Archivos Mensuales: enero 2016

Totonicapán: borrón y cuenta nueva, siguen postulándose para la Gobernación

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Con información de Leopoldo Batz.

El día 29 de enero en horas de la tarde en la sede del Consejo de Desarrollo Departamental de la ciudad de Totonicapán fueron recibidos nuevos expedientes de aspirantes para la Gobernación Departamental, este proceso inicio desde el año pasado y ha tenido distintos momentos que motivaron la continuidad de la recepción de los expedientes.

Sale a luz la división de distintos sectores quienes están postulando a distintos candidatos, desde la sociedad civil no hay consenso para postular a un solo candidato o candidata, desde la sociedad civil fueron planteadas varias ternas al proceso, además personas particulares también presentaron sus expedientes individualmente.

Durante el mes de noviembre se realizó otro ejercicio de selección de una terna, pero nuevamente con el ingreso de más postulantes el ejercicio del 2015 de calificación se anula y tendrán que revisar de nuevo otra selección, existe un aproximado de 11 expedientes para integrar la terna para la Gobernación Departamental.

El 19 de enero las autoridades ancestrales indígenas de Totonicapán denunciaron públicamente la exclusión que desde el CODEDE se promueve para que ellos no puedan ser testigos del proceso de selección de la terna para la Gobernación Departamental esta información se puede leer en el reportaje Totonicapán: la autoridad ancestral busca ser testigo en la selección de candidatos a la gobernación

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Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo“

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Pedro García Arredondo durante el juicio por la Toma y quema de la Embajada de España. Guatemala, 12 de enero de 2014.

Por: Quimy De León

Pedro García Arredondo teniente coronel y jefe del Comando Seis fue declarado culpable por un Tribunal de Mayor Riesgo la noche del 19 de enero de 2015 por el asesinato de 37 personas que murieron calcinadas durante el asalto y quema de la embajada de España, esto pasó el 31 de enero de 1980, también por el asesinato de dos estudiantes universitarios cometido el 2 de febrero de ese mismo año.

La condena fue de 90 años de prisión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero 1980.

Además el Tribunal de Mayor Riesgo impone la condena de 50 años de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios en concurso real Gustavo Adolfo Hernández Jesús España Valle cometidos el 2 de febrero de 1980.

Esta condena se logró mediante el trabajo de investigación del Ministerio Público que fueron respaldadas por testimonios, documentos de archivo, fotografías, videos, peritajes y otros documentos que no dejaron dudas su culpabilidad. También por la valentía de los querellantes Rigoberta Menchú y Sergio Vi hijos de dos de las víctimas. A pesar de todo Pedro García Arredondo hasta el último momento dijo “soy inocente”.

García Arredondo no es el único responsable ya que quedó claro que el cumplía con órdenes superiores. Por lo que hay otros funcionarios en orden jerárquico que tendrían responsabilidad en este hecho empezando con el entonces Presidente de la República Romeo Lucas García, Benedicto Lucas García quien se encuentra preso en la actualidad por desaparición forzosa en el caso CREOMPAZ y que en ese momento era el jefe del Estado Mayor, Donaldo Álvarez Ruiz ministro de Gobernación prófugo. También estaban Germán Chupina Barahona jefe de la Policía Nacional y Manuel de Jesús Valiente Téllez jefe de la policía judicial que ya están muertos.

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Foto: AGN (Tomada de la página web de noticias.com.gt)

Toma y quema de la Embajada de España

En la mañana de lo que pudo haber sido un día cualquiera un 31 de enero de 1980 en la Ciudad de Guatemala, empezó a haber movimientos en los alrededores de la zona 10 que irrumpieron violentamente la vida cotidiana en la capital y que terminaron en la toma y quema de la Embajada de España.

