Archivos diarios: 14 enero, 2016

Barillas: Saúl y Rogelio, defensores del agua y presos políticos quedan en libertad

Por: Quimy De León

Jueves 14 de enero de 2016.- Saúl Aurelio Méndez y Antonio Rogelio Velásquez quedan hoy en libertad y muy pronto podrán estar de vuelta con sus familiares en Barillas, Huehuetenango. Ellos son dos defensores del agua y del territorio del municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango que fueron criminalizados y perseguidos por representar a las comunidades mestizas y maya q’anjob’al de su municipio. Las comunidades que representan se resisten a la instalación inconsulta de la empresa Ecoener Hidralia Energía -empresa española- que además pretende construir una serie de hidroeléctricas en la zona.

Ambos estuvieron detenidos injustamente desde el mes de agosto del año 2013, después de enfrentar un nuevo juicio luego que la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango ordenara la repetición del debate. Este nuevo debate dio inicio en septiembre del 2015 ante el Tribunal de Sentencia de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de la ciudad de Quetzaltenango. Saúl Méndez está representado legalmente por los abogados Eduardo De León Chacaj y Juan Castro de la Asociación de Abogados Mayas, así como por el abogado Héctor Reyes del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Los primeros presos políticos de Huehuetenango

Saúl y Rogelio se convirtieron en presos políticos del Estado en el año 2012, cuando fueran detenidos de forma arbitraria por paramilitares en Barillas el día 2 de mayo cuando se dirigían a la estación de la Policía Nacional Civil PNC para averiguar sobre el asesinato del comunitario Andrés Pedro Miguel ocurrido el 1 de mayo a manos de los jefes de seguridad de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz.

El 5 de noviembre del 2012, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas consideró en la Opinión 46/2012 emitida por este órgano confirmo que las detenciones hechas en Barillas el 2 de mayo fueron arbitrarias.[1]

En enero del 2013, luego de una fuerte batalla legal y política ambos junto a Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Pedro Vicente Núñez Bautista, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel, Esteban Bernabé y Pascual de Pascual Pedro lograron obtener su libertad nuevamente, ese mismo año regresaron a Barillas recibidos por miles de personas. Las amenazas de nuevos procesos en su contra empujados por la empresa Hidro Santa Cruz o su matriz en España Ecoener Hidralia Energía no se detuvieron.[2]

Meses después, sorpresivamente fueron detenidos nuevamente por una acusación falsa, el 27 de agosto de 2013 ambos llegaron a la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala para una nueva audiencia, en ésta audiencia debía de cerrase el proceso 92-2012 en contra de ellos y ahí mismo fueron detenidos por agentes del DEIC y trasladados a Huehuetenango.[3]

Ellos fueron acusados injustamente como los responsables de linchamiento de dos personas acusadas de delinquir en el municipio de Barillas en 2010, la gente había identificado a estas dos personas (Guadalupe Francisco, de 46 años, y Mateo Diego Simón, 41)[4] como los responsables de varios delitos y robos en la región, ante el descontento masivo de la gente y la falta de aplicación de la justicia en el municipio fueron linchados en el año 2010. Este proceso se reactivó casualmente en 2013 pero ahora en contra de Saúl y Rogelio, por ser ellos parte de las autoridades comunitarias en ese momento, lo extraño de éste proceso fue que el Ministerio Público no responsabilizó de manera individualizada a quienes sí participaron en éste linchamiento señalando únicamente a los dos líderes comunitarios de Barillas.

El 14 de noviembre 2014 fueron condenados 33 años y cuatro meses de prisión por el tribunal de Femicidio en el departamento de Huehuetenango, sus abogados defensores interpusieron un recurso de Apelación Especial del proceso penal No. 13005-2013-00104 para que una Sala de Apelaciones de Huehuetenango revisara los vicios en el proceso; estos son de forma y de fondo y de esa cuenta la sentencia condenatoria emitida por el tribunal en Huehuetenango fue anulada.5 El 29 de abril 2015 la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango realizo una vista pública resolviendo anular la sentencia del tribunal de Huehuetenango y ordenando un nuevo proceso en Quetzaltenango.

