Archivos diarios: 27 enero, 2016

La presidencia de Jimmy Morales y la nueva legislatura no resuelven la crisis política del Estado

Por: Simón Antonio Ramón

La toma de posesión de Jimmy Morales como presidente de Guatemala, desde el andamiaje jurídico, marca un punto final a la crisis política desatada por parte del gobierno caído de Otto Pérez Molina[1] del Partido Patriota en el 2015, provocando todo esto que los movimientos urbanos que lo apoyaron en sus campañas 2007 y 2011 se volcaran en su contra. Esa crisis halló en la población su descontento por las rupturas del tejido social que por años venía generándose hasta que con el hartazgo se rompieron las fuerzas, que en abril dieron pie a que se empezaran a dar varios cambios incluyendo el gobierno de transición dirigido por Alejandro Maldonado Aguirre[2] desde su nombramiento como vicepresidente del país en mayo tras la renuncia de Roxana Baldetti y al frente de la presidencia en septiembre. Podríamos decir que el final de la crisis política llegó hasta el 14 de enero con la llegada de Jimmy a la presidencia.

Si la mirada la enfocamos en lo político, esa crisis continúa, porque las acciones de diferentes instancias se realizan de manera dispersa, por el nombramiento de funcionarios que pudieran haber resultado llevando al gobierno a evidenciarse como corrupto y el encarcelamiento de uno de los cuadros más visibles y fuertes del partido FCN.. Esta misma crisis llevó a qué en el mes de mayo cuando las manifestaciones pacíficas eran cada vez más fuertes, se pidiera al Tribunal Supremo Electoral – TSE el aplazamiento de las elecciones generales planificadas para el 6 de septiembre[3]. Esto con la intención de reformar la Ley Electoral y Partidos Políticos LEPP así regular y democratizar los partidos políticos lo que generaría nuevas reglas al sistema electoral que debieron tomar vigencia antes de las elecciones 2015.

A esta petición ciudadana se anexó la convocatoria de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC para la conformación de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado[4] y la creación de grupos de trabajo en el Organismo Legislativo donde se presentaron iniciativas ambiciosas que generaron expectativa en la población. Y era o se aplazan las elecciones o que se dieran con la garantía que el cambio de gobierno, diputados y alcaldías.

Con estas iniciativas se abrió un debate sin precedente desde los acuerdos de paz. Aplazar las elecciones. Desde los espacios de debate dígase medios de comunicación, sectores académicos, políticos, sociedad civil; todos con argumentos sustentados en la Constitución Política.

Para los magistrados del TSE, el aplazamiento de las elecciones planificadas para el 6 de septiembre, sería una violación a la Carta Magna que tendría responsabilidades individuales de carácter penal, eso restaría su impacto histórico y legitimo al sistema político de Guatemala. Esta respuesta es una manera de responder a la presión del partido Libertad Democrática Renovada Líder que encabezaba las encuestas y que tuvo mucha influencia en la elección de las y los magistrados al TSE.

Por parte de académicos de las universidades privadas y los sectores conservadores y políticos, coincidieron con el argumento del TSE porque las elecciones fueron convocadas desde el 2 de mayo[5] haciendo alusión a las reformas a la LEPP tomarían vigencia el 1 de enero 2016 en dado caso que se aprueben[6]. Con estas posturas cerradas desde la interpretación jurídica, el silencio de los partidos políticos de izquierda como movimientos progresistas marcó un precedente, a mi juicio el de legitimar un sistema corrupto.

Desde la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado se expuso que la conflictividad social que existe en el país en más de dos mil puntos identificados, con celebrarse las elecciones podría recrudecerse más dado que muchos candidatos a las alcaldías y diputaciones no tienen credibilidad en sus lugares de origen, están algunos relacionados con viejas redes de enriquecimiento ilícito y esto se une la crisis desatada por defraudación aduanera. Entonces, una decisión política de la Corte de Constitucionalidad CC sería efectiva en el momento.

Al llegar los amparos correspondientes a esta instancia constitucional, solo afirmó los argumentos de los sectores políticos, económicos tradicionales y académicos conservadores; indicando que en el caso de las elecciones 2015 no pueden aplazarse, prevaleciendo el marco jurídico sobre las interpretaciones políticas.

La CC en otras ocasiones ha emitido resoluciones políticas más que jurídicas, como la inscripción del general retirado Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia en las elecciones 2003 dado que encabezó un golpe de Estado en el 1980 lo que impide ser un candidato presidencial según la Constitución y la inscripción de su hija Zury Ríos en las elecciones 2015 donde la carta magna es clara por ser hija de un golpista. Entonces con esta resolución la CC se contradice con las resoluciones mencionadas lo que indica ser un ente apaga fuegos en momentos de crisis.

Las elecciones que se realizaron en septiembre y octubre donde resulta electo Jimmy Morales con el partido Frente de Convergencia Nacional Nación FCN-Nación, los diputados y los alcaldes en todo el país; se dan en un contexto de crisis política donde las reglas establecidas por el status quo están siendo cuestionado hace que pierda su total legitimidad, dado que se realizaron sin el respaldo total de la población.