Primero empezaron a movilizarse pequeños grupos de campesinos provenientes del occidente del país que a eso de las 11:30 de la mañana entraron a la sede diplomática, les acompañaban estudiantes universitarios y algunos obreros. Estaban buscando apoyo y llamar la atención por la represión que estaban viviendo en sus comunidades tenían meses de denunciar una masacre, secuestros, violaciones sexuales de niñas, mujeres embarazadas, ancianas y la destrucción de casas y cosechas. Temían que estas acciones fueran en aumento por lo que decidieron ocupar pacíficamente la Embajada.

Alguna gente que dio su testimonio dijo que casi al mismo tiempo que los campesinos llegaron la Policía estaba en el perímetro del lugar y afuera del lugar. Estaba el mismo Pedro García Arredondo en persona. El era conocido por toda la gente en la ciudad como el jefe de la Sección de Investigaciones Especiales Comando seis. Se sabía que eran una tenebrosa estructura que dependía de la Jefatura del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional. Quienes le vieron dijeron que estaba rodeado por sus subalternos que como era conocido por toda la gente vestían de civil, pero también hubo algunos de ellos que ese día atípicamente vestían con uniformes de otras unidades.

Varias personas dicen que empezaron a escuchar llamados de auxilio, después hubo un estallido y el lugar empezó a arder en llamas, para entonces los gritos ya eran de terror. Ninguna autoridad hizo nada, nadie les pudo salvar y mientras esto estaba siendo televisado y documentado por varios periodistas y algunas personas presenciaron esta barbarie, pedían angustiadamente ayuda sin ninguna respuesta.

Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas y dos lograron sobrevivir el Embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital “Herrera Llerandi“, estando ahí fue secuestrado y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el campus central de la Universidad de San Carlos.

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Foto: Nelton Rivera, hecha al Diario el Gráfico tomada de Archivo de la Hemeroteca Nacional.

Gritos que no fueron escuchados

Eran aproximadamente las 11: 30 de la mañana de ese jueves cuando un grupo de campesinos entró a la Embajada de España, venían de comunidades de Chajul, Nebaj, San Juan Cotzal y San Miguel Uspantán del norte de El Quiché, acompañados de estudiantes universitarios. Llevaban días tocando puertas de forma pacífica pidiendo apoyo a medios de comunicación, al Congreso de la República y la Organización de Estados Americanos sin haber obtenido apoyo.

Después de muchas gestiones tomaron la decisión de llegar pacíficamente la Embajada con el objetivo de llamar la atención y pedir apoyo al embajador, su petición desesperada era que les apoyaran a integrar una comisión investigadora para esclarecer los crímenes que se cometían en sus comunidades. En Chajul en el mes de diciembre de 1979 había ocurrido una masacre, también denunciaban secuestros, violaciones sexuales de niñas, mujeres embarazadas, ancianas y la destrucción de casas y cosechas.

Nunca imaginaron que sus voces iban a ser ignoradas del mismo modo que sus peticiones, jamás les pasó por la mente que había ya un plan para terminar con sus demandas, incluso con sus propias vidas.  Había pasado poco tiempo desde que el grupo había entrado, cuando la Policía violentó y entró por la fuerza sin autorización del Embajador de España, poco tiempo después quemaron vivos a quienes estaban adentro.

Se supo que el mismo presidente Romeo Lucas García dio la orden de sacar a los campesinos y estudiantes “a como de lugar”, ésta fue transmitida a través de la cadena de mando llegando hasta Pedro García Arredondo, él mismo en el lugar de los hechos reconoció que la orden venía de “muy arriba”.

Muy arriba había otros funcionarios que tendrían responsabilidad en este hecho. Entre ellos está Benedicto Lucas García quien se encuentra preso en la actualidad por desaparición forzosa y que en ese momento era el jefe del Estado Mayor, Donaldo Álvarez Ruiz ministro de Gobernación prófugo. También estaban Germán Chupina Barahona jefe de la Policía Nacional y Manuel de Jesús Valiente Téllez jefe de la policía judicial que ya están muertos.

