El Ministerio Público sigue aplazando el proceso contra autoridades ancestrales

Por: Nelton Rivera.

Rigoberto Juárez Mateo es autoridad ancestral y representante del Gobierno Plurinacional, Domingo Baltazar es un lider comunitario de larga trayectoria; ambos son del municipio de Santa Eulalia Huehuetenango. Ellos cumplieron el 24 de agosto cinco meses en prisión preventiva en la capital, su detención fue realizada el 24 de marzo 2015 en la ciudad capital y desde esa fecha los dos se encuentran en el Centro Preventivo para Hombres en la zona 18 a la espera de resolver su situación jurídica.

Ellos afirman que su prisión es ilegal e injusta y además política: “nos encarcelan por defender el territorio y el agua de nuestro municipio, frente a los intereses de las empresas nacionales y extranjeras.” Junto a las comunidades Q’anjobales de Santa Eulalia, se oponen a la instalación de una serie de proyectos hidroeléctricos en la región de la Nación Qanjobal que abarca ocho municipios en Huehuetenango. En respuesta la empresa  CINCO M – Hidro San Luis respondió criminalizándolos y abriendo procesos ante el Ministerio Público.

Durante la mañana del lunes 25 de agosto estaba programada una de las audiencias para la causa penal AJ 02-2014 y se suspendió. La jueza Carol Patricia Flores del tribunal de Mayor Riesgo A es quién conoce este proceso en contra de las autoridades ancestrales.

Mynor Alfredo Aguilar Bernardino de la Unidad de Operadores de Justicia del Ministerio Publico pidió al tribunal de mayor riesgo suspendiera la audiencia porque, a criterio del MP, la jueza debe esperar que la Corte de Constitucionalidad  resuelva un recurso de amparo interpuesto por el MP con el que busca modificar al auto de prisión.

La jueza Carol Patricia Flores ligó a proceso a Rigoberto Juárez y a Domingo Baltazar por el delito de Detención ilegal, mientras que el MP busca agregar los delitos de Plagio o Secuestro. A consideración de la jueza Flores el MP no presentó en el momento procesal oportuno las bases suficientes para determinar que existió Plagio o Secuestro, a pesar que contó con un año de investigación previa.

El abogado Juan Castro explico que la Fiscalía de Derechos Humanos del MP busca ganar tiempo para que la Corte le ordene al tribunal de Mayor Riesgo modificar los delitos y ligarlos también por Plagio o Secuestro, lo que agravaría su situación.

Queda claro que el MP sigue entorpeciendo este proceso, ya que el 17 de julio de 2015 el fiscal del Ministerio Público debió presentar el acto conclusivo, por lo que la fiscalía lleva más de un mes sin hacerlo.

La jueza luego de suspender la audiencia a las 9:30 de la mañana ordenó a los agentes del sistema penitenciario trasladar a las dos autoridades ancestrales a la carceleta en el sótano del edificio de tribunales. Ambos deben esperar la resolución del amparo interpuesto por la fiscalía para que el tribunal de Mayor Riesgo vuelva a notificarles la fecha para que el  proceso continúe.

Al llegar al sótano de la Torre de Tribunales al momento de ingresarlos, uno de los agentes del sistema penitenciario les confirmó a todos los detenidos que ese día solamente habría un viaje para el  traslado al preventivo de la zona 18. Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar tuvieron que pasar todo el día esperando.

 

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Publicado el 30 agosto, 2015 en Guatemala. Añade a favoritos el enlace permanente. 1 comentario.

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