La presidencia de Jimmy Morales y la nueva legislatura no resuelven la crisis política del Estado

Por: Simón Antonio Ramón

La toma de posesión de Jimmy Morales como presidente de Guatemala, desde el andamiaje jurídico, marca un punto final a la crisis política desatada por parte del gobierno caído de Otto Pérez Molina[1] del Partido Patriota en el 2015, provocando todo esto que los movimientos urbanos que lo apoyaron en sus campañas 2007 y 2011 se volcaran en su contra. Esa crisis halló en la población su descontento por las rupturas del tejido social que por años venía generándose hasta que con el hartazgo se rompieron las fuerzas, que en abril dieron pie a que se empezaran a dar varios cambios incluyendo el gobierno de transición dirigido por Alejandro Maldonado Aguirre[2] desde su nombramiento como vicepresidente del país en mayo tras la renuncia de Roxana Baldetti y al frente de la presidencia en septiembre. Podríamos decir que el final de la crisis política llegó hasta el 14 de enero con la llegada de Jimmy a la presidencia.

Si la mirada la enfocamos en lo político, esa crisis continúa, porque las acciones de diferentes instancias se realizan de manera dispersa, por el nombramiento de funcionarios que pudieran haber resultado llevando al gobierno a evidenciarse como corrupto y el encarcelamiento de uno de los cuadros más visibles y fuertes del partido FCN.. Esta misma crisis llevó a qué en el mes de mayo cuando las manifestaciones pacíficas eran cada vez más fuertes, se pidiera al Tribunal Supremo Electoral – TSE el aplazamiento de las elecciones generales planificadas para el 6 de septiembre[3]. Esto con la intención de reformar la Ley Electoral y Partidos Políticos LEPP así regular y democratizar los partidos políticos lo que generaría nuevas reglas al sistema electoral que debieron tomar vigencia antes de las elecciones 2015.

A esta petición ciudadana se anexó la convocatoria de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC para la conformación de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado[4] y la creación de grupos de trabajo en el Organismo Legislativo donde se presentaron iniciativas ambiciosas que generaron expectativa en la población. Y era o se aplazan las elecciones o que se dieran con la garantía que el cambio de gobierno, diputados y alcaldías.

Con estas iniciativas se abrió un debate sin precedente desde los acuerdos de paz. Aplazar las elecciones. Desde los espacios de debate dígase medios de comunicación, sectores académicos, políticos, sociedad civil; todos con argumentos sustentados en la Constitución Política.

Para los magistrados del TSE, el aplazamiento de las elecciones planificadas para el 6 de septiembre, sería una violación a la Carta Magna que tendría responsabilidades individuales de carácter penal, eso restaría su impacto histórico y legitimo al sistema político de Guatemala. Esta respuesta es una manera de responder a la presión del partido Libertad Democrática Renovada Líder que encabezaba las encuestas y que tuvo mucha influencia en la elección de las y los magistrados al TSE.

Por parte de académicos de las universidades privadas y los sectores conservadores y políticos, coincidieron con el argumento del TSE porque las elecciones fueron convocadas desde el 2 de mayo[5] haciendo alusión a las reformas a la LEPP tomarían vigencia el 1 de enero 2016 en dado caso que se aprueben[6]. Con estas posturas cerradas desde la interpretación jurídica, el silencio de los partidos políticos de izquierda como movimientos progresistas marcó un precedente, a mi juicio el de legitimar un sistema corrupto.

Desde la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado se expuso que la conflictividad social que existe en el país en más de dos mil puntos identificados, con celebrarse las elecciones podría recrudecerse más dado que muchos candidatos a las alcaldías y diputaciones no tienen credibilidad en sus lugares de origen, están algunos relacionados con viejas redes de enriquecimiento ilícito y esto se une la crisis desatada por defraudación aduanera. Entonces, una decisión política de la Corte de Constitucionalidad CC sería efectiva en el momento.

Al llegar los amparos correspondientes a esta instancia constitucional, solo afirmó los argumentos de los sectores políticos, económicos tradicionales y académicos conservadores; indicando que en el caso de las elecciones 2015 no pueden aplazarse, prevaleciendo el marco jurídico sobre las interpretaciones políticas.