El Comando Seis era dirigido por Pedro García Arredondo y era conocido por toda la gente como “la policía judicial” ya que vestían de particular, se cubrían la cara y se movilizaban en vehículos sin placas. La memoria colectiva tiene registrada que fue responsable de crímenes como la desaparición forzosa, tortura y asesinatos contra centenas de personas principalmente en la capital de Guatemala, cuando la gente los veía no podían evitar sentir terror.

Varios testigos señalan a Pedro García Arredondo como el que dirigió personalmente el operativo policial, lo vieron muy tranquilo mientras los miembros de su Comando disfrazados de policía entraron por el techo, por la puerta, rompieron las ventanas con hachas y tomaron la embajada.

No se permitió ni se accedió a ninguna negociación, a pesar de los esfuerzos desesperados del Embajador, del ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Rafael Cáceres Lenhoff y del doctor Gustavo Adolfo Molina Orantes quienes pedían a las autoridades no actuar por la fuerza y dialogar, ellos también murieron quemados.

Muchas fueron las llamadas que se hicieron a las autoridades desde la Embajada hasta que les cortaron la luz y las líneas telefónicas. Desde fuera varias personas también intentaron pedir su intervención a las autoridades de gobierno, sin conseguir ningún resultado.

Representantes de la Cruz Roja como María Odette Arzú se ofrecieron para hacer de intermediarios y para garantizar que la gente pudiera salir con su apoyo y con vida, lo que recibieron fueron patadas. No se permitió que entraran cuerpos de socorro, tampoco la prensa. No se permitió que la toda la gente que estuvo adentro pudiera salir.

Solo algunas personas tuvieron la suerte de salvarse y salir antes de que ocurriera lo peor, uno de ellos fue el mismo Embajador. Cuando lo hizo se escuchó a un policía decir “mátenlo”, sin embargo gracias a la intervención de Odette Arzú esto se pudo evitar y fue llevado en un autobús de la policía rumbo al hospital.

Minutos antes de que se quemara vivos a 37 personas, varios testigos dan fe de que a la Embajada entró un policía gordo con un artefacto cilíndrico, a quien otro policía le dijo que “rociara para adentro” poco después se escucha un sonido estruendoso y se ve salir el fuego por la ventana. Antes de esto un testigo escucha decir de la policía: “que no quede ninguno vivo”. Quienes estaban afuera todavía no pueden olvidar los gritos de terror pidiendo auxilio desde adentro. El periodista Guillermo Meoño aún recuerda el clamor “por favor mucho calor, nos están quemando, nos estamos quemando.”

Las escenas siguientes fueron cuerpos calcinados descendiendo por la ventana en camillas cargadas por los bomberos. Mientras les sacaban uno a uno, se dieron cuenta que un campesino estaba vivo: Gregorio Yujá Xoná.

Dos días después mientras se realizaban los preparativos para el cortejo fúnebre de quienes habían muerto fueron asesinados los estudiantes Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España. El asesinato fue perpetrado también por la Policía que iba dirigida por Pedro García Arredondo y Manuel de Jesús Valiente Téllez  Primer Jefe del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional.

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Sepelio de campesinos y estudiantes asesinados en la Embajada de España en el Paraninfo Universitario. Fotografía facilitada por Ximena Morales del archivo de Mauro Calanchina.

