderían.

«En el contexto de la defensa de nuestro territorio, estamos hablando de la protección del agua, la protección de las colinas, la defensa de las montañas, y que significa, por supuesto, la defensa del aire que todos respiramos; y todos necesitamos de oxígeno», dijo Juárez. «El Q’anjob’al y las antiguas naciones mayas están defendiendo precisamente este derecho a la vida, el oxígeno y el agua que todos necesitamos. Estamos haciendo uso de este derecho para defender el derecho del agua.»

Juárez y Baltazar no son los únicos para enfrentar la penalización por su resistencia a la construcción de centrales hidroeléctricas en su comunidad. Actualmente hay otros cuatro líderes de la comunidad de otro municipio vecino (Santa Cruz Barillas) – Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Juan Francisco, y ermitaño Bernardo López Reyes – todos se enfrentan a cargos de plagio o secuestro, asalto agravado, instigación a delinquir, y obstrucción a la persecución.

La clasificación como una organización criminal

A medida que las comunidades se han resistido, el gobierno y los intereses empresariales de Guatemala han utilizado cada vez más el lenguaje del conflicto armado interno para etiquetar los defensores de derechos humanos como «guerrilleros» y «terroristas», y se han asociado estos términos con la defensa de los derechos humanos con la «lucha armada». Con estas etiquetas se han presentado cargos legales contra activistas de las comunidades.

Inicialmente, el MP utilizó cargos de «terrorismo» contra los líderes de la comunidad. Uno de estos casos es el de los cinco líderes de la comunidad de San Rafael las Flores que han estado activos en la lucha contra la Mina de Plata Tahoe Resources. En 2011, los líderes de la comunidad de edad avanzada fueron falsamente acusados ​​de secuestro, terrorismo y asociación ilícita para el secuestro de 22 inversores canadienses que estaban visitando la mina. Más tarde fueron absueltos de los cargos.

Hubo un cambio en el año 2014 cuando el Ministerio Público retiró los cargos de terrorismo contra los líderes de los movimientos, pero dejó los cargos de secuestro, asociación ilícita y la draconiana «intención de cometer un crimen.»

«[Desde 2014], se ha producido un aumento de la agresión por parte del sistema judicial para perseguir a los líderes de la comunidad por diversos delitos, entre ellos el secuestro de los funcionarios públicos», dijo Benito Juárez, un abogado que ha representado a muchos de los presos políticos de Guatemala que se han enfrentado la penalización para la defensa del medio ambiente. «Las personas que defienden sus territorios están exigiendo que la función del sistema judicial, pero se están dando cuenta de que el sistema judicial está siendo puesto en los servicios de las empresas transnacionales con el fin de procesar a los líderes, para acusar a las comunidades [de la resistencia] de crímenes y estigmatizar a las comunidades».

Como se hizo este cambio de táctica, se preparó un informe extrajudicial en el mes de mayo de 2014 hecho por la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz para mapear el movimiento social en el norte de Huehuetenango que se resiste a la construcción de la presa y clasificarla como una organización criminal. El documento, que se titula «La estructura criminal del norte de Huehuetenango,» luego se convirtió en la columna vertebral de la persecución de los líderes del movimiento en contra de la expansión de la energía hidroeléctrica en la región.

Según el documento, la persona que se encuentra en la parte superior de la pirámide de la supuesta organización criminal afirma que es Rigoberto Juárez.

«El Ministerio Público da utilización de este documento como medio para ordenar las detenciones y acusan a los líderes del movimiento», dijo Morales. «La compañía está bombardeando el Ministerio Público con información sobre las actividades de los líderes.»

Criminalización generalizada contra los movimientos en Guatemala

Pero la situación en Guatemala para los activistas – especialmente para las comunidades que se interponen en la resistencia a la expansión de las industrias extractivas, tales como el aceite de palma, la minería y la producción de energía – se ha convertido cada vez más grave.

Según Unidas para la Defensa de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), defensores de los derechos humanos en Guatemala se ha producido un deterioro de la situación. Según datos de la organización, para el año 2010, el número de casos de criminalización contra los movimientos sociales había empezado a declinar a partir de 182 en 2007 a sólo 26 en 2009. Pero en 2013, el número de casos de criminalización aumentó constantemente a casi 300.

