«El cierre y traslado del CAJ y las detenciones tienen que ver con la lógica de racismo»

«….Esa lógica de racismo que hay en las instituciones del Estado que persiguen a los pueblos originarios como su enemigo»

Por Simón Antonio Ramón

El sábado de 3 octubre fue detenido en la cabecera departamental de Huehuetenango, abogado Pedro Robel Toledo, originario del municipio de Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango. La detención se da a partir de una denuncia realizada por el alcalde municipal de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro por delitos de plagio y secuestro. El jefe edil determina que el abogado Toledo como uno de los responsables del cierre del Centro de Administración de Justicia CAJ el 20 de enero tras la realización una audiencia por la detención de dos comunitarios de la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán.

Para contextualizar esta situación, Saturnino Figueroa del Gobierno Plurinacional Q´anjob´al, Chuj, Akateka, Popti´ y Mestizo; nos concede esta entrevista.

-¿En qué contexto se cierre el Centro de Administración de Justicia donde se le acusa al licenciado Toledo?

Yo creo que hay varios elementos. El primero, nosotros hemos pedido la mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH igualmente Naciones Unidas para hacer una evaluación del Centro de Administración de Justicia CAJ. Segundo, la mayoría de las personas que trabajan en el CAJ provienen de la cabecera departamental u otros lugares y que se ven favorable al traslado del Centro de Administración de Justicia a Huehuetenango y eso les facilita comodidad en su movilización; y en este caso del cierre del CAJ tiene que ver con la lógica de racismo que hay en las instituciones del Estado que persiguen a los pueblos originarios como su enemigo, esos elementos hay que considerarlos.

A la fecha en el territorio hay 269 personas que están amenazadas por las actividades extractivas, de las cuales hay ocho personas asesinadas, 35 heridos, 28 prisioneros de conciencia y prisioneros políticos, hay un desaparecido, para hablar de 396 personas que en este momento son víctimas de este sistema.

Cuando vemos el contexto del cierre del CAJ, hay toda una lógica de criminalización de los defensores de derechos humanos, con una lógica de persecución ilegal ilegítima por los órganos jurisdiccionales. Desde los operadores de justicia, se han compenetrado las mafias locales que operan con las empresas extractivas que se incrustan en el territorio.

El cierre del Centro de Administración de Justicia se da el 20 de enero, después de dos detenciones en la aldea Pojom de San Mateo Ixtatan el día anterior (19 de enero) y las personas detenidas son trasladadas a la cabecera departamental, cuando es jurisdicción del CAJ de Santa Eulalia de atender este caso. ¿Por qué a raíz de estas detenciones se cierra el CAJ?

Hay que agregar que estos jóvenes dos meses antes, en noviembre -no sé si es 16 o 17-, habían sido heridos y uno de ellos me consta, que hay registro en el hospital de Huehuetenango en el cual estuvo internado. En parte de lo que ocurrió el 19 – 20 (de enero), personas que sabían que estos jóvenes que capturan habían sido heridos genera una indignación y es cuando se inicia una ronda de negociaciones para entender porqué son trasladados a Huehuetenango.

Y aquí es donde no se entiende el rol que juegan las autoridades locales comunitarias con los operadores de justicia, porque a raíz de ese mismo cierre hay varias detenciones y varias órdenes de aprehensión.

¿Por qué se cierra? yo estoy plenamente convencido que se aprovecha el momento para lanzar un mensaje a la población guatemalteca que el territorio q’anjob’alteco es violento. Se aprovecha esa circunstancia para decir que hay delincuencia en el territorio y que esos delincuentes son secuestradores, intervienen la justicia, y este mensaje lleva una carga de racismo. Porque, lejos de evaluarse las competencias y las funciones de creación del Centro de Administración de Justicia, hay una orden de cierre y traslado de los operadores a los centros urbanos. Aquí lo urbano es lo más seguro y no lo urbano-rural.

Yo creo que debe de ser objeto de análisis y estudio profundo; pero a simple vista tiene denotaciones y connotaciones racistas por un lado y por otro una carga de criminalización de las personas que defienden derechos humanos.

¿Cuál fue el papel que jugó el 19 y 20 de enero, el licenciado Pedro Robel Toledo, que fue detenido este sábado donde se le acusa de plagio y secuestro a raíz de una denuncia del alcalde municipal de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro?

Según testimonios de personas que estuvieron en el lugar, el licenciado Pedro Robel Toledo fue invitado por otros abogados y notarios que tienen temor que pierdan trabajo si se traslada el CAJ a Huehuetenango. Son cinco los abogados que median y negocian conjuntamente con el juez de paz para que se resuelvan las peticiones de los pobladores. Entonces, sigo teniendo claro que el papel de mediación y negociación desde la lógica de los pueblos originarios no ha sido percibida adecuadamente por quienes se forman desde un sistema jurídico occidental. Otro detalle ¿por qué no son perseguido los otros abogados? ¿Por qué él precisamente? Porque él es también un defensor de derechos humanos.

Por este caso hay dos detenciones, tanto de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar. Ahora se suma la detención del licenciado Toledo ¿Ustedes tiene conocimiento de cuántas de detención que ya están giradas por parte de los juzgados?

Sí, hay un registro. De Santa Cruz Barillas hay 22 órdenes que se conocen; para San Mateo Ixtatán hay 13; Santa Eulalia 17; San Pedr- Soloma, una (1); a la vista hay 53 órdenes. Desde los mensajeros y voceros que operan en el territorio hay amenazados 239 personas que básicamente son alcaldes comunitarios básicamente, presidentes de COCODES (Consejo Comunitario de Desarrollo) de los gobiernos propios de los municipios. Porque en cada municipio existen gobiernos ancestrales que nunca dejaron de funcionar pese a los efectos indescriptibles de la invasión y colonización y la servidumbre actual.

Desde el Gobierno Plurinacional ¿Cuáles ha sido las acciones que ustedes han tomado ante las órdenes de detenciones pendientes y a raíz de las detenciones ya ejecutadas tanto jurídico como político?

Nosotros lo que básicamente estamos haciendo es que revisen las políticas de Estado que tienen que ver con concesiones de licencias mineras e hidroeléctricas, pero igualmente hablando con personas que tienen que ver con préstamos internacionales, tratados bilaterales; que son la causa que origina estos nuevos modelos de invasión de colonización en nuestro territorio. Pero esto para nosotros es bastante difícil porque buen sector de las organizaciones e instituciones no ven la sutileza con la cual las empresas traen esa carga racista y neocolonial en su penetración al territorio porque lo que ellos están calificando como actos delincuenciales de la población son los efectos de su penetración agresiva hacia el territorio.

El papel fundamentalmente nuestro es hacer visible estas acciones razones racistas neocoloniales con que están entrando a nuestro territorio.