No quedó dudas de la responsabilidad del Estado en este hecho

Quedó claro que Pedro García Arredondo primer jefe de la Sección de Investigaciones Especiales “Comando seis“ de la Policía Nacional ejecutó órdenes giradas por sus superiores jerárquicos, de donde provino la orden que nadie saliera vivo de la embajada. El acusado para cumplir con esta orden:

  1. Impidió la salida de los ocupantes de la embajada de España, funcionarios y empleados, otros ciudadanos guatemaltecos y españoles.
  2. Hizo caso omiso a las peticiones del embajador español Máximo Cajal y López quien le indicó que las fuerzas de seguridad no ingresaran a la sede diplomática.
  3. Impidió y obstaculizó cualquier comunicación, mediación y negociación pacifica.
  4. Vulneró flagrantemente la inviolabilidad diplomática de la embajada española cuando ordeno el ingreso de las fuerzas policiales bajo su mando.
  5. Ordenó que agentes policiales bajo su mando destruyeran ventas y puertas con la única intención de darle muerte a los que se encontraban ahí por considerarlos enemigos internos y así darles fiel cumplimiento a las órdenes que había recibido.
  6. Obstaculizó el ingreso de la Cruz Roja, bomberos municipales y voluntarios para ayudar a las personas que se estaban quemando dentro de la embajada de España quienes gritaban de dolor pidiendo auxilio.

Estas acciones ejecutadas por García Arredondo y los agentes bajo su mando en el operativo de asalto a la embajada de España, produjeron la muerte de 37 personas calcinadas quienes murieron por quemaduras de tercero y cuarto grado y dos personas sobrevivientes.

Estas personas fueron 22 campesinas entre ellas Mateo Sis, Víctor Gómez Zacarías, Juan Chic Hernández, Mateo López Calvo, Juan José Yos, Maria Ramírez Anay, Regina Pol Cuy, Francisco Chen, Salomón Tavico, Vicente Menchú, María Pinula Lux, Juan Us Chic, Francisco Tun, Trinidad Gómez Hernández, José Ángel Xoná, Gabino Mario Chuté, Juan Tomás Lux, Mateo Sic Chen, Juan López Yax, Gaspar Vi Vi, Felipe Antonio García y María Ramírez Anay.

También hubo estudiantes universitarios y obreros entre ellos Sonia Magaly Welches Valdéz, Luis Antonio Ramírez Paz, Leopoldo Pineda Pedroza, Edgar Rodolfo Negreros y Blanca Lidia Domínguez Girón.

Y perecieron ocho persona entre personal Diplomático y ciudadanas españolas, ellas son Felipe Sáenz Martínez, Jaime Ruiz del Árbol Soler, María Wilkem Molina vda. De Barillas, María Lucrecia Rivas Fernández de Anleu, Nora Adela Mena Aceituno, Miriam Judith Rodríguez Urrutia, María Teresa Vásquez Ochando y María Cristina Melgar Espinoza.

También murieron dos personas que estaban de visita el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Rafael Cáceres Lenhoff y Gustavo Adolfo Molina Orantes.

Posteriormente fueron asesinados dos estudiantes universitarios el 2 de febrero de 1980, previo al sepelio de los campesinos ellos son Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España.

San Mateo Ixtatán: este día se detuvo ilegalmente a un menor de edad

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Huehuetenango, Yixkisis 12:00hrs:

Varios agentes de la seguridad de la empresa privada de una hidroeléctrica detuvieron a un menor de edad, Mateo Francisco Pedro de 17 años. Fue amarrado con lazo al momento de ser retenido por la seguridad privada y la familia no tiene información de su paradero.

Varios vecinos de Yixkisis una aldea de San Mateo Ixtatán denunciaron que la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. (PDHSA), cerró varios caminos comunitarios y obliga a la gente a firmar un documento o listados en apoyo a la empresa para usar los caminos que desde muchas generaciones anteriores usaron para trasladarse entre las comunidades.

Este problema se volvió a repetirse este sábado 30 de enero, tres jóvenes regresaban por un camino comunitaria cuando fueron ubicados por los agentes de la seguridad privada de la empresa, les hicieron el alto, y los muchachos se asustaron dos de estos lograron correr, el tercer un joven de 17 años de edad fue detenido y amarrado.

