Barillas y la criminalización de las luchas: dos autoridades comunales esperan que hoy se haga justicia

Por: Quimy De León

Quetzaltenango 28 de octubre de 2015. – Rogelio Velásquez y Saúl Méndez son defensores del agua, han tenido una larga trayectoria como autoridades comunales de sus comunidades, fueron miembros de la Asociación para la defensa del territorio, organizaron y promovieron la Consulta Comunitaria de Buena Fe en el año 2007 en Barillas. Desde el 2011 han representado la decisión de las comunidades de oponerse a la instalación de la empresa española Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz.

Ellos se encuentran detenidos en la prisión de Huehuetenango y fueron trasladados al juzgado de Sentencia Penal de Femicidio en Quetzaltenango para escuchar la fase conclusiva y la sentencia del juez en el proceso penal armado en su contra .

Esto se desarrolla en la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango, en donde se lleva a cabo el debate desde septiembre del 2015 ante el Tribunal de Sentencia de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de la ciudad de Quetzaltenango bajo el expediente C-13005-201300104, este proceso ha tenido una serie de atrasos porque los testigos del Ministerio Público no se han presentado. En todas las audiencias señaladas, los acusados son trasladados de la cárcel de Huehuetenango hacia Quetzaltenango.

Saúl Méndez está representado legalmente por los abogados Eduardo De León Chacaj y Juan Castro de la Asociación de Abogados Mayas, así como por el abogado Héctor Reyes del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

La segunda detención

Ellos están detenidos desde el 27 de agosto de 2013 acusados de los delitos de asesinato y femicidio, supuestamente por haber participado en un linchamiento. Como ocurre en los casos de criminalización el Ministerio Público ni quienes acusan tienen pruebas que demuestren los delitos que les montan. Hoy el Ministerio Público a pesar de todo pide 50 años de cárcel para ellos.

Esta es la segunda vez que están en la cárcel por razones políticas pues en el año 2012 fueron detenidos de forma arbitraria por paramilitares en Barillas y estuvieron encarcelados de forma ilegal y arbitraria durante 8 meses en Guatemala, logrando su libertad en enero del 2013.

Para este primer caso ellos asistían a su audiencia de cierre un martes 27 de agosto en la ciudad de Guatemala, cuando estaban a punto de entrar a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en Guatemala, en un operativo poco común fueron detenidos por supuestos oficiales del DEIC de la Policía Nacional Civil – PNC que no portaban  identificación alguna. Saúl y Rogelio ahora son acusados de “participar” en un linchamiento que ocurrió en Barillas en agosto de 2010 tras hechos totalmente confusos.

En Barillas y la región q´anjob´al una larga lista de injusticias

Ellos, sus familiares y vecinos de sus comunidades niegan categóricamente cualquier participación, y apuntan a un paso más la responsabilidad de Hidro Santa Cruz. Un dirigente de la Sociedad Civil de Barillas así lo veía:

“Ahorita están acusando a Rogelio y a Saúl de un crimen que sucedió hace años. No es por problemas de la empresa sino por un asesinato donde ellos nada que ver. Pero como la empresa hace de todo para amedrentar a la gente, entonces de eso se están valiendo ahorita”[1]  

Puede ser que el Gobierno pretenda decir y argumentar que hace algo en contra de la violencia imperante y los linchamientos, que son especialmente virulentos en esa área. Y además fortalecer el estigma de que los pueblos indígenas son violentos e ingobernables, cuando estos hechos sacan a flote la ausencia total del Estado, la incapacidad de la aplicación de la justicia, de las autoridades y la impunidad que vive el país.

Se ha ido demasiado lejos en la criminalización de la lucha social, para imponer un régimen autoritario de corte empresarial y militar, mediante mecanismos de terror y amedrentamiento, en donde la judialización juega un papel clave.

Con la detención de Saúl y Rogelio, la intención no solamente es enviar un mensaje a la población de lo que les ocurrirá si siguen en oposición a la empresa, sino que además desacreditan la lucha por la defensa del territorio y del agua, desacreditan la defensa de los defensores de derechos humanos.

Pues con los delitos que ahora se les imputa de “asesinato y feminicidio” por dos hechos de linchamiento en donde participaron cientos de personas en presencia de las autoridades. También busca neutralizar al mismo movimiento de derechos humanos, pues al defender su lucha legítima, intentan hacer parecer incoherentes por apoyar a personas acusadas de tremendos delitos.

Estas acusaciones falsas en contra de éstas personas y de las luchas por la defensa del territorio, colocándoles crímenes que le son abominables al movimiento de derechos humanos intentan dejarles aislados y sin apoyo.

El objetivo de fondo es que se cree tal mentira que se olvide el problema de fondo, la manera violenta y criminal usada para imponer a una empresa de origen español: Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz. S.A.

[1] Entrevista, 2 de septiembre 2012

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Publicado el 28 octubre, 2015 en Guatemala. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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