La CC en otras ocasiones ha emitido resoluciones políticas más que jurídicas, como la inscripción del general retirado Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia en las elecciones 2003 dado que encabezó un golpe de Estado en el 1980 lo que impide ser un candidato presidencial según la Constitución y la inscripción de su hija Zury Ríos en las elecciones 2015 donde la carta magna es clara por ser hija de un golpista. Entonces con esta resolución la CC se contradice con las resoluciones mencionadas lo que indica ser un ente apaga fuegos en momentos de crisis.

Las elecciones que se realizaron en septiembre y octubre donde resulta electo Jimmy Morales con el partido Frente de Convergencia Nacional Nación FCN-Nación, los diputados y los alcaldes en todo el país; se dan en un contexto de crisis política donde las reglas establecidas por el status quo están siendo cuestionado hace que pierda su total legitimidad, dado que se realizaron sin el respaldo total de la población.

Ahora que la crisis comienza a apagarse debe establecer caminos para reestructurar las instituciones golpeadas por las malas prácticas de los funcionarios que a los largo de los años se han ido desgastando, comenzando por la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS y las demás que requieren una reestructuración para su buen desempeño.

Entonces al nuevo presidente Jimmy Morales, le queda actuar con transparencia desde la ejecución de los fondos públicos que fue el mayor reclamo de la población durante las manifestaciones que se encendieron desde el 25 de abril y un gabinete libre de cuestionamientos de la sociedad para lograr un mayor respaldo social que no debe ser el porcentaje de sus votos obtenidos en octubre último cuando fue electos, y apegarse a su discurso de campaña del combate a la corrupción desde las instancias del Organismo Ejecutivo.

Desde el Congreso, la tarea para la llamada octava legislatura (1986-2016)[7] aún es mayor, ya que ha sido uno de los poderes del Estado de mayor cuestionamiento, más allá de la transparencia. A la vez requiere  impulsar el debate y la aprobación de las reformas a la LEPP que en este 2015 no fue aprobado por no haber alcanzado consenso, sino generar condiciones para reformar leyes que ha mantenido al Estado en una situación precaria de condiciones de vida y darle prioridad a los temas sociales. Porque en ese organismo existen iniciativas engavetadas y de ser lo contrario el gobierno de Morales y la octava legislatura solo alargarían esa crisis política en donde fueron electos que se punto álgido fue en el mes de abril.

[1] Caso La Línea, en el momento el que encabezaba la red de defraudación aduanera La Línea era Juan Carlos Monzón Rojas secretario privado de la vicepresidente de la república Roxana Baldetti y al conocer las detenciones en Guatemala de sus socios, se a la dio a la fuga cuando andaba en Corea del Sur con Baldetti.

[2] Alejandro Maldonado Aguirre, candidato presidencial por el Partido de Renovación Nacional, electo en el 2011 como magistrado a la Corte de Constitucionalidad, fue uno de los magistrados que retrajo el caso de Genocidio contra Efraín Ríos Montt en mayo 2013 y fue nombrado vicepresidente en mayo y presidente de la república en septiembre https://cmiguate.org/maldonado-aguirre-el-nuevo-presidente-de-guatemala/.

[3] Estudiantes universitarios recogieron firmas para aplazar las elecciones y proponer un gobierno transicional si en enero no hay quien asuma. http://www.telesurtv.net/news/Guatemala-Sectores-exigen-aplazamiento-de-elecciones-generales-20150805-0017.html

[4] Conformada por más de cien organizaciones de la sociedad civil de todo el país encabezado por la USAC https://comunitariapress.wordpress.com/2015/07/02/plataforma-nacional-para-la-reforma-del-estado-convocada-por-la-usac/ donde posteriormente se agregaron más instituciones y organizaciones. http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2015/06/IPN-RD-75.pdf.

[5] Apenas dos semanas de haberse reveladas las investigaciones del Ministerio Público MP y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala Cicig sobre una red de defraudación aduanera Línea.

[6] Cacif dice que no se puede aplazar las elecciones. http://www.laprensadeguatemala.com/2015/07/cacif-inviable-aplazar-elecciones-2015.html

[7] Llamada así porque inició desde 1986 con haberse entrado en vigencia la nueva constitución. 1986-1990-1996-2000-2004-2008-2012-2016.

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Publicado el 27 enero, 2016 en Guatemala. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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