Previo a la persecución los agentes detonaron varias armas, pero ninguno de los disparos alcanzo a los jóvenes, la Policía Nacional Civil se encuentra ubicada dentro de los terrenos de la empresa, de la misma manera que el destacamento militar, sin que las autoridades hayan intervenido para auxiliar a los jóvenes.

En la sub estación de la PNC se niegan a auxiliar a la familia para localizarlo. ‪#‎Yixkisis‬ #Huehuetenango

La presidencia de Jimmy Morales y la nueva legislatura no resuelven la crisis política del Estado

Por: Simón Antonio Ramón

La toma de posesión de Jimmy Morales como presidente de Guatemala, desde el andamiaje jurídico, marca un punto final a la crisis política desatada por parte del gobierno caído de Otto Pérez Molina[1] del Partido Patriota en el 2015, provocando todo esto que los movimientos urbanos que lo apoyaron en sus campañas 2007 y 2011 se volcaran en su contra. Esa crisis halló en la población su descontento por las rupturas del tejido social que por años venía generándose hasta que con el hartazgo se rompieron las fuerzas, que en abril dieron pie a que se empezaran a dar varios cambios incluyendo el gobierno de transición dirigido por Alejandro Maldonado Aguirre[2] desde su nombramiento como vicepresidente del país en mayo tras la renuncia de Roxana Baldetti y al frente de la presidencia en septiembre. Podríamos decir que el final de la crisis política llegó hasta el 14 de enero con la llegada de Jimmy a la presidencia.

Si la mirada la enfocamos en lo político, esa crisis continúa, porque las acciones de diferentes instancias se realizan de manera dispersa, por el nombramiento de funcionarios que pudieran haber resultado llevando al gobierno a evidenciarse como corrupto y el encarcelamiento de uno de los cuadros más visibles y fuertes del partido FCN.. Esta misma crisis llevó a qué en el mes de mayo cuando las manifestaciones pacíficas eran cada vez más fuertes, se pidiera al Tribunal Supremo Electoral – TSE el aplazamiento de las elecciones generales planificadas para el 6 de septiembre[3]. Esto con la intención de reformar la Ley Electoral y Partidos Políticos LEPP así regular y democratizar los partidos políticos lo que generaría nuevas reglas al sistema electoral que debieron tomar vigencia antes de las elecciones 2015.

A esta petición ciudadana se anexó la convocatoria de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC para la conformación de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado[4] y la creación de grupos de trabajo en el Organismo Legislativo donde se presentaron iniciativas ambiciosas que generaron expectativa en la población. Y era o se aplazan las elecciones o que se dieran con la garantía que el cambio de gobierno, diputados y alcaldías.

Con estas iniciativas se abrió un debate sin precedente desde los acuerdos de paz. Aplazar las elecciones. Desde los espacios de debate dígase medios de comunicación, sectores académicos, políticos, sociedad civil; todos con argumentos sustentados en la Constitución Política.

Para los magistrados del TSE, el aplazamiento de las elecciones planificadas para el 6 de septiembre, sería una violación a la Carta Magna que tendría responsabilidades individuales de carácter penal, eso restaría su impacto histórico y legitimo al sistema político de Guatemala. Esta respuesta es una manera de responder a la presión del partido Libertad Democrática Renovada Líder que encabezaba las encuestas y que tuvo mucha influencia en la elección de las y los magistrados al TSE.

Por parte de académicos de las universidades privadas y los sectores conservadores y políticos, coincidieron con el argumento del TSE porque las elecciones fueron convocadas desde el 2 de mayo[5] haciendo alusión a las reformas a la LEPP tomarían vigencia el 1 de enero 2016 en dado caso que se aprueben[6]. Con estas posturas cerradas desde la interpretación jurídica, el silencio de los partidos políticos de izquierda como movimientos progresistas marcó un precedente, a mi juicio el de legitimar un sistema corrupto.