Ahora que la crisis comienza a apagarse debe establecer caminos para reestructurar las instituciones golpeadas por las malas prácticas de los funcionarios que a los largo de los años se han ido desgastando, comenzando por la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS y las demás que requieren una reestructuración para su buen desempeño.

Entonces al nuevo presidente Jimmy Morales, le queda actuar con transparencia desde la ejecución de los fondos públicos que fue el mayor reclamo de la población durante las manifestaciones que se encendieron desde el 25 de abril y un gabinete libre de cuestionamientos de la sociedad para lograr un mayor respaldo social que no debe ser el porcentaje de sus votos obtenidos en octubre último cuando fue electos, y apegarse a su discurso de campaña del combate a la corrupción desde las instancias del Organismo Ejecutivo.

Desde el Congreso, la tarea para la llamada octava legislatura (1986-2016)[7] aún es mayor, ya que ha sido uno de los poderes del Estado de mayor cuestionamiento, más allá de la transparencia. A la vez requiere  impulsar el debate y la aprobación de las reformas a la LEPP que en este 2015 no fue aprobado por no haber alcanzado consenso, sino generar condiciones para reformar leyes que ha mantenido al Estado en una situación precaria de condiciones de vida y darle prioridad a los temas sociales. Porque en ese organismo existen iniciativas engavetadas y de ser lo contrario el gobierno de Morales y la octava legislatura solo alargarían esa crisis política en donde fueron electos que se punto álgido fue en el mes de abril.

[1] Caso La Línea, en el momento el que encabezaba la red de defraudación aduanera La Línea era Juan Carlos Monzón Rojas secretario privado de la vicepresidente de la república Roxana Baldetti y al conocer las detenciones en Guatemala de sus socios, se a la dio a la fuga cuando andaba en Corea del Sur con Baldetti.

[2] Alejandro Maldonado Aguirre, candidato presidencial por el Partido de Renovación Nacional, electo en el 2011 como magistrado a la Corte de Constitucionalidad, fue uno de los magistrados que retrajo el caso de Genocidio contra Efraín Ríos Montt en mayo 2013 y fue nombrado vicepresidente en mayo y presidente de la república en septiembre https://cmiguate.org/maldonado-aguirre-el-nuevo-presidente-de-guatemala/.

[3] Estudiantes universitarios recogieron firmas para aplazar las elecciones y proponer un gobierno transicional si en enero no hay quien asuma. http://www.telesurtv.net/news/Guatemala-Sectores-exigen-aplazamiento-de-elecciones-generales-20150805-0017.html

[4] Conformada por más de cien organizaciones de la sociedad civil de todo el país encabezado por la USAC https://comunitariapress.wordpress.com/2015/07/02/plataforma-nacional-para-la-reforma-del-estado-convocada-por-la-usac/ donde posteriormente se agregaron más instituciones y organizaciones. http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2015/06/IPN-RD-75.pdf.

[5] Apenas dos semanas de haberse reveladas las investigaciones del Ministerio Público MP y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala Cicig sobre una red de defraudación aduanera Línea.

[6] Cacif dice que no se puede aplazar las elecciones. http://www.laprensadeguatemala.com/2015/07/cacif-inviable-aplazar-elecciones-2015.html

[7] Llamada así porque inició desde 1986 con haberse entrado en vigencia la nueva constitución. 1986-1990-1996-2000-2004-2008-2012-2016.

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PRESOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA

Foto: Manuel Pedro Ramón

Jesus González Pazos

Miembro de Mugarik Gabe

 

Estamos relativamente acostumbrados en los últimos tiempos a escuchar y leer noticias sobre presos políticos en Venezuela. Sin embargo, al margen de que esto sea verdad o mentira, pues no tiene este escrito ese objetivo, pero sí al hilo de estas informaciones, parece necesario y de cierta urgencia denunciar otras realidades ocultas en esta misma materia.

De hecho, los mismos medios de comunicación que en los últimos meses “bombardean” con su denuncia de la existencia de dichos presos políticos y los mismos políticos que realizan continuas declaraciones sobre este mismo asunto, ocultan sistemáticamente esa realidad en otros países del mismo continente. Esto, se constituye en evidencia clara respecto a la verdadera e interesada preocupación de unos y otros por la violación de los derechos humanos. Parece que éstos últimos siguen sin ser iguales para unos y otros, ni alcanzar a todos; luego, deberíamos de poder deducir que la denuncia principalmente responde a simples intereses políticos e ideológicos más que humanos.