[1] Naciones Unidas. Miguel de la Lama. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas. https://acoguate.files.wordpress.com/2013/03/gtda-opinion-no-46-2012-guatemala.pdf

[2] Quimy De León. Barillas: una historia de persecución política por defender el agua. Prensa Comunitaria. 15 de enero 2013. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/15/barillas-una-historia-de-persecucion-politica-por-defender-el-agua/

[3] Periodismo Humano. Detenidos dos defensores del agua contra empresa española Hidralia en Barillas, Guatemala. 29 de agosto 2013. http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/detenidos-dos-defensores-del-agua-contra-empresa-espanola-hidralia-en-barillas-guatemala.html

[4] Prensa Libre. Condenan a 33 años de cárcel a dos hombres por linchamiento de pareja. Mike Castillo. 14 de noviembre 2014. http://www.prensalibre.com/huehuetenango/Condena-anos-carcel-dos-hombres-linchamiento-pareja_0_1248475340.html

 

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Caso Molina Theissen: jueza envía a la cárcel a militares y los liga a proceso

 

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Por: Nelton Rivera.

Tuvieron que pasar treinta y cuatro años para que la justicia guatemalteca le abriera paso a un nuevo proceso de justicia por desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad en donde guardan cárcel preventiva cuatro altos mandos del ejército de Guatemala.

La familia Molina Theissen vivió en carne propia la política contrainsurgente durante los años más duros de la guerra. En el año de 1981 Marco Antonio el hijo menor de 14 años fue detenido desaparecido, Enma una hija secuestrada, torturada y violada múltiples veces que logró escapar de la prisión clandestina en la base militar de Quetzaltenango y una madre que luchó para que ambos casos no quedaran en la impunidad.

A las tres de la tarde en una de las salas del nivel 12 de la Torre de Tribunales la jueza Judith Secaida, quien preside el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal ligó a proceso a cuatro altos mandos del ejército, ellos son: Manuel Antonio Callejas Callejas, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Francisco Luis Gordillo y Edilberto Letona Linares, esto causó cierto malestar en algunas personas que estaban en la sala, los familiares de los militares murmuraban, otros disentían con la cabeza y sus rostros comenzaron a reflejar la preocupación de la posibilidad de que los cuatro militares no obtuvieran una medida sustitutiva.

Posteriormente la jueza negó la petición de sus abogados defensores de lograr una medida sustitutiva y ordenó que los cuatro continuaran en prisión preventiva en la Brigada Mariscal Zavala en la zona 17 de la ciudad capital. La jueza fue enfática al argumentar que sí existe la posibilidad de que puedan obstruir el proceso de averiguación de la verdad.

Por lo que Manuel Antonio Callejas Callejas general de división y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S2 fueron ligados por el delito de desaparición forzada. Francisco Luis Gordillo comandante de la Base Militar de Quetzaltenango y Edilberto Letona segundo comandante de la zona y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas fueron ligados a proceso por el delito de deberes contra la humanidad; todos por la detención y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981.

Para el mes de marzo de 2016 el MP deberá entregar el acto conclusivo de la investigación y luego se realizará la fase intermedia, esta etapa pasará a los Tribunales de Mayor Riesgo de Guatemala.

En la audiencia estuvo presente Enma Theissen Alvarez madre de Marco Antonio y de Enma Guadalupe. Al finalizar la audiencia doña Enma permaneció sentada, poco a poco fue dejando que el llanto y la emoción afloraran por un momento, para ella y su familia viviendo en el exilio comienza a llegar la justicia 34 años después.

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Más casos

En la sala vecina la jueza Claudette Domínguez del tribunal de Mayor Riesgo A continuaba con la audiencia de primera declaración de otros 14 altos mandos del ejército sindicados por delitos de lesa humanidad durante la guerra; delitos como la desaparición forzada y deberes contra la humanidad por el caso CREOMPAZ contra la población indígena Q’eqchi, Achi y Pocomochi en Alta Verapaz, uno de estos militares es Manuel Benedicto Lucas García ex jefe del Estado Mayor Del Ejército y uno de los autores intelectuales y materiales de la política contra insurgente de la tierra arrasada, más de 200 masacres se registraron desde su mando.

Barillas de exportar café y cardamomo ahora exporta presos políticos

Por Nelton Rivera.

Barillas es un municipio de aproximadamente 129 mil habitantes, la agricultura sigue siendo una de las actividades económicas importantes, el café hasta la crisis del 2002 fue casi el más importante. Todo cultivo necesita de agua, y en este municipio el agua está en disputa. Una hidroeléctrica extranjera quiere instalarse y utilizar las cascadas del río Canbalam para producir energía y venderla fuera del país, un río poco caudaloso pero que circula por varias de las comunidades. Para funcionar la empresa recurrió a poner denuncias en contra de muchas personas, de ahí van el montón de procesos. El Ministerio Público -MP- con estos casos está lejos de ser objetivo en sus investigaciones, la empresa le da los insumos, con estos se arman casos penales y ahora hay siete líderes comunitarios en distintas cárceles del país, todos enfrentan procesos arbitrarios, así lo afirman los abogados de derechos humanos, la empresa no les perdona que hayan detenido el proyecto hasta la fecha.