Desde la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado se expuso que la conflictividad social que existe en el país en más de dos mil puntos identificados, con celebrarse las elecciones podría recrudecerse más dado que muchos candidatos a las alcaldías y diputaciones no tienen credibilidad en sus lugares de origen, están algunos relacionados con viejas redes de enriquecimiento ilícito y esto se une la crisis desatada por defraudación aduanera. Entonces, una decisión política de la Corte de Constitucionalidad CC sería efectiva en el momento.

Al llegar los amparos correspondientes a esta instancia constitucional, solo afirmó los argumentos de los sectores políticos, económicos tradicionales y académicos conservadores; indicando que en el caso de las elecciones 2015 no pueden aplazarse, prevaleciendo el marco jurídico sobre las interpretaciones políticas.

La CC en otras ocasiones ha emitido resoluciones políticas más que jurídicas, como la inscripción del general retirado Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia en las elecciones 2003 dado que encabezó un golpe de Estado en el 1980 lo que impide ser un candidato presidencial según la Constitución y la inscripción de su hija Zury Ríos en las elecciones 2015 donde la carta magna es clara por ser hija de un golpista. Entonces con esta resolución la CC se contradice con las resoluciones mencionadas lo que indica ser un ente apaga fuegos en momentos de crisis.

Las elecciones que se realizaron en septiembre y octubre donde resulta electo Jimmy Morales con el partido Frente de Convergencia Nacional Nación FCN-Nación, los diputados y los alcaldes en todo el país; se dan en un contexto de crisis política donde las reglas establecidas por el status quo están siendo cuestionado hace que pierda su total legitimidad, dado que se realizaron sin el respaldo total de la población.

Ahora que la crisis comienza a apagarse debe establecer caminos para reestructurar las instituciones golpeadas por las malas prácticas de los funcionarios que a los largo de los años se han ido desgastando, comenzando por la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS y las demás que requieren una reestructuración para su buen desempeño.

Entonces al nuevo presidente Jimmy Morales, le queda actuar con transparencia desde la ejecución de los fondos públicos que fue el mayor reclamo de la población durante las manifestaciones que se encendieron desde el 25 de abril y un gabinete libre de cuestionamientos de la sociedad para lograr un mayor respaldo social que no debe ser el porcentaje de sus votos obtenidos en octubre último cuando fue electos, y apegarse a su discurso de campaña del combate a la corrupción desde las instancias del Organismo Ejecutivo.

Desde el Congreso, la tarea para la llamada octava legislatura (1986-2016)[7] aún es mayor, ya que ha sido uno de los poderes del Estado de mayor cuestionamiento, más allá de la transparencia. A la vez requiere  impulsar el debate y la aprobación de las reformas a la LEPP que en este 2015 no fue aprobado por no haber alcanzado consenso, sino generar condiciones para reformar leyes que ha mantenido al Estado en una situación precaria de condiciones de vida y darle prioridad a los temas sociales. Porque en ese organismo existen iniciativas engavetadas y de ser lo contrario el gobierno de Morales y la octava legislatura solo alargarían esa crisis política en donde fueron electos que se punto álgido fue en el mes de abril.

[1] Caso La Línea, en el momento el que encabezaba la red de defraudación aduanera La Línea era Juan Carlos Monzón Rojas secretario privado de la vicepresidente de la república Roxana Baldetti y al conocer las detenciones en Guatemala de sus socios, se a la dio a la fuga cuando andaba en Corea del Sur con Baldetti.

[2] Alejandro Maldonado Aguirre, candidato presidencial por el Partido de Renovación Nacional, electo en el 2011 como magistrado a la Corte de Constitucionalidad, fue uno de los magistrados que retrajo el caso de Genocidio contra Efraín Ríos Montt en mayo 2013 y fue nombrado vicepresidente en mayo y presidente de la república en septiembre https://cmiguate.org/maldonado-aguirre-el-nuevo-presidente-de-guatemala/.