Sin embargo, aunque sin ocupar portadas, hoy en día y desde hace ya alguna década, autoridades y militantes indígenas han sido, y son, criminalizados y encarcelados por sus actividades políticas. Acciones que no pretenden sino la defensa de los derechos territoriales, del derecho a la vida digna, a la identidad y a la existencia de estos pueblos. Son, además, actividades que cuentan con el respaldo de amplios y reconocidos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en general, y de los pueblos indígenas en particular. Éstos son los casos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Ambos instrumentos, ratificados y respaldados para su aprobación por la práctica totalidad de gobiernos latinoamericanos y europeos, establecen entre otros la protección al territorio y a la jurisdicción propia sobre los mismos, además de reconocer el derecho de autodeterminación. Pero también el derecho a la consulta y al libre consentimiento informado previo que las comunidades pueden ejercer ante cualquier actuación pública o privada que se prevea y que opere contra los intereses y derechos de estos pueblos; y los gobiernos están obligados además a establecer todos los mecanismos y condiciones necesarias para ejercitar estos derechos plenamente. En suma, hablamos de instrumentos internacionales que reconocen y protegen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

A pesar de lo anterior, países como Guatemala, Colombia o Chile, hoy encarcelan en sus prisiones a personas de pueblos como el q’anjobal, mam, nasa o mapuche. Obligado es hacer una mención especial a la existencia también de mujeres indígenas presas políticas y el agravamiento que la condición de género supone en estos procesos de criminalización y encarcelamiento para ellas.

Por otra parte, en este contexto de denuncia de los gobiernos de turno de estos países por la existencia de presos políticos, y de todos aquellos medios de comunicación que interesadamente ocultan esta realidad, es obligado también precisar que dicha denuncia debe incluir igualmente a las empresas transnacionales, auténticas coprotagonistas de esta situación.

Como ya señalamos antes, en la mayoría de los casos estas personas están presas por la lucha constante, bajo mandato colectivo de sus comunidades, por la defensa de los territorios. Sin embargo, el motivo de esta lucha radica en el hecho de que en el sistema neoliberal dominante hoy en estos países, los gobiernos entregan, sin consulta ninguna a las comunidades y pueblos (tal y como obligan los instrumentos internacionales) dichos territorios a empresas transnacionales o nacionales para su explotación y esquilmación. Empresas de sectores como el minero, energético o forestal que destruyen y contaminan de forma sistemática estos espacios llenos de biodiversidad y condiciones para la vida y que han sido, en la mayoría de los casos, territorios donde estos pueblos han generado las posibilidades para su susbsistencia, sabiendo perfectamente manejarlos y conservarlos durante cientos de años. Sin embargo hoy, se les criminaliza, se les expulsa, se les encarcela o se les obliga a vivir en condiciones de miseria y empobrecimiento en esas tierras que siempre fueron suyas. Señalar que la inmensa mayoría de estas transnacionales son norteamericanas o europeas y todas ellas respaldan ciegamente sus actuaciones en aras del desarrollo contando con el respaldo, también ciego, de los respectivos gobiernos. Apoyo que ahora se verá multiplicado por medio de tratados recientemente firmados, o por firmar, como son los de libre comercio (TPP, TTIP…), facilitando aún más si cabe el descontrol absoluto respecto a la explotación y destrucción de la naturaleza, además de la violación de derechos laborales, sociales o políticos. Todo en beneficio del mercado.

Pero, volviendo a centrar el tema de este texto, es ahora importante clarificar cómo definen estos pueblos la figura de preso político en este contexto de ataques públicos y privados. Para ellos, preso político es toda persona privada de libertad por su participación en acciones por la recuperación y defensa de sus territorios y/o por el ejercicio del control territorial sobre espacios recuperados o bajo amenaza de ser invadidos. Así mismo, quienes realizan acciones de resistencia ante la violencia del estado o de otros actores armados, así como por participar en movilizaciones que reivindican los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de estos pueblos.

Pues bien, pese a la declaración oficial de ser estados democráticos que han ratificado convenios internacionales que reconocen el derecho a estas actuaciones, o pese a estar en procesos de conversaciones de paz que acaben con conflictos armados de décadas, los gobiernos neoliberales y/o socialdemócratas de Guatemala, Colombia y Chile tienen en sus cárceles varias decenas de presos políticos (muchos con carácter preventivo), así reconocidos por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, o por la Relatora Especial para Pueblos Indígenas, o el Relator para los Derechos Humanos, ambas figuras del sistema de Naciones Unidas.

Como señalábamos al principio de este texto, se han escrito ríos de tinta, se han hecho infinidad de crónicas sobre el gobierno venezolano y la existencia de presos políticos. Sin embargo, ni una décima parte se ha escrito o contado sobre los presos indígenas con esta misma caracterización (políticos) en América Latina. Es la lucha silenciosa y la criminalización de la misma por defender la tierra y el territorio, por promover el respeto a la madre tierra, por pretender una vida en plenitud para estos pueblos. Pero es también la lucha constante contra los intereses de las élites económicas (transnacionales) y políticas que sostienen y desarrollan este injusto sistema de dominación. Por eso, la mayoría de los medios de comunicación y de la clase política tradicional, tanto en ese continente como en el europeo, nos seguirán “bombardeando” con sus crónicas y declaraciones sobre Venezuela; pero, al mismo tiempo, seguirán invisibilizando, ocultando, la existencia de presos políticos indígenas en América Latina por defender los derechos humanos individuales y colectivos. No interesa al sistema dominante, a los mercados, luego no debe de ser noticia ni motivo de declaración o acción política.