«[Los cargos criminales] todos vienen con la intención de dañar el tejido social y la organización social,» escribió la Convergencia por los Derechos Humanos, una alianza entre organizaciones de derechos humanos con sede en Guatemala, de los cuales UDEFEGUA es miembro. La amenaza de los cargos y el enjuiciamiento crea temor en las comunidades que están ejerciendo sus derechos.

Otros líderes y movimientos se han enfrentado a la penalización y los cargos por su lucha contra la expansión de las industrias extractivas en el país.

Otro objetivo de la penalización es el Comité de Unidad Campesina (CUC) y su líder Daniel Pascual. Ambos han sido acusados ​​por el ala de la derecha de Guatemala por ser una «organización terrorista» a causa de su apoyo a las comunidades kaqchikeles indígenas de San Juan Sacatepéquez y su resistencia a la construcción de una fábrica de cemento, que es propiedad de una de las familias más poderosas de Guatemala, en su territorio.

En 2011, la Fundación contra el Terrorismo presentó cargos contra Pascual y la organización campesina, incluidos los cargos de terrorismo. El caso ha llegado tan lejos como la corte constitucional del país. En 2015, Pascual llevó el caso, junto con otros tales casos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, DC.

«Este no es un cargo por un delito, se trata de un cargo por lo que pienso y lo que digo en público», dijo Pascual. «Hay un costo político si no se tumba este cargo. Se establece un precedente peligroso en contra de defensores de los derechos humanos de lo que pensamos y lo que decimos en los medios de comunicación. Es muy peligroso.»

La criminalización de activistas en toda América Latina

Brasil

La criminalización de activistas en Guatemala es algo que es un reflejo de una tendencia que se está produciendo en todo el hemisferio occidental. Cada vez más, la criminalización de activistas ha comenzado a seguir la narrativa de la guerra global contra el terrorismo de Washington. En toda la región, tanto de los gobiernos progresistas y de derecha en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay, Ecuador, Colombia y Argentina, entre otros, han aprobado leyes antiterroristas draconianas sobre la base de la influencia de Washington, lo que ha supuesto un retorno a los climas de conflictos y enemigos de la guerra sucia de los años 1970 y 1980.

El Congreso brasileño está debatiendo actualmente una propuesta de modificación de las leyes contra el terrorismo por parte de la presidente Dilma Rousseff. Estos cambios tienen lugar antes de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, pero los partidos de izquierda de Brasil han criticado las leyes antiterroristas del Partido Obrero, que dicen que son «demasiado restrictiva».

«El texto [de la ley] dará lugar a la criminalización de las protestas sociales,» así lo afirmó uno de los líderes brasileños del Partido Comunista, Jandira Feghali dijó al medio de noticias Sputnik.

El Estado brasileño ha aprobado una serie de leyes, ya que ganó por primera vez el derecho a organizar la Copa del Mundo. En 2014, el Ministerio de Defensa de Brasil publicó un manual titulado «Cómo garantizar la ley y el orden», que expone cómo responderían las fuerzas armadas si se le pide durante la Copa del Mundo o Juegos Olímpicos. El documento afirma que su objetivo durante los juegos es «preservar el orden público y la seguridad de las personas y los bienes» a través del uso de la fuerza militar.

Una de las principales preocupaciones planteadas en este documento es la definición del gobierno de Brasil de «enemigo». Regresando a los años de la dictadura militar en Brasil, la definición establecida por el Ministerio de Defensa, se puede aplicar a los «movimientos u organizaciones», o » organizaciones criminales, las bandas de traficantes de drogas» que se involucran en acciones como «bloquear pasillos públicos» o » incitar a disturbios urbanos».

Estas leyes y planes militares han dado lugar a una atmósfera de represión y violaciones de los derechos humanos por las fuerzas del Estado contra los manifestantes. Un estudio realizado por la organización brasileña libertad de organización Artículo 19 determina que entre enero de 2014 y julio de 2015, las fuerzas policiales y estatales fueron responsables de más de 849 detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos durante 740 protestas.

Chile

El uso de leyes contra el terrorismo en América Latina se remonta al experimento neoliberal de Chile. Hoy en día, las leyes contra el terrorismo no han estado en el centro del debate en la administración de Michelle Bachelet, que ha mirado para reformar la ley.

