Archivos diarios: 6 enero, 2016

La Puya: pocas horas después del cierre temporal de la mina vuelven las presiones

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Por Nelton Rivera / José Pablo Chumil.

Aproximadamente a las 8 de la noche en el ingreso principal de la Mina El Tambor en San Pedro Ayampuc apareció el Subcomisario Byron Revolorio De León, jefe de operaciones de la Comisaría No. 12 de la Policía Nacional Civil -PNC-, de manera extraña el jefe policial buscaba retirar la cinta amarilla que clausura el ingreso a la mina, la cinta tienen un letrero de die: “precaución”.

Además el subcomisario De León tenía la intención de quitar las mantas vinílicas que instalo la Municipalidad de San Pedro Ayampuc, estas mantas que en gigante dice “Obra suspendida” explican con claridad que esa obra (proyecto minero Progreso VII Derivada) esta clausurada temporalmente como una medida cautelar, otorgada a las comunidades en resistencia pacífica en La Puya.

No es la primera vez que la PNC actúa de forma extraña cuando se trata de la empresa minera EXMINGUA, dos intentos de desalojo de forma violenta del 2013 al 2015, la instalación de un campamento con personal de la PNC incluso agentes antimotines que custodian la mina, instalados dentro de los terrenos de la empresa, la detención arbitraria de uno de los representantes de la resistencia pacífica durante las elecciones generales, actos de intimidación y acoso a las personas que permanecen en La Puya, especialmente contra las mujeres.

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Subcomisario Byron Revolorio De León

Finalmente el jefe policial desistió en romper la medida cautelar, las personas que se encontraban en la resistencia pacífica con la actitud del subcomisario se quedaron con un sentimiento de incertidumbre, ¿Qué pretendía el subcomisario? ¿Por qué la PNC no presento ningún documento legal para levantar el cierre? ¿Por qué siguen resguardando las instalaciones de la minera?

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Huehuetenango: Comunicador Lico Francisco murió tras ser atropellado en Santa Eulalia

Lico en la radio

En horas de la mañana de este miércoles, murió el comunicador Q´anjob´al Federico Matteu Francisco Juan muy conocido como Lico de 28 años de edad originario del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango; tras ser atropellado en la carretera principal del municipio en el cantón San Miguelito por un camión sobre la avenida principal de Santa Eulalia.

Federico tiene una trayectoria como periodista comunitario, radialista y comunicador social en la Radio Comunitaria Snuq´ Jolom Konob´ censurada por el alcalde municipal desde el 20 de enero 2015, él forma parte del equipo de corresponsales de Prensa Comunitaria para esta región.

Matteu Francisco es hijo de Emilia Juan y del comunicador Lorenzo Mateo Francisco de la Radio Comunitaria Snuq´ Jolom Konob’ a quien en nombre de todo el equipo de comunicadores y periodistas comunitarios extendemos nuestra solidaridad y condolencias.

Lamentablemente Lorenzo Mateo y su familia tuvieron que esperar más de una hora para que el Juez del juzgado de Paz del municipio de Santa Eulalia a 5 min de distancia del lugar en donde Lico Mateo perdió la vida se presentara.

La radio Snuq’ Jolom Konob’ lamenta profundamente la pérdida de unos de los comunicadores que le dan vida a la radio día a día, seguiremos informando y comunicando para el pueblo, hasta pronto Lico.

La Voz nacional e internacional de la nación Q’anjob’al

En horas de la mañana de este 6 de enero 2016 mientras Lico comunicador y radialista de la radio comunitaria transitaba por una de las avenidas principales del municipio un camión que transporta pollos lo atropello, la gente corrió hasta el lugar para auxiliarlo pero del impacto Lico no pudo sobrevivir.

Cientos de vecinos llegaron al lugar para brindar ayuda y solidarizarse con la familia de Lico y con el equipo de la radio comunitaria.

Aguacatán: nuevos alcaldes auxiliares son juramentados por la Municipalidad

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Las comunidades en el municipio de Aguacatán estuvieron de fiesta el 29 de diciembre 2015, ese día realizaron en sus 87 comunidades el cambio de la vara,  a partir de ese día los nuevos alcaldes auxiliares tomaron la conducción de la autoridad comunal, de esas alcaldías auxiliares muchas mujeres se harán cargo.

