Criminalización de comunidades indígenas Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez

A vos rebelde primavera1

Texto: Marisol Garcés / Fotografías: Nelton Rivera.
 

Las Doce Comunidades Maya Kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez en Guatemala enfrentan desde el año 2006  la imposición de megaproyectos con la instalación de una empresa cementera y de un anillo regional en este territorio indígena histórico; en su casa, en las tierras ancestrales donde nacieron sus antepasados.

¿Por qué un despliegue policial de 400 policías contra un grupo de gente integrado por 40 mujeres, 20 hombres y 15 niños, que volvían de forma pacifica a sus comunidades después de la movilización del 13J?

Hablar de la criminalización de las comunidades que están defendiendo su territorio frente a la amenaza e invasión de las empresas nacionales y extranjeras no es un tema sencillo en Guatemala. Desde pequeños se nos ha formado en la idea que la propiedad privada individual es la prioridad, sin importar si esa propiedad se impuso sobre tierras que fueron desde hace siglos de los pueblos indígenas, y que producto de la Colonia, República criolla, Revolución liberal de 1871 o de tiempos del Conflicto Armado Interno, terminó siendo robada y titulada a nombre de dueños particulares. Muchas tierras ejidales, comunitarias o municipales hoy en día engrosan los números de caballerías o hectáreas de propiedad de latifundistas oligárquicas o de finqueros.

Entonces, cómo abordar con un análisis serio esta problemática que se vincula con la forma en que nos han enseñado a entender lo que es legal y lo que no; ya que la legalidad depende de quién sea el señalado Si es una comunidad indígena que defiende su tierra por la amenaza de un megaproyecto que daña su entorno, agua, bosques y salud; entonces son criminales y se les aplica el peso de la ley. Sin embargo, si es una empresa poderosa que con artimañas se impone en un lugar, contrata grupos armados que actúan amedrentando, inventa delitos contra las y los liderazgos, y daña el medio ambiente de un lugar y de una población que siempre ha vivido ahí; la ley deja de ser severa y no se cumple.

Ser indígena en Guatemala implica valer menos frente a los otros nombrados blancos, mestizos o ladinos. Las relaciones de exclusión de los pueblos indígenas son históricas, son parte de la lógica con la que se ha construido el Estado criollo, que ha desarrollado una visión de esos “otros” llamados indígenas, a partir de la defensa de intereses económicos, con una visión hegemónica y homogeneizante. Con diversas estrategias les ha ido despojando de sus derechos y territorios, para ello ha construido un discurso excluyente y peyorativo sobre lo que es ser indígena.

Como señala Martínez Peláez (1970), la identidad criolla se construyó principalmente sobre cuatro elementos: (1) La conquista- como fuente y origen del patrimonio criollo; (2) La tierra como patrimonio; (3) Los indios, como fuente de riqueza en sí para explotar; y (4) La necesidad de independizarse de España, que les impedía el pleno dominio y disfrute de ese patrimonio heredado de sus ancestros conquistadores. Estos elementos, sumados a los que se van generando alrededor del acceso a espacios de poder, serán determinantes para la sociedad guatemalteca y su visión hacia los pueblos indígenas.

Esta mirada en la actualidad se expresa en un racismo estructural, que considera a los pueblos indígenas como “menos humanos”, alejados de la modernidad y como seres inferiores. Así, el ser indígena se constituye como una identidad subalterna, con derechos cuestionados, privados de valía ciudadana, y con limitado o nulo acceso a la justicia. Esta noción en que los sectores poderosos han construido pensamientos y posturas sobre el mundo indígena, implica el no reconocimiento de sus derechos ancestrales y colectivos con (a) una institucionalidad legal que prioriza la propiedad individual o privada, (b) una construcción ideológica que niega la visión propia de desarrollo que tienen los pueblos indígenas,  y (c) una sociedad racista que deshumaniza y cosifica el ser indígena, e impone sus valores como valores universales. (Todorov, 1991).

El discurso hegemónico oficial -el de los sectores económicamente poderosos- justifica la intención de sus proyectos e impone estas ideas a una parte importante de la sociedad guatemalteca. Los pueblos indígenas se transforman en un obstáculo para el desarollo, por lo que hay que eliminarlos como tales.