 

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Ermitaño López (don Taño) y Adalberto Villatoro (don Tello) son dos agricultores que provienen de familias que por años produjeron café, seguramente sus abuelos habrán comenzado con este cultivo en Barillas.

Francisco Juan Pedro (don Chico Palas) tiene su propio negocio, una librería en el centro de la ciudad y Arturo Pablo es profesor de una escuela pública en la comunidad Recreo B, además es licenciado.  Arturo y Francisco son indígenas maya Q’anjob’al, la población mayoritaria de varios municipios del departamento de Huehuetenango.

Ellos son autoridades comunitarias, alcaldes auxiliares o COCODES, tienen en común la defensa del agua y del territorio, y todos actualmente están en prisión, para muchos de forma injusta e ilegal, para una empresa y el Estado son delincuentes o terroristas por oponerse a un proyecto que llevará el “desarrollo”, ¿Cómo? no terminan de explicarlo.

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Durante el año 2007 la gente del municipio realizó una de las primeras consultas comunitarias, muchos decidieron que los bienes naturales no pueden ser explotados industrialmente, por lo tanto las empresas no pueden llegar como si nada, instalarse y construir sin el consentimiento de la mayoría.

Barillas es un municipio en donde la producción agrícola es una de las principales actividades comerciales y de auto sustento, después de las remesas claro esta, la tierra y el agua son vitales, cultivos como el café y cardamomo necesitan del agua y de las personas también.

Ser colectivamente responsables con sus recursos hídricos y tomar decisiones para protegerlos, les enfrentaría años más tarde con la ambición de una empresa española de origen español, la empresa quiso instalarse de forma inconsulta desde el año 2011. Para adquirir la tierra mintió, luego comenzó a construir sin permiso municipal y volvió a mentir, frente a la oposición de las comunidades su estrategia se tornó cada día más violenta, mintió en los medios de comunicación, mintió en su país y hasta el día de hoy sigue mintiendo.

El empresario Luis Castro Valdivia de origen gallego tuvo el respaldo del gobierno de aquel entonces, Otto Pérez Molina cuando el se sentía en la cima del poder. Esta empresa probó de todo en el 2012; realizó denuncias que se convirtieron después en órdenes de aprensión. También hubo asesinatos, cooptación de líderes, desplazamiento forzoso, presos políticos y hasta un Estado de Sitio.

Para el año 2012 el municipio dejó de exportar café y comenzaron a exportar presos políticos, primero fueron nueve, luego entre el año 2013 al 2015 fueron siete más, don Taño, Tello, Chico Palas, Arturo, Saúl y Rogelio son el ejemplo vivo de esta experiencia, lo más terrible es que todavía hay órdenes de captura contra 23 personas más.

Barillas dejo de ser referencia por su café y cardamomo de exportación a mercados como los de Estados Unidos y Europa, ahora exporta presos políticos; pequeños o grandes productores cambiaron sus pláticas sobre el café si es Prima, extra prima, semi duro, duro fantasía, estrictamente duro, o Antigua por temas como órdenes de aprehensión, fiscales, denuncias, juzgados, jueces, casos, penas y cárceles.

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Don Tello, Arturo y don Chico Palás, están en prisión preventiva desde febrero del 2015 en la ciudad de Guatemala, un juez de Huehuetenango así lo decidió, su paso por la cabecera departamental fue corto ya que después de su detención los mandaron para la capital,  en poco tiempo se dieron cuenta que la justicia pronta y cumplida o el debido proceso no son mas que una utopía, un texto muerto.

Para el abogado Edgar Pérez del Bufete de Derechos Humanos, este caso y la participación del MP responden a otros intereses:

“Tenemos una acusación que es inobjetiva, es una acusación totalmente arbitraria, esta acusación puede ser ilegal y eso es una afrenta contra el orden constitucional, el Ministerio Público apartándose de toda objetividad presentó acusaciones ilegales…”[1]

Ocho meses han trascurrido desde que fueron detenidos, todo ha sido lento y tortuoso, sus familias tienen que viajar durante dos días para llegar a la ciudad capital desde Barillas un municipio que colinda con una de las fronteras del sur de México, fácilmente pueden hacer 14 horas de viaje si usan un solo día para moverse a la capital, la prisión injusta, la distancia, la ruptura del núcleo familiar golpean permanentemente a las familias.