Siete días después del cambio de vara,  el alcalde municipal de Aguacatán en un acto público realizo la juramentación de las nuevas autoridades, cada uno y una con sus varas de autoridad asistieron para este acto en el Salón Municipal el día lunes 4 de enero, mujeres Aguacatecas con sus cortes y güipiles llenos de colores, los hombres con traje casimir y sombrero, todos con las varas de autoridad.

Con fotografías de Pascual Raymundo.

Militares detenidos por violaciones a derechos humanos durante la guerra

Justicia mujeres

Por: Quimy De León

Miércoles 6 de enero de 2016. La fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público detuvo esta mañana a 13 militares por desaparición forzada y deberes contra la humanidad, cometidos por los militares entre los años 1981 y 1988, luego de realizar varios allanamientos realizados en la ciudad capital y en el departamento de Alta Verapaz por ordenes emitidas por el Juzgado de Mayor Riesgo A.

Ellos son Benedicto Lucas García jefe del Estado Mayor General del Ejército durante el período 1978 a 1982 siendo su hermano presidente el general Fernando Romeo Lucas García; Manuel Antonio Callejas Callejas fue director de la Sección de Inteligencia del ejército – G-2 durante el mismo período; Francisco Luis Gordillo Martínez quien fue parte de los militares que dieron el golpe de Estado en 1982 junto a al general Efraín Ríos Montt.

Hay otros diez militares detenidos, ellos son: Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Carlos Humberto Rodríguez López, Edilberto Letona Linares y Edgar Rolando Hernández Méndez.

Cuando Benedicto Lucas García fue jefe del Estado Mayor según diversas fuentes se diseñó una estrategia contrainsurgente que llegó hasta el genocidio arrasando comunidades indígenas mayas completas en distintos lugares del país. Sobre la desaparición el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico -CEH- registró:

“Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42.275 víctimas (…). Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas”[1]

Manuel Callejas y Callejas fue jefe parte del grupo de militares de línea dura conocidos como “los estratégicos“ que “enmarcaba el conflicto dentro de una polarización total (cien por ciento) de la población, estás con nosotros o contra nosotros”. [2] Fue también jefe de la agencia de Aduanas y parte de La Cofradía que era un grupo de militares “asociados con la delincuencia común y la corrupción administrativa en el período de la dictadura militar de Lucas García,” de julio de 1978 a marzo de 1982.

En el informe del REMHI “Guatemala Nunca Más” se registraron más de un millón de personas desplazadas internamente por la violencia del Estado a partir de la década de los años 80s, 400 mil personas exiliadas en México, Belice, Honduras, Costa Rica o EEUU, 45 mil refugiados legalmente en México, 150 mil refugiados de forma ilegal, además de unos 200 mil ilegalmente en EEUU, 20 mil personas en las Comunidades de Población en Resistencia CPR y otras 20 mil más viviendo en las montañas y selvas.

Datos desgarradores que se suman a los 250 mil asesinados en distintos planes de tierra arrasada, esta fue una política de exterminio étnico de todas aquellas comunidades o poblaciones que el ejército simplemente considero como grupos insurgentes, además el informe también hacen una aproximación de 45 mil detenidos desaparecidos.

Además la CEH hace un abordaje sobre los niveles de instauración de una cultura del terror de la mano de la política contrainsurgente del Estado sobre la población:

“Además de la represión y el exilio, la debilidad y fragmentación de las organizaciones sociales se deben en buena medida a la conjunción de diversos mecanismos activados por el Estado para destruirlas. (…) El terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena casual y la ejecución efectiva de atrocidades”.[3]

Estas detenciones suponen para Guatemala y la disputa por la memoria un hito importante que significa un paso más para el esclarecimiento de la verdad histórica y las posibilidades de la justicia, varias décadas después para miles de víctimas de la guerra, del genocidio y otros delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y por un grupo de familias que sustentaron el poder económico en Guatemala.

[1] CIDH. caso No. 12.590, José Miguel Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) respecto del Estado de Guatemala. 18 de febrero 2011.

[2] Susan C. Peacock y Adriana Beltrán “Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos“. Wola

[3] El contexto del conflicto armado. GUATEMALA: MEMORIA DEL SILENCIO.
Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Ciudad de Guatemala, febrero de 1999.