[3] Estudiantes universitarios recogieron firmas para aplazar las elecciones y proponer un gobierno transicional si en enero no hay quien asuma. http://www.telesurtv.net/news/Guatemala-Sectores-exigen-aplazamiento-de-elecciones-generales-20150805-0017.html

[4] Conformada por más de cien organizaciones de la sociedad civil de todo el país encabezado por la USAC https://comunitariapress.wordpress.com/2015/07/02/plataforma-nacional-para-la-reforma-del-estado-convocada-por-la-usac/ donde posteriormente se agregaron más instituciones y organizaciones. http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2015/06/IPN-RD-75.pdf.

[5] Apenas dos semanas de haberse reveladas las investigaciones del Ministerio Público MP y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala Cicig sobre una red de defraudación aduanera Línea.

[6] Cacif dice que no se puede aplazar las elecciones. http://www.laprensadeguatemala.com/2015/07/cacif-inviable-aplazar-elecciones-2015.html

[7] Llamada así porque inició desde 1986 con haberse entrado en vigencia la nueva constitución. 1986-1990-1996-2000-2004-2008-2012-2016.

PRESOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA

Foto: Manuel Pedro Ramón

Jesus González Pazos

Miembro de Mugarik Gabe

 

Estamos relativamente acostumbrados en los últimos tiempos a escuchar y leer noticias sobre presos políticos en Venezuela. Sin embargo, al margen de que esto sea verdad o mentira, pues no tiene este escrito ese objetivo, pero sí al hilo de estas informaciones, parece necesario y de cierta urgencia denunciar otras realidades ocultas en esta misma materia.

De hecho, los mismos medios de comunicación que en los últimos meses “bombardean” con su denuncia de la existencia de dichos presos políticos y los mismos políticos que realizan continuas declaraciones sobre este mismo asunto, ocultan sistemáticamente esa realidad en otros países del mismo continente. Esto, se constituye en evidencia clara respecto a la verdadera e interesada preocupación de unos y otros por la violación de los derechos humanos. Parece que éstos últimos siguen sin ser iguales para unos y otros, ni alcanzar a todos; luego, deberíamos de poder deducir que la denuncia principalmente responde a simples intereses políticos e ideológicos más que humanos.

Sin embargo, aunque sin ocupar portadas, hoy en día y desde hace ya alguna década, autoridades y militantes indígenas han sido, y son, criminalizados y encarcelados por sus actividades políticas. Acciones que no pretenden sino la defensa de los derechos territoriales, del derecho a la vida digna, a la identidad y a la existencia de estos pueblos. Son, además, actividades que cuentan con el respaldo de amplios y reconocidos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en general, y de los pueblos indígenas en particular. Éstos son los casos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Ambos instrumentos, ratificados y respaldados para su aprobación por la práctica totalidad de gobiernos latinoamericanos y europeos, establecen entre otros la protección al territorio y a la jurisdicción propia sobre los mismos, además de reconocer el derecho de autodeterminación. Pero también el derecho a la consulta y al libre consentimiento informado previo que las comunidades pueden ejercer ante cualquier actuación pública o privada que se prevea y que opere contra los intereses y derechos de estos pueblos; y los gobiernos están obligados además a establecer todos los mecanismos y condiciones necesarias para ejercitar estos derechos plenamente. En suma, hablamos de instrumentos internacionales que reconocen y protegen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

A pesar de lo anterior, países como Guatemala, Colombia o Chile, hoy encarcelan en sus prisiones a personas de pueblos como el q’anjobal, mam, nasa o mapuche. Obligado es hacer una mención especial a la existencia también de mujeres indígenas presas políticas y el agravamiento que la condición de género supone en estos procesos de criminalización y encarcelamiento para ellas.

Por otra parte, en este contexto de denuncia de los gobiernos de turno de estos países por la existencia de presos políticos, y de todos aquellos medios de comunicación que interesadamente ocultan esta realidad, es obligado también precisar que dicha denuncia debe incluir igualmente a las empresas transnacionales, auténticas coprotagonistas de esta situación.