La denuncia en contra de ellos la hacen varios trabajadores de la empresa, con el auxilio de un abogado pagado por la empresa. El fiscal del MP logró que los tres permanezcan en prisión preventiva en la zona 18, el proceso recientemente paso de la fase intermedia, los tres van a un juicio oral y público así lo resuelvió el Tribunal de Mayor Riesgo A, el MP no logro salirse con la suya, la jueza Carol Patricia Flores antes de ser removida del tribunal desestimo la acusacion por plagio o secuestro, ahora el tribunal esta presidido por otra jueza, el fiscal aún debe una explicación sobre como ingresó el mismo al expediente un documento titulado: “Informe Estructura Criminal. Conflicto Social Huehuetenango Mayo 2014”, la empresa lo puso en las manos del fiscal.

Para Benito Morales Laynes abogado defensor: “este tipo de persecución por parte del Ministerio Público son casos políticos, porque están persiguiendo, criminalizando y juzgando a líderes comunitarios por su forma de pensar y por oponerse a empresas transnacionales y no por cometer delito alguno, qué delito existe en defender el agua de todo el mundo, además es evidente una política racista por parte del MP.”

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Las juezas van y vienen

Carol Patricia Flores presidió el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, ella enfrenta un antejuicio. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y el Ministerio Público –MP- tienen algunos indicios que ella pudo haber hecho uso de su posición para beneficiarse económicamente, de esa cuenta que el antejuicio sea por: “delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.”[2]

En el mes de agosto la jueza se excusó de seguir conociendo los casos de la CICIG, como el de la estructura de La Línea y el IGSS. Ella conoció el caso de la masacre de la cumbre de Alaska en Totonicapán.  Finalmente en diciembre ella salió de vacaciones, por lo que la Corte Suprema de Justicia nombro a la jueza Claudette Domínguez en su lugar para conocer los casos del tribunal de Mayor Riesgo A, ella es quien lo preside ahora.

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¿Cómo va el proceso?

Antes de cerrar el año el Tribunal ligó a proceso a los tres por los delitos de detenciones ilegales, coacción e incitación a delinquir, la jueza Carol Patricia Flores desestimó el delito de plagio o secuestro, el MP no logró demostrar con suficientes pruebas que los tres señores hubieran cometido tal delito y la jueza a regañadientes contra el fiscal lo descartó, a pesar de eso el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino de la unidad de operadores de justicia del MP insistió en solicitar una y otra vez que todos fueran ligados por este delito, con penas de 25 años de cárcel o la pena de muerte.

Ocho meses después de haber sido detenidos en prisión a 415 kilómetros de sus hogares el profesor Arturo, don Chico Palas, y don Tello van a juicio oral y público, en enero de 2016, la jueza Claudette Domínguez así lo resolvió luego de conocer una audiencia para modificar la medida coercitiva durante los últimos días de diciembre del 2015.

Los abogados defensores argumentaron que los tres delitos por los que fueron detenidos debiera de tener arresto domiciliario argumentando que existe la posibilidad de fuga y que por ser líderes comunitarios pueden obstruir la investigación del MP, a pesar que la fiscal tuvo más de un año para realizar la investigación.

El próximo viernes 15 de enero 2016, Arturo, don Chico Palas y don Tello van a ser trasladados nuevamente desde la zona 18 de la ciudad hacia la Torre de Tribunales, el sistema penitenciario los moverá dentro de un camión, deberían estar  para una nueva audiencia, esta vez en la apertura a juicio oral y público.

Ellos siguen a la espera de poder regresar a su tierra, reencontrarse con su familia, con las comunidades, caminar por los mismos caminos, tomar el café en su taza preferida quizá antes de empezar una nueva jornada de trabajo.

Barillas seguira produciendo café y cardamomo, la problemática social provocada por la empresa lejos esta de solucionarse, y al mismo tiempo en municipios como San Mateo Ixtatán, Soloma, Santa Eulalia y San Juan Ixcoy están viviendo lo mismo, detrás están las hidroeléctricas.

[1] Audiencia de fase intermedia. Tribunal de Mayor Riesgo B. Abogado Edgar Pérez. 13 de octubre 2015.
[2] CICIG. COMUNICADO DE PRENSA 014, ANTEJUICIO CONTRA JUEZA CAROL PATRICIA FLORES POLANCO. 30 de abril 2015. http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=590&cntnt01returnid=67
[3] ElPeriodico. Cesar Calderón, el abogado que Otto Pérez Molina le pago a “Eco”. Julio E. Santos. 25 de septiembre 2015.