La ley se remonta a la dictadura militar de Augusto Pinochet, que tomó el poder tras un golpe apoyado por los EE.UU. contra el gobierno socialista democráticamente elegido de Salvador Allende. La ley fue aprobada originalmente por la dictadura en 1984 en un momento en que se enfrentó a las protestas y las pequeñas insurrecciones armadas.

Pero desde 1984, los tribunales chilenos han utilizado estas leyes contra el terrorismo para criminalizar y demonizar a las comunidades indígenas mapuches que han estado luchando para defender sus derechos como pueblos indígenas, así como su territorio.

En 2014, Celestino Córdova, una comunidad mapuche de 27 años de edad y líder espiritual, fue acusado como un «incendio terrorista» y condenado a 18 años de prisión por su presunta participación en matar una pareja de ancianos en un incendio en su casa. Pero los abogados de Córdova han argumentado que no hay evidencia sustancial para sostener que fue el líder espiritual responsables del incendio.

 

Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, ha denunciado el uso de las leyes antiterroristas contra comunidades mapuches y líderes como Córdoba. En 2011, el tribunal revocó siete casos contra dirigentes mapuches acusados ​​de terrorismo.

En su decisión, el tribunal declaró, «la ley penal es contrario al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectan el debido proceso, y teniendo en cuenta su origen étnico [los cargos son] injustificada y discriminatoria cuando se aplica.»

Agregaron, «Las víctimas fueron juzgados y condenados sobre la base de una legislación que tiene una serie de ambigüedades que permitieron la caracterización de la supuesta conducta como delitos terroristas.»

A pesar de estas irregularidades, la ley sigue vigente hoy en día, y refleja la historia oscura de la dictadura apoyada por EE.UU. Cientos de activistas mapuches todavía se enfrenta a cargos por terrorismo.

Desafiando la criminalización de los movimientos sociales

De vuelta en Guatemala, las comunidades del territorio norte de Huehuetenango y algunos activistas hacen trabajo para apoyar a los presos políticos como Rigoberto Juárez, al igual que el gobierno ha aumentado su campaña contra los movimientos en las comunidades.

«Hemos tratado de mantener casos como el de Rigoberto, tanto en los medios de comunicación nacional e internacional a través de la organización de festivales y presionar a los políticos», dijo Andrea Ixchíu, activista y periodista independiente en Guatemala. «De esta manera somos capaces de aumentar lo que la defensa está haciendo. Como hemos visto en los últimos 10 meses, el Ministerio Público no tiene realmente un caso en contra de Rigoberto, por lo que estamos tratando de mantener la presión sobre el Estado».

Acciones recientes colocan en la opinión internacional el tema de los presos políticos, la visita de la premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú, a través de grupos de presión constante y a través de los medios alternativos y comunitarios se hace presión para exigir la libertad de todos los presos políticos. Los activistas también han hecho constantemente contactos en los medios de comunicación nacionales, para mantener las historias de los presos políticos y estas puedan llegar a más gente a través de las noticias, este ha sido un trabajo que Andrea Ixchiu periodista independiente ha logrado colocar. Esto ha llevado a los medios de comunicación nacionales guatemaltecos a informar sobre la visita de delegados de la Unión Europea al centro preventivo durante una visita a Juárez, y una visita reciente de Menchu ​​junto a la premio Nobel de la Paz 1997 Jody Williams en febrero de 2016.

En distintos momentos se ha logrado la articulación de varios movimientos y colectivos junto a las comunidades para apoyar a los presos políticos, esto ha llevado a varias victorias legales contundentes y a la liberación de muchos presos políticos desde el año 2012. Por ejemplo el 14 de enero, Guatemala inició con un nuevo presidente, Jimmy Morales, en ese mismo momento dos presos políticos de Santa Cruz Barillas, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, fueron liberados de la prisión después de casi tres años de prisión por cargos falsos de feminicidio. Los dos habían sido absueltos de los cargos en octubre de 2015, después de un corte en la segunda mayor ciudad de Quetzaltenango de Guatemala los absolvió de los cargos.

Acciones como las impulsadas desde los colectivos artísticos, como los festivales solidarios, acciones directas de la solidaridad internacional, o las visitas que se impulsaron para que dos mujeres importantes como las dos premios Nobel 1992 y 1997 se reunieran con los cinco presos políticos de Huehuetenango detenidos en la ciudad capital, son avances para este movimiento por la liberación de los presos políticos de Guatemala.