Santa Eulalia: prisión política por defender el agua y el territorio

Festivales Solidarios

Por Simón Antonio Ramón

Un día martes a las cuatro y media de la tarde del 24 de marzo, en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala en una de las avenidas peatonales “6ª avenida” delante la mirada de cientos de transeúntes un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil PNC, acompañados por agentes del de la Dirección Especializada de Investigación Criminal DEIC detuvieron a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar, ambos líderes históricos del pueblo maya Q’anjob’al.

El operativo policial inicio cuando los dos líderes comunitarios se encontraban en una organización de derechos humanos denunciando las violaciones a los derechos humanos que comenten las empresas nacionales y transnacionales en contra de la población maya y mestiza de la nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y mestiza del territorio norte de Huehuetenango.

Al momento de salir, ambos tomaron el transmetro en la estación San Sebastián y descendieron en la estación de la 8ª. Avenida y 14 calle de la zona 1, al llegar a la 6ª. Avenida cerca de un hotel capitalino en donde se realizaría un encuentro de comunidades en resistencia pacífica en defensa del territorio los agentes los estaban esperando.

Los dos comunitarios, hombres notables y reconocidos en la lucha por la defensa de la naturaleza y la vida fueron privados de su libertad, las detenciones no fueron por actos de corrupción, ni atrocidades que dañan a la población y a las futuras generaciones, simple y sencillamente fueron detenidos por representar la voz de las comunidades.

Sin embargo, para los oficiales de la Dirección Especializada de Investigación Criminal DEIC que los aprehendió eso no importa, ellos solo cumplieron la orden de sus “superiores”, esos superiores paralelos a la justicia, oficiales superiores que responden a la orden de las empresas transnacionales que pretenden instalar de forma violenta sus proyectos en Huehuetenango.

En la región de la nación Q’anjob’al hay serios problemas con empresas como Hidro Santa Cruz, Proyectos de Desarrollo Hídrico S.A. e Hidro San Luis de la empresa Cinco M. Con estas empresas se rompió el tejido comunitario y la paz en las comunidades.

Detenciones arbitrarias

En el momento de la detención de Rigoberto y Domingo los agentes de la PNC no les mostraron una orden de aprensión en su contra, tampoco llevaban consigo una orden de juez competente, pero si tenían un listado con nombres y fotografías de personas a través del cual identificaron a los dos líderes comunitarios.

Pasaron varios minutos para que los oficiales recibieran la orden respectiva, de llevarlos a la carceleta de la Torre de Tribunales. Desde ese 24 de marzo, he sido testigo de cómo se ha impartido la “justicia” cuando de líderes comunitarios se trata.

Pareciera que las fiscalías del Ministerio Publico perdieron la objetividad para hacer investigación, se criminaliza, se persigue y se judicializa a las personas por pensar diferente, por disentir sobre las formas violentas de actuación de gobiernos, empresas o caciques locales. Sobre Rigoberto y Domingo, pesan delitos graves, las empresas transnacionales creen debilitar el movimiento fundado por ambos en los altos Cuchumatanes con el Gobierno Plurinacional de Autoridades Ancestrales y con eso buscan abrirle paso a los megaproyectos.

Este proceso de criminalización contra líderes comunitarios ha dejado en descubierto que el Estado de Guatemala, no responde a las demandas de la población sino a las exigencias de las empresas, bajo la lógica de muerte que penetran en los pueblos generando terror y dividiendo a la población.

En esta estrategia también está presente la cooptación de ciertos liderazgos que operan directamente con las empresas, uno de esos casos es el concejal municipal Víctor López y el alcalde municipal Diego Marcos Pedro en Santa Eulalia, así como ellos hay algunos más.

Una prisión política que no termina

Doscientos días después Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez permanecen en prisión preventiva, no están solos ellos están en nuestra memoria y en la articulación de la lucha pacífica de los pueblos.

Ante esto solo nos queda seguir visibilizando el contexto en que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar son aprehendidos de manera arbitraria por las fuerzas de seguridad y que el pasado sábado 3 de octubre se les unió Pedro Robel Toledo un abogado criminalizado por defender y representar legalmente a las personas que son criminalizadas.

Ahora el pueblo Q´anjob´al tiene en la lejanía a diez de sus hijos detenidos injustamente, todos ellos son presos políticos del Estado de Guatemala.