Los sectores de poder económico y político del país, integrados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras– CACIF- y especialmente la Cámara del Agro, miran a los indígenas desde su discurso hegemónico etnocéntrico, y desde el prejuicio,  estigma y discriminación. Les acusan de no entender “el desarrollo”, de ser irracionales porque no comprenden los beneficios de los megaproyectos y oponerse a las inversiones. Les acusan de ser criminales porque se organizan y movilizan. Les acusan de ser enemigos del pais y terroristas porque afectan “su” propiedad privada.

Desde el año 2006 la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A., perteneciente a la familia Novella, -una de las siete familias más ricas del país, heredera de la tradición colonial, criolla y oligárquica- ha venido impulsando el proyecto denominado Planta San Gabriel en San Juan Sacatepèquez, que incluye la construcción de una fábrica cementera y una cantera que afecta directamente a estas comunidades. Durante más de ocho años, han sufrido la imposición de una serie de abusos por parte del Estado, la empresa y grupos paramilitares, que incluyen asesinatos, persecución penal ilegal, detención arbitraria de líderes y lideresas, empleo de bandas paramilitares para amenazar a la población, y campañas de difamación y criminalización de medios corporativos que les señalan de delincuentes y terroristas.

Una de las estrategias utilizadas en San Juan Sacatepéquez -así como en otros lugares del país como Barillas, Santa Eulalia, La Puya o Monte Olivo- es producir y expandir el rumor y la difamación como medio para que el resto de la sociedad guatemalteca sienta que la represión y los estados de excepción están justificados. A través de instancias estatales y privadas provocan la división comunitaria y la descomposición social. Otra estrategia a la que ha contribuido el Sistema Nacional de Diálogo, ha sido culpabilizar a las comunidades de San Juan de los conflictos generados por la presencia de la cementera: la defensa frente a los daños que ésta genera les ha orillado a defender su bienestar, imponiéndoles un conflicto social que nunca han querido .

Los medios corporativos escritos, radiales y televisivos se han dedicado a tergiversar la verdad de los hechos y a mostrar a las comunidades como criminales y asesinos. Usan páginas web, facebook, volantes, pasquines y comunicados anónimos para crear un escenario de conflictividad entre comunitarios y justificar las acciones represivas por parte de la empresa como de los aparatos del Estado.

El discurso de las comunidades y sus organizaciones es diverso e integra una serie de elementos que responden a la heterogeneidad existente: desde las diversas cosmovisiones que se practican, los espacios organizativos variados de acuerdo a la lógica y realidad de cada comunidad, y la estructuración de representatividades que reconfiguran un referente colectivo de autoridad indígena del pueblo Kaqchikel; que además integra la diversidad de sectores que componen las comunidades: mujeres, juventud, ancianos y otros.

La problemática que viven estas comunidades ha trascendido, pues en esta construcción de resistencia han construido alianzas con otras comunidades indígenas y campesinas que también están enfrentando amenazas en sus territorios por la imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas y extracción petrolera. Con ello va conformándose una interpelación al Estado y la sociedad guatemalteca con resonancia nacional e internacional que cuestiona la hegemonía y el discurso homogeneizante y muestra la compleja realidad que enfrentan los pueblos indígenas frente a la imposición de megaproyectos inconsultos y sin espacios de diálogo real.

Así, la criminalización que vienen sufriendo las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez forma parte de las estrategias de hegemonía de los sectores económicamente poderosos, que por ser parte de élite criolla y oligarca, tienen la herencia de la conquista, colonia y república y los gobiernos de turno han respondido a sus intereses, profundizado esta hegemonía.

En conflictos como éste, las comunidades sufren asesinatos, acoso, allanamientos, estados de sitio, detenciones ilegales, sentencias injustas, violaciones sexuales y secuestro y la criminalización permanente: cualquier persona que se organice puede ser acusada de algún delito inexistente a través de un proceso legal gestionado por la empresa.

Y los vuelven a utilizar para causar terror.