Como ya señalamos antes, en la mayoría de los casos estas personas están presas por la lucha constante, bajo mandato colectivo de sus comunidades, por la defensa de los territorios. Sin embargo, el motivo de esta lucha radica en el hecho de que en el sistema neoliberal dominante hoy en estos países, los gobiernos entregan, sin consulta ninguna a las comunidades y pueblos (tal y como obligan los instrumentos internacionales) dichos territorios a empresas transnacionales o nacionales para su explotación y esquilmación. Empresas de sectores como el minero, energético o forestal que destruyen y contaminan de forma sistemática estos espacios llenos de biodiversidad y condiciones para la vida y que han sido, en la mayoría de los casos, territorios donde estos pueblos han generado las posibilidades para su susbsistencia, sabiendo perfectamente manejarlos y conservarlos durante cientos de años. Sin embargo hoy, se les criminaliza, se les expulsa, se les encarcela o se les obliga a vivir en condiciones de miseria y empobrecimiento en esas tierras que siempre fueron suyas. Señalar que la inmensa mayoría de estas transnacionales son norteamericanas o europeas y todas ellas respaldan ciegamente sus actuaciones en aras del desarrollo contando con el respaldo, también ciego, de los respectivos gobiernos. Apoyo que ahora se verá multiplicado por medio de tratados recientemente firmados, o por firmar, como son los de libre comercio (TPP, TTIP…), facilitando aún más si cabe el descontrol absoluto respecto a la explotación y destrucción de la naturaleza, además de la violación de derechos laborales, sociales o políticos. Todo en beneficio del mercado.

Pero, volviendo a centrar el tema de este texto, es ahora importante clarificar cómo definen estos pueblos la figura de preso político en este contexto de ataques públicos y privados. Para ellos, preso político es toda persona privada de libertad por su participación en acciones por la recuperación y defensa de sus territorios y/o por el ejercicio del control territorial sobre espacios recuperados o bajo amenaza de ser invadidos. Así mismo, quienes realizan acciones de resistencia ante la violencia del estado o de otros actores armados, así como por participar en movilizaciones que reivindican los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de estos pueblos.

Pues bien, pese a la declaración oficial de ser estados democráticos que han ratificado convenios internacionales que reconocen el derecho a estas actuaciones, o pese a estar en procesos de conversaciones de paz que acaben con conflictos armados de décadas, los gobiernos neoliberales y/o socialdemócratas de Guatemala, Colombia y Chile tienen en sus cárceles varias decenas de presos políticos (muchos con carácter preventivo), así reconocidos por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, o por la Relatora Especial para Pueblos Indígenas, o el Relator para los Derechos Humanos, ambas figuras del sistema de Naciones Unidas.

Como señalábamos al principio de este texto, se han escrito ríos de tinta, se han hecho infinidad de crónicas sobre el gobierno venezolano y la existencia de presos políticos. Sin embargo, ni una décima parte se ha escrito o contado sobre los presos indígenas con esta misma caracterización (políticos) en América Latina. Es la lucha silenciosa y la criminalización de la misma por defender la tierra y el territorio, por promover el respeto a la madre tierra, por pretender una vida en plenitud para estos pueblos. Pero es también la lucha constante contra los intereses de las élites económicas (transnacionales) y políticas que sostienen y desarrollan este injusto sistema de dominación. Por eso, la mayoría de los medios de comunicación y de la clase política tradicional, tanto en ese continente como en el europeo, nos seguirán “bombardeando” con sus crónicas y declaraciones sobre Venezuela; pero, al mismo tiempo, seguirán invisibilizando, ocultando, la existencia de presos políticos indígenas en América Latina por defender los derechos humanos individuales y colectivos. No interesa al sistema dominante, a los mercados, luego no debe de ser noticia ni motivo de declaración o acción política.