Justicia para líder ambientalista Berta Cáceres

Por Ariel Sosa

Tegucigalpa, 7 de marzo de 2016

San Francisco de Ojuera , en Santa Bárbara, es uno de esos pueblos de la Honduras profunda, rodeado por kilómetros de carreteras de tierra, grandes propiedades cercadas, montañas y bosques. Es un pueblo cuya existencia hubiese pasado desapercibida para el mundo si la casualidad no hubiese determinado que por el municipio corriera el río Gualcarque, territorio sagrado del pueblo lenca sobre el cual la empresa  Desarrollos Energéticos S.A de C.V (DESA) ha decidido construir su proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El viernes 4 de marzo por la mañana, mientras miles de personas se trasladaban hacia La Esperanza, Intibucá, para el funeral de la líder ambientalista Berta Cáceres, un pequeño equipo de comunicadores/activistas nos desviamos hacia Santa Bárbara para intentar sacar registro de la represa que muchos creen fue el gran motivo tras el asesinato de Cáceres.

Al llegar finalmente a San Francisco intentamos localizar al alcalde, Raúl Pineda, quien ha estado en el cargo durante 16 años y ha bautizado con su propio nombre la plaza central del pueblo. Sin embargo tras hacernos ir de un lado a otro por el pueblo tratando encontrarle, una empleada de la municipalidad nos dejó saber que el señor alcalde se encontraba indispuesto. En el ambiente se percibía una gran tensión en la aparente calma de un municipio de apenas 8 mil habitantes. Un joven lenca se nos acercó en una pulpería al saber que estábamos investigando sobre Cáceres y el conflicto con la hidroeléctrica.

“Berta Cáceres está muerta, pero ella vive en la sangre de los indígenas. Ella era nuestra madre y la mataron por defender los derechos de los lencas. A mi me dieron una paliza por defender los ríos de los pueblos lencas, no hay justicia en nuestro país. El gobierno es responsable porque era su deber ponerle seguridad a Berta” nos dijo Isaías Hernández Meza, que luego nos condujo con don Manuel Díaz, un campesino lenca de 81 años que también contó haber sido agredido por la policía en el conflicto por el territorio.

Tras nuestro intento frustrado por entrevistar al alcalde Pineda decidimos poner camino hacia el río Gualcarque y ver los trabajos del proyecto Agua Zarca. Nuestra presencia obviamente no pasó desapercibida como nos lo dejaban saber las miradas desconfiadas de los trabajadores que pasaban en camiones cargados de materiales para la construcción.

La historia del conflicto en la zona del río Gualcarque no es una historia nueva. Para comprenderla es necesario remontarse en el tiempo unos años a 2009 cuando se instauró un régimen de facto tras el golpe de estado militar del 28 de junio.  Durante dicho gobierno se aprueba la Ley General de Aguas que otorga concesiones sobre los recursos hídricos y se aprueba el decreto 233 derogando todos los decretos que anteriormente prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. Esto permitió que la empresa DESA, fundada en 2008, emprender el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, para el cual recibieron un fondo de 24.4 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). DESA subcontrató a la empresa china Sinohydro que terminó rescindiendo el contrato tras un año debido al fuerte conflicto con la población lenca que defiende el río. Las tensiones en la zona han ido creciendo durante los últimos 4 años, con cada victoria lograda por las organizaciones indígenas lideradas por Berta Cáceres aumentaban las amenazas y la persecución. En 2013 se le dictaba prisión a Cáceres por la toma permanente de la carretera en Río Blanco. Ya entonces se declaraba como perseguida política e identificaba a la empresa DESA como la mano moviendo los hilos del Estado para deshacerse de ella y de la resistencia del pueblo lenca.

Al llegar a la represa, donde el trabajo parece continuar como si nada hubiese sucedido, el guardia muy amablemente nos dejó saber que no podía autorizarnos a pasar por ordenes de su comandante. Nos dijo que no sabía quien coordinaba el proyecto, pero que podíamos ir a buscar a los ingenieros a sus casas porque allí no había nadie. Continuamos a pie a lo largo de la cerca hasta adentrarnos en lo que queda del bosque que rodea el río Gualcarque. Al ver el río vino a mi mente la imagen de Berta rodeada por su pueblo defendiendo aquel lugar que para ellas y ellos es sagrado. 24 horas más tarde, contemplando a las miles de personas que se congregaron en La Esperanza para el funeral de Cáceres, comprendí que aquel también era el río por el que ella defendía, aquel río de gente que ahora lloraba a su madre, hermana, compañera.

El reclamo de sus hijas y su madre es claro: Quieren justicia, tal como lo dijeron durante la conferencia de prensa sostenida antes del entierro.

“Queremos que se capture a los verdaderos culpables de este asesinato.

Agradecemos el apoyo de su pueblo lenca, al pueblo garífuna con quien se hermanaron utopías, a las organizaciones y movimientos sociales de Honduras, América Latina y el mundo que han hecho nuestro dolor el suyo.

Sabemos que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia y lucha en contra de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo lenca.

Pedimos que se esclarezcan las responsabilidades de la empresa DESA y los organismos financiadores Ficohsa, BCIE, Banco Holandés entre otros. Responsabilizamos al estado hondureño de haber obstaculizado la protección de Berta y de haber fomentado la persecución y eventual asesinato al defender los intereses de la empresa por encima de las decisiones y mandatos de las comunidades.

Los responsables de su asesinato son los grupos empresariales en contubernio con el gobierno nacional, los gobiernos municipales y las instituciones represoras del estado que están detrás de los proyectos extractivos que se desarrollan en la región.”

Mientras miles despedíamos a Berta, en algún otro rincón del país el partido Nacional de Honduras celebraba y lanzaba oficialmente la intención ya por todos y todas conocida de Juan Orlando Hernández de perseguir su reelección como presidente. En un billar de Comayagüela 11 personas perdían la vida en una masacre. Los periódicos hoy anuncian que el fin de semana ha dejado 33 muertes. Y así pasamos a lo que sigue, con la inmediatez que no deja espacio a la memoria, las primeras planas compitiendo a cual más macabra, los partidos políticos buscando hacer campaña, los hipsters en su burbuja tratando de llevar una vida cool y quejándose de las pocas oportunidades que hay en el país.

Pero para quienes siguen la lucha de Berta Cáceres esta historia no es de pasar la página. El día de ayer en horas del mediodía la compañera María Santos Domínguez, coordinadora de Organización del Consejo Indígena de Río Blanco, regresaba a su casa cuando fue rodeada y agredida con machete, palos y piedras. Su hijo trató de auxiliarla y uno de los agresores cruzó a machetazo limpio al pequeño, desprendiéndole la oreja derecha y parte del rostro. El ataque al esposo de Santos lo dejó con varias heridas de gravedad. Esa es la verdadera hondura de este país.