Este tipo de abusos vividos por la gente de las 12 Comunidades Kaqchikeles se evidencia en lo que sucedió anoche 13 de junio, cuando un contingente de 400 policías y antimotines detuvieron un autobús con 40 mujeres, 20 hombres y 15 niñas y niños que habían venido a participar en la movilización 13J. La excusa de una orden de detención cuestionable para dos personas que presuntamente iban en este transporte y el uso de esta fuerza policial desmedida, son aspectos que vale la pena reflexionar: ni siquiera cuando escaparon reos de alta peligrosidad,o se enfrentan con grupos de narcotráfico, se emplean esa cantidad de elementos policíacos.

Al montar este operativo policíaco, se buscó causar terror no solamente en las personas que mantuvieron retenidas durante cinco horas, sino en la población en general, y con esto  enviaron  un mensaje para descalificar las luchas y las manifestaciones de la ciudadanía en su conjunto.

Pero la acción fue desatinada, ya que no sólo generó más descontento y hartazgo de la población hacia un gobierno totalmente desgastado, sino que evidenció que a pesar de la crisis política que atraviesan,  Otto Pérez Molina, el Ministerio de Gobernación y algunas instancias de justicia, tienen que seguir cumpliendo con los compromisos que tienen con el sector económico.

Los sectores poderosos están empezando a sentir un quiebre de su discurso hegemónico. Frente a las graves violaciones de derechos humanos y a la corrupción endémica que han alimentado, va quedando al descubierto su actuación, y cada día que pasa la ciudadanía toma conciencia de su responsabilidad en la crisis política y de gobernabilidad que vivimos como país y de los abusos que se han cometido históricamente en contra de los pueblos indígenas.

#13J

#MiCorazónEsDeFloresNoDeCemento

#NoMasCriminalizacionDeLasComunidades

#RenunciaYa

#JusticiaYa

Bibliografía:

Alejos García, José. (2006) Dialogando alteridades: identidades y poder en Guatemala. UNAM, México.

Anderson, Benedict (1991) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión  del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México.

Colectivo Colibrí Zurdo (2014) Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Diakonia, Guatemala.

Chakrabarty, Dipesh (2008) Al margen de Europa Pensamiento poscolonial y diferencia histórica, traducción de Alberto Álvarez y Araceli Maira. 1.a edición: junio de 2008. Princeton University Press

Grimson,  Alejandro (2011) Los límites de la cultura, 1era ed. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires

 Martínez Peláez, Severo (1970) La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. Fondo de Cultura Económica – FCE-, México.

Todorov, Tzvetan (1991), Nosotros y los otros, México, Siglo XXI.

____________ (2003) La conquista de América: el problema de otro. Siglo XXI. México.

Wallerstein, Immanuel. (1991) Raza, nación y clase. Las identidades ambigua. Editorial IEPALA, Madrid, España.

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Hacemos periodismo comunitario, feminista y autónomo, documentamos la voz de los pueblos y sus diferentes luchas. Nuestras herramientas son la palabra, el sonido y la imagen, con ellas difundimos nuestras ideas y a la vez aportamos en la denuncia, la difusión, las posturas de la población organizada frente a la agresión capitalista y patriarcal y el modelo que se trata de imponer en nuestro país. Prensa Comunitaria es un grupo interdisciplinario que trabaja la investigación, documentación, archivo, análisis y comunicación alternativa, cuenta con corresponsales, colaboradores y colaboradoras en distintas regiones del país. Acompañamos y documentamos luchas y resistencias de los pueblos, comunidades y colectivos en defensa de la tierra, territorio, memoria histórica, derechos humanos, feminismo, cultura y pueblos originarios.

Publicado el 15 junio, 2015 en Guatemala. Añade a favoritos el enlace permanente. 1 comentario.

  1. Rualdo de Leon Polanco

    Desde Seattle repudio y condeno el uso de las fuerzas represivas en contra de nuestro pueblo. No hay duda que los gobiernos siempre han defendido los intereses de sus amos criollos y extranjeros. Hoy mas que nunca a cerrar filas y ni un paso atras por la refundacion de nuestro estado plurinacional.
    Dununciemos a nivel nacional e internacional las medidas represivas e intimidatorias del gobierno del genocida y lider de la peor clase politiqueras Perez Molina.
    Y no olvidemos que nuestra lucha es popular y prolongada.

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